Uruguay. A 40 años del Pacto del Club Naval

El golpe de junio de 1973, encabezado por Juan María Bordaberry, dio comienzo a la dictadura cívico militar en el país cuyo objetivo fue derrotar la experiencia de organización y lucha de la vanguardia obrera y popular y avanzar en la subordinación del país al imperialismo. Eran los tiempos en los que la política represiva se legalizaba bajo la “Doctrina de Seguridad Nacional” con la que EEUU entrenó y preparó a las FFAA continentales para enfrentar la “amenaza comunista internacional”.

No por azar el golpe contó con el apoyo de las grandes cámaras empresariales extranjeras y nacionales como la Asociación Rural del Uruguay, la Federación Rural, la Cámara de Comercio, la Asociación de Bancos y la Cámara de Industrias. El golpe de junio, resistido con una huelga de 15 días, traicionada por el Partido Comunista, se consolidó desde el momento en que logró derrotar a la resistencia obrera, entrando el país en el largo periodo dictatorial.

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El intento de “apertura” a la chilena

Desde finales de 1978 como parte de las transiciones latinoamericanas promovidas por EEUU, como vía para desviar los procesos de movilización contra los regímenes dictatoriales, los militares uruguayos pretendieron asumir la apertura a la democracia burguesa siguiendo la vía chilena que, de forma plebiscitaria había logrado la aprobación de la Constitución de 1980 y la permanencia de Pinochet en su cargo. De este modo, con el propósito de legitimarse con el voto popular, los militares convocan a un plebiscito en 1980 para reformar la Constitución cuya esencia habilitara la tutela directa de las FFAA en el orden político posdictadura.

El proyecto de reforma constitucional proponía el llamado a elecciones, con candidatos únicos avalados por las FFAA; se ratificaban todos los decretos constitucionales emitidos hasta marzo de 1982 y se institucionalizaba al Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) en temas de “seguridad nacional”, la misma institución creada por Bodaberry y los militares golpistas en febrero de 1973, que había encubierto y avalado las detenciones y asesinatos del gobierno militar en el marco del Plan Cóndor. Iba acompañada de una serie de proyectos sobre el sistema de partidos, a los que se los reconocía “como intermediarios entre el ciudadano y el Estado”, una vez depurados sus elencos dirigentes.

Sin embargo el plebiscito fue derrotado con el 57% de los votos negativos frente al 43% partidario de reformarla, provocando un debilitamiento de la desgastada dictadura que comenzaba a enfrentar un movimiento democrático por el fin del gobierno militar.

A partir de aquí se intenta implementar una salida pactada que incluye acordar un calendario electoral. En primer lugar se abrió una mesa de diálogo entre la dictadura y algunos partidos políticos (el Partido Colorado, el Partido Nacional y la Unión Cívica) en julio de 1981, que desembocó en la celebración de las elecciones internas de los partidos políticos (se acordó con la dictadura un “estatuto de los partidos políticos”), celebrada el 28 de noviembre de 1982 con muchas restricciones, por ejemplo sin la participación del Frente Amplio por estar proscripto. Estas elecciones fueron una última carta que se jugaron los militares, donde de nuevo resultaron derrotados, ya que en la interna de cada partido triunfaron las alas opositoras a la dictadura. Este resultado aceleró los tiempos y aumentó la crisis del régimen dictatorial, obligado ahora a encontrar acuerdos de forma más rápida.

A su vez también significó el cambio en el modelo de transición que se fue imponiendo, teniendo más semejanza ahora al modelo español del Pacto de la Moncloa. [1]

El resultado del plebiscito también favoreció la emergencia de un nuevo activismo y amplió la movilización social, ganando protagonismo organizaciones de DDHH, sindicales y estudiantiles creando un frente social contra la dictadura y que estaba integrado principalmente por la Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública (ASCEEP), la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) y el Servicio Paz y Justicia Uruguay (Serpaj). En este marco merece destacarse que el Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT) realiza una histórica concentración masiva con motivo del 1º de mayo de 1983.

En este periodo se da un ascenso de luchas, con el desarrollo de diversas huelgas y luchas obreras, el cacerolazo (y apagón general) contra la dictadura la noche del 25 de agosto de 1983; la semana del estudiante organizada por Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Educación Pública (ASCEEP); la marcha del 9 de noviembre por la avenida 18 de Julio del PIT, reprimida y en el que se testimonian importantes enfrentamientos callejeros con las fuerzas de seguridad, y finalmente el que fuera el mayor acto opositor reuniendo cerca de 400.000 personas, organizado por la Interpartidaria y la intersectorial en los alrededores del Obelisco de Montevideo bajo la consigna “Por un Uruguay democrático y sin exclusiones”.

Si bien los militares no perdieron el control de las calles y se incrementaban las acciones opositoras de los partidos políticos al servicio de negociar las condiciones de retirada de la dictadura, al movimiento democrático se sumaba el descontento generado por la política económica y social del gobierno, que va perdiendo apoyo en sectores del “establishment” económico, temerosos de un escenario de inestabilidad, presionan por imponer un nuevo rumbo a la transición pactada, e incluso participaban a través de las cámaras empresariales en instancias opositoras como la Conapro.

El Pacto de la transición

El ascenso de luchas que se dan con mayor fuerza desde 1983, con el gran pilar de la movilización de masas del 1 de mayo de ese mismo año, termina de definir la decisión de las elites político-sociales. A partir de ese momento se buscará desplazar el protagonismo que estaba teniendo la clase trabajadora y las organizaciones sociales por el de los partidos. Las derrotas de las huelgas duras de principios de 1984, serán el punto de partida para el protagonismo definitivo de los partidos del futuro régimen. En el ya mencionado acto conocido popularmente como el “Río de libertad” de noviembre de 1984, las demandas obreras quedarán a un lado y se expresará en el mismo la agenda de los partidos políticos.

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La firma de las “Bases para la transición", conocido como Pacto del Club Naval en agosto de 1984, fue el primer paso de esta nueva estrategia militar. “El no revisionismo constituye un objetivo irreductible de las Fuerzas Armadas”, señalaba el memorándum elaborado por el Departamento I del Servicio de Información de Defensa (SID), que establecía las condiciones que debían imponerse en las negociaciones con los representantes de los partidos políticos para la salida pactada concretada solo unos meses más tarde en el Club Naval. Si bien no se conoce su contenido, porque permaneció hasta hoy en su caracter de secreto, se infiere que una de las principales exigencias de la dictadura era garantizar la impunidad de los represores a cambio de entregar el poder a los partidos políticos.

El Pacto representó un punto de inflexión en la transición negociada entre las FFAA y los partidos tradicionales que abarcó desde el histórico Partido Colorado, la Unión Cívica y el más joven Frente Amplio, hegemonizado por el influyente Partido Comunista, dador de legitimidad desde el arco de la izquierda.

No era el primer gesto de colaboración del Frente Amplio con la transición burguesa. Desde la liberación en marzo de 1984 de Líber Seregni, uno de sus principales referentes y fundadores, el Frente Amplio daba muestras de jugar a la estabilización e integración al nuevo régimen político. “La Patria marcha a la reconquista de la democracia. En ese camino está. Todos nuestros esfuerzos para facilitar esa marcha y para alcanzar la libertad y el total ejercicio de la democracia. Por eso compañeros, pedía recién a ustedes: ni una sola palabra negativa, ni una sola consigna negativa (...) para poder transitar efectivamente los caminos a la recuperación de la democracia es la pacificación de los espíritus, la pacificación nacional”, declaraba Seregni apenas liberado desde su balcón aportando a la reconciliación que necesitaban las Fuerzas Armadas.

Como decíamos más arriba, el Pacto del Club Naval contempló como eje la impunidad, impidiendo el juzgamiento a los militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos cometidos entre 1973 y 1985 y definía la convocatoria a elecciones, que se realizaron tres meses más tarde. Es decir, las condiciones básicas del proceso de apertura y del repliegue negociado que se prolongaría por casi una década. “Cualquiera sea el juicio, simpatía o antipatía, que se sienta por sus protagonistas, lo cierto es que a través de ese acuerdo hicimos un tránsito que difícilmente ocurre en general de forma incruenta” escribían nostálgicos, en diciembre de 1986, sus defensores del Partido Colorado, en el influyente semanario uruguayo Jaque

El Pacto además garantizó la continuidad de la cúpula castrense, heredando el nuevo régimen burgués los mandos militares de la dictadura y, como señala la socióloga María del Carmen Appratto, una amplia autonomía sí se considera que sus artículos permiten los ascensos y la designación de los comandantes de las Fuerzas Armadas sin la venia del Senado.

Este segundo momento de la transición que habilita el Pacto quedó sellado con la realización de las elecciones de 1984, bajo proscripción de políticos como el mismo Líber Seregni o Ferreira Aldunate del Partido Nacional, que consagraron el triunfo del ferviente pactista Julio Sanguinetti del Partido Colorado. El nuevo presidente tomó la iniciativa e impulsó con el Partido Nacional la llamada “Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”, para cerrar toda brecha política posible del pacto heredado y contara además con la legitimidad del nuevo régimen democrático.

Una ley de amnistía que protege a los policías y militares que cometieron crímenes durante la dictadura aprobada en diciembre de 1986, por el parlamento burgués primero y luego en el referéndum nacional que refrendaba su anulación en abril de 1989. Junto al de 2009, estos referéndums nacionales sirvieron como instrumento de desvío de las luchas por la verdad y la justicia, sacándolas de las calles apostando a confiar en los mecanismos del régimen.

Las transiciones latinoamericanas de los años ochenta intentaron poner en construcción nuevas formas de dominación social que combinaron la recuperación de la institucionalidad burguesa, la inserción legitimada de las FFAA (la violencia organizada del Estado burgués) y la viabilidad de nuevos sistema de partidos, vinculado a instancias plebiscitarias o electorales, predominando los acuerdos y pactos multipartidarios. La transición negociada hacia la democracia burguesa en Uruguay, tuvo como rasgo destacado el pactismo de todo el arco político incluyendo el aval del Frente Amplio, dio como resultado la legitimación de un nuevo régimen (acordado con los militares) que afianzó el neoliberalismo y profundizó la subordinación del país al imperialismo.

Impunidad ayer y hoy

La impunidad pactada a la salida de la dictadura fue acompañada por una política de reconciliación con las FFAA sostenida por todos los gobiernos posteriores, incluidos los del Frente Amplio que mantuvieron las leyes de amnistía teniendo bajo sus gobiernos mayorías parlamentarias para anularlas. Apenas en el año 2011 votaron la débil ley N° 18.831 que buscaba “el reestablecimiento para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado”, pero en los hechos significó una “solución” que quedó al arbitrio de la Suprema Corte de Justicia, dando como resultado un proceso lento y dificultoso para avanzar en el juzgamiento de los crímenes de la dictadura. Recordar nada más el intento de Tabaré Vázquez durante su primera presidencia de fijar un día de celebración para la reconciliación (el “Nunca Más un hermano contra otro hermano”) o las declaraciones del mismo Mujica de no “pasarles por encima a dos referéndum” de 1989 y 2009.

La lucha por la verdad y la justicia va más allá de lo jurídico, se trata de una demanda profundamente política que cuestiona uno de los pilares centrales de esta democracia burguesa: la impunidad de las FFAA que orquestaron y llevaron adelante el golpe militar, garantes de los intereses de los grupos dominantes del país que lo promovieron. Y sí es necesario, lo volverán a hacer. Por eso la lucha por la verdad y la justicia no es asunto del pasado. En un contexto regional en el que las FFAA intentan ganar mayor presencia política, Uruguay no es la excepción. Se pone a la orden del día la pelea contra la impunidad, por llevar a la cárcel común y efectiva a los responsables de los asesinatos y crímenes cometidos por el terrorismo de Estado.