A más de cuatro meses de la matanza en Tlatlaya en el Estado de México, se les imputan cargos a 7 militares involucrados en el caso. Sólo tres de ellos por homicidio calificado.
Miércoles 5 de noviembre de 2014
Este fin de semana el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que a los 7 militares inculpados por el caso Tlatlaya se les imputarán cargos de homicidio calificado, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público. Todos fueron recluidos en la prisión del Campo Militar número 1 de la Ciudad de México y las penas podrían pasar de los 30 años en cárcel.
El 30 de junio la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) informó que durante un “enfrentamiento” con presuntos delincuentes en Tlatlaya, Estado de México, resultaron muertas 22 personas “producto de un enfrentamiento con militares". Sin más declaraciones, el caso no llamó la atención.
El caso se abrió por la declaración de una sobreviviente
Sin embargo, en septiembre el país se enteró de las inconsistencias en el caso Tlatlaya, después de que la revista Esquire publicara un testimonio en el que una testigo sobreviviente del caso desmiente la versión de los militares y se asegura que las víctimas se rindieron ante los soldados, y ellos los formaron dentro de una bodega y los fusilaron, los ejecutaron fuera de la ley.
Estas ejecuciones extrajudiciales, enmarcadas en la “guerra contra el narcotráfico”, merecieron una exhortación del gobierno de Barack Obama –el principal proveedor de armas al país y principal interesado en esta guerra– a Peña Nieto, lo que obligó a que el 30 de septiembre la SEDENA reconozca como “ejecuciones extrajudiciales” las muertes en Tlatlaya.
La SEDENA ha dicho que ocho militares fueron acusados de desacato y se aseguró: “tenemos suficiente para poder determinar el exceso de la fuerza y la tipificación del delito de homicidio, esto es creo que suficiente y claro”.
Ante presiones internacionales y la crisis, el gobierno presenta responsables
Hoy, después de cuatro meses del asesinato de 22 jóvenes en Tlatlaya el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informa que a los militares Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Roberto Acevedo López, Samuel López, Ezequiel Rodríguez Martínez, Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leonides se les imputaron cargos por su ejercicio indebido del servicio público. Y sólo a Quintero, Acevedo y Hernández les se les fue imputado el delito de homicidio calificado.
El proceso contra los militares fue iniciado en un juzgado civil –determinación que desde 2012 es acordada tras la discusión sobre el artículo 13 de la Constitución y se refiere a los delitos cometidos por militares contra civiles– y aunque no se ha anunciado oficialmente deberán ser restringidos del fuero militar.
Estos hechos se enmarcan en la estrategia de militarización y de hostigamiento a la población que cada vez se levanta con más fuerza a expresar su repudio al Estado represor que se sufre en México.
Desde 2006 en pos de la “guerra contra el narco”, el pueblo mexicano ha puesto los muertos y el Estado ha salido a callarlo con las armas. El caso Ayotzinapa y el caso Tlatlaya hacen eco a los cientos de miles de asesinatos que quedan impunes en el país.
Durante el último año no hubo información de un solo militar en activo condenado por violaciones a garantías individuales, pese a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registró 1613 quejas de abusos perpetrados por las fuerzas armadas.
