Una visión desde la izquierda y el urbanismo sobre la crisis del transporte público en Tucumán. Ni despidos, ni aumentos de tarifas impagables. Hay que cambiar de raíz la lógica de su funcionamiento, una empresa estatal única gestionada por trabajadores y usuarios.
Miércoles 4 de septiembre 08:47
El anuncio de reducción de servicios en un 40%, cierre de líneas y el despido de 200 trabajadores de las empresas del sistema de transporte público colectivo de Tucuman, reabrió una crisis que ya lleva años. Si bien tiene sus particularidades, es parte de las problemáticas asociadas a la necesidad de desplazamiento en un mundo donde las ciudades han ganado extensión, incrementado sus desigualdades y multiplicado sus actividades.
Contextualizando la crisis del transporte
Latinoamérica es la región más urbanizada y desigual, con un gran porcentaje de esa población urbana viviendo en áreas metropolitanas, y como consecuencia se usa el transporte público tres o cuatro veces más que en otras partes del mundo. Es un servicio que estructura el funcionamiento de la ciudad, y hasta se podría decir que es el último eslabón de la desigualdad en el acceso a la salud, educación, alimentos, vestido, recreación, vivienda y trabajo. Necesidades de la vida urbana cotidiana que chocan continuamente con la lógica del lucro.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires, la gran intensidad y complejidad de viajes articulan diferentes modos de transporte e infraestructuras de movilidad para cubrir grandes distancias, y genera que uno de cada cuatro viajes en transporte público sea con transbordo.
En Tucumán la concentración de población es una de las más altas del país, cerca del 70% vive en el área metropolitana. Como consecuencia las distancias promedio de cada viaje que realizan la gran mayoría de los tucumanos implica varios kilómetros, y por ende la necesidad de un transporte motorizado. Las características de las infraestructuras de movilidad motorizada, casi exclusivamente para el automóvil, encuentran un límite para el transporte masivo, ocasionando impuntualidad, excesivos tiempos de viaje, dificultades para el trasbordo y congestión. A pesar de esta situación, los altos niveles de pobreza, desigualdad y bajos salarios, tienden a generar una mayor dependencia al uso del transporte público que otras ciudades.
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La complicidad de los gobierno provinciales y municipales con las empresas de transporte lleva años y los entredichos de los últimos días no son más que un tire y afloje en una puja por subsidios o aumentos de tarifas, para mantener un beneficio privado a partir de una necesidad social, como es el derecho a moverse por la ciudad.
El argumento recurrente que acuerdan tanto empresarios y funcionarios es la diferenciación de otorgamientos de subsidios entre el AMBA y las provincias. Una falsa polarización que en realidad esconde que es un problema nacional que no se resuelve redistribuyendo los subsidios, sino sacando el lucro de la ecuación, cosa que no quieren ni Milei ni Jaldo ni Chahla. Todos sabemos que esta crisis la intentarán resolver como las anteriores, perjudicando al usuario y al trabajador del sistema de transporte. Ya sea con aumento del boleto, mayor degradación de las unidades, menor cantidad de servicios, despidos o peores condiciones de trabajo para choferes o empleados de las terminales, como lo vienen haciendo desde la pandemia también con despidos y persecución contra quienes reclaman.
Una estrategia para que triunfen los choferes y los usuarios
En este contexto la conducción de la UTA se vio obligada a convocar un paro por tiempo indeterminado y sorpresivo. En un contexto de tarifazos, bajos salarios, pobreza y preocupación por el desempleo, la defensa de los puestos de trabajo es una pelea de primer orden, ejemplo para otras ramas que están despidiendo con la complicidad sindical. A su vez, podría ser una gran oportunidad para convocar asambleas comunes entre trabajadores y usuarios, organizadas por barrio y por línea para discutir pasos a seguir para pelear por un sistema de transporte que beneficie a la mayoría y no a un puñado de empresarios y sus gobiernos cómplices.
Desde estas páginas, pensamos que en el sistema de transporte no sobran trabajadores, todo lo contrario, faltan puestos de trabajo para mejorar el servicio. La salida más realista y a largo plazo es el rediseño del sistema de transporte público, gestionado por una empresa estatal única, administrada por los trabajadores, con el asesoramiento de profesionales de las universidades nacionales y controlada por comités de usuarios.
La tarifa debería tender a la gratuidad para fomentar el uso del transporte público masivo y depender menos del vehículo particular contaminante causante de congestión y accidentes. El financiamiento debería venir de un fondo especial para el transporte público que provenga de grandes empresas que se benefician del crecimiento urbano disperso y atentan contra el funcionamiento racional de la ciudad, como las desarrolladoras inmobiliarias. Otra fuente de financiamiento podrían ser los principales grupos empresarios que mantienen bajos salarios, fomentan la desigualdad en la provincia que se expresa en precariedad habitacional, segregación, fragmentación y degradación del medio ambiente, como los patrones del azúcar o el citrus.
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