El historiador y especialista en derecho internacional cuenta todo sobre cómo se constituyó la fraudulenta deuda pública argentina.

Para empezar por la actualidad, ¿cómo está viendo el proceso de endeudamiento que encaró el gobierno de Mauricio Macri y qué responsabilidad tiene la oposición, por ejemplo, votando el presupuesto?

Una de las cosas que llama la atención es que el gobierno de Macri en estos dos años y cinco meses ha endeudado al país en más de 100 mil millones de dólares y la dictadura militar, donde se originó todo el proceso de endeudamiento, nos endeudó en un poco más de la tercera parte. Entonces, ¿cómo es posible que un gobierno democrático haya emitido semejante cantidad de deuda contando con el apoyo de la oposición? A veces se habla de “la deuda macrista” pero no, la deuda es del gobierno y de la oposición porque ellos, a través de los presupuestos, han avalado todo el proceso de endeudamiento. En los presupuestos se establece la deuda que va a emitir el gobierno y, por supuesto, cuando Macri emite un decreto o cuando se dicta una resolución del Ministerio de Finanzas para autorizar una emisión de bonos soberanos, se fundan en las leyes del presupuesto.

Vamos inexorablemente a una crisis de la deuda, que será el año que viene, a fin de año; no lo sé porque no soy futurólogo, pero las cuentas no dan.

¿El país se endeuda o nos endeudan? ¿Qué rol tiene la deuda en el esquema de dominación del capital financiero internacional?

La deuda siempre ha sido un factor de control. Yo siempre me acuerdo que en 1824, después de la Batalla de Ayacucho donde se consolidó la liberación de los países hispanoamericanos, el ministro Canning le mandó una carta al duque de Wellington donde en síntesis le dice: “América es libre y va ser inglesa”, textual. ¿Por qué va a ser inglesa? Porque a partir de ahí empezaron a suscribirse empréstitos que hizo la Argentina con el Baring Brothers en 1824… Ecuador, Bolivia, Brasil. Es decir, como el control político les resultaba muy difícil –basta ver lo que pasó con las invasiones en 1806 y 1807–, se dieron cuenta de que el control económico era mucho más efectivo. Y a partir de ahí empezaron a inundar a los países de empréstitos.

Tanto usted como su padre investigaron la deuda durante la última dictadura y cómo se constituyó. ¿En qué consistieron esas investigaciones?

En la época de la dictadura lo primero que hacen es seguir el criterio de Martínez de Hoz, que decía que la Argentina tenía una estructura ineficiente, que había que modernizarla, que había que abrir el país a la inversión extranjera y ahí empezó el proceso de endeudamiento de las empresas públicas. YPF pasó de una deuda de casi 400 millones de dólares a 6100 cuando se fue la dictadura, dólares que no ingresaban a YPF sino al Tesoro para respaldar las especulaciones de “la tablita” y todo lo demás.

La investigación que se hizo en la justicia federal fue básicamente ver si ese endeudamiento había servido para generar riqueza. Las consecuencias de los peritos que auditaron la deuda, peritos de la justicia nacional y peritos designados por la propia Academia Nacional de Ciencias Económicas, determinaron que la deuda no tenía justificación ni económica, ni administrativa, ni financiera y que en la gran mayoría de los casos se desconocía el destino de los fondos. El Banco Mundial tiempo después diría que de esa deuda el 40 % se fugó al exterior, el 30 % compra armamentos en importaciones no declaradas y el 30 % restante fue al pago de intereses de lo que no se había recibido en realidad, que se había ido.

Y una parte importantísima de esa investigación es que casi la mitad de esa deuda era deuda de empresas privadas: Techint; las empresas del grupo de la familia del presidente, Socma; Fiat Sevel; Renault Argentina; Ford Motor. Es decir, todas esas empresas que son las grandes empresas que operan en Argentina, nacionales y extranjeras, que crearon deudas ficticias para enriquecerse ilícitamente. Y esto no es que lo diga yo, sino que cuando asume Alfonsín, su primer ministro de Economía, Bernardo Grinspun, ordena una auditoría de la deuda privada en el Banco Central. En 1985 Grinspun se tuvo que ir porque los resultados de esa auditoría eran escandalosos: mostraban cómo habían operado esas empresas en perjuicio del país. La auditoría fue desarticulada por el nuevo presidente del Banco Central, José Luis Machinea, y, finalmente, suponemos que fue destruida por Cavallo cuando llegó al Ministerio de Economía.

Eso es algo llamativo: no hay en general documentación que respalde la deuda que se paga.

Claro. En varias oportunidades, la Justicia Federal le pidió al BCRA y al Ministerio de Economía que dijeran cómo era la construcción de la deuda, qué registros tenían. E invariablemente respondían que no tenían información, que solo tenían anotaciones sin valor contable. ¿Cómo es posible que un país que tenía una deuda en 1983 de 45 mil millones y en 1992 de 62 mil millones no lo supiera? Cavallo, en un informe a la Presidencia que encontré en el Ministerio de Economía del año ‘93 o ’94, dice que la Argentina pagaba sus deudas sin exigirle a los acreedores que exhibieran la legitimidad de los créditos que reclamaban. Es decir, ante simple aviso de vencimiento: “usted me debe 500 millones”, y nosotros pagábamos. Esto después pude verificarlo en una entrevista que tuve con un funcionario del Ministerio de Economía. Cavallo decía “esto no puede ser, hay que ordenarlo”, por lo que decidió contratar a los propios bancos acreedores para que nos dijeran cuánto les debíamos, qué intereses debíamos pagarles. Yo creo que es un hecho inédito que ese club de bancos acreedores, el Citibank, JP Morgan y el Deutsche Bank, fueron los que de alguna manera administraron la deuda durante tres años, hasta que el ’95 eso quedó más o menos ordenado.

Y el fallo famoso del Juez Ballestero del año 2000, ¿qué dice?

Yo he criticado mucho el fallo Ballestero, más allá de que es lo único que tenemos sobre el concepto de lo que fue la deuda argentina. Este fallo, primero, a través de un relato exhaustivo muestra cómo se constituyó la deuda fraudulentamente. Y después dice, claramente, que hubo una gigantesca cantidad de operaciones ilegales, que esas operaciones fueron avaladas por el FMI, el cual es responsable de todo eso; es decir, muestra cómo fue la arquitectura del endeudamiento fraudulento.

El error de Ballestero es haberlo mandado al Congreso Nacional, porque desde que recibió ese fallo en el año 2000 hasta el día de hoy jamás se ocupó de la deuda. Se han presentado proyectos para constituir una comisión bicameral, para investigar la deuda, auditarla como se hizo en Ecuador, pero nunca prosperó. En el año 2014, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner mandó una Ley de Pago Soberano para cambiar la jurisdicción del pago, ahí se incluyó la creación de la comisión bicameral que tardó en constituirse y después no hizo nada. El gobierno actual, cuando mandó al Congreso la ley de pago a los buitres en el 2016, estableció la creación de una comisión bicameral de seguimiento de la deuda pública y se constituyó hace muy poco tiempo y hasta ahora no funcionó.

Entonces, si el Congreso que es el autoriza¬do a manejar la deuda y a contraer empréstitos no se ocupa, se autoriza endeudamiento irresponsable. Por supuesto, la deuda va a seguir y se convierte en eso que algunos han llamado “la deuda eterna”. Por eso, más allá de que algunas organizaciones hablan de deuda ilegítima, yo creo que, al margen de que pueda ser un cliché militante, responde a una realidad objetiva: la deuda externa argentina ha sido un escandaloso fraude.

23 mil millones de deuda privada se nacionalizaron o se empezaron a nacionalizar cuando estaba Domingo Cavallo al frente del Banco Central. Recién nos decía que eso lo terminó de consumar Machinea. Hay un fallo del juez Ballestero, pero nunca se le reclamó a las empresas que paguen ese dinero.

Jamás se les reclamó. Yo inclusive, viendo todo el proceso, pensaba ante esta cuestión de lo que es el sistema financiero: los gobiernos no quieren pelearse con los organismos multilaterales de crédito, no quieren enfrentar a los bancos extranjeros. Y me acuerdo que le mandé una carta a la señora de Kirchner en 2012 haciéndole un relato prolijo de las pruebas que había en la justicia sobre la deuda, para que se hiciera algo. Y le decía, textualmente, primero que la deuda había ocasionado más muertes que los 30 mil desaparecidos de la dictadura, que la deuda había originado una pobreza gigantesca. Y, además, le repetía esto: que si el gobierno, por circunstancias que no conozco no quiere enfrentarse con el sistema financiero, por qué no llamaba a los deudores privados cuya deuda el Estado había pagado durante décadas…

Pero Cristina Fernández me respondió que no se podía hacer otra cosa. Pero, ¿cómo no se podía hacer otra cosa? ¿Cómo no llamamos a la gente de Techint, de Ford, de Renault y les decimos: “señores, miren, los auditores determinaron que esta deuda no es real, es decir, acá hay facturaciones y documentos que se han hecho que no responden a la realidad objetiva; entonces, como el Estado ha pagado estas deudas que no le correspondía pagar, empiecen a devolver la plata”?

Hoy estamos frente al muy probable acuerdo con el FMI. En 2000 se hizo un acuerdo de blindaje con el Fondo, luego un Megacanje. Los personajes se repiten: en aquel entonces estaba Cavallo –el mismo de la nacionalización–, pero también estaba Federico Sturzenegger que hoy está en el Banco Central ¿Sirvieron de algo el megacanje y el blindaje?

Sí, el megacanje sirvió para endeudarnos en 55 mil millones de dólares. El blindaje financiero, por supuesto, fue un fuego de artificio que no significó absolutamente nada. Y esto que vos decís es cierto: son los mismos personajes; en ese momento estaba Federico Sturzenegger, Cavallo era el ministro con plenos poderes dados por el Congreso Nacional. Es una cosa tremenda el hecho de que el Congreso nunca ha puesto un freno a estas cosas, al contrario, le dio poderes omnímodos a Cavallo en 2001 para que hiciera lo que hizo.

Y bueno, ahora vamos a recurrir al FMI. Sabemos lo que este organismo ha hecho en la Argentina, sabemos que apoyó todas las políticas de la década del 90. Es decir, cuando Menem decidió vender las empresas públicas contó con el apoyo del Banco Mundial (BM), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el FMI. El BM le prestó dinero al gobierno para echar a más de 50 mil personas de YPF y poder privatizar la empresa. Entonces, son historias y personajes que conocemos, que a veces los oigo hablar como si no hubieran tenido ninguna intervención en todo lo que ha pasado. Porque, seamos realistas, esta deuda de hoy, estos problemas de hoy, no arrancan hoy ni arrancan en la gestión de Cristina Kirchner, ni hace diez años. Arrancan desde 1976 y hasta hoy en todo este sistema de la deuda ha habido una continuidad estructural que nadie ha cambiado, más allá de reestructuraciones que bajaron la deuda por un lado pero que aumentaron la deuda interna por el otro. Porque además, otra de las cosas notables de la democracia es que hay una estructura legal instalada por la dictadura en 1976-77 que nunca se cambió. La Ley de Inversiones Extranjeras, la Ley de Entidades Financieras, las reformas que se hicieron en el Banco Central, las autorizaciones para que el Poder Ejecutivo pueda vender bienes públicos, todo eso siguió a través del tiempo. En la época de Menem se modificaron para peor. Es decir, nadie ha cambiado de raíz eso, nadie ha querido enfrentar esta estructura.

El canje de 2005 lo hizo Roberto Lavagna. El de 2010, Amado Boudou. Renegociación de la deuda con el Club de París, ¿negociaciones soberanas o qué hubo ahí?

Yo creo que el doctor Kirchner tuvo intención de mejorar el tema de la deuda. Se equivocó porque, en unas conversaciones con Torcuato di Tella cuando le preguntan qué pasa con la deuda, él dice: la deuda es ilegal, pero hay que pagarla. Y un abogado no puede decir que un acto ilegal hay que pagarlo. A mí me llamó la atención que la reestructuración no iba a ser buena, porque en el primer decreto, el Decreto 319 de marzo de 2004, donde se tiran las líneas fundamentales de la reestructuración, el presidente Kirchner decide que el país va a seguir sometido a la legislación extranjera, que el país va a renunciar a su inmunidad soberana, que va a estar sometido a las cortes de Nueva York, y –algo absolutamente silenciado– acepta como abogados de la Argentina para asistirla en el proceso de reestructuración a un estudio de abogados de los Estados Unidos, Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, que fueron contratados originalmente por Carlos Menem. Y hoy son los abogados de Macri. Es decir, esto no ha sido cambiado. Macri ha contratado otros abogados para que en conjunto operen con éstos. Son todos norteamericanos y operan en los Estados Unidos, y da la casualidad que son abogados también de los acreedores históricos de la Argentina, de JP Morgan, del Citibank…

Entonces, cuando vi esto dije “esto seguramente no va a ir muy bien”. Después, haciendo cálculos –no los he hecho yo, sino economistas amigos como Héctor Giuliano, que es un especialista en auditar todo lo que ha sido el proceso de reestructuración de las deudas–, se puede ver que hubo un canje donde la deuda no bajó el 70 % como dicen, sino que bajó apenas un 25 %. Donde, además, lo que se sacó por un lado, se compensó de alguna manera por el otro, con los cupones atados al PBI. Hubo deudas y bonos soberanos emitidos en pesos atados al CER, por lo cual si no se intervenía el INDEC, eso hubiera generado un costo enorme del endeudamiento.

Después fuimos al otro proceso, el de 2010, donde intervino Amado Boudou junto con una consultora extranjera –hecha por argentinos con vínculos con el extranjero–, la famosa Arcadia, donde también hubo procedimientos similares.

Ahora bien, ¿se solucionó el problema de la deuda? No. La deuda bajó externamente, pero aumentó internamente, porque se pagó deuda externa con fondos del ANSES, del Banco Nación, del BCRA. Seguramente es más fácil negociar con entidades del Estado que con acreedores extranjeros, pero la solución que tendría que haberse tomado era estructural y global no se hizo.

Y, por otro lado, lo que es sorprendente es lo del Club de París. Si bien la relación la terminó Kicillof en 2014, empezaron mucho antes. Hubo una cosa que me llamó la atención: pedimos al Ministerio de Economía que nos mandaron copia de los documentos que justificaban la deuda con el Club de París. En el Ministerio figuraba que la deuda eran seis mil y pico de millones de dólares con intereses incluidos. El Ministerio de Economía nos contestó que no tenía ningún papel, que todo lo tenía el Banco Central. Le mandamos un oficio al BCRA, para que informara lo mismo y nos dijo que no tenían nada, que lo tenía el Ministerio de Economía. ¿Cómo es posible que dos instituciones se pasen la pelota? Por lo cual, el ministro Kicillof debe haber ido a reunirse con los países acreedores a negociar con los papeles que ellos tenían, porque el Ministerio acá no tenía absolutamente ninguno. Eso demuestra el grado de precariedad con el que se manejan las autoridades argentinas.

La deuda es, como decíamos, “la deuda eterna”, no se termina de pagar nunca. ¿Qué pasa si uno realiza una cesación de pagos, es decir, no paga la deuda?

Yo creo que tenemos un ejemplo en la Argentina. En el 2001 se declaró el default de la deuda y la deuda no se pagó hasta el 2006. ¿Y qué pasó? ¿Nos invadieron? ¿Nos amenazaron? ¿Dejamos de tener insumos que necesitábamos para determinados aspectos tecnológicos? No. Pasó que la Argentina creció, y no solo eso, sino que no tuvo mayores problemas, excepto no conseguir financiación externa.