Cuarentena y reforma laboral. Teletrabajo en senadores: entre ceder o enfrentar al lobby empresarial

En la primera reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la cámara de Senadores, expusieron el Ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el secretario general de la CGT, Héctor Daer y el titular de la CTA, Hugo Yasky, además de los diputados de Cambiemos, lobbistas directos de los empresarios. El senador Lovera del Frente de Todos, quien preside la comisión, adelantó su intención de dar despacho los primeros días de la semana próxima. Tanto los representantes de las centrales sindicales, como los senadores del Frente de Todos, defendieron el proyecto.

Desde la media sanción en diputados, hace más de 20 días, los empresarios del G6 jugaron fuerte en algunos medios, cuestionando los aspectos más progresivos del proyecto de ley. Está en duda si el gobierno cederá al lobby empresarial, ya que el presidente Alberto Fernández, cuando recibió a miembros del G6 en la quinta de Olivos el 9 de julio, les adelantó que proyecto iba a ser modificado en el senado.

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El G6, que integran la UIA, la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) y las cámaras de la Construcción (Camarco) y de Comercio (CAC), enviaron una nota pública en la que vuelven a marcar los factores que harían “inviable” el proyecto votado en diputados: entre los puntos que pretenden que se modifique está el “derecho a la desconexión” y el derecho a la reversibilidad, es decir que la reversión a la modalidad presencial pueda ser solicitada tanto por parte del trabajador como del empleador, y que no sea aplicable si el contrato hubiera nacido bajo esa modalidad de teletrabajo. Además, sobre el artículo que contempla adecuar la jornada conforme a las tareas del cuidado, plantean que “es imposible de cumplir” y abren la discusión de recibir financiamiento para que las pymes puedan acceder al equipamiento necesario para ofrecer esta modalidad. Los empresarios quieren evitar gastos a toda costa; y cuantos menos trabajadores tengan en sus oficinas, menos son los gastos de mobiliario, energía, conectividad, etc. que deben afrontar, muchos incluso planean mayor ahorro dejando de alquilar establecimientos, limpieza, entre otras cosas.

La voz del G6 en la reunión la llevaron los diputados de Cambiemos, cuestionando los puntos del proyecto que implican derechos para el trabajador. La primera en hacerlo fue la senadora Gladys Gonzalez, quién cuestionó el principio de reversibilidad y planteó que el proyecto, así como estaba, no iba a tender a promover sino a obstaculizar la implementación del teletrabajo.

El senador Julio Cobos de la UCR-Cambiemos, agregó su disconformidad con la desconexión digital, algo que hoy en día, se demostró absolutamente necesario. Y esto implica ni más ni menos, que se respete la jornada laboral y que los jefes no puedan solicitar trabajo por fuera de la misma. Además, también se manifestó en desacuerdo con el artículo que contempla las tareas de cuidados que, recae mayoritariamente sobre las mujeres, que deben conciliar su trabajo con las tareas del hogar y el cuidado de los hijos y adultos mayores. A su vez, hizo hincapié en la necesidad de escuchar a los empresarios, como lo hicieron varios.

Esteban Bullrich, del PRO-Cambiemos, dijo que con “el proyecto de regulación del teletrabajo, así como está, corremos el riesgo de que los nuevos empleos que se puedan generar se vayan a otro país”, dejando en claro su intención de modificar la ley a tono con los planteos del G6.

Por su parte Moroni, planteo la necesidad de garantizar la protección de la intimidad a través de mecanismos informáticos bien desarrollados para proteger la privacidad de los trabajadores.

Por su parte Yasky y Daer en sintonía con Moroni, defendieron el proyecto votado en diputados sin modificaciones y el método del consenso con todos los sectores. Yasky hizo hincapié en que era un un piso a partir del cual los gremios tengan que definir las particularidades de los sectores a través de los convenios colectivos. También defendió una de las conquistas que obtuvo el lobby empresarial en diputados como el plazo de 90 días después de levantada la cuarentena.

Si se hicieran modificaciones, el proyecto que ya había obtenido la media sanción en la Cámara de Diputados el pasado 25 de junio, deberá volver nuevamente a la cámara baja para su tratamiento. El mismo, si bien contempla el reconocimiento de algunos derechos como la ART, el derecho a la desconexión, la reversibilidad y voluntariedad, la igualdad de salarios y licencias con respecto a aquellos que lo hacen en forma presencial; y la adecuación con horarios compatibles con las tareas de cuidado, por otra parte contiene artículos que abren la puerta a la flexibilización laboral y favorecen a las patronales tales como la desprotección laboral hasta 90 días después de finalizada la cuarentena, el trabajo por objetivos y no elimina la contratación por monotributo que habilita el fraude laboral.

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De lo que hay garantías es que este proyecto de ley de aprobarse se implementaría recién 90 días después de finalizado el aislamiento. Mientras tanto, cientos de miles seguimos rompiéndonos el cuerpo trabajando en condiciones ergonómicas inadecuadas, haciéndonos cargo de los costos extras que genera el trabajo en casa y haciendo malabares para trabajar, cuidar a los chicos, ayudarlos con las tareas de la escuela y ocupándonos de las tareas del hogar, mientras las empresas se siguen ahorrando todos los costos y despidiendo a trabajadores que no tengan equipamiento para realizar el trabajo desde su hogar, tal como denunció Nicolas Del Caño sobre la situación de las pibas y pibes que trabajan en call center, incumpliendo el decreto que prohíbe los despidos sin que nadie haga nada para impedirlo.

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Empresarios y dirigentes sindicales tuvieron voz y voto. Los y las trabajadores no fuimos consultados, tenemos derecho a discutir en asambleas virtuales de qué trata este proyecto de ley, y cómo organizarnos para que las empresas no nos flexibilicen aún más nuestro trabajo y nuestras vidas. Tenemos que conformar comisiones de seguridad e higiene donde se ponga en debate esta modalidad.

Tenemos que exigirles a todos los sindicatos y las centrales sindicales se pongan a la cabeza de impulsar asambleas virtuales en cada lugar de trabajo para discutir la regulación del teletrabajo, con efectivos y tercerizados sin divisiones, en todos los gremios desde comercio, call center, telecomunicaciones, bancarios, estatales, municipales, del sector privado. Y con esta fuerza organizada imponerles a las empresas que en los hechos cumplan hoy mismo –no recién dentro de 90 días post cuarentena- con la compensación económica que se están ahorrando, con las condiciones ergonométricas, garantizando el derecho a la desconexión, al derecho a la “reversibilidad” post cuarentena, y rechazar el "trabajo por objetivos" que se plantea en este proyecto que abre puertas a mayor flexibilización, además de imponerles un freno a los aprietes patronales para que trabajemos a destajo dejando nuestra salud en el trabajo, y exigir que se apliquen las licencias pagas para las madres y padres con niños y niñas en edad escolar.

La técnica y la tecnología no tiene que ser usada como quieren las patronales para transformar al trabajador en un mero apéndice, tiene que servir y estar puesto en función de reducir la jornada de trabajo, de alivianarlo, y de repartir las horas entre ocupados y desocupados que hoy es justamente un gran flagelo que está creciendo.

Y poner nuestra fuerza a disposición de exigir la reincorporación de todos los trabajadores y trabajadoras, entre ellos jóvenes precarizados de call center, que fueron despedidos por no contar con la conectividad o equipamiento para realizar el teletrabajo, exigiendo que sean reincorporados a sus puestos de trabajo, tal como propuso el Frente de Izquierda en su proyecto de ley en diputados.

Nuestra fuerza organizada y coordinada se puede volver imparable.