En las escuelas preuniversitarias y en diferentes facultades se cobran diferentes aranceles para las matrículas anuales y las inscripciones para el primer año. Las autoridades refuerzan la justificación de estos cobros en medio de un ajuste presupuestario.
Viernes 23 de febrero de 2024 14:30
Con el inicio del ciclo lectivo, nuevamente en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) hay denuncias por el pago de aranceles elevados como requisito obligatorio para las inscripciones. Esto ocurre tanto en las escuelas preuniversitarias a cargo de la UNT como en algunas de sus 13 facultades. Desde el Centro de Estudiantes de la Escuela de Bellas Artes denunciaron que la matrícula anual tiene un costo de $70.000 para quienes paguen en una sola cuota. El costo de la inscripción puede llegar hasta los $80.000 o $90.000 para quienes paguen en dos o tres cuotas.
“Estos montos y posibilidades de pago de la inscripción resultan inaccesibles para muchas familias de nuestra comunidad educativa”, señalaron a través de un comunicado. El reclamo contra los montos parte de defender la gratuidad de la educación pública y también considerando “la situación social y económica que está atravesando el país, sumando la pérdida del poder adquisitivo en nuestras familias”.
En las facultades de la UNT también sucede que anualmente el pago de un arancel sea un requisito para las inscripciones de los ingresantes. En el caso de Derecho, el arancel es presentado como un “bono contribución” de $12.000, donde la exención del pago es dificultada, mientras que en Medicina se cobra $10.000 y para Enfermería $3.000. También hay aranceles en Educación Física, Agronomía y Ciencias Económicas.
El cobro de estos aranceles es justificado por las autoridades de las unidades académicas y del Rectorado, en una lógica que naturaliza la falta de presupuesto y que estos recaiga sobre los estudiantes y sus familias. En una entrevista en LV12, José Saab, secretario general de la UNT, señaló que el cobro de aranceles es una decisión de las facultades en las que el Rectorado no interviene. Como si fuera necesario aclararlo, Saab agregó que esta decisión viene de hace años y que no está relacionado con el nuevo gobierno de Javier Milei.
Por su parte, en una entrevista en La Gaceta, la presidenta de la Federación Universitaria de Tucumán (FUT) minimizó la cuestión de los aranceles como en Derecho y, de hecho, los defendió. “[Es] una política interna que no deja afuera a nadie sino que también necesitamos, con la crisis que estamos atravesando, que no hay un presupuesto actualizado, que las facultades adopten políticas que tengan que ver con la contribución para sostener la infraestructura”, sostuvo Milagros Celiz, de la agrupación Franja Morada. “En este contexto no es erróneo pensar que es una contribución a la educación”, remató ante una repregunta sobre si defendía los aranceles.
Solo en enero, Milei recortó casi $30 mil millones a las universidades. El ajuste a las universidades –junto a la caída de las jubilaciones, programas sociales y salarios públicos– contrasta con el aumento del 139,1% del pago de los intereses de deuda externa. Las autoridades que pronuncian su preocupación por la cuestión presupuestaria son las mismas que actúan como correa de transmisión del ajuste, arancelando las inscripciones. Quizás por eso, en el caso de la UNT, Saab matizó las alertas y aseguró: “el ajuste ya lo venimos haciendo”. No es casualidad que en la misma entrevista haya manifestado “una relación estrecha” con el gobierno de Osvaldo Jaldo, integrante de la oposición dialoguista.
A su vez, las declaraciones de la presidenta de la FUT, conducida por la Franja Morada, marcan su actitud ante el ajuste a la universidad. Por un lado, hablan de recortes presupuestarios pero justifican los aranceles. Mientras denuncian, correctamente, el recorte de las becas Progresar, el reclamo no pasa de un flyer de Instagram cuando deberían organizar al movimiento estudiantil. En una actitud similar están fuerzas que se declaran opositoras y conducen centros de estudiantes, como La Bolívar-MPE. En el caso de La Favaloro-MPE, conducción del centro de estudiantes de Medicina, plantean que "se entiende la razón por la cual se cobra el bono".
Los aranceles en las inscripciones son un primer escalón en el ajuste a la educación, en el marco de un ataque brutal a las condiciones de vida que hacen que cada vez sean menos quienes puedan llegar y permanecer en la universidad. Sin embargo, el gobierno de Milei sufrió una primera derrota con la caída de la Ley Ómnibus, tras semanas donde se sucedieron asambleas, movilizaciones, cacerolazos y un paro nacional. Es posible tirar abajo el plan motosierra, para ello es fundamental que la FUT, la UEST y los centros de estudiantes, en alianza con los docentes, se pongan a la cabeza y que la organización estudiantil desde abajo cobre protagonismo.
