El gobernador Gerardo Morales lanzó un nuevo apriete a las organizaciones sociales que conduce Milagro Sala. El pasado miércoles las intimó a desalojar el acampe en la Plaza Belgrano bajo amenaza de quitarles la personería jurídica a las cooperativas y aplicarle multas de hasta 100 mil pesos.
Viernes 15 de enero de 2016
Morales amenaza y aprieta con el aparato del Estado
Esta semana Morales comenzó su apriete denunciando al Fiscal Darío Osinaga Gallacher por no actuar ante las denuncias presentadas por el acampe que lleva adelante la organización Tupac Amaru en la Plaza Belgrano. Como viene sucediendo el ejecutivo quiere una justicia al pie del cañón de cada uno de sus dictámenes, así es que modificó el Tribunal Superior para contar con mayoría propia.
En esta sintonía el gobierno realizó una denuncia penal ante la Fiscalía de Investigación Nº1 que imputó a Milagro Sala por el delito de instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real (arts. 209, 230, inc.2º y 55 del CPN).
La Tupac respondió luego de realizar una asamblea multitudinaria que van a permanecer en la plaza hasta recibir una respuesta del gobernador a todos sus reclamos y que sean reconocidos como interlocutores sus dirigentes políticos.
El ardid de Morales por ahora no prosperó y ya van más de 30 días de acampe y protesta de la Red de Organizaciones Sociales. Junto al gabinete de ministros, diputados provinciales y nacionales, el gobernador anunció en una especie de “cadena provincial” la intimación del desalojo y expuso artículos del Decreto N° 403. Mediante este decreto Morales pretende mostrar fortaleza en la administración de la asistencia social y las cooperativas de trabajo, frente al control que viene ejerciendo la Tupac Amaru y su decisión de aplicar sanciones por el acampe.
En su artículos se plantea avanzar en el registro de las cooperativas existentes y los beneficiarios de asistencia social; a la vez, que se ofrece a aquellos que cumplan su participación en el programa “las cooperativas construyen” que irían a refaccionar las escuelas durante el verano. Así mismo, el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy llevará un empadronamiento de todas las familias y personas que hayan recibido una vivienda del Estado provincial y aún no cuenten con título de propiedad.
Ante la continuidad del acampe posterior al día miércoles 13 (plaza dado por Morales para retirarse antes de aplicar sanciones), el ministro de gobierno, Agustín Perassi (FPJ-Massismo jujeño) anunció la suspensión de la personería jurídica de las organizaciones sociales que no se retiraron de la Plaza y la aplicación de multas de miles de pesos. El artículo 4 del Decreto 403 pone al desnudo a los que se tildaban de republicanos que pretenden pasar por encima con un decreto provincial sobre una personería jurídica otorgada por un organismo nacional como el INAES.
Una estrategia de judicialización de la protesta para atomizar y dividir a los trabajadores
En la pulseada con la referente de la Tupac, Milagro Sala, el ex senador radical y ahora gobernador, Gerardo Morales, viene utilizando todos los medios del Estado para doblegar el poder de movilización y control de la asistencia social. Su plan de máxima es tener el mayor control de los fondos de asistencia y que estos pasen a manos de los agentes directos del gobierno y sus punteros territoriales, y mientras mermar el poder de control de la Tupac.
Desde que Morales lanzó su ataque implementó las amenazas de desalojo con la gendarmería desde el primer día (cuestión que impidió el accidente trágico en la ruta 34), las multas con el nuevo Código Contravencional reaccionario, la búsqueda de dividir a la Red de Organizaciones sociales entre sí (por ahora hubo un grupo de cooperativistas que se retiraron de la Plaza, el más significativo fue la ODIJ de José L. Bejarano y Emilio Cayo, legisladores del FUyO) y dividirlas -aún más de lo que están- del resto de la sociedad, por ejemplo, pagando compensaciones a los comerciantes “damnificados” por el acampe.
Pero van por más y con la ayuda de un amplio arco de periodistas y formadores de opinión, todos los días regeneran odio por los acampantes y Milagro Sala tildandolos de “vagos”, “violentos”, “delincuentes”, dentro de la operación de dividir al sector más precario de la clase trabajadora jujeña del resto de sus pares trabajadores.
Se trata de una política de Estado que parte de criminalizar la protesta y los métodos de lucha de la clase trabajadora para poder dividir y atomizar sus reclamos. El kirchnerismo lo inicio aprobando la Ley Antiterrorista y judicializando la protesta social, y también abonando una ideología de división entre “vagos” y trabajadores. El gobierno de Morales-Macri se propone continuarlo en tiempos de ajuste sobre el salario y el empleo.
La falta de empleo genuino como cuestión de fondo
La pelea entre Morales y Sala es una puja por el control millonario de la asistencia social y el poder territorial que ello confiere. Ninguno quiere ceder, aunque partan de fuerzas dispares, ya que Morales lo hace con toda la fuerza que le confiere el control del aparato de Estado con mayoría en la legislatura y el Tribunal Superior de Justicia junto con el respaldo político del gobierno nacional de Macri. Y por el lado de Sala, se ubica administrando fondos millonarios del Estado Nacional como fuerza opositora en las calles, ante un gobierno que hizo eje de campaña el control de la protesta y el manejo de los fondos de la asistencia social contra los punteros.
Morales no quiere tener de opositora a Sala y necesita, al menos diezmar su poder, como parte de reorganizar el aparato de Estado a su medida para implementar su plan de gobierno.
Para los ministros de Macri los empleados públicos son “la grasa” del Estado, ni que hablar de aquellos que están aún en peores condiciones y en la precariedad, como lo son los trabajadores de las cooperativas que prestan servicios al Estado provinciales y a los municipios. Ni hablar de aquellos que directamente sobreviven de la asistencia social desde hace años y que el modelo kirchnerista no resolvió otorgando trabajo genuino ni el pase a planta permanente.
En esta misma línea de pensamiento y acción, Morales se presenta como continuidad de la década precarizada para amplios sectores de la clase trabajadora. La cuestión para el “nuevo” gobierno es utilizar las más de mil cooperativas que hay ya registradas para contar con mano de obra barata y flexible en la obra pública. En su proyecto de “las cooperativas construyen” pretende refaccionar las escuelas con trabajo que organizado en cooperativas le es más barato al Estado que hacerlo con personal de planta propio y reglamentando bajo el mejor convenio de la rama de actividad, en este caso de la UOCRA.
Todos los municipios de la provincia hicieron y pretenden seguir haciendo uso y abuso de esta forma precaria de contratación. Los presidentes y tesoreros de las cooperativas son los encargados de mediar entre los funcionarios de Estado que “bajan” los fondos y los trabajadores, esta relación semiclientelar es la que ha permitido y quieren sostener desde el “nuevo” gobierno y mermar o terminar con el control de gran parte de las cooperativas que hasta hoy mantiene Milagro Sala y la Red de Organizaciones Sociales.
La contratación de cooperativas de trabajo para realizar obras públicas es una política de Estado, así como la asistencia social hacia los sectores más vulnerables. La no resolución de la demanda de trabajo genuino –iniciada por los piqueteros en los 90´- fue desviada con planes y cooperativas de trabajo desde entonces, y en especial con los fondos millonarios del Estado Nacional facilitaron la creación de la Tupac Amaru como gran herramienta de contención de la desocupación y la pobreza con cerca de 60 mil afiliados. Ahora se pretende reproducirlo dentro de un esquema de ajuste del gasto público y de mayor precarización del trabajo, con menores salarios y más desocupación, pero con mayor control del nuevo gobierno.
Por el contrario, frente a una realidad de precarización extendida, cuando 6 de cada 10 trabajadores del Estado son precarios en la provincia, se plantea la necesidad imperiosa de pelear por el pase a planta permanente de todos ellos, como también incorporar a los trabajadores de las cooperativas como empleados públicos con el mejor convenio existente de su rama de actividad y organizar junto a los sindicatos un plan de lucha contra los despidos y por el salario, así lo vienen sosteniendo los dirigentes del Frente de Izquierda, Alejandro Vilca y Natalia Morales, quienes además rechazan la ofensiva de Morales sobre las organizaciones sociales y su [Código Contravencional<- http://izquierdadiario.com/Jujuy-nuevo-Codigo-Contravencional-mas-sanciones-a-los-que-luchan] reaccionario.
El dinero para financiar los nuevos puestos de trabajo genuino tiene que venir de la aplicación de impuestos progresivos a las grandes fortunas de los empresarios y del no pago de la deuda externa, afirman los dirigentes de la izquierda.
