La lucha por la tierra en Brasil. A 28 años de la masacre del Eldorado dos Carajás

Desenlace trágico de un conflicto que había comenzado unos meses antes, con la ocupación de unas tres mil familias de la Fazenda Macaxeira (Curionópolis, Pará) exigiendo la expropiación de las tierras que el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria había declarado improductivas y sin función social, a un año de asumido el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (FHC, 1995).

El 16 de abril 1500 familias con muchos jóvenes y niños, acamparon y bloquearon la ruta en las cercanías de Eldorado dos Carajás en Pará, en forma de protesta reclamando alimentos para poder continuar hasta Belém, la capital del estado, para acompañar una convocatoria del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y conseguir la expropiación de la hacienda Macaxeira. Fueron interceptados y encerrados por cientos de paramilitares y militares bajo las órdenes del gobernador Almir Gabriel fundador del PSDB, el mismo partido del presidente Cardoso.

Haciendo uso de la típica metodología fazendeira de “resolver” a tiros y balas, ejecutaron a 21 campesinos dejando casi un centenar de manifestantes heridos, torturados y mutilados. Aquel 17 de abril, una vez más, la violencia estatal en el campo era noticia en todo el país.

La masacre no fue olvidada. Al año siguiente una marcha nacional de tres columnas que partió de los estados de San Pablo, Minas Gerais y Mato Grosso se prolongó por meses y recorrió casi mil kilómetros hasta Brasilia. Miles de manifestantes fueron recibidos en un acto que reunió 100 mil personas, exigiendo el castigo a los culpables y la reforma agraria. Fue una de las grandes manifestaciones convocadas por el MST que dejaba en claro su capacidad de movilización y organización.

Los ecos del repudio a la masacre se escucharon en todo Brasil. Demandas de un país en el que la herencia esclavista y el latifundio tienen raíces coloniales. Como ocurriera a finales del siglo XIX cuando era abolida la esclavitud, la pelea por la tierra se entrelaza con la resistencia a la opresión y la explotación. En ese devenir de lucha y organización se fue construyendo un movimiento que reúne experiencias como la de los guerreros de Canudos en el sertón de Bahía que creó un poblado en el que el trabajo colectivo forjó una comunidad entre ex esclavos y trabajadores rurales, convertido en una advertencia para latifundistas y coroneles, que solo concluyó cuando 9000 soldados lograron derrotarlos después de un año; la guerra de Contestado en los estados de Paraná y Santa Catarina entre 1912 y 1916 o en la década de 1950, la Revuelta de Formoso en Goiás que por más de una década implantó un territorio libre dominado por los campesinos en el centro del país, todos ejemplos de insumisión frente a hacendados y el Ejército en el país del latifundio por excelencia. En palabras de Waldo Wasaldi, “los campesinos brasileños no hicieron una revolución, pero fueron los protagonistas de la mayor guerra popular vivida por el país”.

Neoliberalismo en clave rural

El modelo neoliberal del país echó raíces también en el campo. Respaldado por una enorme propaganda mediática, prometía la expropiación de tierras, impuestos sobre la gran propiedad, tecnología y mejoras en la alimentación de la población y de la infraestructura rural. Y un dato no menor, se “vendía” como solución pacífica al problema del acceso a la tierra en un contexto de aumento de la violencia de los grandes ruralistas. La masacre de Corumbiara en Rondonia en 1995 y, menos de un año después, la de Eldorado no hicieron más que acelerar los tiempos de la reforma neoliberal.

La reforma (Nova Reforma Agraria) de Cardoso no era una jugada menor. La dictadura militar (1964-1985) tuvo una doble política. Por un lado, desactivó los conflictos a través de la colonización de la amazonía con población campesina que trasladó a esas regiones extremas y por otro, derrotó la resistencia del nordeste y a las Ligas Campesinas, que en su Congreso nacional en 1961 (en el contexto de la revolución cubana) habían declarado que la reforma agraria se imponía “por la ley o por la fuerza”. Su derrota despejó el camino para la expansión del monocultivo y el desarrollo de complejos agroindustriales, ligados a los grandes terratenientes, con trabajo asalariado e intensa mecanización. La dictadura agravó no solo la desigualdad social sino que provocó la expulsión de enormes contingentes campesinos de las tierras que trabajaban.

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Sin embargo, a comienzos de los ochenta con el fin de la dictadura retornó también el conflicto abierto en el campo y una vez más la lucha de los Sin Tierra motorizó la pelea por la reforma agraria, en un contexto de desempleo gravitante. El MST fundado en 1984, [1] en el estado de Paraná, se había convertido en la principal organización campesina, que llamaba a la ocupación de tierras (“Ocupar, resistir, producir”), los acampes, caravanas, enfrentando amenazas y los ataques de los grandes latifundistas de la Unión Democrática Ruralista (UDR) que ya en 1988 representaban casi la mitad del Congreso nacional. Decisiva en el golpe institucional de 2016 contra Dilma Rousseff (PT), la fuerza de este grupo reaccionario no ha disminuido desde entonces frente a todos los gobiernos que le siguieron.

La instalación de la Nueva República y la Constitución de 1988 reconocieron formalmente la reforma agraria sin afectar la estructura atrasada y excluyente del país, asegurando la protección del latifundio. Bajo la presidencia de José Sarney, antiguo presidente del partido de la dictadura (ARENA) y representante de las oligarquías del Norte, el Plan Nacional de Reforma Agraria resultó un fracaso. Durante el gobierno de Fernando Collor, su promesa de lograr el asentamiento de 500 mil familias fue tan efímera como su gestión.

Su sucesor, Fernando Henrique Cardoso, eligió como aliado al agronegocio. Durante sus mandatos (1995-2002) en un contexto internacional favorable, construyó un consenso que unió los intereses del gran capital agroindustrial y el latifundio con los del capital financiero y las multinacionales, para aprovechar el potencial de negocios que ofrecía la demanda mundial de commodities. La fórmula que lo consagró presidente presagiaba ya esta articulación.

Vicepresidente en los dos mandatos, Marco Maciel del Partido Frente Liberal (PFL), desde siempre un firme partidario del golpe militar y representante del núcleo dirigente de las grandes familias terratenientes más tradicionales. Fue la traducción en términos políticos de este consenso de clase, alineando al PFL, al PMDB, al PSDB, PPB y un sector del PTB, que logró superar las divisiones a su interior y regionales e impuso una nueva hegemonía que, como señalara el sociólogo Francisco de Oliveira, no se había logrado desde la “Revolución de 1930” de Getulio Vargas.

“Brasil olvidó que, de hecho, la agricultura es parte de este nuevo mundo. La agricultura no es el pasado, es el futuro” afirmaba el presidente, haciendo apología de la embestida conservadora en marcha para adecuar la histórica demanda de reforma agraria a las necesidades y la lógica de un mercado especulativo de tierras, aislar y derrotar la resistencia campesina, apostando al desarrollo de un sector medio rural de rentistas agrarios, arrendatarios y pequeños agricultores que se convirtieron en un factor de estabilización de la larvada guerra civil campesina que asoma desde la formación burguesa del país.

Surfeando en la ola del Consenso de Washington, Fernando Henrique Cardoso contó con el respaldo financiero del Banco Mundial. Sobre la base del otorgamiento de créditos (Programa Cédula da Terra, Programa de Acesso Direto à Terra, Programa de Crédito para los Asentados, Programa de Crédito para la Agricultura Familiar, Banco da Terra) el sector de agricultores que tenían poco o nada de tierras se endeudó para adquirirlas o acceder a equipamientos, asociándose en empresas y unidades familiares. En paralelo, al tiempo que la criminalización contra las ocupaciones nunca se detuvo, el gobierno buscó la desmovilización ampliando el reconocimiento de los asentamientos mayormente del Norte y Nordeste que ya habían sido conquistados antes por los Sin Tierra.

Con la Reforma se eliminaba la política de expropiaciones de tierras y pago de la tierra con títulos de la deuda pública y como analiza Diego Piñeiro en En busca de la identidad. La acción colectiva en los conflictos agrarios de América Latina, “con ello el carácter punitivo que ésta tenía por el uso improductivo de la tierra como bien social. La tierra ahora se les compra a los propietarios que la quisieran vender, pagando con dinero en efectivo”. Para los grandes ruralistas representó de conjunto una oportunidad de evitar cuestionamientos al carácter improductivo de sus tierras y les abrió el camino para integrarse como socios menores de las grandes inversiones de corporaciones multinacionales, como Monsanto o Cargill, consagrarse al monocultivo para la exportación a gran escala de soja y de caña de azúcar y la venta o la producción por arrendamiento de tierra no solo a grandes pools sino a medianos y pequeños agricultores, organizados en unidades familiares y cooperativas, sometidos a la esclavitud del endeudamiento y una severa autoexplotación.

La política agraria de FHC fue un punto de inflexión. Sentó las bases institucionales, legales y económicas para el boom del agronegocio que creció exponencialmente desde entonces. La agroindustria es responsable de más de una cuarta parte del PIB y no parece detenerse, atraviesa todo el país: desde el norte en el estado de Roraima; alcanza a la metropolitana San Pablo; Paraná y Mina Gerais al sur; y en el centro oeste, Mato Grosso y Mato Grosso do Sul. Brasil pasó a ser el primer productor de alimentos del mundo, incluso el Anuario Estadístico de la Agricultura Familiar 2023 da una dimensión de su peso considerando que “si todos los agricultores familiares de Brasil formaran un país, sería el octavo mayor productor de alimentos del mundo”. Sin embargo, ninguno de los procesos de industrialización que la burguesía brasileña puso en marcha a lo largo de su historia tuvo como norte resolver las necesidades de las inmensas mayorías populares, ni siquiera de su mercado interno. Las “virtudes” de la revolución agraria que promovió FHC transformó a Brasil en un país de superproducción de alimentos conviviendo con niveles de pobreza y dificultades para alimentarse de millones de brasileños (más de 60 millones entre 2019 y 2021 y 15 millones sufrieron hambre según FAO).

Una alianza poderosa

La lucha actual de los Sin Tierra debe entenderse a la luz de la historia reciente del país. La emergencia de la experiencia laborista (PT) de finales de los setenta se convirtió en una referencia para gran parte de los trabajadores urbanos y rurales. Junto con ella se fue imponiendo en las décadas del ochenta y noventa el “modo petista” de interpretar y actuar en la realidad brasileña, es decir la contención de los conflictos por la vía de la institucionalización, con la integración al régimen político en el marco del Estado burgués. El MST, próximo al Partido de los Trabajadores, fue reorientando su política, vinculado cada vez más a una base de pequeños agricultores que cultivan pequeñas parcelas y organizan sus propias cooperativas en los asentamientos, sin enfrentar al agronegocio, promoviendo experiencias de autogestión productivas, sociales y educativas.

Casi tres décadas después de Eldorado dos Carajás, Brasil se ha convertido en un país con uno de los índices de concentración de tierras más desiguales del mundo. Aún hoy un puñado de propietarios latifundistas controlan más del 50% del área cultivable del país. El devenir de la lucha de los campesinos y sin tierra brasileños ha demostrado que una verdadera reforma agraria y la solución efectiva de sus demandas es incompatible con la persistencia del latifundio y todo lo que ello implica. Los modelos de revolución agrícola que han promovido las burguesías nacionales en el continente son una prueba de ello. Las demandas del campesinado pobre y los sin tierra encontrarán en las y los trabajadores del campo y la ciudad, por el rol que ocupan en la producción de toda la riqueza social, a su principal aliado y fuerza dirigente para enfrentar la precarización y miseria que ofrecen los negocios de las burguesía industrial y del agro, socias del capital financiero y las multinacionales.