La vigencia de la discusión en relación al carácter del Estado burgués y la disyuntiva de la transición al comunismo mantiene grandes aspectos para repensar su uso actual frente a diferentes posiciones políticas e intelectuales, que en América Latina se referencian en los gobiernos denominados posneoliberales o “populistas”.

Karl Marx realizó a lo largo de su obra varios abordajes y discusiones en relación a la cuestión del Estado. Será un tema central, desde 1843 con la Crítica a la filosofía del derecho y La cuestión judía, pasando por La ideología alemana (1845), El 18 Brumario de Luis Bonaparte (1852), entre otras. Sin embargo, ya para finales de su obra, en la Crítica al Programa de Gotha (1875), realizará un abordaje de la discusión sobre el Estado en relación al programa de los lasalleanos de “Estado libre” [1]. La vigencia de esta discusión en relación al carácter del Estado burgués y la disyuntiva de la transición al comunismo mantiene grandes aspectos para repensar su uso actual frente a diferentes posiciones políticas e intelectuales, que en América Latina se referencian en los gobiernos denominados posneoliberales o “populistas” [2], que plantean al Estado burgués como un lugar para transformaciones estructurales de las relaciones de clase.

Estado, base libre y clases sociales

La Crítica al programa de Gotha será escrita frente al programa de fusión entre la Unión General de Trabajadores de Alemania (lasalleanos [3]) y el Partido Socialdemócrata Obrero Alemán, de reivindicación marxista. Marx responderá oponiéndose a la capitulación programática a los Lasalleanos en el proyecto de programa presentado.

La base de las glosas sobre las cuales estará constituida esta obra trata acerca del proyecto programático de fundación del Partido Obrero Alemán, el cual implicaba una serie de concesiones al lasalleanismo en relación a las clases sociales y la definición del trabajo, el Estado, la educación y el derecho, entre otras cuestiones. En el marco de este debate programático, Marx discute en relación al carácter de clase del Estado y la necesidad de poner en pie un programa independiente para el movimiento socialista.

Un aspecto esencial para la polémica es la definición alrededor de lo que en dicho proyecto de programa va a ser presentado como “Estado libre”. Esta definición justamente propone unificar dos aspectos no reconciliables entre sí: el Estado como órgano de la sociedad de clases y la idea de un determinado carácter libre a nivel estatal.

Por eso es que este concepto propone una ruptura con el punto de vista materialista de la relación entre Estado y sociedad. Desde la óptima del programa, el reclamo de la “base libre” supone una visión del Estado como campo de conciliación de los intereses antagónicos de la burguesía y el proletariado. Esta concepción, que aparecerá en el proyecto del Programa de Gotha está basada en concebir al Estado como una base de disputa y hasta cierto punto, el lugar de realización del anhelo de una “sociedad libre” sin acabar con la división de clases sociales.

El debate que se da entonces estará planteado en relación a los límites y alcances del Estado burgués en tanto organismo de centralización nacional de la clase dominante y qué actitud debía tomar el movimiento socialista en relación al problema de la cuestión estatal.

Según los lasalleanos, el Estado pasa a ser concebido como una herramienta a la cual se le puede exigir determinadas reivindicaciones como “educación popular general e igual a cargo del Estado”. Tanto su carácter “popular”, como su carácter “igualitario”, no son compatibles con el tutelaje de un Estado de clase. Sí lo son determinadas reivindicaciones, como por ejemplo va a plantear Marx en relación a “los recursos de las escuelas públicas, las condiciones de capacidad del personal docente, las materias de enseñanza, etc.”, pero eso está lejos de plantear la igualdad real en el plano educativo que no es concebible en el marco la sociedad de clases.

La crítica al programa estará trazada por esta polémica en torno a la exigencia de un Estado igualitario y popular, diluyendo de forma programática su carácter de clase. Como consecuencia de ello, Marx desarrollará en las glosas una crítica sobre la indefinición acerca de qué tipo de transformaciones son las que se generarán sobre la sociedad estatal en el comunismo, así como la no mención al problema de la transición y la dictadura revolucionaria del proletariado.

Las enseñanzas de la Comuna de París

En 1871 Marx va a toparse con la primera experiencia práctica de gobierno de los trabajadores en la historia [4] . Si bien fue de corta duración y no logró desarrollar un alcance nacional, “La Comuna –decía Marx– era, esencialmente, un Gobierno de la clase obrera, fruto de la lucha de la clase productora contra la clase apropiadora, la forma política al fin descubierta para llevar a cabo dentro de ella la emancipación económica del trabajo” [5].

La respuesta alternativa al problema del Estado por la cual se verá trazada la Crítica al Programa de Gotha tiene asidero histórico en la experiencia de la Comuna de París. Este será un hecho que Marx abordará profundamente en La guerra Civil en Francia (1871), cuyo capítulo III toma varios aspectos en relación a la cuestión de la sociedad de transición.

La conformación de este gobierno de ruptura con el capital fue producto del propio enfrentamiento insurreccional contra el Estado. Marx va a señalar las principales medidas que van a tomar los comuneros en esta experiencia de doble poder:

[…] se había deshecho del ejército, substituyéndolo por una Guardia Nacional, cuyo principal contingente lo formaban los obreros […], el primer decreto de la Comuna fue para suprimir el ejército permanente y sustituirlo por el pueblo armado [6]..

Los consejeros municipales eran elegidos por sufragio universal, revocables y organizados en una corporación de trabajo legislativa y ejecutiva al mismo tiempo. A su vez, “las instituciones de enseñanza fueron abiertas gratuitamente al pueblo y al mismo tiempo emancipadas de toda intromisión de la Iglesia y del Estado”, mientras que los funcionarios judiciales eran también elegidos y revocables, y “todos los servidores públicos debían devengar salarios de obreros” [7].

El desarrollo de medidas democráticas como la supresión del ejército por el pueblo en armas o la supresión de la casta política y judicial reemplazada por funcionarios revocables y su organización mediante una cámara única, plantean a su vez puntos de ruptura con la clase capitalista que llevan al enfrentamiento abierto con el Estado. Recrear desde ese punto de vista las ilusiones en un Estado libre plantea objetivamente la negación de la necesaria transición al comunismo que Marx va a abordar como dictadura del proletariado. Estas medidas, por su propio carácter anticapitalista, no pueden concebirse bajo tutela del Estado burgués, sino que están ligadas al desarrollo de la lucha de clases y la emergencia de un doble poder antagónico al dominio político de la burguesía.

Las ideas sobre el “Estado en disputa” en América Latina

La concepción lasalleana sobre la “base libre del Estado” tiene varias analogías, salvando las distancias, con ciertos planteos que niegan de forma teórica el problema del carácter de clase de aquél. Una de ellas es la concepción abrazada por intelectuales favorables a los gobiernos progresistas latinoamericanos, en relación a la cuestión del “Estado en disputa”. Una concepción de este tipo es la de Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia y uno de los intelectuales que buscó darle una justificación teórica a las experiencias de los gobiernos “progresistas” en América Latina. Ya en otros artículos de IdZ hemos abordado la polémica con la realidad mucho más prosaica del capitalismo boliviano bajo los gobiernos de Evo Morales y García Linera, aquí nos concentraremos en algunas de sus categorías [8].

En su discurso “Estado, Revolución y Construcción de Hegemonía”, Linera desarrolla su concepto de Estado:

[…] es Institución, es creencia y es correlación de fuerzas. Pero el Estado es Estado porque tiene el control, el monopolio. Usando las palabras de Marx, el Estado es Estado en tanto monopoliza ciertas decisiones, a saber, monopoliza la cohesión legítima, monopoliza la tributación, monopoliza la legitimidad [9].

Es decir, al Estado lo define en primer lugar la capacidad de la centralización de determinados recursos (cohesión y tributación). Esos serían los primeros medios y atribuciones con las que cuenta.

La “cohesión legítima” que García Linera define se trata en realidad del monopolio de la violencia armada a nivel estatal. Por ello mismo, eso no se encuentra disociado del contenido social del Estado. Sobre este carácter, Lenin plantea en El Estado y La Revolución

Este Poder público especial hácese necesario porque desde la división de la sociedad en clases es ya imposible una organización armada espontánea de la población. Este Poder público existe en todo Estado; no está formado solamente por hombres armados, sino también por aditamentos materiales, las cárceles y las instituciones coercitivas de todo género, que la sociedad gentilicia no conocía [10].

Lejos de ser solo un lugar a ocupar o “en disputa”, sistemáticamente desarrolla acciones donde se materializan y legitiman las relaciones sociales de producción vigentes.

Cuando García Linera habla del Estado burgués como un conjunto de “instituciones y creencias” en base a determinada correlación de fuerzas, disocia ese elemento de que es un aparato armado con determinada finalidad y contenido social.
Con su rol de actor-administrador, el Estado legitima y garantiza por la fuerza relaciones sociales de producción capitalistas ya establecidas. De esta forma, la propiedad privada de los medios de producción se mantiene inviolable salvo casos particulares.
En ese marco, afirma:

(…) ahora las empresas del Estado concentran el 35 % de la economía nacional. Hemos nacionalizado muchas empresas, y eso le permite al Estado concentrar recursos, concentrar tributos, tributos por las compras, por las ventas de mercancías; pero también tributos por renta petrolera, por la renta del gas, por la explotación de minerales, y eso le da al Estado recursos económicos con los cuales construye escuelas, construye hospitales, construye carreteras, construye universidades, etc. [11]

La cuestión estatal pasa esencialmente por un rol de carácter centralizador en la concentración de recursos sobre los cuales se encarga luego de destinarlo a distintas áreas (distribución) coexistiendo con una mayoría de la economía en manos privadas.

En primer lugar, parte de concebir la libre coexistencia de una “economía mixta” entre la industria estatal y privada, en todos casos capitalista y se limita a supeditar la industria privada, según la propia constitución del Estado Plurinacional Boliviano, a su función social y establece legislativamente la obligatoria indemnización en caso de expropiaciones [12].

En el caso del carácter distribuidor del Estado al que García Linera hace referencia a partir de la concentración de recursos y cómo los destina, no casualmente se plantea desde la distribución y no desde la producción.

La discusión que plantea Marx en la Crítica al programa de Gotha tiene plena vigencia para debatir frente a estas concepciones estatalistas:

Si las condiciones materiales de producción fuesen propiedad colectiva de los propios obreros, esto determinaría, por sí solo, una distribución de los medios de consumo distinta de la actual. El socialismo vulgar (y por intermedio suyo, una parte de la democracia) ha aprendido de los economistas burgueses a considerar y tratar la distribución como algo independiente del modo de producción, y, por tanto, a exponer el socialismo como una doctrina que gira principalmente en torno a la distribución [...] [13]

La estatización de cierta rama de la producción no puede ser vista aisladamente de las relaciones capitalistas del conjunto de la economía, lejos de plantear un horizonte de transición hacia una sociedad sin explotación, regula en todo caso ciertos marcos del desarrollo capitalista [14]. Sin romper con el imperialismo y atacar decididamente la ganancia capitalista, aunque se sostengan durante la etapa de crecimiento, frente a las crisis capitalistas colapsan sobre las espaldas de los trabajadores como se ve actualmente en Venezuela.

Por eso mismo, procesos como el boliviano fueron claves en su rol pasivizador de las masas, desarrollando las expectativas estatales como un freno a procesos como el del 2003 en Bolivia, donde estaba planteada la expropiación total sin pago de la industria de los hidrocarburos, lo que hubiera atacado una de las principales ganancias estratégicas de la industria privada, pero el gobierno de Evo Morales las pasó a manos de capitalistas nacionales.

Muchos de los denominados gobiernos progresistas culminaron desarrollando justamente ante la crisis de legitimidad del Estado burgués una relegitimación del mismo aprovechando el viento favorable de la economía. Sin embargo, es sobre esa reinstitucionalización sin tocar grandes intereses de clase sobre la cual coaliciones y partidos marcadamente neoliberales se apoyaron en su camino hacia el poder político, entre las cuales la desmovilización de masas provocada desde el Estado y el mantenimiento de su poder real en la economía fueron aspectos claves.

Es desde este punto de vista que ninguna salida para las grandes masas puede darse por la vía de la gestión del Estado capitalista. Una verdadera ruptura con el imperialismo y los capitalistas hace necesario el problema del enfrentamiento contra el aparato estatal por parte de los trabajadores con el conjunto del pueblo pobre. Se torna necesario frente a ello retomar el camino de experiencias históricas como la Comuna de París, la Revolución rusa [15] y procesos históricos de la región como la necesidad de culminar la obra que había dejado planteada y se vio frustrada revolución boliviana de 1952 [16].