Entre la suba de los precios internacionales, los récords de producción y la licitación del gasoducto Néstor Kirchner, se reabrió el debate sobre los alcances del megaproyecto Vaca Muerta. Repasamos algunos hitos de la década ganada por las petroleras, el lado B del del fracking y un programa alternativo al saqueo.

Las petroleras parecieran estar surfeando en la cresta de la ola. El contexto internacional, con la guerra en Ucrania en el centro y las sanciones de la Unión Europea a Rusia, que incluyen el embargo sobre la importación de crudo y combustibles, garantiza por ahora altos precios del barril de petróleo. Con el Brent rondando los USD 110, y aún a pesar de haber retrocedido desde el pico de casi USD130 que alcanzó en junio, la cotización es un 50 % más alta que la de julio de 2021, cuando se ubicó en los USD 75, y más de un 150 % mayor que los USD 43 de julio de 2020, en plena pandemia.

La reducción de los volúmenes de gas importados de Rusia por Europa, y el aumento de la demanda de buques de Gas Natural Licuado (GNL), hizo escalar, también, los precios del millón de BTU (MMBTU). El problema es tal que la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa) declaró desierta la última licitación para importar GNL para el mes de agosto, ya que el precio ofrecido fue de cerca de USD 50 por MMBTU, casi el doble de los USD 28 que pagó en junio, y ni hablar del promedio de USD 8,3 que pagó en 2021. Más allá de las oscilaciones relacionadas con eventos coyunturales (como la explosión en una planta de exportación de GNL en Estados Unidos, o la huelga de los petroleros de Equinor en Noruega), los precios del gas en el mundo están en niveles impensados un año atrás.

De conjunto, los hidrocarburos cotizan en valores históricamente altos. Las proyecciones de distintas agencias hablan de un aumento de la demanda de petróleo en 2023 que superaría los niveles pre pandemia e implicaría un desafío para la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), aunque la inestabilidad económica y geopolítica, y la posibilidad de una recesión a nivel global puedan poner este escenario en cuestión.

Para las arcas nacionales, el aumento del precio de las importaciones de gas en invierno es un gran problema: drenaje de dólares y aumento de los subsidios, mientras el FMI exige todo lo contrario. Según un estudio del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, durante el primer semestre de 2022, los subsidios energéticos alcanzaron los $768.534 millones, un crecimiento del 111 % respecto del mismo período del año pasado, siendo uno de los rubros con mayor incremento en el gasto [1].

Ese escenario adverso aceleró la licitación del gasoducto Néstor Kirchner y volvió a dar aire a las expectativas en Vaca Muerta como panacea energética y económica de Argentina.

Producción récord y cuellos de botella

Antes de los pronósticos que por estos meses entusiasman a empresarios y funcionarios, veamos cuál es la foto hoy. Efectivamente, la producción no convencional (mediante la técnica del fracking) viene alcanzando volúmenes récord de la mano de Vaca Muerta.

En mayo, el petróleo no convencional alcanzó los 241 mil barriles aproximados por día, con un incremento interanual del 57 %. Este incremento llevó la producción total de petróleo a nivel nacional a los volúmenes más altos desde noviembre de 2011, con un crecimiento interanual del 13,9 %, a pesar de la caída del 4,6 % en la producción convencional.

El gas no convencional también rompió su marca en mayo con 76 millones de metros cúbicos aproximados por día y un incremento interanual del 38,9 %. Esto provocó un aumento interanual de la producción total de gas del país de un 12,1 %, a pesar del retroceso del 9,6 % del gas convencional.

Durante el mes de mayo Neuquén registró exportaciones de petróleo por 1,2 millones de barriles, mientras que las de gas alcanzaron los 72,6 millones de metros cúbicos.

Otra forma de medir el pulso de la actividad, es contar la cantidad de etapas de fractura desarrolladas por las empresas, dato que releva mensualmente la consultora NCS Multistage. En mayo se registró el récord, con 1.180 etapas de fractura completadas, y en el mes de junio se mantuvo con 1.053 etapas. En 2016 el promedio mensual era de 143 etapas de fractura.

La tendencia de la última década, desde la llegada del fracking, es que la producción no convencional compensa solo en parte el retroceso de los volúmenes de petróleo y gas convencionales, acotando el déficit energético. Este desarrollo de los no convencionales se valió, en buena medida, de la infraestructura heredada del convencional. Con el panorama actual, se hacen más evidentes los cuellos de botella que condicionan la actividad y exigen inversiones muy superiores a las que recibió Vaca Muerta desde 2013.

La capacidad de transporte de gas llegó al límite. De concretarse la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, se ampliaría en 24 millones de metros cúbicos por día. Eso permitiría sustituir importaciones de gas en el invierno, pero no aún cumplir con la meta de exportar saldos significativos. Para eso, se requerirían más gasoductos y la construcción de una planta de licuefacción de gas, que el gobierno estima en un costo de más de USD 10.000 millones. En el caso del petróleo, la infraestructura aún tiene resto para aumentar la producción, pero el cuello de botella se podría alcanzar en 2023. El gobierno espera inversiones de Oleoductos del Valle (Oldelval), Oleoducto Trasandino (OTASA) y OilTanking, y cruza los dedos, en particular, para que el Oleoducto Trasandino, inactivo hace más de 15 años, no falle en las pruebas que se realizarán en agosto.

En Neuquén existen 45 concesiones no convencionales, que representan el 32 % de la superficie de la formación Vaca Muerta. Pero solo 15 áreas, por un 10 % del acreaje, se encuentran en desarrollo masivo. El pasado 7 de julio, en la apertura de las jornadas Energía On organizadas por el diario Río Negro, el gobernador Omar Gutiérrez sostuvo que en Vaca Muerta se invirtieron hasta ahora USD 30.000 millones, y este año va a cerrar con inversiones por USD 5.200 millones.

Según sus estimaciones, para llegar en 2030 a producir 700.000 barriles de petróleo y 140 millones de metros cúbicos de gas por día, se requieren nada menos que USD 65.000 millones, a razón de USD 8.000 millones por año, muy por encima de los niveles de inversión desde 2013 a la actualidad.

Otra década ganada… por las petroleras

El desarrollo del fracking en Vaca Muerta, que requiere de abultadas inversiones, inversamente proporcionales a la acelerada pérdida de productividad de sus pozos, fue política de estado más allá de la grieta. Con matices, los gobiernos de Cristina Fernández, Mauricio Macri y Alberto Fernández promovieron una batería de leyes, decretos y resoluciones beneficiando a las petroleras con planes de estímulos, subsidios y disponibilidad de divisas. Veamos.

Cuando en 2012 el Estado compró la mayoría de las acciones de la Sociedad Anónima YPF a Repsol, muchos se entusiasmaron. El gobierno de CFK tomó esa medida después de permitir durante años que la multinacional española exportara sin explorar mientras las reservas de hidrocarburos caían, y solo cuando el déficit energético implicó un drenaje de dólares insostenible.

Un año después la retórica soberana envejecerá tempranamente tras la utilización de la mayoría accionaria de YPF para sellar un acuerdo con la multinacional norteamericana Chevron. Ese acuerdo implicó cláusulas secretas que, entre otras cosas, pretendían ocultar el entramado de empresas offshore creadas tanto por YPF como por Chevron para facilitar el flujo de capitales en una y otra dirección. Según Gustavo García Zanotti, las empresas se radicaron en Uruguay, Bermudas y Delaware (EE. UU.), y el negocio de Chevron fue netamente financiero.

La inyección de capitales fue realizada a través de préstamos desde una de sus estructuras en las Islas Bermudas. La multinacional estableció una tasa de interés del 7 % sobre el capital prestado a las empresas offshore de YPF. Sin embargo, esta tasa de interés podría ser mayor: en caso que el proyecto productivo arroje beneficios, la estructura offshore de Chevron en las Islas Bermudas obtendría el 50 % de las ganancias del mismo. De este modo, Chevron logró asegurarse un piso en su ganancia financiera del 7 % sobre el capital prestado, aunque, esta ganancia no tendría techo en caso que la extracción de hidrocarburos fuera rentable [2].

Un mes antes del pacto con Chevron, el gobierno firmó un decreto a su medida, el 929, creando un Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos. El decreto habilitaba la exportación de parte de su producción sin pagar un peso y con libre disponibilidad de divisas. Ese mismo año, la Resolución 1/13 creó el Programa de Estímulo a la Inyección excedente de Gas Natural, que garantizó un precio de USD 7,5 MMBTU para la producción incremental.

En 2014 se aprobaría la Ley 27.007, que fijó en 35 años el plazo para las concesiones de explotación no convencionales, prorrogable por 10 más. La ley generalizó los beneficios otorgados a Chevron, e incorporó otros nuevos, bajando el piso de inversiones para entrar al régimen de promoción, y reduciendo el plazo para comenzar a exportar una porción de su producción con 0 % de alícuota. El esquema de saqueo se mantendría, con regalías de un 12 % que las autoridades de aplicación podrían reducir al 5 %.

A fines de 2014, y frente a la caída del precio del petróleo a nivel internacional, la Resolución 1077 establecería un “barril criollo”. El precio interno en los años 2015, 2016 y 2017 sería un 39,7 %, 34,7 % y 4,4 % superior al precio internacional [3].

Con la llegada de Cambiemos aumentaron las transferencias al sector desde los hogares, aplicando tarifazos brutales, pero eso no implicó que se abandonaran los subsidios. En 2017 la Resolución 46 significó la transferencia por parte del Estado de la diferencia entre el precio del MMBTU en el mercado, y un precio fijado en USD 7,50 para 2018, 7 en 2019, 6,50 en 2020 y 6 en 2021. La principal beneficiaria de esta política, que concentró gran parte del subsidio en detrimento de YPF, fue la petrolera del grupo Techint, Tecpetrol. La empresa del grupo ítalo-argentino conducida por Paolo Rocca, que también se financió con créditos intrafirma que pasan por Luxemburgo, Países Bajos, Panamá, España y Uruguay, llegó al colmo de recibir en 2019 más subsidios directos (USD 315 millones) que las regalías e impuestos a las ganancias pagados (USD 95 millones y USD 92 millones, respectivamente) [4].

En 2017, y aprovechando la crisis y los precios bajos de los hidrocarburos, tendrá lugar también la adenda flexibilizadora del convenio petrolero para los no convencionales. La reforma incrementó los riesgos y accidentes laborales al reducir dotaciones, aumentar la tolerancia para el trabajo con vientos de hasta 60 km/h, implementar la polifuncionalidad y las “tareas simultáneas”, entre otras cosas.

Con la vuelta al poder del peronismo, los premios se siguieron acumulando. Ya antes de la pandemia, la llamada “Ley de Solidaridad” de diciembre de 2019, que suspendió la movilidad jubilatoria, redujo las retenciones al sector del 12 al 8 %. En enero de 2020 el Banco Central (BCRA) emitió una resolución flexibilizando el cepo para permitir a las empresas el giro de divisas al exterior, en concepto de utilidades y dividendos, por un monto equivalente al 30 % de sus inversiones.

En mayo de 2020, plena pandemia, el gobierno estableció mediante el Decreto 488 un nuevo precio sostén del barril criollo, que a su vez eliminó momentáneamente las retenciones a las exportaciones. En noviembre de ese mismo año, el Decreto 892 creó el denominado Plan Gas Ar, que además de garantizar precios favorables para las petroleras, instruyó al BCRA a flexibilizar el acceso al mercado libre de cambios (MLC), permitiéndoles a las empresas la “repatriación de las inversiones directas y sus rentas y/o la atención de servicios de renta o principal de endeudamientos financieros del exterior”. Como no podía ser de otra manera, al Plan Gas también ingresó Tecpetrol, con 9,94 millones de metros cúbicos por día.

La crisis desatada por la pandemia fue nuevamente aprovechada, como en los tiempos de Macri, para avanzar en la flexibilización laboral. El “Acuerdo para la Sustentabilidad y el Empleo” ratificó explícitamente la vigencia de la adenda de 2017 y extendió su alcance para la actividad hidrocarburífera convencional. Además, profundizó la reducción de dotaciones y flexibilizó el trabajo nocturno.

En 2021 el gobierno envió un proyecto de ley de Promoción de las Inversiones Hidrocarburíferas para cumplir con el FMI, que incluía libre disponibilidad de divisas, baja de regalías y otros impuestos, congelamiento de retenciones, y el eje puesto en aumentar las exportaciones para pagar la deuda. No prosperó. Sin embargo parte de su “espíritu” está contemplada en el Decreto 277 de junio de 2022, que estableció un nuevo Régimen de Acceso a Divisas para la Producción Incremental de Hidrocarburos.

Desde 2018, la política energética está condicionada por el cogobierno con el FMI. Ya en su primer informe de revisión del acuerdo Stand By con Argentina, el Fondo afirmó que el aumento de los ingresos procedentes del fracking en Vaca Muerta podría funcionar como un contrapeso frente a los efectos de la sequía en la exportación de soja, y contribuir a la sostenibilidad de la deuda. En marzo de 2020, el organismo evaluó el marco macroeconómico que podría “sustentar una operación de reestructuración de la deuda que restablecería la sostenibilidad”. Entre los elementos que ponderó como positivos para hacer viable la reestructuración, menciona: “el personal asume que se realizan esfuerzos para fomentar las exportaciones e incentivar la IED (Inversión Extranjera Directa), incluso en las vastas reservas de gas y petróleo de esquisto de Argentina de Vaca Muerta".

En su revisión de junio de 2022, el Fondo indica que en el “frente energético”, además de los tarifazos, “el desarrollo de un plan de reforma energética de mediano plazo, con el apoyo del Banco Mundial, sigue siendo una prioridad para desbloquear el enorme potencial energético del país”. En ese sentido, destaca la necesidad de “facilitar la construcción del proyecto gasoducto que conecta las vastas reservas de petróleo y gas de esquisto de Vaca Muerta con las grandes áreas urbanas”.

Y así llegamos al último capítulo de esta serie: en febrero de 2022 la Secretaría de Energía declaró de Interés Público Nacional la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, mediante la Resolución 67. Una obra que tendrá una extensión de 563 kilómetros entre Tratayén y Salliqueló, costará USD 1.566 millones y cuyo primer ganador fue Paolo Rocca, que se quedó con la provisión de caños que ofertó por USD 437 millones, para los cuales se comprará a sí misma las chapas de la discordia desde Brasil.

Lado B

Para promover el fracking es necesario ocultar su lado B. Pero lo cierto es que desde que el pacto con Chevron dio la señal de largada en 2013, no se cumplió ninguna de las promesas y sí, por el contrario, se demostraron ciertas todas las advertencias.

Desde el punto de vista económico, de los 7 primeros años de desarrollo de Vaca Muerta, solo en dos el sector hidrocarburífero mantuvo un balance cambiario superavitario. Según García Zanotti, esto se produjo en 2016 - 2017 porque las importaciones se redujeron “gracias a la sustitución por producción nacional y al menor dinamismo económico a partir de la etapa de Cambiemos”, y al mismo tiempo, porque “crecieron las entradas de divisas fruto de los préstamos recibidos desde el exterior”. Ese endeudamiento, aumentará posteriormente las salidas financieras “revirtiendo el superávit alcanzado en el frente externo”, lo que ocurrió en 2018 - 2019.

Los defensores de Vaca Muerta dirán que el recorte elegido es injusto, que peor hubiese sido importar más hidrocarburos, y que lo mejor está por venir, ya que de continuar la tendencia al aumento de la producción y superarse los cuellos de botella, no solo se podrían sustituir importaciones sino también aumentar las exportaciones. Pero la inmensa mayoría de las medidas tomadas durante los últimos años apuntan a una mayor disponibilidad de divisas para empresas que, como se dijo, mantienen una red de firmas apostada en paraísos fiscales, diseñan mecanismos para retirar sin restricciones los dólares al exterior, y estuvieron entre las 100 que más dólares fugaron en la era Macri, según un informe del propio BCRA. La pregunta obligada es… ¿cuántos dólares quedan después de la fuga y el pago de la deuda?

A escala provincial, Neuquén logró incrementar su recaudación en base a regalías (que, como se explicó, son mínimas y se pagan tras declaración jurada de las empresas). Pero su estructura es cada vez más dependiente de dos variables, como son los precios del petróleo y el gas a nivel internacional, y la política de precios y subsidios a nivel nacional. Según la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos, la participación del sector “minería”, que es el que corresponde a la producción de petróleo y gas, pasó de representar el 35 % del Producto Bruto Geográfico (PBG) neuquino en 2013, al 39 % en 2019. En el mismo período, la industria (procesamiento de hidrocarburos, agroindustria derivada de la actividad frutícola y las cerámicas) pasó de un 8,39 % a un 5,98 %, y el sector agropecuario (no incluye los productos industriales en base a la fruta), de 1,06 % a 0,84 % [5].

Esa dependencia de los hidrocarburos llevó a la provincia a desacoplarse, por momentos, de la dinámica económica nacional: tanto en 2018 como en 2019, mientras el Producto Bruto Interno (PBI) caía, el PBG neuquino subía. Sin embargo, por esa misma razón, la caída de 2016 fue más pronunciada en Neuquén que a nivel nacional, el crecimiento de 2017 más limitado, y se puede deducir que la crisis de 2020 impactó con más fuerza. En esos períodos, el empleo privado en la provincia cae más rápido y de manera más pronunciada que a nivel nacional, especialmente el empleo petrolero.

Neuquén fue la provincia en la que más cayó el empleo registrado con el impacto de la pandemia. Entre octubre de 2019 y septiembre de 2020, se desplomó un 11,1 %, casi cuatro veces más que el 2,9 % promedio que se contrajo a nivel nacional. Y fue de las que más tardó en recuperar el nivel de empleo de febrero de 2020.

Con la pobreza y la indigencia pasó algo similar. En el aglomerado Neuquén - Plottier, que es la unidad que releva el INDEC, el primer semestre de 2021, mostró un récord de 41,2 % de pobres, superando la media nacional, y una indigencia en niveles históricamente altos con el 9,8 %. Esto sucedió mientras la producción de hidrocarburos y el crecimiento del PBG ya se venían acelerando. Durante el segundo semestre de 2021 las cifras bajaron al 33,5 % y 6 % respectivamente. Lo llamativo es que las cifras son mucho mayores que las que había en el mismo período de 2019, (28,6 % y 4,4 %), y ni hablar si comparamos con el 2017, previo a la crisis de los últimos dos años del macrismo (21,4 % y 2,1 %). Es decir que la pobreza y la indigencia se estabilizaron en niveles mucho más altos a los prepandemia: la recuperación del empleo se dio con más salarios de pobreza y precarización. Esta tendencia coincide con lo que sucede a nivel nacional. En este terreno, Vaca Muerta tampoco cumplió la promesa.

Si Vaca Muerta no resolvió ningún problema estructural de la provincia, el problema de la vivienda para los sectores populares empeora aceleradamente, encareciendo el suelo urbano y por ende los precios de los alquileres. De las ciudades del interior del país, Neuquén es una de las que tiene los precios más altos (el doble que otras ciudades intermedias importantes) [6]. Cada vez una mayor parte de la población alquila y se multiplican las tomas como producto de la crisis habitacional.

Las patronales obtienen “conquistas” en el ámbito laboral en los años de crisis, que en los años de bonanza no se revierten. Es por eso que también aumentó la accidentabilidad laboral. Desde 2017 ocurrieron 9 muertes obreras en la cuenca neuquina.

Por último, pero no menos importante, el saqueo de las petroleras, en gran medida multinacionales, considera a los territorios como “zonas de sacrificio”. La apuesta a Vaca Muerta como eje de la política energética, con subsidios y “planes” de los que nadie se queja, bloquea cualquier tipo de debate sobre la transición energética. Esto ocurre en un contexto de crisis climática y ecológica, existiendo un consenso científico a nivel mundial alrededor de la responsabilidad de los combustibles fósiles en el calentamiento global. La propia Norpatagonia está sufriendo los efectos de esta crisis, con años de sequía que reducen el caudal de los ríos y el nivel de agua en los embalses que a su vez permite la generación hidroeléctrica.

El fracking es una técnica extrema, que en el marco de la emergencia hídrica consume y contamina millones de litros de agua por pozo. Acumula millones de metros cúbicos de residuos tóxicos en los basureros petroleros, como lo expusimos en el emblemático caso de Comarsa. Con la llegada de la hidrofractura comenzaron a repetirse cientos de sismos que no dejan vivir en paz a la población de Sauzal Bonito, y ya no existe duda, ni entre la población ni en el ámbito científico, de que son sismos inducidos por el fracking. El otro récord de Vaca Muerta, del que no hablan las empresas ni el gobierno, es el de los incidentes ambientales. Como demostramos junto al Observatorio Petrolero Sur, a partir de información conseguida por el diputado del PTS - Frente de Izquierda, Andrés Blanco, la industria hidrocarburífera neuquina registró al menos 9242 incidentes ambientales desde 2015.

Cada día se producen más de 5 incidentes, entre ellos, derrames de crudo, de agua de producción, de fluidos con concentraciones de hidrocarburos, de lodos, de gasoil, de productos químicos, de aceite hidráulico, de lubricantes, combustibles, y de aceite refrigerante; fugas de gases; principios de incendio; y “blow out” (pérdida total del control de los pozos que produce una liberación descontrolada de petróleo y/o gas).

Te puede interesar: El otro récord de Vaca Muerta: 5,6 incidentes ambientales por día

Las empresas no declaran la totalidad de la superficie que contaminan ni el volumen de cada una de las fugas de gases a la atmósfera, que solo entre 2017 y 2021 fueron más de 1200. Las fugas no son de gas quemado, sino mayormente de gas metano sin combustión, que tiene un mayor potencial de efecto invernadero y por lo tanto aporta más que la quema de gas natural al calentamiento global.

Todo este desastre avanza avasallando los derechos del pueblo nación mapuche, en algunos casos despojando a las comunidades de sus territorios, dificultando sus actividades tradicionales como la ganadería de subsistencia, y persiguiendo y judicializando a las comunidades, como en el caso del Lof Campo Maripe. Ni siquiera respetan el derecho a la consulta previa, libre e informada en casos como la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, que atravesará el territorio del Lof Fvta Xayen.

Terminar con el saqueo e iniciar una transición desde abajo

Si se corriera el lucro de la ecuación, se tornaría completamente irracional seguir apostando al fracking. Drenaje de recursos del Estado en forma de subsidios, dólares que así como entran se van del país, destrucción del ambiente y un resultado energético que posiblemente llegue a satisfacer antes el mandato exportador que el acceso a la energía para todas las familias del pueblo trabajador que en pleno siglo XXI no tienen la posibilidad, siquiera, de una calefacción segura.

La superación del cuello de botella en el transporte de gas natural se presenta como la única alternativa al déficit energético. Pero eso no es cierto. Otra forma de sustituir las importaciones de gas que son una constante todos los inviernos desde hace una década, e implican la salida de divisas del país, es cuestionar la matriz energética. En la actualidad la matriz energética primaria en Argentina depende en un 85 % de combustibles fósiles (55 % gas, 29 % petróleo y 1 % carbón). El gas también es la fuente de generación eléctrica más importante. El 55 % de la energía eléctrica se produce quemando gas, y otro 6 % quemando gasoil, fueloil y carbón. Es decir que el 61 % de la generación eléctrica es quema de fósiles [7].

La estatización integral de toda la industria energética bajo la gestión de sus trabajadores y trabajadoras, profesionales y expertos de universidades públicas, y comunidades afectadas en los distintos territorios, sería un primer paso para planificar racionalmente una transición energética verdaderamente justa, desde abajo, diversificando y desfosilizando la matriz. Esa estatización debería abarcar no solo a las petroleras sino, por ejemplo, a las represas hidroeléctricas, rescindiendo las concesiones a empresas privadas entre las cuales hay grandes multinacionales.

Esta medida permitiría decidir democráticamente qué fuentes de generación de energía se utilizarán. La planificación centralizada en una empresa estatal única, y la obtención de financiamiento por medio del no pago de la deuda externa y la nacionalización del sistema bancario, deberá combinarse con la deliberación descentralizada en cada región. Esto permitiría evaluar la conveniencia, en cada caso, de utilizar distintas fuentes de generación (como la hidroeléctrica, eólica, solar térmica y fotovoltaica, o la biomasa), aprovechando las condiciones climáticas de cada zona, y planificando racionalmente el consumo de bienes naturales (como el litio) necesarios para el aprovechamiento de fuentes renovables intermitentes en su generación. De esa manera se podría reducir el peso de los combustibles fósiles en la matriz energética.

La lucha por una transición energética de la clase trabajadora y los sectores populares, deberá enfrentar las propuestas de la “economía verde” y la agenda de la “transición corporativa” que impulsan las multinacionales y los organismos financieros internacionales, que solo concibe a la transición como un recambio de fuentes para ampliar los espacios de acumulación de capital [8]. En esa sintonía es que avanza en Argentina el saqueo del litio y el proyectos de hidrógeno verde en Río Negro, ambos orientados a la exportación y a financiar la “desfosilización” de las grandes potencias.

Esa transición desde abajo debería conservar y crear nuevos puestos de trabajo, y estar relacionada con medidas de eficiencia energética (que pueden ser consideradas como una “fuente” de generación más), en los hogares, en el transporte y en las industrias. En relación al consumo de los hogares, Pablo Bertinat y Jorge Chemes proponen una medida que podría ser considerada mínima, pero permite ejemplificar cómo podría ahorrarse divisas implementando medidas de eficiencia:

Por ejemplo, si el 25 % de los usuarios residenciales adoptara sistemas solares híbridos de calentamiento de agua y el resto pasara sus equipos convencionales a clase A de eficiencia, y además se lograra un ahorro de agua del 35 % mediante la implementación de aireadores, el ahorro en consumo de gas residencial sería de unos 7,7 millones de m3 por día (2810 MMm3 por año, el 35 % de todas las importaciones previstas para el 2022) (...) En lo económico, a precios promedio de importación de gas en 2022, obtenemos un potencial ahorro de divisas de 1.348 millones de USD.

Desde ya que estas medidas no podrían depender individualmente de los usuarios, sino que tendrían que ser financiadas por el Estado, que a su vez debería desarrollar planes de construcción y mejoramiento de viviendas en los que se incorpore tecnología para el aislamiento térmico, todo lo cual permitiría disminuir drásticamente el consumo de gas.

Por otra parte, la estatización del sistema de transporte controlado y planificado por sus trabajadores, trabajadoras y usuarios, podría garantizar un transporte público de pasajeros de calidad y gratuito, reduciendo la movilidad individual y el consumo de combustibles líquidos, y priorizando para el transporte de carga medios como el ferrocarril o las barcazas frente a los camiones.

Hay que terminar con el derroche y los subsidios energéticos a los grandes capitalistas, imponiendo medidas de eficiencia energética en las industrias. En este terreno, las gestiones obreras como Madygraf y FASINPAT (ex - Zanon), están un paso adelante, y diseñaron planes que combinan el conocimiento de los propios trabajadores y trabajadoras con profesionales solidarios. El control obrero en las industrias, permitiría no solo mejorar la eficiencia energética sino también problematizar qué y para qué se produce.

Una transición energética de estas características, debe ser parte de una transición más general hacia la gestión y planificación del conjunto de la economía por parte de un gobierno de los trabajadores y trabajadoras, en perspectiva de la lucha por una sociedad socialista, basada no en la explotación y la búsqueda de ganancias por un puñado de capitalistas, sino en la satisfacción de las necesidades sociales y una relación racional y sostenible con el ambiente.