Trabajadoras de Sernameg denuncian violencia institucional. "Presentamos nuestras demandas históricas para avanzar verdaderamente en la erradicación de la violencia contra las mujeres"

Se trata de las y los trabajadores de los dispositivos de prevención, los centros de la mujer, los centros de atención especializada y los centros de reparación de la línea de violencia de género a nivel nacional, quienes este 25 de noviembre enviaron una carta a Gabriel Boric señalando las precaria situación laboral, el conflicto contractual con los ejecutores y los problemas existentes en el cambio del rediseño del modelo de atención en las violencias de género.

Las y los trabajadores señalan que "desde el año 1999, bajo el alero del SERNAM, en Chile se han implementado diversos programas que abordan la violencia contra las mujeres, realizando a fines del año 2023 una reformulación programática a nivel nacional, que trajo consigo una serie de cambios técnicos y metodológicos a los programas, pero sin considerar un aumento presupuestario acorde a estos nuevos desafíos, lo que se ha traducido por una parte, en mantener sin solución demandas históricas de quienes llevamos a la práctica el nuevo modelo (precarización e inestabilidad laboral por el tipo de contratación, condiciones laborales inadecuadas para el desarrollo del trabajo, multiplicidad de funciones, sobrecarga laboral, frustración profesional) y por otro lado, la preocupación de generar listas de espera inabarcables, que significan dejar sin intervención a un importante número de mujeres que atendido el nivel de riesgo que presentan debiesen tener una atención prioritaria por parte del Estado."

"Es por ello que presentamos ante ustedes, el siguiente petitorio, que recoge demandas históricas de las trabajadoras y trabajadores de dispositivos VCM, además de las necesidades derivadas de la implementación del rediseño programático, creemos que es de suma urgencia generar un compromiso de trabajo conjunto y concreto con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género para mejorar las condiciones laborales y estructurales de nuestro trabajo, donde exista una presencia real y ética por parte del servicio, para avanzar verdaderamente en la erradicación de la violencia contra las mujeres en todas sus formas, incluyendo, la violencia laboral.", señalan desde el comunicado.

Recordemos que a principios de este 2024 la situación de las trabajadoras del Centro de la Mujer de Pudahuel movilizó a un sector de los dispositivos de atención, protección y reparación a nivel nacional, denunciando problemas de infraestructura y de autoritarismo a través de la alcaldía de Italo Bravo. Mientras que en octubre de este año, trabajadoras del Centro de Atención Integral de Punta Arenas paralizaron sus funciones por no pago de sueldos de parte del ejecutor Fide XII.

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Respecto a las condiciones laborales las y los trabajadores señalan que "es importante que la implementación del modelo ajuste progresivamente el recurso humano, material, tecnológico y/o físico requerido por los dispositivos para garantizar un trabajo de calidad y en congruencia con los principios rectores de la institución (no violencia y respeto por los derechos humanos) y permita asegurar la dignidad mínima tanto de quienes desarrollamos las labores como de la diversidad de mujeres a quienes atendemos."

Es por ello que exigen espacios e infraestructura adecuada para el real funcionamiento de los dispositivos y terminar con el hacinamiento; lugares y mobiliarios para la oportuna atención; una implementación de un sistema informático que permita la recopilación y conservación de información relativa a los procesos de intervención de las mujeres; aumentar la dotación de profesionales atendida la demanda existente, la cantidad de habitantes y las listas de esperas que los distintos componentes mantienen; mayor celeridad para generar la contratación y reemplazos de profesionales a fin de evitar la sobrecarga laboral y el aumento en las listas de espera; obligación de asegurar la integridad física y psicológica de las y los trabajadores, vía contratación de seguros, implementación de tecnologías de vigilancia de los lugares de trabajo. Lo anterior, por cuanto el desarrollo de nuestras labores requiere desplazarse a sectores urbanos y rurales desde los dispositivos a las comuna de irradiación, por el perfil de algunos agresores, la vinculación de estos a grupos organizados de delincuencia dependiendo del territorio de ejecución; la no instrumentalización de los dispositivos y sus equipos para fines ajenos a los establecidos en el convenio, a fin evitar la sobrecarga de los mismos con requerimientos ajenos a las funciones de contratación; mantener los derechos derivados de las movilizaciones llevadas a cabo por las trabajadoras y trabajadores de dispositivos durante los años 2022 y 2023, que dicen relación con los días de desconexión individual y los días de desconexión grupal, obtenidos a propósito de la complejidad de la problemática que atendemos. Derecho que algunos ejecutores están negando a les trabajadores.

Respecto a las condiciones contractuales y salariales, las y los trabajadores de la línea de violencias de género aseguran que existe una deuda histórica. Se trata de la "doble dependencia" que enfrentan los dispositivos con la suscripción de convenios entre el SERNAMEG y ejecutores
públicos o privados: "en virtud de lo cual por un lado, debemos responder a las demandas del servicio y por otro, a las exigencias de los ejecutores, sean estos, municipios, fundaciones y/o delegaciones presidenciales, quienes discrecionalmente optan por contratarnos principalmente bajo la modalidad “honorarios”, por cuanto, los convenios que suscriben así se los permiten."

"Lo anterior, genera una inconsecuencia estatal en materia de derechos laborales y de seguridad social. Laborales en el sentido que aunque estamos vinculados a “honorarios” podemos estar obligados contractualmente, en esta calidad de “servidores públicos”, a normas relativas a responsabilidad y probidad, que se exigen a los funcionarios del Estado, pero sin los derechos que dicha calidad confiere a estos trabajadores/as. Inconsecuencia y desprotección estatal que se manifiesta igualmente en materia de seguridad social, ya que año a año debemos pagarnos las cotizaciones previsionales en salud, vejez, accidentes del trabajo, Ley SANNA, por lo que aún trabajando para el Estado, terminamos siendo nuestros propios empleadores al momento de solicitar una licencia médica o un descanso pre natal, pese a que nos encontramos bajo condiciones laborales que dejan en evidencia tanto nuestra subordinación y dependencia a la institucionalidad del Estado, como la tercerización laboral en que cumplimos funciones, hecho que ha sido ya reconocido por los Tribunales de Justicia de Chile.", señalan en la carta.

"Por lo anterior, exigimos acabar con la modalidad de convenios de ejecución del SERNAMEG y les instamos a generar un modelo de contratación directa que permita a las y los trabajadores asegurar un empleo digno, estable y que asegure las mismas condiciones laborales y de seguridad social que tienen los funcionarios públicos del Estado y de las Municipalidades en materia de cotizaciones previsionales, y que a su vez asegure condiciones de trabajo que no pongan en riesgo nuestra salud física y mental."

Durante el presente año 2024 el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y SERNAMEG materializan un proceso de “rediseño” al modelo de abordaje e intervención en violencias contra las mujeres, nuevo modelo para el cual los recursos provinieron del cierre de programas del SERNAMEG tales como los Centros de Reeducación de Hombres (CRH), y algunas Casas de Acogida.

"Si bien se reconoce la necesidad de actualizar el modelo de intervención a fin de ajustarlo a la realidad social y a las normativas jurídicas nacionales e internacionales, lo cierto es que su implementación consideramos ha constituido un retroceso, por ejemplo con el cierre de los CRH, que implicó que se dejó de trabajar con aquellas personas que ejercen la violencia, dirigiendo todos los esfuerzos de cambio hacia las víctimas, responsabilizando a las mujeres de sus propios procesos, aumentando así el daño psicosocial, perpetuando la sensación de injusticia sustancial y restando credibilidad a las instituciones que debieran velar por su seguridad. Por otra parte, la implementación del modelo en los dispositivos, que amplió el ámbito de intervención desde el enfoque de género, pero que no tiene aparejado un aumento presupuestario acorde a las necesidades territoriales, a las demandas ciudadanas y a los requerimientos de los equipos, sólo ha perpetuado, aumentado y dejando en evidencia la existencia de deficiencias históricas del modelo de intervención", señalan las y los trabajadores.

Con este petitorio, las y los trabajadores establecen un plazo de 7 días corridos desde la recepción del petitorio a fin de obtener respuesta a la presente carta y que se convoque a mesas de trabajo.