En el debate público predominan dos proyectos ante la crisis educativa: el neoliberal, que ataca la educación pública y quiere privatizarla, y el peronista, que la defiende con un discurso de inclusión pero viene administrando los recortes educativos. Los socialistas queremos poner en debate otro proyecto: la lucha de la docencia y la comunidad educativa como parte de la resistencia al gobierno y como punto de apoyo para pelear por otra educación como parte de una transformación revolucionaria de la sociedad. Presentamos este artículo como aporte al Encuentro Educativo de la Corriente Nacional Docente “9 de Abril”/La Marrón, a realizarse el 22 de febrero en Madygraf.
Crisis y resistencia educativa
La educación relativamente masiva para la formación de trabajadores es una característica del capitalismo. Con su desarrollo, la clase dominante incorporó la educación como un mecanismo para reproducir su ideología y formar su futura fuerza de trabajo, adaptando el sistema educativo a las necesidades del capital y al modelo de país de cada etapa. En Argentina, esto se expresó inicialmente en el sistema educativo conservador-oligárquico y sarmientista, que buscaba homogeneizar a la nueva clase trabajadora de origen europeo. Desde la escuela conservadora hasta el modelo industrialista y el actual, su función ha ido cambiando para adaptarse al proyecto de la burguesía. Hoy, la llamada crisis educativa expresa la crisis del proyecto educativo de la clase dominante, que deja una escuela subordinada a las reformas impuestas por organismos internacionales y tiende a reducirla a un espacio de contención social.
Esto ha generado resistencias y disputas a lo largo de la historia. Los trabajadores de la educación y la comunidad educativa han enfrentado políticas de ajuste y defendido el derecho a la educación pública. Desde la primera huelga en 1881 hasta el presente se han dado luchas emblemáticas [1]. Las respuestas de la comunidad educativa, los procesos de organización y las luchas provinciales continúan desarrollándose, como lo demostraron las grandes huelgas docentes de 2024 en Misiones y Neuquén, a pesar de la adaptación de los principales sindicatos docentes, en especial CTERA, a los gobiernos.
En la actualidad la docencia está conformada por 1.519.400 trabajadores, con una abrumadora mayoría de mujeres (el 72,8 %) [2]. Una fuerte presencia territorial en un sistema educativo que atiende a una población escolar que fue aumentando. Sin embargo, esta expansión no ha venido de la mano de una mejora en las condiciones laborales ni en la inversión en educación. Por el contrario, el ajuste, la desinversión y la precarización han sido una constante. Una crisis educativa ante la cual ponemos en debate tres proyectos.
La educación como mercado
El modelo educativo neoliberal, basado en los postulados de Milton Friedman [3], concibe la educación como un bien de mercado, donde las instituciones compiten entre sí y las familias eligen según su capacidad económica. Este enfoque impulsa la reducción del rol del Estado, especialmente en el financiamiento, y exalta los valores del individualismo y la meritocracia. La educación deja de ser concebida como un derecho social para transformarse en una posibilidad de consumo individual. Se busca descentralizar el sistema educativo e incentivar a la creación de escuelas privadas. Esto conlleva a una mayor segregación de la comunidad educativa según su condición social. Se cristaliza un sistema educativo dual con un sector público cada vez más degradado y un sector privado donde concurren los hijos de los sectores más acomodados de la población.
La implementación de sistemas de vouchers y otras formas de privatización, que transfieren el costo de la formación a las familias, solo profundiza las brechas sociales como demostró el caso Chile. Por su parte, los efectos de la descentralización del financiamiento educativo, ya se evidenciaron en la Argentina de los años 90.
En los últimos años, la llamada crisis educativa se ha utilizado para retomar a viva voz este proyecto y legitimar una agenda reaccionaria, promovida por líderes como Milei, Trump y Bolsonaro. Fiel a este ideario, durante su campaña electoral, Javier Milei propuso eliminar la obligatoriedad escolar y reemplazar el financiamiento estatal por un sistema de vouchers para la educación pública. Si bien en su primer año de gobierno no avanzó con esta reforma, aplicó un feroz desfinanciamiento. En este contexto, las masivas movilizaciones universitarias de 2024 evidenciaron la defensa de la universidad pública.
En el caso de las escuelas, Milei atacó directamente a la educación con el recorte del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente) como parte del “ajuste fiscal”, lo que significó una reducción directa en los ingresos de los docentes. También impulsó la aprobación de la “Ley de Servicio Esencial” (que incluso tuvo el apoyo de Grabois) que tiene media sanción del Congreso. Esta medida deja en evidencia que su verdadera preocupación no es el aprendizaje de los estudiantes, sino debilitar la organización docente y consolidar una visión de la educación como un servicio al “consumidor”.
En lo pedagógico, buscan imponer una supuesta “neutralidad ideológica” que en la práctica, significa censurar los contenidos críticos, despolitizar las aulas y eliminar cualquier cuestionamiento al orden establecido. Y sobre todo generar un enfrentamiento entre la docencia y el resto de la comunidad educativa, unidad que saben tiene una potencialidad enorme. Estas políticas se expresan particularmente en sus campañas contra la “ideología de género”, o con "Con mis hijos no te metas" impulsadas por la Iglesia, que no es más que su oposición a la Educación Sexual Integral. Ejemplos recientes de esta pulseada, lo marcaron los Ministerios de Nación y Ciudad de Buenos Aires, buscando sacar o suspender contenidos relativos a la ESI en los portales educativos, así como prohibir literatura. La masiva movilización del 1F en repudio a los discursos de odio oficiales contra las mujeres y las personas LGBTIQ+ y la amenaza a derechos conquistados reflejó la respuesta de amplios sectores.
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El gobierno de Javier Milei representa uno de los ataques más reaccionarios contra la educación pública porque su objetivo es rediseñar profundamente el país al servicio de los grandes empresarios y las multinacionales, con una mayor “reprimarización” y extractivismo, libertad absoluta para el capital financiero, y golpear a las organizaciones de los trabajadores y las trabajadoras.
El relato del “Estado presente”
El relato peronista sobre la educación se construye en torno a la idea de un Estado presente que garantiza derechos a través de la inclusión educativa. Sin embargo, bajo esta narrativa han encubierto la gestión de una crisis educativa estructural que, lejos de resolverse, se profundiza. La provincialización de la educación de los años 90 fue impulsada por el peronismo en su versión neoliberal. Durante el kirchnerismo, aunque tuvieron otro discurso, no revirtieron la fragmentación ni el ahogo presupuestario. Su propia Ley de Financiamiento Educativo de 2005, solo cumplió el objetivo de invertir el 6 % del PBI en tres oportunidades (2009, 2013 y 2015). Los límites de este proyecto quedaron expuestos durante la experiencia kirchnerista: desde la nueva Ley de Educación Nacional de 2006 hasta las políticas educativas de Cristina Kirchner, se construyó un andamiaje de reformas legislativas y normativas con un discurso de los derechos que encubrieron la continuidad con la estructura neoliberal.
Por su parte, los gobernadores como Schiaretti en Córdoba, Jaldo en Tucumán, Sáenz en Salta y Passalaqua en Misiones hacen recortes presupuestarios y atacan la protesta docente. Gobernadores como Axel Kicillof en Buenos Aires, a pesar de su discurso de defensa de la educación pública, también implementan en la práctica políticas de ajuste. Mientras argumentan que no tienen recursos por la falta de transferencias del gobierno nacional, la realidad muestra que en provincias “ricas” como Buenos Aires existirían alternativas de financiamiento mediante impuestos a las multinacionales y grandes empresas como Mercado Libre. La degradación presupuestaria ha dejado a las escuelas con infraestructuras en crisis, materiales insuficientes y docentes precarizados. Lejos de garantizar una verdadera inclusión, este enfoque termina consolidando el sistema dualizado, donde la educación pública, destinada mayoritariamente a los sectores populares, ofrece condiciones cada vez más deterioradas frente a un sector privado que se presenta como la "alternativa de calidad".
Actualmente impulsan algunas reformas educativas (como la reforma del régimen académico en las escuelas secundarias de la Provincia de Buenos Aires) que se presentan con un lenguaje de inclusión, pero carecen de sustento presupuestario real, descargando la responsabilidad sobre los docentes mediante una sobrecarga laboral y condiciones edilicias precarias. Si bien se presentan con un discurso contra del individualismo y reivindican lo comunitario y lo colectivo, defendiendo la Educación Sexual Integral o en algunos casos citando enfoques "constructivistas" (en términos pedagógicos), la falta de recursos y los límites estructurales llevan la educación a un callejón sin salida y le da lugar a la derecha que los critica por hacer demagogia. Ante la crisis social y económica, es difícil decirles a las y los estudiantes que somos todos iguales y que luego ellos no encuentren eso en la realidad.
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Para el peronismo la educación se organiza desde arriba para mantener el status quo [4]. El Estado se apoya en la subordinación de los sindicatos e intenta cooptar a las comunidades educativas. Los grandes sindicatos docentes, a pesar de una retórica contra la derecha y la reivindicación de las luchas históricas docentes (desde la Carpa Blanca hasta las resistencias por los derechos humanos), le dieron tregua a Milei en su primer año. El discurso de "construir comunidad" se revela como una estrategia electoral, no como una genuina construcción de poder desde abajo: no se busca que la comunidad se autoorganice y luche contra los recortes de gobierno sino que apoye al peronismo como un "mal menor" frente a la derecha. Promueven la resignación, instando a bajar la cabeza mientras aplica mayor precarización y reduciendo todo a la disputa electoral.
Esta orientación refleja las condiciones del modelo peronista: la educación se orienta a formar trabajadores para un proyecto de economía dependiente con una industria mayormente extranjerizada. La degradación educativa expresa la crisis de un modelo que no logra romper con la subordinación de organismos como el FMI, el Banco Mundial y la OCDE. El capital financiero internacional define las orientaciones presupuestarias e influencia los contenidos y la formación para un mundo del trabajo cada vez más precarizado.
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Resistencia y socialismo
Desde una perspectiva socialista, cuestionamos la dirección capitalista de la educación, expresada tanto en el proyecto neoliberal como en el peronista. Sin embargo, lo hacemos partiendo de defender la educación como un derecho universal (así como la defensa de la ESI ante los ataques reaccionarios). Impulsamos un programa que incluya aumento del presupuesto en forma inmediata, la pelea por la nacionalización del sistema educativo, la reducción de la jornada laboral con salario acorde a la canasta familiar, becas integrales para todos los estudiantes para que nadie deje el secundario por tener que ir a trabajar (cada vez más acuciante con más del 60 % de las infancias y adolescencia en la pobreza) y el no pago de la deuda fraudulenta e ilegal para destinar esos recursos a Educación, entre otras medidas de emergencia. Para dar una verdadera pelea por estas demandas es urgente recuperar los grandes sindicatos docentes y fortalecer las seccionales combativas.
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Asimismo, la educación, lejos de ser un espacio neutral, ha sido históricamente utilizada por la clase dominante para buscar reproducir su ideología individualista y meritocrática, sus sentidos comunes, su organización vertical, su disciplina, contenidos que ocultan la lucha de clases y las resistencias populares, e intentan negar la perspectiva de género. Por eso, desde nuestra perspectiva debemos ponerlo en cuestión mientras planteamos que un congreso pedagógico nacional podría rediscutir, de abajo hacia arriba, como hacer una educación laica y científica que esté al servicio de las grandes mayorías, movilizando a la comunidad educativa para conseguirlo.
Esta estrategia empieza por poner en pie al conjunto de la docencia, a los estudiantes y el resto de la comunidad educativa para pelear por sus reclamos organizados desde abajo, vinculando la lucha educativa con las demás luchas de la clase trabajadora, para derrotar a los capitalistas con la huelga general política. Hoy en día la docencia y las escuelas tienen el potencial de convertirse en centros organizadores de la comunidad en el territorio, con la capacidad de vincular las demandas inmediatas de mejores condiciones materiales con una lucha política más amplia. Por su rol en la reproducción social [5], y su relativa autonomía (pese al asedio de las evaluaciones estandarizadas y los sistemas de vigilancia del trabajo) [6] pueden ocupar una posición de liderazgo (hegemónica) [7] en la lucha de clases, conectando los conflictos educativos con las luchas obreras y ayudando a articular un frente común. En este sentido, la lucha política contra las presiones de las direcciones sindicales hacia el corporativismo (la estrategia de limitarse solo a la pelea por el salario) es esencial, ya que buscan reforzar la fragmentación social aislando cada conflicto y separándolo de las problemáticas que afectan al conjunto de la comunidad.
Esto en la perspectiva de un cuestionamiento radical al sistema capitalista y su desigualdad social. Proyectando un proyecto socialista donde sea el pueblo trabajador quien decida democráticamente el plan económico del país. Solo en una sociedad así podemos conquistar una educación verdaderamente liberadora, una educación al servicio del desarrollo ilimitado de las capacidades creativas de la humanidad, en un mundo liberado de la explotación del trabajo.
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En este camino es que desde la Corriente Nacional Docente “9 de Abril”/La Marrón, impulsada por el Partido de los Trabajadores Socialistas-Frente de Izquierda + independientes, queremos aportar a la construcción de una fuerza política de la resistencia. Frente al avance del neoliberalismo y el fracaso del peronismo, necesitamos levantar un tercer proyecto independiente, que ponga en primer plano la lucha de los trabajadores, rescatando su rol histórico como sujeto de las grandes transformaciones de nuestro país.
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