¿Qué se puede leer? A 17 años de la desaparición de Jorge Julio López

El rostro de Jorge Julio López puede reconocerse en distintos lugares, graffitis a veces pequeños, de los que caben en una garita de colectivo o en la columna de algún poste, y también de los otros retratados en paredes. La mayoría, es cierto, no son nuevos, tienen algún tiempo pero aún así resultan inconfundibles. Tal vez por la fuerza que ganó en el espacio público sabemos quién es y de inmediato se siente la impunidad. Se cumplen diecisiete años de su segunda desaparición y este parece particular. Los discursos negacionistas circulan con fuerza y ahora en actos, volvemos a discutir las causas, los responsables y la herencia del último genocidio perpetrado en el país. Siguiendo esta huella, seleccionamos dos trabajos que tratan de “desapariciones”.

Para comenzar, la investigación que los periodistas Luciana Rosende y Werner Pertot publican en Los días sin López. El testigo desaparecido en democracia (Planeta, 2013). El libro habla de Jorge Julio López en pasado y presente. Su militancia en el peronismo en la ciudad de Los Hornos, su secuestro el 27 de octubre de 1976, su paso por el Pozo de Arana y la comisaría Quinta de La Plata hasta quedar a disposición del Poder Ejecutivo nacional desde abril de 1977 a junio de 1979, aportando detalles sobre otros secuestrados, sus torturadores y asesinos. A diferencia de su testimonio inicial, en julio de 1999 durante los Juicios de la Verdad, en 2005 durante el proceso de instrucción cuando se reanudaron los juicios de lesa humanidad, Jorge Julio López pudo revelar apodos, nombres y apellidos de los represores y torturadores que vio en cada centro clandestino de detención. Desde aquella primera declaración había reelaborado sus recuerdos, recopilado y confirmado datos que ahora después de varios años ponía en palabras.

Para quienes no recuerdan o no conocen la historia de la desaparición de Jorge Julio López, el libro de Rosende y Pertot es clave. A lo largo de 18 capítulos y el Epílogo los autores trabajan y reconstruyen la trama del caso, la desaparición de López aquel 18 de septiembre de 2006, las respuestas del Ejecutivo nacional y provincial a cargo de Néstor Kirchner y Felipe Solá respectivamente y luego Daniel Scioli, del poder judicial y legislativo. El libro documenta los pasos de Solá, responsable político de la Bonaerense, y León Arslanián, su ministro de Seguridad, durante los primeros meses y en momentos claves, adelantando lo que sería una línea de conducta y una decisión de Estado: no tocar a la Bonaerense, que como detallan en el libro, contaba en ese momento con nueve mil policías que habían ingresado antes de 1983 y de esos, casi tres mil estaban en actividad entre 1976 y 1979 cuando Miguel Etchecolatz era director general de Investigaciones de esa fuerza. Etchecolatz, el mismo que en 1997 publicaba “La otra campana del Nunca Más” en el que llama a los centros clandestinos de detención “dependencias para el alojamiento de prisioneros de guerra” y confiesa en sus páginas que el retiro de la fuerza no le había impedido estar del todo inactivo, “el rumbo de mi Patria es mi rumbo, y cada vez que se me necesita, aseguro que no será necesario que me llamen".

Los autores detallan la actuación de fuerzas como la Policía Federal, el Servicio Penitenciario, la SIDE todas involucradas y las distintas hipótesis sobre lo que habría ocurrido, cómo se desvió hacia pistas realmente ridículas y falsas y los laberintos en los que la investigación se fue perdiendo. También gana presencia en la reconstrucción la pelea de los integrantes de organismos como el colectivo Justicia Ya!, querellantes en el juicio a Etchecolatz y partidos de izquierda que se mantuvieron firmes y movilizados, después que el kirchnerismo y otras organizaciones dejaron de hacerlo. Fue Solá quien sentenció que investigar a la Bonaerense era “poner en riesgo la gobernabilidad” de esa fuerza. Gracias a numerosos reclamos por parte de quienes en representación de los organismos de derechos humanos y la querella, entre ellas Nilda Godoy, Adriana Calvo, Myriam Bregman y Guadalupe Godoy, Carlos “Sueco” Lordkipanidse, Arslanián tuvo que reconocer que 9026 agentes en actividad habían actuado durante la dictadura.

La espectacularidad del caso López residió en parte en su originalidad. Los periodistas señalan que si la democracia carga con otros cuerpos ausentes, el de López fue el primero luego de la anulación de las leyes de impunidad de 2003 (Obediencia Debida y Punto Final) y la declaración de su nulidad constitucional en 2005. El juicio a Miguel Osvaldo Etchecolatz fue el primero en este proceso, “el objetivo de desaparecer a López parece claro hoy: detener los juicios o, por lo menos, entorpecerlos, demorarlos, minar su legitimidad, amedrentar a los otros testigos.” No lo lograron. Pero en su desaparición, como escriben, se jugaba otra cosa. No es un caso policial inconcluso sino uno que expone las huellas presentes de la dictadura, el pacto de impunidad con sus responsables, que todos los gobiernos han respetado al pie de la letra: 17 años después no hay un solo imputado.

El segundo libro es Desaparecer en Democracia. Cuatro décadas de desapariciones forzadas en la Argentina, de la periodista y docente Adriana Meyer (Marea Editorial, 2021), organizado a través de un Prólogo, Prefacio, 10 Capítulos, Epílogo y Anexos complementarios que reúnen información, opiniones y consultas a diversos especialistas. En el trabajo de Meyer aparece el caso de Jorge Julio López pero situado en otra perspectiva, la que recorre a lo largo de más de cuatro décadas las desapariciones forzadas en Argentina. Este es un punto clave de su trabajo. No solo presenta una exhaustiva investigación de los casos más sobresalientes o documentados sino que a través de ellos abona la que es una de sus hipótesis centrales: “las sucesivas administraciones desde el fin de la dictadura han variado las formas, pero no lo sustancial, para evitar que sigan sucediendo”. En ese sentido el caso de Jorge Julio López es ineludible porque para Meyer con su segunda desaparición, en septiembre de 2006, y la de Luciano Arruga, en enero de 2009, se empezó a percibir de manera más masiva que también en democracia desaparecen personas, y a horadar el muro de invisibilización que las caracterizó durante los años noventa.

Meyer toma posición frente al debate que se niega a hablar de desapariciones (desaparecidos y desaparecidas) en “democracia”, como se sostuvo desde los gabinetes oficiales durante la presidencia de Néstor Kirchner, y con fuerza a partir del caso de Jorge Julio López. Se considera delito de desaparición forzada de personas al "arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación ilegal de la libertad hecha por un agente del Estado, donde la institución ha prestado su apoyo o aquiescencia y esta se niega a dar información o reconocer esa privación de libertad. Si la persona aparece muerta se agrava la pena a prisión perpetua, es decir que el hallazgo del cuerpo no cancela el crimen.” Hecha la aclaración, Meyer reconoce las diferencias con las prácticas que llevó adelante la dictadura militar, comenzando por plantear que no son exactamente las mismas fuerzas las que están involucradas, no existen centros clandestinos de detención y el número de casos tampoco es comparable. Por si hiciera falta, los delitos de lesa humanidad y desapariciones que llevó adelante la dictadura militar fueron interpretados como prácticas de un genocidio, “fue una herramienta de aniquilamiento hacia un sector social”.

Tal vez sea cierto que “la democracia” no tiene el poder explicativo que por sentido común asociamos a “las dictaduras” para entender por qué ocurren, si dejamos de lado un punto central: el disciplinamiento social. Y justamente en esta historicidad de la definición radica la necesidad de analizar estas desapariciones, lo propio del régimen político que se impuso en 1983 en el país. Resulta necesario indagar, más allá de su instrumentalidad y objetivos estatales, lo que subsiste en ellas. En ese punto Meyer aporta una exhaustiva investigación sobre la intervención primordial del Estado y el ocultamiento de los cuerpos; la estructura operativa que funciona y asegura el encubrimiento constante de parte del poder judicial y político de los responsables; la evidencia de que la enorme mayoría de las víctimas pertenecen a una misma clase: son jóvenes pobres, muchos se niegan a ser mano de obra de la marginalidad y en el caso de las mujeres a someterse a redes de explotación sexual. Por último, señala Meyer, el aparato represivo del Estado, tanto en dictadura como en democracia, suele estar al servicio del poder económico que detentan los grandes empresarios.

En esta multiplicidad de factores para Meyer la clave es la participación del Estado. Los casos que recopila “son parte de una metodología específica que articula la desaparición, el encubrimiento, el silencio, las amenazas y las trabas a cualquier investigación con tal de garantizar la impunidad de sus perpetradores, sus superiores y sus mandantes políticos.” Y en ese círculo vicioso intentan naturalizar esas prácticas represivas, vuelven a instalar el “algo habrá hecho”, el pibe chorro, la prostituta, “el terrorista”. La autora destaca el caso de Iván Torres Millacura, en particular, porque su causa llevó al Congreso argentino a tipificar el delito de desaparición forzada, incorporándose en el Código Penal (artículo 142 ter), que no se caracteriza justamente por ser permeable a las necesidades de los humildes. Como relata, el fallo ordenaba al Estado a elaborar un listado oficial de desapariciones que nunca ocurrió, tampoco cumplió el Estado argentino, agrega Meyer, con la parte de la sentencia que indicaba elaborar un protocolo específico para la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad en estos delitos. De hecho, el actual plan federal busca personas “desaparecidas y extraviadas”, como si fueran lo mismo. Por eso hay algo más que un fracaso de las instituciones estatales, impericia de los funcionarios o el mal funcionamiento de las policías o los poderes judiciales que hace posible el entramado que rodea las desapariciones “en democracia”. Lo que sostiene al Estado capitalista no es una lógica de racionalidad sino de clase.

Ante la violencia que prolonga en el tiempo la desaparición forzada, sin importar quién se encuentre en el poder, la investigación de Meyer reconoce además hilos de continuidad en los caminos de lucha y por aquí es donde dibuja una salida, “los familiares de las víctimas toman inspiración de las Madres de Plaza de Mayo, de las experiencias de los familiares de desaparecidos durante la dictadura y tejen sus propias redes de contención, ensayan formas y respuestas políticas (a veces incluso partidarias) ante la violencia policial”. Como propone su libro, tal vez resida en ello una de las claves para generar espacios de movilización, articular con otros sectores y lograr el esclarecimiento de cada caso, la verdad y el castigo a los culpables.

Julio López desapareció el día en que las abogadas querellantes alegaban en el juicio contra Miguel Etchecolatz. La querella demostró (y la condena reconoció) que no fueron crímenes aislados, que el Estado orquestó un exterminio sistemático, y que los crímenes por los que fue condenado Etchecolatz ocurrieron “en el marco de un genocidio”. Incluimos el alegato de Myriam Bregman, una de las abogadas integrante del colectivo Justicia Ya!, y actual candidata a presidenta por el FIT-U junto a Guadalupe Godoy y Liliana Mazea.

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