Declaración ante crisis migratoria. Socialistas de EEUU, México, Costa Rica y Venezuela denunciamos las políticas antiinmigrantes

Las crisis de las economías capitalistas en muchos países y las brutales desigualdades sociales profundizan el drama de millones de migrantes, que desesperados huyen de una vida de miserias. Es la realidad en nuestra región, donde los gobiernos se confabulan contra este sector vulnerable de nuestra clase y de nuestros pueblos: desde los gobiernos que aplican planes económicos regresivos hasta los que, en consonancia con Estados Unidos, aplican las reaccionarias políticas anti-inmigrantes. Todo eso trae tragedias como las que hemos visto en los últimos tiempos, y que no harán sino profundizarse con las políticas anunciadas por Estados Unidos. Esta realidad exige una respuesta internacionalista desde abajo, de unidad de los pueblos, de unidad de la clase obrera a ambos lados de las fronteras. Es esa perspectiva la que planteamos en este pronunciamiento.

1. Biden y los republicanos, responsables de la violencia, la precarización y la pobreza al sur del Río Bravo, profundizan las políticas antimigrantes.

Familias enteras imploran el acceso a Estados Unidos en la frontera norte de México a guardias impávidos que portan armas largas en el borde del Río Bravo. Hombres, mujeres y niños con sed, con hambre, agotados, muchas veces pasando desde Ecuador, por el Tapón del Darién y hacia el norte por Centroamérica. Son quienes sobrevivieron la peligrosa travesía a través de México; dejaron atrás su vida, incluyendo documentos y sus pocas pertenencias, desde las islas del Caribe, desde Centroamérica, desde Venezuela y Ecuador en América del Sur y desde México.

Las últimas semanas han sido cruciales para la situación migratoria de miles de personas desplazadas por la violencia, los efectos de la devastación ambiental y la pobreza. Este jueves 11 de mayo se suspendió el Tratado 42 aprobado por Trump durante la pandemia -y continuado con la administración Biden-, que restringió el ingreso de extranjeros por riesgo sanitario. Una política brutal e inhumana que buscó retrasar y dificultar a toda costa las peticiones de asilo y los trámites de visa para los Estados Unidos de cientos de miles de migrantes mexicanos, centroamericanos, caribeños y venezolanos, y que llevó a una cifra récord en deportaciones: 2.8 millones en ambas administraciones y 72 mil hasta septiembre 2022, más 142 mil arrestos- convirtiendo el 2022 en el año con mayor migración ilegal desde la Segunda Guerra Mundial.

La política del gobierno de Biden, disfrazada con el discurso de una “gestión migratoria de modo humano y ordenado”, en realidad ejecutó más deportaciones que el gobierno de Trump, al mismo tiempo que prometió aumentar el cupo de visas para solicitantes de asilo, ante lo que su administración ha denominado un “éxodo sin precedentes” de países como Nicaragua, Haití, Venezuela y Cuba, con los cuales EEUU no tiene relaciones diplomáticas. Biden acordó con Gustavo Petro, presidente de Colombia, y con Alejandro Giammatei, mandatario de Guatemala, el establecimiento de “centros de procesamiento de migrantes” en esos países para que se pueda solicitar asilo.

En contraste con las promesas realizadas, EEUU desplazó a 1,500 soldados más a su frontera sur con México -sumando 4 mil-, mientras presiona al gobierno de López Obrador para militarizar la frontera con Guatemala. En esta tónica, entrará en vigencia el Título 8, según el cual se concede asilo sólo a quienes logren demostrar que estarían expuestos a persecución o torturas si fueran deportados a sus países de origen, y al mismo tiempo que autoriza la deportación exprés de los demás y les prohíbe la entrada en Estados Unidos por cinco años. También inició una política para que los migrantes sólo tengan 24 horas para encontrar un abogado después de cruzar la frontera para pedir asilo, antes tenían 48 horas. Estas medidas acelerarán las deportaciones y hará aún más largos y difíciles los trámites de de visa y asilo.

Por su parte, Greg Abbott, gobernador de Texas y uno de los halcones del Partido Republicano, envió helicópteros Black Hawk y aviones C-130 junto con una nueva unidad de la Guardia Nacional estadounidense, que según sus declaraciones, suma ahora 10 mil efectivos, para impedir el ingreso de migrantes ante el fin del Título 42. El xenófobo republicano impulsa también una ley estatal para considerar “delito grave” la entrada de migrantes sin papeles a Texas, y penas de hasta 10 años de cárcel por ocultar a migrantes sin permiso legal de residencia.

Además, los “halcones” presentaron un proyecto de Ley de Seguridad Fronteriza que contempla mayor presupuesto para la seguridad en la frontera, el reinicio de la construcción de un muro fronterizo, mejoras de la tecnología de monitoreo a lo largo de las fronteras sur y norte de Estados Unidos y un aumento del número de agentes de la Patrulla Fronteriza. Sin embargo, como no cuentan con mayoría en el Senado, es poco probable que se apruebe.

A su vez, la senadora independiente Kyrsten Sinema, representante de Arizona y ex integrante del Partido Demócrata, impulsa junto al senador Thom Tillis, un legislador republicano, de Carolina del Norte, un proyecto de ley para restablecer el Título 42 sin vínculo con una emergencia sanitaria.

Tanto el Partido Demócrata como el republicano, son responsables de la aplicación de los planes imperialistas en todo el continente americano que llevó a la pobreza y la violencia en amplias regiones. Esta política imperialista sobre la región quedó clara en las declaraciones de la generala del Comando Sur del Ejército de EE.UU., Laura Richardson donde expone que la riqueza de recursos naturales de América Latina son un tema de "seguridad nacional" para su país, frente a sus adversarios geopolíticos; política que además impulsó sobre Centroamérica en su visita a Costa Rica, a en febrero. Ambos mantienen sus políticas reaccionarias contra la migración que redunda en una situación de mayor opresión y precarización para toda la población migrante que reside en Estados Unidos o que pretende instalarse en ese país, y que también presiona hacia abajo las condiciones laborales del conjunto de la clase obrera multiétnica al norte del Río Bravo.

2. El gobierno de López Obrador, fiel ejecutor de las políticas antimigrantes de Estados Unidos

Tras la firma del Acuerdo Bicentenario a fines del 2021 que busca reforzar la cooperación y medidas de seguridad en un nuevo capítulo de la publicitada “Guerra contra el narcotráfico”, en particular para frenar el ingreso ilegal de fentanilo a Estados Unidos, más de 32 mil efectivos de la Guardia Nacional fueron desplegados en la frontera sur de México.

A pesar de la retórica “progresista” del gobierno y de una ubicación que pretende aparecer distanciada de administraciones anteriores y del gobierno de Biden frente a temas como el bloqueo a Cuba o a Venezuela –el cual ha sido denunciado por López Obrador-, la realidad es que en lo sustancial, él y su gobierno de la llamada Cuarta Transformación han mantenido lo esencial de la subordinación a las políticas imperialistas. Esto se expresó con la renegociación del T-MEC para seguir aceitando la cadena de valor norteamericana basada en la precarización de la fuerza laboral en México, en la continuidad de la militarización de México -inaugurada en 2006 por los gobiernos de Felipe Calderón y de George Bush-, en los beneficio otorgados a los grandes empresarios nacionales y transnacionales imperialistas, y en la aplicación de políticas racistas y xenófobas contra las y los migrantes.

Lejos de desmilitarizar el país como prometió en su campaña electoral, López Obrador profundizó la presencia del ejército en las calles, involucró al nuevo cuerpo de seguridad “civil” -la Guardia Nacional- en tareas de seguridad, y ha desplegado miles de elementos en ambas fronteras, en particular en la de Guatemala, para actuar como Border Patrol al sur del Río Bravo, así como para controlar zonas de recursos estratégicos y garantizar megaproyectos como el Tren Maya, con la excusa de “combatir al crimen organizado”. La militarización también ha actuado como un factor preventivo frente a posibles movilizaciones y expresiones activas del descontento frente a las políticas patronales de la 4T.

A su vez, el gobierno ha implementado políticas como “Quédate en México”, un programa impulsado por Trump que obligaba a los migrantes que desearan ingresar a Estados Unidos esperar la resolución de los trámites migratorios en México, y trajo como consecuencia todo tipo de agravios contra las personas en tránsito, como el hacinamiento en estaciones migratorias que en realidad funcionan como cárceles.

También desarrolló programas sociales para combatir la pobreza y apoyar al campo, que no resuelven la situación de las grandes mayorías rurales, buscan también evitar la migración y contener a las personas migrantes desplazadas de países de la región en el territorio nacional, conforme a lo pactado con EEUU. En la frontera sur del país, el ejército reprimió a las hermanas y hermanos latinoamericanos y del Caribe para contener su paso a los Estados Unidos.

El hecho más reciente que recorrió el mundo y que fue un verdadero crimen, responsabilidad del estado mexicano, fue la tragedia de 41 migrantes que murieron encerrados en una cárcel migratoria en Ciudad Juárez, bajo la omisión cómplice de guardias del Instituto Nacional de Migración que se negaron a auxiliarlos mientras sus vidas corrían peligro en el incendio, una muestra más de la negligencia y el desprecio de funcionarios migratorios contra personas privadas de libertad injustamente en completa indefensión.

Asimismo, el gobierno ha procurado desmantelar caravanas migrantes para evitar su paso por el corredor migratorio más grande del mundo, con represión y presentando detenciones como “rescate humanitario” de manos traficantes de personas, mientras la desaparición de decenas de migrantes se repite en estados de la frontera norte y sur de México, con la acción del crimen organizado en complicidad con la policía, la Guardia Nacional y el ejército. Y en este contexto de violencia, son las mujeres disidencias y personas trans las más expuestas, siendo víctimas de violencia sexual por parte de los policías, militares y bandas delincuenciales.

3. Situación crítica de las y los migrantes en Centroamérica y el Caribe

La situación de las personas migrantes en el resto de la región no es distinta. Son cientos de miles quienes han sido desplazados por la violencia, los efectos de la crisis climática, el desempleo y la pobreza -todas consecuencias de las políticas imperialistas en la región- y están en curso nuevos planes de ajuste para cumplir con los pagos de deuda externa al FMI, como en el caso de Costa Rica.

No hay cifras de la cantidad de salvadoreños expulsados por la violencia y la represión del gobierno de Bukele, solo se conocen los registros de deportaciones estadounidenses y mexicanas. Pero solo durante el año fiscal 2022, El Salvador registró 12.670 deportaciones, mientras que Honduras 78.248 y Guatemala 80.964. Según datos del Centro por la Democracia para las Américas, en ese mismo año fueron casi 178 mil las personas de origen cubano que llegaron a Estados Unidos. Y de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, en inglés) fueron alrededor de 190 mil las personas de origen venezolano que llegaron al norte del Río Bravo "sin autorización". En el caso de Nicaragua, el gobierno represivo y autoritario de Daniel Ortega ha tenido una política de mano dura contra los migrantes, así como contra la protesta social y opositores a su gobierno, a quienes ha expulsado del país.

En Venezuela la situación apremiante tiene que ver con una crisis catastrófica, un colapso nacional que produjo la que es ya la migración más grande de un país en la historia de la región: se combinan el desmantelamiento de las principales industrias públicas (incluyendo la petrolera) y las brutales políticas de ajuste capitalista de Maduro, con las criminales “sanciones” impuestas por los imperialismos estadounidense y europeos, en función de sus propios objetivos políticos. La pulverización del valor del salario y de la moneda nacional, la drástico expansión de la pobreza y la miseria, han ido de la mano de la descomposición profundamente autoritaria del régimen político, incluyendo la persecución de trabajadores. ¡Eso es lo que expulsa a millones de venezolanos a la migración!

En Colombia y Honduras, la violencia del crimen organizado y la militarización de dichos países ha expulsado a decenas de miles de personas, mientras los gobiernos supuestamente progresistas de Xiomara Castro y Gustavo Petro buscan “minimizar la crisis migratoria” mediante medidas como aumentar las visas humanitarias, a la par que reducen las medidas institucionales y programas de apoyo a la población migrante y mantienen la militarización de sus fronteras y territorios.

La situación en Haití también es crítica, pues desde la ocupación imperialista tras el terremoto del 2010, la crisis humanitaria y la extrema pobreza se han profundizado con la proliferación de redes de trata y grupos criminales asociados con las fuerzas represivas, una situación insostenible para las y los haitianos que han optado por migrar a varios países de América Latina. Incluso existe en marcha una política del imperialismo estadounidense para volver a ocupar militarmente el país, escudados en el “pedido” del presidente títere de Moïse

En el Cono Sur, gobiernos como el de Gabriel Boric, que también se dice progresista, han sostenido las políticas xenófobas y antiinmigrantes que empuja el imperialismo estadounidense, militarizando las fronteras y deportando miles de migrantes. En la misma tónica, el gobierno golpista y asesino de Dina Boluarte en Perú ha desplazado militares a sus fronteras explícitamente para contener el flujo migratorio.

4. Solo un programa que ataque las razones de la miseria, en clave internacionalista, e impulsado por la clase trabajadora puede dar una salida a la crisis migratoria

Los socialistas del Movimiento de las y los Trabajadores Socialistas de México, de la Liga de Trabajadores por el Socialismo de Venezuela, de la Organización Socialista Revolucionaria de Costa Rica y Left Voice de Estados Unidos, impulsores de la red internacional de diarios animada por la Fracción Trotskista – Cuarta Internacional en 14 países y 8 idiomas la criminal política antimigrante del imperialismo estadounidense, y de sus cómplices, los gobiernos de México, los distintos países de Centroamérica y del Caribe.

La expoliación de los recursos nacionales por parte de los capitales trasnacionales, y de las respectivas burguesías locales, está en el centro de las crisis y las penurias de nuestros pueblos. Los recursos que nos niegan son los que ese puñado de explotadores se queda, las dramáticas necesidades de miles de millones en nuestros países son las ganancias y opulencia de ellos. No hay salida progresiva de fondo a esta situación sin atacar sus intereses, sin voltear la tortilla: son ellos o nosotros, debemos luchar en clave antiimperialista y anticapitalista, hermanados en perspectiva internacionalista. De lo contrario, quedaremos presos de las respectivas políticas demagógicas, xenófobas y reaccionarias de todos los gobiernos burgueses de la región y del imperialismo yanqui. ¡No a la barbarie que padecen las y los migrantes!

Cuando la inflación golpea la economía de la clase trabajadora y de los sectores populares en todo el mundo -a distinto nivel-, es escandaloso el financiamiento de la militarización de las fronteras y el hostigamiento de las y los migrantes a través de México. Es necesario luchar a ambos lados de la frontera por la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos, así como el retiro de fondos a las instituciones que reprimen a los migrantes en México, Centroamérica y el Caribe, y destinarlos al establecimiento de refugios y atención de salud para quienes buscan un futuro mejor en otros países, así como al aumento urgente del presupuesto para educación, salud y vivienda en todos los países de la región. ¡Alto a los maltratos y asesinatos de migrantes en Estados Unidos!

Frente al hostigamiento y la criminalización de los migrantes, y la política xenófoba y racista desplegada por el imperialismo y las burguesías nativas subordinadas a éste, impulsamos una política antiimperialista e internacionalista, que sea tomada en sus manos por la clase trabajadora de EEUU, México, Centroamérica y el Caribe, para que esta encabece la lucha por los derechos de las y los migrantes.

Se trata de que una salida ante esta crisis humanitaria que sea favorable a las personas migrantes sólo puede venir de la clase trabajadora de la región, junto a quienes enfrentan el racismo y la violencia policial en Estados Unidos, campesinos, comunidades y pueblos originarios, indígenas, mujeres y jóvenes que hemos resistido los ataques de estos regímenes en nuestros países, que en algunos casos, como en México, despliegan discursos humanitarios y “progresistas” al mismo tiempo que persiguen a quienes migran.

La lucha de por los derechos de los migrantes está hermanada, en Estados Unidos, con la lucha contra el racismo -como las protestas por justicia para Jordan Neely, recientemente asesinado por un policía ex marine- y los grupos supremacistas que aterrorizan a los afroamericanos, latinos y a las familias que cruzan la frontera sur enfrentando miles de peligros. También está hermanada con la huelga de los guionistas de estudios y plataformas de streaming contra la precarización laboral y el aumento de salarios, entre otras demandas, y con las luchas recientes de otros sectores de trabajadores, como los ferroviarios por un contrato colectivo que incluya licencias médicas (hasta hoy prohibidas) o los de Amazon por la sindicalización.

En el caso de Cuba nos pronunciamos por el cese inmediato del bloqueo que impone Estados Unidos, que sólo golpea a la clase trabajadora y a los sectores populares con una crisis social cada vez más aguda, y contra las medidas de restauración capitalista y la represión del gobierno de Díaz Canel contra las protestas obreras y populares, como las del 10-11 de julio de 2022 y las recientes de Camainera por comida, o las de los trabajadores del ferrocarril en huelga por pagos atrasados.

En Venezuela estamos por el cese inmediato de las sanciones imperialistas y la devolución a la nación de todas las empresas, bienes y recursos confiscados por Estados Unidos. Al mismo tiempo enfrentamos la política de capitalismo salvaje que aplica Maduro, sus medidas económicas antiobreras y la represión a los que luchan.

En Centroamérica denunciamos a todos los gobiernos cómplices de la agenda imperialista, sea que se vistan de progresistas o que sean transparentemente neoliberales; denunciamos el cercenamiento de las libertades democráticas en la región y el incremento de la violencia social en general cuya responsabilidad recae exclusivamente en los diferentes gobiernos de los Estados centroamericanos.

Es fundamental que al norte del Río Bravo las organizaciones sindicales y aquellas que se reclaman socialistas enarbolen la lucha contra la política imperialista de su propio gobierno y en particular contra el saqueo de América Latina que se lleva adelante mediante la deuda externa y la subordinación de las economías nacionales, ahora organizadas en función de los intereses del imperialismo estadounidense en el marco de la competencia comercial y tecnológica con China, así como también a través del control militar directo sobre los mares y tierras de la región.

¡Abajo el flagelo de las deudas externas! En distintos niveles, este mecanismo de expoliación imperialista está entre los motivos de las crisis, es un mecanismo de usura por el cual se le sustraen enormes recursos a los países, para beneficio de un puñado de buitres del gran capital financiero internacional. No hay futuro para nuestros países sin romper con eso. ¡Recursos para educación, salud, viviendas y salarios, no para la deuda externa!

En unidad más allá de las fronteras, pugnemos por levantar un amplio movimiento para conquistar el libre tránsito para los migrantes a través de los países de la región, con derecho a la atención sanitaria, a trabajo con derechos laborales y a refugios seguros, dignos y gratuitos.

Luchamos por plenos derechos sociales y políticos para todas las personas migrantes, otorgándoles la residencia automática legal y la nacionalidad si así lo desean en Estados Unidos o el país que lo reclamen, así como contra el racismo, la represión y todo acto de xenofobia.

Hace falta que los sindicatos -en tregua con sus gobiernos-, las organizaciones democráticas, de derechos humanos, de la juventud, del movimiento de mujeres y de la izquierda de toda la región tomen estas reivindicaciones como parte de una gran campaña internacional a favor de los derechos de los migrantes impulsada por los sindicatos, organizaciones democráticas, de derechos humanos, de la juventud, el movimiento de mujeres y la izquierda de toda la región.

¡La clase obrera es una y sin fronteras!