El Ministerio de Capital Humano y la empresa anunciaron la firma de un convenio. El mismo permitiría incorporar beneficiarios de los planes de empleo a la app de reparto. La empresa usaría esos fondos para pagar parte de los salarios, aumentando sus propias ganancias.
Martes 27 de agosto 11:23
Cuestionada y criticada, Sandra Pettovello sigue dando de qué hablar. En estas horas, es por la decisión del ministerio que encabeza de firmar un acuerdo con la app de reparto Rappi, en la que el Gobierno terminaría subsidiando las ganancias de esa empresa.
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El convenio, anunciado pomposamente, “tiene como objetivo establecer canales de colaboración y cooperación entre las partes para desarrollar acciones conjuntas orientadas a generar oportunidades de inclusión social y laboral, dirigidas a personas desempleadas, proporcionándoles habilidades y competencias demandadas en el mercado laboral”.
El comunicado oficial no indica cómo se llevaría adelante esa capacitación en “habilidades y competencias”. No aclara, tampoco, cómo sería la relación entre el Ministerio y la empresa y qué cantidad de planes se entregarían.
El convenio fue firmado por Sandra Pettovello; por el gerente general de Rappi, Franco Lena y por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, responsable de miles de despidos entre trabajadores estatales en los últimos meses.
Rappi, al igual que todas las apps de reparto, funciona sobre la base de la explotación más brutal, en un trabajo a tracción humana, donde los montos abonados por las empresas son verdaderamente bajos. El ministerio de Capital garantiza las ganancias de estas empresas, que amasan millones a costa del enorme desgaste físico de miles y miles de trabajadores.
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No es casual, entonces, que el gerente general de la aplicación celebrara el convenio, diciendo que “desde Rappi sabemos que cada vez que alguien se suma a trabajar con nosotros, con sólo una bicicleta y un celular, es una persona que sale de la pobreza.”
Detrás de la demagogia de “terminar con los planes sociales”, se esconde el objetivo de garantizar mano de obra barata para diversos sectores patronales. Al mismo tiempo, funciona como parte de un ataque político contra las organizaciones sociales y los movimientos de desocupados que cuestionan los planes de ajuste.