Desde hace meses crecen los indicios que conectan a la familia de Bolsonaro con las milicias de Río de Janeiro que están detrás, entre tantos otros crímenes, del asesinato de la concejala Marielle Franco y el conductor de su auto, Anderson Gomes.
Miércoles 13 de marzo de 2019 12:35
Este martes la policía brasileña detuvo a dos sospechosos de ser los ejecutores del asesinato de la concejala de izquierda Marielle Franco y su chofer, del que este 14 de marzo se cumple un año.
La detención de los dos sospechosos, ambos pertenecientes a la Policía y señalados como miembros de escuadrones paramilitares en Río de Janeiro, no hizo más que profundizar la crisis de Gobierno por las relaciones que involucran directamente al clan Bolsonaro.
Uno de los detenidos, Ronaldo Lessa, que según las investigaciones de la policía fue el autor de los 13 disparos, era vecino del presidente Jair Bolsonaro, en un exclusivo complejo del barrio Barra de Tijuca.
Este podría ser un dato menor o casual, si no fuera que viene a sumarse a una serie de indicios que muestran una relación aceitada entre la familia Bolsonaro e individuos relacionados con las milicias irregulares que actúan como sicarios en Río de Janeiro, incluyendo escándalos por financiamiento ilegal y enriquecimiento ilícito.
Los puntos de contacto son tantos que Bolsonaro y sus hijos ya no pueden alegar que se trate de meras coincidencias. Veamos algunos de esos hilos que forman parte de la trama que involucra a la familia del presidente de Brasil:
El primer indicio que surgió sobre esta relación con las bandas paramilitares, que estuvieron detrás del asesinato de Marielle, fue la relación del asesor del entonces diputado estadual e hijo del presidente, Flávio Bolsonaro, con el chofer Fabrício Queiroz. Este último que era amigo íntimo de la familia Bolsonaro, no solo tenía relación con la milicias sino que está envuelto en un escándalo por movimientos bancarios sospechosos provenientes de la oficina del diputado Flávio Bolsonaro.
Por otro lado Queiroz, un expolicía militar, fue el responsable según el hijo presidencial de haber empleado como parte de su staff a la funcionaria Raimunda Veras Magalhães, que aparece en el informe del Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf) como una de las personas que hicieron depósitos para el propio Queiroz.
Sin embargo el dato relevante aquí es que Raimunda Magalhães es "por coincidencia" la madre de Adriano Magalhães de la Nóbrega, señalado como jefe de las milicias de Río das Pedras, un barrio dominado por las fuerzas parapoliciales. Adriano Nóbrega también es acusado de ser jefe de la" Oficina del Crimen ", un grupo que reúne a policías y expolicías que son contratados como asesinos a sueldo. Además de Raimunda, también Danielle Mendonça da Costa da Nobrega, esposa del miliciano, trabajó en el gabinete de Flávio Bolsonaro.
Si las relaciones indirectas no bastaran, el propio Adriano Nóbrega fue homenajeado por el hijo de Bolsonaro en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro en 2003, cuando era diputado estadual. De hecho la lista de homenajeados por Bolsonaro podría ser fácilmente contrastada con una de milicianos. Junto con Adriano, también fue homenajeado Ronald Paulo Alves Pereira, excapitán y jefe de una de las mayores milicias de la ciudad, que fue detenido en enero de este año en el marco de la operación Los Intocables en la que, entre otras cosas, se investiga el asesinato de Marielle Franco.
El vínculo de las milicias con la muerte de Marielle comenzó a ser investigado tras seguir el rastro del Chevrolet Cobalt, vehículo del que salieron los disparos que asesinaron a la concejala y su chófer.
El autor de estos disparos, según las investigaciones, fue Ronald Lessa. Este expolicía trabajó en el 9º Batallón de la Policía Militar (BPM Rocha Miranda), que estaba encabezado por el teniente coronel Claudio Luiz Silva de Oliveira, condenado a 36 años de prisión por haber ordenado el asesinato de la jueza Patricia Acioli en 2011. La jueza Acioli fue la responsable por dictaminar la prisión de unos 60 militares vinculados a grupos milicianos y de exterminio.
Pero Ronald Lessa poseía además una conexión directa con Jair Bolsonaro, era vecino del condominio donde vivía el actual presidente. El complejo residencial de alto nivel Villas de la Barra, está ubicado frente a la playa de Barra da Tijuca, y los precios de sus inmuebles son millonarios. Lessa y Bolsonaro vivían en la misma calle, la calle C del condominio, y según la información confirmada por el investigador responsable del caso, Giniton Lages, uno de los hijos del clan Bolsonaro se enamoró de la hija de Lessa, en un hecho concreto que demuestra la cercanía de las familias. El propio Lessa confirmó también que la relación entre ambas familias no finalizó cuando se dio por terminada la relación que mantenían sus hijos.
La abundancia de relaciones entre el clan Bolsonaro y las milicias de Río de Janeiro ya serían más que suficientes para que la Justicia investigue hasta donde llegan. El hecho es que la presidencia de la República nunca estuvo tan cerca de las milicias, grupos paramilitares y de exterminio.
Sin embargo, el investigador responsable del caso declaró que el tema será enfrentado "en el momento oportuno", demostrando también los hilos y lazos que el presidente mantiene con la corporación judicial, comenzando por el mismo ministro de Justicia, Sergio Moro, que recibió el cargo como premio por haber garantizado la prisión para Lula para evitar que se presente en las elecciones del año pasado.
La ejecución de Marielle fue un crimen cometido por el Estado, por lo que sería ridículo esperar que sea el mismo Estado quién lleve adelante y hasta las últimas consecuencias esta investigación.
En conversación con La Izquierda Diario, Vanessa Duarte editora de Esquerda Diario de Brasil y militante del Movimiento Revolucionario de Trabajadores señaló este problema e indicó que por eso "es urgente exigir que el Estado garantice recursos y todas las condiciones para la realización de una investigación independiente, proporcionando las pruebas y archivos a organismos de derechos humanos, expertos comprometidos con la causa, y que parlamentarios del PSOL (partido al que pertenecía Marielle), representantes de organismos de derechos humanos, de sindicatos, de movimientos de favelas, etc, sean parte de la investigación".
