Fuerzas Armadas. A 34 años: ¿qué fue el levantamiento carapintada de 1987?

El primer levantamiento carapintada se dio en el transcurso de la Semana Santa de 1987. Comenzó el 16 de abril. Los militares reclamaban mayor impunidad de la obtenida hasta ese momento del gobierno de Raúl Alfonsín. Ya habían logrado que se redujeran las condenas a la cúpula militar procesadas en el Juicio a las Juntas. También, la promulgación de la Ley 23.492 de Punto Final, que establecía el fin de los juicios a todos aquellos que, a excepción de los responsables de secuestros de recién nacidos, no fueran llamados a declarar "antes de los sesenta días corridos” a partir de la fecha de su promulgación.

La avalancha de denuncias presentadas por sobrevivientes y familiares de los desaparecidos contra oficiales de alto mando y militares genocidas, provocó el primer levantamiento carapintada en búsqueda de impunidad y el fin de los juicios.

El régimen en auxilio a las Fuerzas Armadas

Raúl Alfonsín asumió prometiendo que con la “democracia, se come, se cura y se educa”. También, en campaña, prometió juzgar a los militares y desconocer la ley de autoamnistía que promulgó el gobierno de facto antes de entregar el poder. Esta era una promesa contraria a la del candidato del Partido Justicialista, Ítalo Luder -quien representaba la continuidad del gobierno de Isabel Perón y la Triple A-, que había prometido respetar dicha ley. Esto lo llevó a perder las elecciones de octubre de 1983.

Sin embargo, el gobierno de Alfonsín se erigió sobre la continuidad del régimen de facto. El aparato del Estado estaba en manos de quienes habían promovido el golpe y fueron cómplices y garantes del genocidio: la clase empresaria, la mayoría de los miembros del Poder Judicial y eclesiástico, las fuerzas de seguridad -que fueron parte de los crímenes de lesa humanidad-. En tanto las cúpulas de las Fuerzas Armadas, estaban ocupadas por los protagonistas del genocidio.

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Asimismo, la tarea que tenían los partidos burgueses, era recomponer el brazo armado del Estado. Con este objetivo, a días de su asunción Alfonsín decretó el juzgamiento de las Juntas Militares que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas. Con la lectura de la sentencia, en diciembre de 1985, quedaba en evidencia que el verdadero propósito del Poder Judicial -y del régimen político- no era enviar a los genocidas a la cárcel, sino dar signos de recomposición institucional, limpiar su imagen y la de las Fuerzas Armadas, y dar los primeros pasos hacia el “punto final”.

El gobierno de Alfonsín puso en pie la Conadep, que se limitaba a reunir información sobre la identidad de los desaparecidos en base a denuncias y testimonios de sobrevivientes, pero desestimó la investigación de los asesinatos cometidos por la Triple A durante el gobierno de Perón e Isabel. En su informe final, condenó por igual los crímenes de Estado que los llevados adelante por las organizaciones armadas.

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Bajo la teoría de los dos demonios, firmó el decreto 157/83, por el cual se declaraba la prosecución penal contra integrantes de grupos armados, entre ellos Montoneros. Promulgó otras leyes vinculadas al periodo de los años 70: en mayo de 1984 se sancionó la ley 23.062, que garantizó la impunidad de los representantes del Partido Justicialista que comandaron la Triple A, exceptuando con ella a figuras emblemáticas como la ex presidenta María Estela Martínez de Perón.

Estos son los antecedentes que precedieron al levantamiento militar en las jornadas de Semana Santa de 1987. Así como el reclamo de juicio y castigo a los culpables, que seguía tan vigente como a la salida de la dictadura.

La casa está en orden

La crisis comenzó el 14 de abril de 1987, cuando el Mayor Barreiro se negó a presentarse ante la justicia. Esto fue acompañado por la sublevación de la guarnición del Tercer Cuerpo de Ejército en Córdoba. Sin embargo, el núcleo de la rebelión se trasladó a Campo de Mayo donde Aldo Rico se convirtió en el portavoz de los carapintadas. Este levantamiento militar provocó una crisis política extraordinaria que desató una gran movilización popular, que apuntó contra las Fuerzas Armadas y puso en cuestión la “primavera democrática” alfonsinista.

En la Ciudad de Buenos Aires, las movilizaciones fueron creciendo desde el Jueves Santo hasta llegar al Domingo de Pascuas. Miles se manifestaron en las puertas de Campo de Mayo al canto de “si se atreven, les quemamos los cuarteles”.

En tanto, el jefe de las “tropas leales”, el general Ernesto Alais, demoró su llegada a Campo de Mayo -se detuvo en Zárate- para garantizar las acciones de la jefatura de la sublevación. Años más tarde, Alais fue condenado por crímenes de lesa humanidad, cometidos durante la última dictadura militar.

No obstante, nuevamente el radicalismo opta por el camino de pactar con los militares y desmovilizar a amplios sectores populares que querían pelear contra los carapintadas. No estaban solos. El Partido Justicialista y la CGT jugaron su rol infame. Acompañaron la política alfonsinista de pactar con los militares. La CGT llamaba a un paro general, recién para el lunes siguiente, cuando estaba planteado -la movilizaciones en todo el país lo demostraba-, llamar a la huelga general desde el mismo momento del alzamiento. Esto podría haber derrotado a los carapintadas y a los militares que secretamente los secundaban.

Finalmente, el Domingo de Pascuas, Alfonsín se traslada a Campo de Mayo y pacta con los amotinados mayor impunidad. Cuando regresa, desde el balcón de la Casa Rosada, rodeado por dirigentes de su partido y de la oposición, se dirige a los manifestantes y pronuncia un discurso, en el que llamó “héroes de Malvinas a los sublevados”. Además, sostuvo: “Para evitar derramamientos de sangre di instrucciones a los mandos del Ejército para que no se procediera a la represión. Y hoy podemos dar todos gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Le pido al pueblo que ha ingresado a la Plaza de Mayo que vuelva a sus casas a besar a sus hijos y a celebrar las Pascuas en paz en la Argentina”.

La CGT, los dirigentes empresarios, la UCR, el peronismo, el Partido Comunista y la mayoría de los partidos políticos del régimen firmaron el Acta del Compromiso Democrático, donde se concede el reclamo carapintada: “el debido reconocimiento de los niveles de responsabilidad de las conductas y hechos del pasado”. No firmaron el acta el viejo MAS, el Partido Obrero y las Madres de Plaza de Mayo, que denunciaron la capitulación.

El acta fue presentada como una victoria de la democracia, gracias al apoyo que recibió Alfonsín para desmovilizar a los manifestantes y pactar mayor impunidad con los militares. Este antecedente facilitó la votación, en junio de ese año, de la ley de Obediencia Debida, que garantizaba la impunidad de la mayoría de los represores.

Los exculpaba bajo el nefasto discurso de “haber obrado en estado de coerción bajo subordinación a la autoridad superior y en cumplimiento de órdenes de sus superiores”.

Desde entonces, el radicalismo y todos los garantes de este pacto justifican haber firmado el acta acuerdo, para evitar un nuevo golpe militar. Cínicamente, a pesar de las importantes movilizaciones, sostuvieron que no había fuerza en la sociedad para detenerlo.

Pero el viejo Partido Militar estaba muy debilitado. Por un lado, las masas lo repudiaban por los crímenes genocidas y la capitulación en la Guerra de Malvinas. Por otro lado, el imperialismo yanqui -a quien siempre sirvieron los militares- le retiró el apoyo por haber “osado” enfrentar al imperialismo inglés. No era eso lo que se esperaba de las Fuerzas Armadas en un país semicolonial, sino la más absoluta subordinación.

Semana Santa de 1987 mostró con claridad el pacto de impunidad entre las Fuerzas Armadas y el conjunto del régimen político. Más tarde, durante la hiperinflación de 1989, comenzó a erosionarse las ilusiones de que con la “democracia se come, se cura y se educa”. Alfonsín dejó el gobierno y Carlos Menem asumió anticipadamente.