POLÍTICA Y "JUSTICIA". Solicitada por Boudou: debate sobre el lawfare, presos políticos y la casta judicial

Personalidades de la política y la cultura publicaron una solicitada este domingo para reclamar la libertad del ex vicepresidente Amado Boudou. Dirigentes kirchneristas, ex presidentes latinoamericanos, actores, periodistas y funcionarios del gobierno nacional figuran entre las firmas.

De esta manera reavivan el debate sobre el rol del Poder Judicial, "el lawfare" y la existencia de "presos políticos" en el país, que se sostiene dentro del oficialismo desde el comienzo de su gestión.

El ex vicepresidente cumple una condena de 5 años y 10 meses, acusado de corrupción en la causa que investiga el rescate del Estado de Ciccone Calcográfica.

La semana pasada, el exjuez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, criticó al máximo tribunal y pidió que se concedieran indultos a detenidos por corrupción. "Sin el indulto, van a seguir los presos políticos. El indulto es un acto de gobierno que existe en todas las constituciones", dijo Zaffaroni.

"Hice campaña diciendo que no iba a dar indultos y lo voy a cumplir", contestó el presidente en Radio con Vos. La solicitada de este domingo busca sumar presión en un sentido favorable a Boudou, en este contexto.

"La persecución política contra militantes y dirigentes de la experiencia kirchnerista persiste en la Argentina a pesar del triunfo popular en las últimas elecciones", señala la solicitada que lleva las firmas de los ex presidentes Luiz Inácio ‘Lula’ Da Silva (Brasil), Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Dilma Rousseff (Brasil), Fernando Lugo (Paraguay), Ernesto Samper (Colombia) y Manuel Zelaya (Honduras), entre otras figuras.

"Estamos en presencia de una guerra que se despliega a través de medidas judiciales, fabricación de noticias que manipulan la opinión pública y el intento de crear un clima de odio e intolerancia en la población", indicaron.

Según el texto, toda esta campaña habría sido montada para ejercer un "castigo ejemplar", en venganza por medidas que tomó o acompañó Boudou durante los gobiernos kirchneristas. Así, equipara su situación con la de militantes, luchadores sociales y populares.

Curioso es que al tiempo que hace esto, omite la situación de otras personas presas por causas políticas que fueron parte de los gobiernos que la solicitada reivindica, como Milagro Sala, presa por manifestarse en las calles o de Luis D’Elía por protestar ante una comisaría.

Más allá de Boudou: el papel de la casta judicial en los estados capitalistas

La práctica del lawfare y el accionar de la Justicia es uno de los temas que la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ha puesto más fuertemente sobre la agenda en el último tiempo. Sin ir más lejos, fue el eje central de su última carta pública, en la que expuso un balance del primer año de la gestión del Frente de Todos. Mientras crece el desempleo, la pobreza, la crisis sanitaria sigue sin resolverse y avanza el ajuste sobre el pueblo trabajador a pedido del FMI, Cristina puso el acento en el accionar judicial y la persecución a referentes de la oposición durante el macrismo que se perpetúa, según su opinión, en la actualidad. En aquella misiva, destacó el rol del poder Legislativo y particularmente el del Senado que preside. También reivindicó algunas medidas del Ejecutivo y cuestionó duramente al Poder Judicial, deslizando que los posibles fracasos del Gobierno podrían ser su responsabilidad.

La vicepresidenta asegura que ella y su familia son víctimas del lawfare. La carta que publicó entonces fue interpretada como un mensaje para el mismo Alberto Fernández, para que el Gobierno avance con la tan anunciada reforma judicial. La oposición de derecha de Juntos por el Cambio, asegura que Cristina Fernández busca garantizar su impunidad, dada la cantidad de causas por corrupción que pesan en su contra. Aprovechan el tema para hacer énfasis en las supuestas diferencias que existen dentro del Frente de Todos al respecto, particularmente entre el presidente y la vicepresidenta.

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"Es inadmisible que en este tiempo de democracia se pretenda avanzar en esa dirección de la manera que sea: con solicitadas o declaraciones, creo que se merecen un rechazo y repudio total y hay que dejar que actúe la justicia con plena libertad", aseguró ante la solicitada, el diputado opositor Mario Negri. La oposición se llena la boca hablando de las instituciones y la libertad de los poderes. Omite hablar sobre el papel de la Justicia en causas por corrupción vinculadas al macrismo, que han quedado en el olvido o permanecen sin resolución durante décadas, como es el caso de la estafa de la familia Macri con el Correo Argentino. De hecho, en marzo del año pasado Miguel Ángel Pichetto, Germán Garavano y Pablo Tonelli, aseguraron que desde 2003 el kirchnerismo presiona a la Justicia para que intervenga la empresa que arruinó su familia y calificaron a Mauricio Macri como "perseguido político".

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Este lunes, Graciana Peñafort, una de las abogadas de Amado Boudou, también habló sobre la solicitada. "En Argentina muchas personas creemos que hay presos políticos. Alberto Fernández está obligado a decir que no hay porque no puede salir a hablarlo, él tiene un rol institucional, pero es abogado y las conoce, por eso cuestiona hasta donde puede", dijo en radio La Red quien también fuera abogada de Cristina Kirchner. "No me cabe duda que si Alberto Fernández no fuese presidente, hubiese firmado la solicitada. Él sabe que hay lawfare en el país", agregó.

Las declaraciones de Peñafort hacen alusión a una discusión que hubo en febrero de 2020 sobre la existencia o no de presos políticos en el país. Fernández dijo que era una polémica "semántica" sobre cómo debe denominarse a las personas públicas privadas de su libertad, vinculadas a causas políticas. En su visión, los presos políticos sólo existen cuando están a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Fernández dijo entonces que lo que había eran "detenciones arbitrarias".

"La discusión se basa en un equívoco: separar absolutamente presos por causas de corrupción a motivaciones políticas; según esta mirada si son presos políticos, no son corruptos y si son corruptos, no serían presos políticos. En muchos casos esto es más complejo", sostuvo en un editorial de El Círculo Rojo de la fecha, el periodista de este medio, Fernando Rosso.

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Según Rosso, en Argentina "existen cientos de ejemplos de presos políticos a través de procesos judiciales: Daniel Ruiz y varios otros fueron presos por movilizarse contra la reforma previsional en 2017. Hay miles de procesados por participación en luchas sociales y sindicales, es decir, por causas políticas. Milagro Sala fue detenida por participar de una movilización y luego se le agregaron ilegalmente causas posteriores (...); Luis D’Elía está preso por haberse movilizado a una comisaría en repudio del asesinato de un militante social efectivizado a sangre fría por un sicario que trabajaba para la Policía. (...) Afirmar que solo hay ‘detenciones arbitrarias’ le lava el rostro al Poder Judicial y lo coloca en un lugar ‘imparcialidad’ que niega la práctica que se ha conocido como lawfare: una guerra judicial con complicidad mediática (y de los servicios de inteligencia) para atacar a sectores políticos. Además, esa definición abona la teoría de la ‘manzana podrida’: el problema no sería un sistema judicial de conjunto, sino tan sólo algunos jueces que ‘interpretan’ mal las leyes".

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El lawfare es impulsado por el mismo imperialismo yanqui que opera a través del Poder Judicial y sus embajadas para incidir en la política del subcontinente y hasta alentar golpes institucionales -como se vio en Brasil con Dilma Roussef - con el pretexto de enfrentar causas de corrupción.

La casta judicial argentina convalidó la cuestionable figura del "arrepentido", ejemplo de los lineamientos del imperialismo que se imponen en el andamiaje legal de los estados y que ni el actual oficialismo ni la oposición cuestionan. "Habilitó múltiples denuncias de los empresarios que -durante años- vivieron de los negocios, coima mediante, con el Estado. La ‘patria contratista’ hizo enormes ganancias, facilitadas por la corrupción estructural del Estado capitalista. Luego ‘se arrepintió’, delató a los coimeros de los Gobiernos kirchneristas -los López, los Baratta o los De Vido-, quedó libre y siguió haciendo negociados", sostuvieron los periodistas Eduardo Castilla y Fernando Scolnik, recientemente en este diario.

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Que el lawfare existe, no niega que la corrupción también, intrínseca a la casta gobernante de todos los países capitalistas. En Argentina es un clásico: la Justicia, poder del Estado que nadie vota, con cargos vitalicios, privilegios de casta exorbitantes que la alejan de la vida de la mayoría del pueblo trabajador, avanza o retrocede en causas según el poder de turno que gobierne. Cuando se trata de funcionarios o ex funcionarios vinculados a casos de corrupción, rara vez se cumplen las condenas. Como casta actúa en función de sus propios intereses.

La reforma judicial con la que tanto amaga el Frente de Todos y que es una carta que todos los gobiernos utilizan en algún momento, no afecta lo sustancial del poder de fuego de jueces y juezas, porque no se propone tocar en nada sus privilegios. Como todos los gobiernos, a lo sumo persigue convertirlos en un poder un poco más afín.

"Lawfare y poder económico del capital van de la mano. El Poder Judicial se extiende como uno de los brazos del gran capital y aprieta cuellos y manos. Arma causas, fragua pruebas, tergiversa testimonios, chantajea testigos. La verdad y la Justicia son lo único que realmente no importa. Ahí está el ejemplo de Brasil -citado por CFK en su carta- donde Luiz Inácio Lula da Silva terminó procesado y preso en una causa completamente fraguada, construida en base a falsos testimonios operados por el juez Sergio Moro bajo las nada inocentes presiones del imperialismo norteamericano", agregan Scolnik y Castilla.

"No reconocer que el Poder Judicial actúa políticamente, en función de los intereses de poder -nacionales e internacionales- es una forma de complicidad o de encubrimiento. Para las grandes mayorías populares es importante denunciar y señalar esto porque la actuación política del sistema judicial y la violación flagrante de las libertades democráticas por parte de la Justicia se puede utilizar y se utiliza contra todos. Por eso reclamar el desprocesamiento de todos los que se movilizaron para luchar por sus derechos o el cese de las persecuciones contra ellos. Exigir que se termine con los privilegios de jueces, elegir a los magistrados por el voto popular e imponer el juicio por jurados, son medidas elementales", sostiene por su parte Rosso.

El lawfare es utilizado por la Justicia y los distintos bandos de políticos patronales, a veces en un sentido, a veces en otro, según los intereses de las potencias imperialistas o de los mismos bandos burgueses que dirimen sus diferencias. La lucha contra la corrupción es pura palabrería en manos de estos aparatos, mientras todo el rigor de la ley se aplica sobre luchadores sociales y populares, en cualquier gobierno, sin fisuras.

Boudou podría volver a la cárcel

En abril de 2020 Boudou fue beneficiado con la prisión domiciliaria que cumple en una mansión de Avellaneda. El Poder Judicial atendió a los argumentos de su defensa, que por motivos personales, familiares y en el contexto de la pandemia, entendían que era necesario que saliera de la cárcel.

A comienzos de diciembre la Corte Suprema de Justicia rechazó el último de los recursos presentados por la defensa del ex funcionario. Así quedó firme la condena que pesa en su contra. Boudou había sido condenado en 2018.

Ahora, la decisión de Obligado hizo lugar al pedido de los fiscales Marcelo Colombo y Guillermina García Padín, quienes habían pedido el fin de la domiciliaria para Boudou.