Los fiscales Rívolo y Stornelli apelaron la decisión del juez Claudio Bonadio de procesar al dueño de Techint sin prisión preventiva. También piden detener a Abal Medina.
Miércoles 5 de diciembre de 2018 13:29
Paolo Rocca, líder del Grupo Techint, fue procesado este martes por orden del juez federal Claudio Bonadio, en el marco de la causa de los cuadernos de la corrupcion del chofer Oscar Centeno, donde consta el pago de sobornos en obra pública.
Además, lo embargó con 4 mil millones de pesos y le prohibió la salida del país. Por otra parte, el juez le dictó la falta de mérito a Marcelo Mindlin, de Pampa Energía.
“Habrá de adoptarse un temperamento expectante respecto del suceso imputado a Marcos Marcelo Mindlin, toda vez que en el pago realizado no se vislumbra la matriz establecida en el resto de las entregas de dinero que fueron registradas por Oscar CENTENO en sus anotaciones, sumado a que del testimonio del nombrado corresponde efectuar diversas medidas de prueba tendientes a verificar o descartar sus dichos”, sostuvo Bonadio sobre Mindlin al dictarle la falta de mérito.
Claudio Bonadio había procesado al CEO de Techint como miembro de la asociación ilícita que se dedicó a recaudar coimas de la obra pública y dispuso la falta de mérito para el dueño de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, el empresario cercano a Macri.
La justicia de Bonadio que ahora aparenta ir contra los empresarios corruptos, que busca detener a algunos empresarios como Rocca mientras cubre a otros como Marcelo Mindlin, amigo del presidente, es esa misma justicia que montó un manto de impunidad durante 40 años sobre una familia que fue cómplice de la dictadura militar, que realizan fraudes laborales, que tienen enormes planteles de trabajadores precarizados ha ocultado la historia criminal de la principal multinacional del país.
Aunque resulta evidente que, en Argentina, hay un esquema de corrupción de obra pública, del cual el kirchnerismo fue parte, también lo es que este sistema no lo inventó el kirchnerismo, sino que venía de antes. Esto demuestra la direccionalidad discrecional de Bonadío y Stornelli en relación a quiénes se busca preservar y a quiénes se busca implicar en una causa que complica a todo el empresariado y a distintas figuras de los partidos del régimen político.
La nueva resolución de Bonadio apunta especialmente al grupo Techint. En un fallo anterior el juez había procesado a Luis Betnaza, otro de los directivos de Techint, quien había dicho que él decidió hacer los pagos a ex funcionarios tras la expropiación de Sidor, la empresa que el grupo tenía en Venezuela.
Al declarar, Rocca rechazó su participación, pero el juez sostuvo que “han comparecido las principales autoridades de la empresas participantes de la estructura investigada y la responsabilidad no recae únicamente sobre Betnaza”.
En la misma resolución, el juez amplió los procesamientos a los ex funcionarios Julio De Vido, José María Olazagasti, Roberto Baratta, Hernán Camilo Gómez y a Nelson Lázarte.
Bonadio también procesó al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y a su ex secretario privado Martín Larraburu, quienes admitieron haber recibido dinero de la recaudación aportada desde el Ministerio de Planificación para campañas electorales.
“En el presente caso, se encuentra acreditado con el grado de certeza requerido en esta etapa procesal que Paolo Rocca, habría sido una de las personas que ordenó la entrega de dinero realizada por Héctor Zabaletta a los funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal, quienes luego ejecutaron los actos que eran propios de la función que cumplían, hallándose destinados a beneficiar a los cohechantes”, explicó Bonadio sobre el pago de coimas.
En otro de los párrafos de la resolución, el juez consideró que Juan Manuel Abal Medina y Hugo Martín Larraburu, “deberán responder como participes necesarios, toda vez que participaron del retiro y distribución del dinero, que era entregado a los funcionarios, quienes ejercían la decisión sobre las acciones propias de la función pública que debían realizarse como contrapartida de la suma de dinero entregada”.
También quedaron procesados y embargados los empresarios Alberto Padoán y Rubén Aranda. Finalmente el juez sostuvo respecto de Abal Medina, de Paolo Rocca, Rubén David Aranda y Claudio Alberto de Lassaletta, que por “la gravedad de las conductas imputadas, a fin de garantizar su sujeción al proceso se les prohibirá la salida del país (art. 310 del C.P.P.N.).
