A 41 AÑOS. 24M: apuntes sobre una movilización histórica

Si bien tiene como punto de partida el reclamo y la lucha de los familiares de desaparecidos y de los organismos de DDHH durante la dictadura -las Madres de Plaza de Mayo comenzaron sus marchas de resistencia en 1977; el movimiento empezó a crecer a partir de 1979-81, con la ruptura de la clase media con la dictadura- la histórica movilización del 24M, tal como la conocemos hoy, surge tras el fin del régimen militar para convertirse a los pocos años (con las “leyes del perdón”) en una jornada de lucha contra la impunidad y por el juicio y castigo a todos los genocidas y sus cómplices, y contra la continuidad en numerosos aspectos de los gobiernos posteriores a la dictadura. A su vez, ha sido un importante escenario de lucha política relacionado con los vaivenes de la situación política. A continuación mencionaremos algunos momentos claves, desde fines de 1983 hasta el gobierno de Kirchner.

El primer “24M” posdictadura. Su fisonomía

La primera movilización que tuvo lugar tras el fin de la dictadura en una fecha cercana al aniversario del golpe se realizó el 22 de marzo de 1984. Ese jueves la ronda de las Madres llegó a reunir unas 6 mil personas que luego marcharon hacia el Obelisco con la consigna “Nunca más una dictadura militar”, la exigencia de aparición con vida, “juicio y castigo” y el desmantelamiento del aparato represivo. En el acto de cierre se leyeron varias adhesiones, entre ellas la de la CGT unificada (Clarín, 23/03/84). Sin embargo, los trabajadores estuvieron ausentes; la marcha del 22 seguía expresando la separación que se había dado durante la dictadura entre la resistencia obrera contra el ataque al salario, las condiciones de trabajo y los derechos sindicales, y la lucha de los familiares de los desaparecidos y los organismos de DDHH.

Más allá de algunas acciones puntuales, como la de los obreros de Mercedes Benz que en 1981 pararon las líneas para confluir con los organismos en Plaza de Mayo (Opción N° 28-05/81), la resistencia obrera no tomó como bandera la lucha contra la represión criminal, por la libertad y aparición con vida de todos los detenidos. Es que la burocracia sindical, que a partir de 1979 se vio obligada a convocar a paros y marchas contra la política económica la dictadura (acciones que en los hechos se transformaron en un pronunciamiento político contra los militares), contribuyó a mantener esta brecha. A tono con esto, sus documentos seguía haciendo referencia al rechazo de los “extremismos” y a la necesidad de que el Estado monopolizara la fuerza “contra la acción de los grupos subversivos de cualquier signo” (Godio, 2000). Los organismos de DDHH tampoco se propusieron confluir con la resistencia de los trabajadores, de donde provenía la mayor cantidad de detenidos-desaparecidos. Esta separación continuó en la democracia; la lucha por el juicio y castigo a todos los genocidas siguió siendo ajena a los trabajadores. Es por esto que históricamente la movilización del 24M fue tomada por la militancia política y el movimiento estudiantil.

Del “Nunca más” a lucha contra la impunidad

El 21 de marzo de 1985, unas 20 mil personas marcharon contra una posible Ley de Amnistía, y por el “juicio y castigo”. En un discurso de espaldas a la Casa de Gobierno Hebe de Bonafini señaló que se necesitaba “un gobierno constitucional para siempre, pero un gobierno que cumpla sus promesas”. La multitud cantaba “Alfonsín, te quedan dos caminos…”. Ese año la UCR daba por cumplidas sus promesas de campaña con el Juicio a las Juntas (un año antes se había publicado el informe de la CONADEP). Su objetivo era doble: desarticular el movimiento democrático –que a la salida de la dictadura se había hecho más visible– y, al mismo tiempo, fortalecer los poderes del Estado y sus instituciones, incluyendo las FF.AA., que se encontraban en sus niveles más bajos de popularidad. No obstante, esta batería de políticas resultó insuficiente.

Los organismos críticos de la línea gubernamental y las organizaciones de izquierda volvieron a marchar al año siguiente por el juicio y castigo, y contra el aumento de sueldo otorgado a los militares (Clarín, 25/03/86). Un día después, se llevaba a cabo el segundo paro general del año (el quinto desde fines de 1984). La UCR consideró a la acción obrera (más de 100 mil obreros en Plaza de Mayo) como “una expresión extrema antidemocrática y de la apología del enfrentamiento como método” (Clarín, 25/03/86). En un comunicado, la UCR señalaba: “la democracia derogó la Ley de Autoamnistía, creó la CONADEP y juzgó a los responsables de los terrorismos de todos los signos ideológicos (…) ahora se requiere el comportamiento patriótico” (Clarín, 24/03/86). Alfonsín dejaba en claro que la política de derechos humanos del radicalismo había pretendido cerrar una etapa; el “punto final” llegaría a fines de ese año.

En diciembre, el gobierno promulgó la ley de Punto Final y, al año siguiente, la de Obediencia Debida. Esta última, fue promulgada en Semana Santa de 1987, en respuesta a los reclamos de los carapintadas, y con el aval de todos los partidos (hasta el PC, menos el MAS que se retiró de la Plaza). Desde ese momento el 24M se convirtió en una jornada de lucha contra las leyes de la impunidad y de exigencia de juicio y castigo a los responsables de la dictadura genocida, “con la cara lavada o las manos manchadas de sangre”, como señalara Adriana Calvo, fundadora de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, el 24 de marzo de 1988, haciendo referencia al levantamiento militar carapintada de enero de ese año.

La movilización de marzo de 1989 fue la última que se realizó bajo el gobierno de Alfonsín. En esa oportunidad, la marcha se dirigió hacia el Congreso contra el proyecto de ley antisubversiva que buscaban sancionar el gobierno luego del copamiento del cuartel de La Tablada por el MTP. El radicalismo también aprovechó la acción del MTP para lanzar el Consejo de Seguridad Nacional (CONESA), integrado por tres ministros, el jefe de la SIDE y los comandantes de las FF.AA. Con estas medidas el gobierno buscaba reforzar el aparato represivo, objetivo que mantuvieron los gobiernos posteriores.

Menem y la política de “reconciliación nacional”

A los pocos meses de asumir, Menem anunció que llevarían a cabo un proceso de “pacificación nacional” (nombre que recibió la Ley de Amnistía de 1983) concediendo el indulto a cinco militares condenados en el juicio de 1985, a los Carapintadas, y a los presos políticos del ERP y Montoneros. Los indultos, firmados en 1989 y 1990, significaban un avance en la política de impunidad iniciada por Alfonsín y tuvo como respuesta una masiva movilización de repudio. El gobierno buscaba de ese modo terminar con los reclamos de los Carapintadas y hacer más confiables a las FF.AA., después de la aventura en Malvinas, poniéndolas al servicio de la ONU. En este marco, comenzó a cobrar fuerza la propuesta de un diálogo entre los militares y los familiares de los desaparecidos. En 1994, el capitán Adolfo Silingo dio a conocer su supuesto arrepentimiento, y posteriormente, el Jefe del Ejército, Martín Balza, realizó una autocrítica por la responsabilidad militar. La política de reconciliación dividió a los organismos de derechos humanos y a los partidos opositores. Dentro del arco político de centroizquierda, sus principales figuras, entre ellas Bordón, Fernández Meijide y Chacho Álvarez, se vieron atraídos por la propuesta de diálogo. Los organismos independientes y la Izquierda, en cambio, la rechazaron y continuaron marchando contra la impunidad. En el acto del 24 de marzo de 1995, se rechazó el diálogo. El gobierno respondió con represión y desalojó la Plaza (RT N.° 71, 5/04/95).

El 24M se hace masivo. La disputa con la centroizquierda

Al año siguiente, el vigésimo aniversario del golpe reunió a unas 80 mil personas. En un contexto recesivo, la jornada se transformó en manifestación de oposición al menemismo. El día 22 la Justicia había condenado a cinco dirigentes metalúrgicos por la toma de la casa de gobierno de Tierra del Fuego, en donde cayó muerto el obrero Víctor Choque. Unas 30 mil personas –en su mayoría jóvenes de Capital Federal y el Conurbano- asistieron a la marcha del 23 convocada por las Madres y la agrupación HIJOS. Uno de los ejes de la movilización era el repudio al gatillo fácil y las razias policiales, que por aquellos años eran moneda corriente. Al día siguiente, los organismos conciliadores, el Frepaso (donde se nucleaba la centroizquierda) y la UCR, reunieron unas 50 mil personas; entre los partidos se encontraba el PCR, el PC, el PO, el MST. La izquierda trotskista –por la negativa de varias organizaciones- no logró formar un bloque independiente (como propuso el PTS).

La UCR y la centroizquierda se preparaban para canalizar el descontento en las elecciones y, al mismo tiempo, como lo habían anticipado en 1998, dejar intacta la política de impunidad. El 26 de marzo de ese año, estos sectores habían votado junto con el PJ la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que a diferencia de la anulación no tenían efectos jurídicos. Pero luego de varios años de lucha, la vieja política de Impunidad era insostenible. Al cumplirse 25 años del golpe, la marcha del 24M llegó a reunir a unas 100 mil personas. Ese año tendrían lugar las jornadas que hicieron caer al gobierno de De la Rúa.

Los últimos años, un breve repaso

Las leyes de la impunidad quedaron sin efecto en 2005 bajo el gobierno de Néstor Kirchner. Con esta medida -que habilitó el juicio a los genocidas- el gobierno logró ganar apoyo y avanzar en la cooptación de buena parte de los organismos de derechos humanos, entre ellos a las Madres de Plaza de Mayo y a Hebe de Bonafini, una de las referentes históricas de la lucha contra la impunidad junto a Abuelas. La política kirchnerista logró dividir a los organismos. El 24M de 2006, los que apoyaban al gobierno se negaron a marchar por la exigencia del cese de la persecución y torturas que estaban sucediendo en Santa Cruz en medio de la huelga petrolera y luego se mantuvieron en silencio sobre la desaparición de Julio López. A su vez, el kircherismo aprovechó estas divisiones para apoderarse de la Plaza –como habían hecho los radicales y los frepasistas en 1996- y quitarle peso a la movilización del 24M convocada por los organismos nucleados en el Encuentro Verdad, Memoria y Justicia y la Izquierda.

En los últimos 12 años, la movilización independiente del 24M levantó como banderas la lucha contra la Ley Antiterrorista, la denuncia a los jueces de la dictadura que aún están en funciones, la impunidad para los empresarios y la Iglesia, el desprocesamiento de todos los luchadores, la lucha contra el espionaje de Inteligencia militar, y en los últimos años por la aparición de Julio López. De esta forma, los organismos de DD.HH. independientes del gobierno y la Izquierda mantuvieron vivo el reclamo y el sentido histórico de la movilización del 24M.