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Red Internacional
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Esquel. A 21 años del #NoALaMina

Hace dos décadas iniciaba su camino esta lucha ambiental señera en nuestro país y con alcance internacional. Sin ella, no se hubiera derrotado la Zonificación minera de Arcioni en 2021. Retomar esa historia hoy, ante el acuerdo extractivista y saqueador de Milei y Torres, resulta imprescindible.

Viernes 8 de marzo 00:05

A pocos días de que el actual gobernador de Chubut, Ignacio Torres, hablara en la apertura de sesiones de la Legislatura provincial en la que planteó la necesidad de avanzar con nuevos proyectos extractivos como el “hidrógeno verde”, vale la pena un recorrido de la lucha ambiental en la provincia. En su discurso, Torres se cuidó de no mencionar la megaminería, eligiendo confrontar discursivamente con los dichos de Patricia Bullrich, que insistió con la lógica del “desierto” que debe ser explotado, como lo hicieron Alberto Fernández ni bien asumir la presidencia en 2019, y antes que él Mauricio Macri. El gobernador hizo mención a los guanacos como símbolo identitario provincial, pero nada dijo respecto a las comunidades mapuche que habitan la región, a quienes siempre ha puesto como eje de su política criminalizadora. Incluso este verano, ante el incendio intencional de más 6900 hectáreas en el Parque Nacional Los Alerces, culpó a las comunidades que habitan dentro del Parque y hasta pidió la colaboración del FBI.

Chubut, 2024. Apertura de sesiones legislativas.

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¿Cómo inició la lucha contra el saqueo de nuestros bienes comunes en Chubut?

En enero de 2001, la Comunidad Mapuche Huisca-Antieco, ubicada a pocos kilómetros de Esquel, realizó una denuncia por la intrusión de su territorio por parte de personal de una empresa con equipos para realizar trabajos de prospección minera. Así se conoció el proyecto que la canadiense Meridian Gold buscaba desarrollar en la zona.

Casi dos años después, el 4 de diciembre de 2002, el gobierno provincial del radical Lizurume y el Intendente peronista de Esquel y luego legislador provincial, Rafael Williams, planeaban realizar una Audiencia Pública amañada para aprobar el inicio de los trabajos en el emprendimiento conocido como “Cordón Esquel” a sólo 6,5 km de la ciudad, descubierto en 1997 y propiedad de la Minera El Desquite/Meridian Gold.

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Las alarmas se encendieron entre la población cuando poco antes se conoció que la multinacional Dupont proveería de Cianuro a la minera para el proceso de lixiviado. Por iniciativa de los asambleístas, técnicos y expertos dieron a conocer que implicaba la técnica de minería a cielo abierto, y la experiencia de los pobladores de Andalgalá, Catamarca, fueron factores determinantes para que la conciencia del NO A LA MINA se instalara.

La oposición del pueblo de Esquel obligó a suspender aquella Audiencia y más de 3.000 personas, en una ciudad que por aquel entonces contaba con 28.000, festejó aquel triunfo dando inicio a la tradicional marcha de cada 4 de mes en toda la provincia de Chubut. Las protestas continuaron durante enero y febrero con multitudinarias marchas, escraches al gobernador en su visita y la presión al Concejo Deliberante local que debió aprobar el 5 de febrero de 2003 dos ordenanzas determinantes: la prohibición del uso de cianuro y la convocatoria a un referéndum vinculante sobre el desarrollo minero.

El 23 de marzo de 2003, el plebiscito arrojó un contundente 81% (11.046 votantes) en contra del proyecto minero y 17% a favor (2.561 votantes) sobre el 75 % del padrón. Como dice la página NO A LA MINA “La consecuencia directa a nivel provincial de los resultados de la consulta popular ha sido la sanción de la Ley Nº 5001, aprobada por unanimidad por la Legislatura. En la misma, se prohíbe en la provincia de Chubut la minería a cielo abierto con utilización de cianuro. Sin embargo, el artículo Nº 2 deja una puerta abierta para poder establecer una zona donde “quedará exceptuada la ley.”

Pese a este enorme ejemplo de lucha, que tuvo repercusiones a nivel nacional e internacional, siendo ejemplo para poblaciones que enfrentan el saqueo minero de Perú hasta México, los intentos de aprobar la minería continuaron y continúan en la provincia. La gran lucha en defensa de la 7722 en Mendoza, las denuncias actuales contra el saqueo del Litio en Jujuy, la histórica lucha contra Barrick Gold en San Juan, son testimonio del alcance del saqueo minero que no se circunscribe solamente a Chubut, sino que se inscribe en la reprimarización de la estructura económica nacional que imponen los mandatos del imperialismo. Pero también, el trabajo sostenido de concientización de asambleístas del NO A LA MINA, como antes lo hicieran Rodríguez Pardo y tantos otros sobre el basurero nuclear en Gastre a mediados de los noventa, sentaron la base para que miles se movilizaran y derrotaran la zonificación minera de Arcioni y los partidos del régimen en diciembre de 2021 enfrentando al brutal represión policial.

Chubut: una nueva página en la historia de la lucha ambiental

A 21 años del inicio de aquel movimiento que surgió en Esquel y trascendió las fronteras de la provincia, vale la pena retomar sus lecciones, máxime en un contexto donde la arremetida extractivista en función de pagar la deuda externa, están a la orden del día por parte del gobierno nacional de Javier Milei y de los gobernadores que, como Torres, buscan hacer caja a como dé lugar.

Hoy, luego de la legalización por parte del gobierno de los Fernández de la estafa macrista de la deuda con el FMI, el país está atado a los dictados de la entidad imperialista. La visita del embajador yanqui Mark Stanley (un virtual Virrey) a Chubut y la genuflexión de Torres, son testimonio de la aceptación por parte de las fuerzas políticas patronales del rol subordinado de nuestro país como proveedor de materias primas y commodities.

Esto implica una profundización del extractivismo en una provincia que, desde hace más de cien años con el descubrimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia, es territorio para el saqueo. Hoy ese saqueo se multiplica con plantaciones de coníferas, la depredación pesquera, los intereses inmobiliarios y terratenientes, la producción de energía y la amenaza siempre latente de formas aún más contaminantes y destructivas del ambiente que la misma minería: el fracking y la producción de hidrógeno verde, entre otras.

Si la reforma constitucional del 94 entregó a las provincias la potestad sobre los bienes comunes naturales, los sucesivos gobiernos provinciales utilizaron esta “caja” para financiar sus negocios a la par que profundizar la dependencia y el atraso del país. Hoy, con un Torres que recibió de la Legislatura el pleno poder para entregar concesiones petroleras a discreción, con un gran porcentaje de las regalías hidrocarburíferas comprometidas al pago de una deuda ilegal que no se investigó pero se “honra” con un ajuste brutal, y ante la ampliación del espectro saqueador con el fracking y otras formas de extractivismo, resulta fundamental retomar críticamente la reflexión sobre la lucha ambiental en la provincia, aprendiendo de lo mejor que ha dado.

Ni bien terminado el discurso de Milei en la apertura de sesiones del Congreso Nacional, Ignacio Torres se tweeteó encima con desesperación por el acuerdo propuesto por el presidente. Claramente, la impostada pelea de la semana pasada no hizo mella en el acuerdo de fondo (y con el Fondo): “avanzar en la explotación de los recursos naturales”. Una amenaza que, en Chubut, ya sufrió un duro revés.