Un análisis sobre la guerra de servicios involucrada en la muerte del fiscal Nisman, la política del kirchnerismo durante la década, y las funciones de los servicios de inteligencia.
Jueves 22 de enero de 2015
La sospechosa muerte del fiscal Alberto Nisman está cruzada por una guerra interna entre los servicios de inteligencia, organismos inherentes a las necesidades del Estado con el cual los capitalistas persiguen, espían y fabrican causan contra sus enemigos políticos y conspiran contra el pueblo trabajador.
El kirchnerismo denunció que el escrito presentado por Nisman, acusando a Cristina y al canciller Héctor Timerman por “encubrir” a Irán adjudicándole la responsabilidad del atentado a la AMIA, fue armado con información falsa proporcionada por el ex director de Operaciones de la Secretaria de Inteligencia (SI) Antonio “Jaime” Stiusso, expulsado en el pasado diciembre. Efectivamente, el escrito de Nisman es un mamarracho jurídico, sin embargo fue el mismo gobierno quien dio alas de autonomía a estos servicios.
Néstor Kirchner auspició a Stiusso y la SI en el armado de la causa contra Irán con pruebas falsas aportadas por el FBI, la CIA y el Mossad, incorporadas en el dictamen trucho de Nisman de 2006, mediante el cual el gobierno fue funcional a la cruzada antiterrorista de George Bush y el Estado de Israel.
El kirchnerismo mantuvo intacta la SI con personajes siniestros como Stiusso, formado bajo la experiencia de la Triple A y la dictadura genocida (su ingreso fue en 1972) y delincuentes como Pedro “Lauchón” Viale, vinculado a negocios de narcotráfico y prostitución, asesinado en un episodio oscuro por el grupo Halcón de la Policía Bonaerense. Genocidas como Stiusso y lúmpenes como el Lauchón son el elemento predominante de esos “sótanos de la democracia”, los resortes oscuros del poder de los capitalistas.
Durante los últimos diez años, los Kirchner financiaron los servicios de inteligencia con $8.000 millones, sin contar los millonarios fondos reservados. No casualmente el FPV y la oposición jamás convocaron siquiera una sesión de la comisión bicameral de seguimiento para ejercer algún tipo de contralor. Cabe recordar que en 2004 el entonces ministro de Justicia Gustavo Beliz fue expulsado del gobierno por Néstor Kirchner y el hoy massista Alberto Fernández por denunciar Stiusso y la SI como una “Gestapo” “sin ningún control”.
La “purga” efectuada por Cristina en diciembre solo se proponía terminar con la sangría que damnificaba a Cristina y varios funcionarios kirchneristas por denuncias de corrupción. Quebrada la relación con el gobierno tras la firma del Memorandum de Entendimiento con Irán, Stiusso y los suyos proporcionaron al juez Claudio Bonadio información sobre los negocios ilegales de la familia Kirchner, basados presuntamente en maniobras de lavado de dinero a partir de los vínculos entre Hotesur SA y las empresas de obra pública de Lázaro Báez. En otros tiempos, estos personajes de la SI actuaban pedido del gobierno fabricando causas para la Justicia. De ese modo resulta evidente el rol de la SI como nexo entre el Poder Ejecutivo y la Justicia, ya sea para armar, frenar o acelerar una causa en función de las necesidades del poder, develando la ficción de la independencia de los poderes del Estado.
La selección del teniente general Milani para manejar en las sombras los resortes de los organismos de inteligencia revela el contenido profundo de estas instituciones coercitivas.
Asimismo, el gobierno utilizó los cuerpos de inteligencia para espiar a las organizaciones obreras y populares. El Proyecto X puso a las claras que Gendarmería se infiltraba en las luchas de los trabajadores para recabar información en una base de datos, los cuales eran suministrados a la Justicia para el armado de causas en función de los intereses de los empresarios, tal como demostró el procesamiento de los delegados combativos de la comisión interna de Kraft-Mondellez. Del mismo modo, el agente Miguel Ängel Balbuena estuvo infiltrado durante diez años en la Agencia Walsh, así como otros mil espías de la Policía Federal, que actúan bajo la cobertura de una ley-decreto impuesto por la dictadura del general Onganía.
Todos espían
Ante la evidente interna de los servicios de inteligencia que envuelve la muerte de Nisman, la oposición sostuvo la necesidad de hacerlos “transparentes”. Nada más hipócrita. En 2009 Mauricio Macri fue procesado por instigar el montaje de una central de inteligencia clandestina bajo la dirección del ex comisario Alfredo “Fino” Palacios y un cuerpo de cien espías que provenían de la Policía Federal. Bajo sus órdenes, Ciro James (después de haber prestado sus servicios de espionaje al ex gobernador de Misiones Ramón Puerta) intervino los teléfonos de Sergio Burstein, dirigente de la agrupación de familiares de victimas del atentado a la AMIA 17 J, y de varios dirigentes de UTE que encabezaban la lucha de los docentes porteños. Qué puede decir Sergio Massa que acompañó la política del kirchnerismo. Los radicales cierran los ojos ante el gobierno de La Alianza, cuando la entonces SIDE dirigida por Fernando de Santibañez vehiculizó las coimas a los legisladores del PJ y la UCR para sancionar la Reforma Laboral antiobrera, recordada como la Ley Banelco.
Desde su misma creación a manos del general Perón en 1946, la originalmente Secretaría de Coordinación de Informaciones del Estado sirvió para perseguir a los opositores políticos. La Revolución Fusiladora la adaptó al modelo de la CIA y el MI-5 para perseguir a la resistencia peronista y el activismo de izquierda, interviniendo el Correo para secuestrar la correspondencia. Recién bajo la dictadura de Onganía se iniciaron las escuchas y las pinchaduras de teléfonos desde las oficinas de ENTEL, incorporando a cientos de militares. El gobierno de Cámpora fusionó esos militares con la derecha peronista, de donde salieron los sicarios de la Triple A que nutrieron la dictadura genocida. Tiempo después, Raúl Alfonsín se valió de la SIDE para infiltrar los sindicatos y realizar provocaciones, como los desmanes del local de Modart en una marcha convocada por la CGT, en tanto Carlos Menem la utilizó para encubrir el atentado a la AMIA. Todos los gobiernos se apoyaron en esa cloaca contra los intereses populares.
Obligado por las circunstancias, Julián Domínguez hizo suyas las palabras del CELS y declaro que la SI es “el último reducto donde no ha llegado la transparencia y la democratización”. Resulta una utopia reaccionaria una reforma de esa institución podrida, aunque estratégica para el poder, que forma parte del aparato represivo del Estado junto a las FF.AA., las FF.SS. y las cárceles, donde las clases dominantes centralizan la violencia contra las clases subalternas. La SI no sólo no sirvió para evitar el atentado a la AMIA sino que fue parte activa de su encubrimiento durante todo el proceso. Para esclarecer íntegramente la muerte de Nisman y el atentado a la AMIA es necesario disolver la SI y todos los organismos de inteligencia y abrir todos los archivos secretos para ponerlos en manos de una comisión investigadora independiente controlada por los familiares de las victimas, en oposición a todas las fracciones del régimen que participaron del encubrimiento y la impunidad.
