El discurso de los derechos humanos y el avance inédito del acuerdo migratorio, con 20 países firmantes de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, contrasta con la represión, detención y expulsión que padecen diariamente miles de migrantes pobres para impedirles el paso libre por el mundo.
Lunes 13 de junio de 2022
El acuerdo migratorio está signado por 20 países americanos y España, con un primer paquete económico de 314 millones de dólares financiados desde Washington, donde se comprometen a frenar el flujo hacia EE. UU. con la canalización de nuevas inversiones en la región y a través de proyectos, como Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro, que se implementen en los países de origen donde hay crisis migratorias, como Honduras, El Salvador y Guatemala, y de tránsito como Colombia, Ecuador y México.
Ante el desplazamiento de miles de migrantes durante estos dos últimos años, cabe señalar que este pacto sólo reconoce los procesos migratorios “seguros” y “ordenados”, dejando por fuera las caravanas migrantes de miles de trabajadores pobres, que salen huyendo de sus países de origen por la violencia exacerbada y pobreza provocada por el imperialismo estadounidense en complicidad con los respectivos gobiernos.
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El pacto de la Declaración de los Ángeles sirve para fortalecer los sistemas de protección, el acceso a los procedimientos de asilo eficientes y la ampliación de medidas legales, entre otras, para reforzar la migración legal. Al mismo tiempo, destaca la importancia de las iniciativas regionales que amplíen esfuerzos para mejorar las condiciones y las oportunidades para prevenir las crisis migratorias con más desplazamientos hacia el norte del continente americano.
Estas medidas acordadas entre EE. UU., Canadá, México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Haití, Jamaica, Costa Rica, Panamá, Belice, Barbados, Ecuador, Colombia, Brasil, Paraguay, Chile, Perú, Uruguay y Argentina, resultan sólo paliativos, pues, aunque pretenden reforzar las ayudas económicas a los más pobres, facilitan también la militarización y control de las fronteras, así como la devolución de quienes son rechazados, profundizando en una política antimigratoria que no resuelve las causas de fondo.
El presidente de EE. UU., Joe Biden, cerró el encuentro declarando que “Todos los países necesitan trabajar juntos para mantener políticas de migración humanas y ordenadas” y finalizó con la siguiente frase: “la migración ilegal no es aceptable y vamos a asegurar nuestras fronteras”.
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La política de “no injerencia” del presidente Andrés Manuel López Obrador
El presidente mexicano, que no asistió de manera personal al cuestionar que no se invitara al espacio de la IX Cumbre de las Américas a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, promovió una política exterior de “no injerencia”, a través del canciller Marcelo Ebrard, para que se considere que cada país, cada nación, tiene libertad de autodeterminación. Sin embargo, esta idea fue increpada esta por otros representantes, que mencionaron que no soportarían la presencia del dictador Pinochet o Videla, por ejemplo.
Pero a pesar del discurso progresista del presidente mexicano para evitar la injerencia del imperialismo yanqui, la subordinación en que se encuentra el país sigue vigente mediante el TMEC y con el pago de la deuda externa, que recae sobre los hombros de millones de trabajadores, con más precarización y subcontratación, así como con la aplicación de programas como Quédate en México, impuesto con Donald Trump y preservado con Joe Biden, y con la creación y utilización de la Guardia Nacional para perseguir migrantes, demostrando que también en el tema migratorio México sigue fungiendo como patio trasero de EE. UU. y acatando sus órdenes.
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Compromisos del gobierno mexicano
Por otra parte, México se comprometió a ampliar el programa de Tarjetas de Visitante Trabajador Fronterizo, para permitir la entrada al país de 10 mil a 20 mil beneficiarios más, lo que significa mano de obra ultraprecarizada al servicio del enriquecimiento empresarial.
Dicho programa se anunció desde noviembre de 2021, cuando la Secretaría de Trabajo informó que estas tarjetas servirían para ordenar la migración, principalmente guatemalteca, que ingresa a México por una oportunidad de trabajo. Sin embargo, para tramitarla es necesario que la empresa empleadora esté registrada ante el Instituto Nacional de Migración de México.
Durante los próximos tres años, México también integrará al mercado laboral a 20 mil personas refugiadas, con el apoyo de ACNUR (agencia de la ONU para las y los refugiados), desde donde se expresó su satisfacción por las medidas pactadas en el acuerdo migratorio de la reciente Cumbre.
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Una salida por izquierda
Como puede verse, la crisis migratoria no se resolverá mediante acuerdos con el imperialismo norteamericano, pues se acuerdan documentos en contra de la clase trabajadora que migra por mejores condiciones de vida, por lo que se hace urgente poner en pie un amplio movimiento que exija paso libre a todos los que migran, así como plenos derechos políticos, sociales y humanos, como alojamiento, comida y servicios de salud pública, aunado a la exigencia de que regresen los militares a sus cuarteles y la disolución de la Guardia Nacional.
¡Paso libre a los migrantes! ¡Fronteras abiertas!
Diana Palacios
Profesora egresada de la Normal Superior, colaboradora en IdZMx