La alta casa de estudios reglamentó el artículo 1° de su Estatuto, que impide que personas involucradas en violaciones de derechos humanos y/o terrorismo de Estado formen parte de la misma.
Miércoles 27 de abril de 2016
El pasado 12 de abril el Consejo Superior de la UNLP reglamentó el artículo 1° de su Estatuto. Dicho artículo hasta ahora incumplido, señala que se encuentran inhabilitados para ejercer cargos electivos o por designación quienes resulten condenados como autores, coautores, partícipes, encubridores o en cualquier tipo de participación en delitos violatorios de los derechos humanos.
Esta reglamentación sucede luego de que los últimos años fueran acusados varios docentes de la alta casa de estudios. Ejemplos de esto son las facultades de Derecho y Medicina, donde varios docentes ejercieron funciones en la última dictadura y colaboraron negando Habeas Corpus a los familiares de los desaparecidos o firmando actas de defunción truchas. Algunos de ellos, como Pedro Soria de Derecho Penal y Carlos Mayón de Derecho Constitucional siguen ocupando sus cargos como titulares de cátedra, a pesar de los diversos pedidos de que sean investigados por su participación en la represión de la última dictadura.
Pero esta situación comenzó a cambiar gracias a la movilización de los estudiantes. Por un lado, en 2014 los estudiantes de medicina consiguieron una importante victoria al expulsar a Enrique Pérez Albizu, quien firmó durante la última dictadura actas de defunción truchas. Y por otro, el año pasado los estudiantes de derecho mediante toma del decanato y movilizaciones, lograron la renuncia del juez de la dictadura Horacio Piombo. La movilización se desató tras su fallo homofóbico por el que intentó bajar la pena a un violador de un niño de 6 años, al considerar entre los argumentos que la víctima tenía “tendencias homosexuales”.
Llegar para la foto
Son estas acciones emprendidas por los estudiantes las que explican esta tardía reglamentación. Hace más de una década que la UNLP es gobernada de manera conjunta por radicales y kirchneristas, quienes durante todos esos años y a pesar de los escraches y denuncias, sostuvieron acríticamente a estos personajes. Sólo se desligaron de ellos cuando, sumado a su situación judicial, el repudio social los hicieron insostenibles.
"Sabemos que en la Universidad hay decenas de docentes que tuvieron responsabilidad en el golpe del ’76, que hoy siguen al frente de las aulas formando futuros profesionales. Después de 40 años la UNLP parece que toma nota de esta situación. Esta reglamentación es producto de la lucha que vienen dando los estudiantes. Para que pueda implementarse es fundamental continuar organizándonos para además, lograr que las autoridades se pronuncien por la apertura inmediata de los archivos de la dictadura. Así se podrían conocer quiénes tuvieron responsabilidad en el último genocidio" dijo María Luz Santos Morón, abogada del CeProDH y querellante en juicios de lesa humanidad.
