En dos artículos publicados recientemente en Ideas de Izquierda (aquí y aquí) buscamos reponer el papel determinante de la insurgencia de clase trabajadora y el movimiento de masas en la historia política argentina y debatimos una serie de conclusiones estratégicas del Cordobazo y la etapa revolucionaria de los 70 cerrada con el golpe militar del 76. En estas páginas nos enfocaremos en el período posterior a la dictadura con el surgimiento de un régimen político moldeado por aquella derrota y luego marcado por importantes procesos como las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, con el objetivo de indagar sobre las perspectivas estratégicas de la izquierda hoy.

El tiempo homogéneo y vacío del progreso mecánico, sin crisis ni rupturas, es un tiempo no político. Bajo estas coordenadas tomadas de Walter Benjamin, Daniel Bensaïd contraponía la visión de la historia del “progresismo” con aquella que inspiró a Lenin quien, por el contrario, pensaba la política como un tiempo poblado de batallas, crisis y rupturas. No hay forma de entender la historia en general y la argentina en particular si no es desde allí. Desde la caída de la última dictadura a esta parte vivimos la debacle hiperinflacionaria de 1989-91, el estallido de la convertibilidad en 2001 y nos situamos hoy, otra vez, frente a una crisis histórica. Todo este ciclo tuvo dos etapas. Una primera de ofensiva capitalista y retroceso del movimiento obrero y de masas. Luego las jornadas de diciembre de 2001, con la caída de De la Rúa, serán un punto de inflexión en la relación de fuerzas y el inicio de una segunda etapa de recomposición relativa de la clase obrera y de algunas de sus conquistas en el marco de la precarización y la pobreza crónica de amplios sectores de la población [1].

El capital imperialista y la burguesía local, en sus diferentes alas, tuvo una imposibilidad crónica de imponer un proyecto hegemónico estable; aquello que Fernando Rosso definió como “la hegemonía imposible”. Los períodos del menemismo y del kirchnerismo en los que se impuso algo cercano a la hegemonía se valieron, en ambos casos, de una crisis de origen, una reconfiguración de las relaciones de fuerza y un ciclo internacional favorable [2]. Ambos naufragaron cuando aquellas condiciones se agotaron. La última década de recambios políticos y “males menores” fue una expresión acabada de aquella imposibilidad hegemónica. El gobierno de Milei pretende romper el impasse y cambiar la relación de fuerzas para moldear un país a imagen y semejanza del capital financiero. Ante los enfrentamientos superiores de la lucha de clases que se avizoran en el escenario político, la pregunta sobre cómo derrotar el plan de guerra de Milei es inseparable de otro interrogante más estratégico: ¿y después qué? Para la izquierda ambas preguntas son fundamentales y están imbricadas. Abordarlas a fondo implica ahondar en las conclusiones de las principales encrucijadas de la historia reciente.

La decadencia de un régimen político surgido de la derrota

A la salida de la dictadura en 1983, la transición pactada entre los militares y la “multipartidaria” –con la UCR y el PJ a la cabeza– buscó presentarse como una discontinuidad absoluta entre la democracia burguesa emergente y la dictadura genocida, entre el nuevo “consenso” y la violencia fundante del neoliberalismo que nos llega hasta hoy. Aquel pacto fue más pérfido en tanto y en cuanto la dictadura estaba colapsando. Sus propias contradicciones internas habían sido fogueadas tanto por el movimiento democrático como por hechos de la lucha de clases, en especial desde 1979, que tuvieron el punto más alto con el paro general con movilizaciones y enfrentamientos de marzo de 1982. Su debacle final sobrevendría luego de la política aventurera que llevará a la derrota ante el imperialismo británico en la guerra de Malvinas. Este fue un elemento central en la configuración de lo que podríamos llamar “la democracia de la derrota” al afianzar el neoliberalismo y profundizar los rasgos semicoloniales del país. Una de las expresiones más evidentes de ello ha sido el estigma de la deuda y la intervención casi permanente del FMI.

Con el objetivo de profundizar aquella subordinación, el gobierno de Milei quiere avanzar hacia un régimen más autoritario concentrando los poderes en la figura presidencial a través de la delegación de facultades extraordinarias estipulada en la Ley Bases y acentuando su carácter represivo para impedir la movilización a través de la persecución policial y judicial. El ensayo realizado a partir de la movilización al Senado del 12J con acusaciones de “terrorismo” y detenciones al voleo viene fracasando producto del amplio repudio que cosechó en pocos días. Frente al intento bonapartista en curso, que busca cercenar las libertades democráticas, es necesaria la más amplia movilización. Ahora bien, esta lucha no se puede encarar seriamente separando, como se pretende desde el peronismo, estos combates democráticos del cuestionamiento a las bases neoliberales y semicoloniales de la democracia de la derrota, empezando por la ruptura con el FMI y el desconocimiento soberano de la deuda.

Se trata de un problema profundo, ya que la historia oficial de la “transición a la democracia” se basa, justamente, en aquella separación. A finales de los 70 y durante los 80 tuvo lugar un amplio proceso de absorción por parte de las clases dominantes de sectores que en los 70 adscribían a alguna variante de izquierda, expresión de aquello que Gramsci llamó “transformismo” [3]. Amplios sectores de la intelectualidad, con revistas como Controversia (1979-1981) y Punto de vista, el Club de Cultura Socialista o el “grupo esmeralda” –que le redactaba los discursos a Alfonsín– pasaron de sostener estrategias guerrilleras ligadas a Montoneros o al maoísmo en los 70, a abrazarse luego a una idea de “democracia” a secas esterilizada de cualquier contenido de clase. Esta operación fue fundamental para afianzar el arraigo del nuevo régimen entre las clases medias y sectores de la clase trabajadora. Otra consecuencia fue el abandono del antiimperialismo: la derrota en Malvinas aparecerá valorada positivamente como punto de quiebre de la dictadura que abrió paso a la democracia; Beatriz Sarlo fue y es, hasta el día de hoy, una de las mayores exponentes de esta tesis [4]. Era un espíritu de época. Ya a partir de la Revolución portuguesa (1974), el imperialismo había comenzado una política de “transiciones a la democracia” como vía para desviar y derrotar ascensos de masas contra regímenes dictatoriales [5].

Este clima de algún modo llegará a sectores de la izquierda trotskista [6]. En 1977, la corriente dirigida por Nahuel Moreno había caracterizado a aquella política del imperialismo como experimentos de “contrarrevolución democrática”, en los cuales las “transiciones a la democracia” eran la vía para evitar el triunfo de procesos revolucionarios e imponer los intereses imperialistas. Sin embargo, cuando aquella política comenzó a generalizarse entre finales de los 70 y principios de los 80, extendiéndose a América Latina, Moreno abandonó aquella idea y elaboró una teoría de la “revolución democrática” [7] que, aunque reivindicando la lucha por el socialismo en general, señalaba que frente a los “fascismos y regímenes contrarrevolucionarios” era necesaria “una revolución en el régimen político: destruir el fascismo para conquistar las libertades de la democracia burguesa, aunque fuera en el terreno de los regímenes políticos de la burguesía, del Estado burgués” [8]. Consecuente con esto, concluía que: “no es obligatorio que sea la clase obrera y un partido marxista revolucionario el que dirija el proceso de la revolución democrática hacia la revolución socialista...” [9]. Bajo estas coordenadas sostendría que en la Argentina había tenido lugar una revolución democrática triunfante.

Con estos fundamentos se desarrolló la principal organización de la izquierda trotskista de la década de 1980, el Movimiento al Socialismo (MAS). Sin embargo, aquellas bases se demostraron endebles frente a la crisis de 1989-1991, una de las más grandes de los últimos 40 años. En aquel entonces se sucedieron importantes luchas contra las reformas neoliberales y las privatizaciones (ferroviarios, telefónicos, etc.) aisladas por la burocracia sindical y derrotadas una a una, con importantes excepciones, como Astilleros Río Santiago. El punto más alto de movilización del MAS coincidió con el momento de su adaptación política al régimen con la llamada “plaza del No” a Menem del 1.° de mayo de 1990 [10]. Junto con el PC movilizaron alrededor de 50.000 personas a Plaza de Mayo en una especie de acto político-electoral bajo el programa más breve de la historia de la izquierda mundial: “No”. La ausencia de programa iba de la mano del gesto de dejarle una silla vacía en el acto al burócrata Saúl Ubaldini, por ese entonces catalogado de “combativo”, pero que dejaría pasar todo el plan privatizador de Menem sin un paro general hasta finales de 1992. Este acto resumía la política del MAS en aquellos años.

A nivel internacional comenzaban tiempos hostiles para la izquierda revolucionaria. Para finales de los 80 y principios de los 90, la burocracia de los Partidos Comunistas de aquellos Estados donde se había expropiado a la burguesía, como la URSS o China, se encontraba a la cabeza de la restauración capitalista [11]. La incapacidad del MAS de cuestionar los marcos de la democracia de la derrota fue de la mano de una deriva electoralista que lo encontrará, por esos mismos años, en un frente electoral con el Partido Comunista argentino. En 1985 será el Frente del Pueblo (FrePu), que romperá en 1987 cuando el PC firme el “Acta de Compromiso Democrático” [12]. Pero luego conformará Izquierda Unida (IU) con el PC, que se presentará encabezado por el demócrata-cristiano Néstor Vicente en las elecciones de 1989. Bajo el argumento de que era “un frente obrero” [13] en el terreno electoral, la dirección del MAS había hecho una alianza cuyo programa postulaba la lucha por “una democracia auténtica”, mientras le lavaba la cara al stalinismo criollo en simultáneo a la caída del Muro de Berlín. El PTS se fundaría contra esta orientación, primero siendo una fracción del MAS y, luego de su expulsión, constituyéndose como organización independiente en 1988.

Lo cierto es que la extensión de regímenes democrático-burgueses a la periferia capitalista durante aquellos años vino de la mano del neoliberalismo, es decir, de una ofensiva imperialista a escala global. Contrariamente a la teoría de la “revolución democrática” de Moreno que tendía a separar la lucha por ciertas demandas democrático-formales como el sufragio universal de la resolución de los problemas democrático-estructurales como la opresión imperialista, lo que se profundizó fue la enorme imbricación entre ambas. Este era, justamente, uno de los puntos nodales de la teoría de la revolución permanente de Trotsky [14]. En los países de desarrollo capitalista atrasado las burguesías locales son incapaces de encabezar la lucha por la resolución íntegra y efectiva de los fines democráticos y la emancipación nacional debido a sus múltiples lazos con el imperialismo. Por eso el planteo de Trotsky era que solo una alianza de sectores populares encabezada por la clase trabajadora conducida por un partido revolucionario estaría en condiciones de llevarlos hasta el final afectando los intereses fundamentales de la burguesía “nacional” y poniendo a la orden del día objetivos propiamente socialistas.

Una confirmación de aquella subordinación de las burguesías locales al imperialismo de la que hablaba Trotsky es que, a excepción de la izquierda, al día de hoy no hay ninguna fuerza política en Argentina, incluso entre aquellos sectores del peronismo que se referencian en la burguesía “nacional”, que se planteé la ruptura con el FMI y el desconocimiento soberano de la deuda. El propio kirchnerismo nunca cuestionó realmente las bases de la estructura dependiente y neoliberal (precarización, pobreza crónica, deuda, modelo extractivista, etc.), a lo sumo se propuso “regularlas” para atenuar sus consecuencias (planes sociales, subsidios a los servicios públicos, etc.); a esto se redujo el “Estado presente”. El gran logro de las clases dominantes desde la transición posdictadura fue sellar la escisión entre la lucha por las libertades democráticas y las reivindicaciones sectoriales de cada movimiento, por un lado, y el cuestionamiento a las bases económico-sociales que había legado la dictadura, por el otro. La gran operación de Milei es cuestionar esta hipócrita separación por derecha para plantear que las libertades democráticas y las conquistas de los movimientos son la causa de la decadencia nacional, el lastre que impide a la estructura neoliberal y dependiente desplegar toda su potencialidad.

Por eso hoy, más que nunca, para combatir realmente a la derecha es indispensable cuestionar aquella separación por izquierda. Solo con la liquidación de las bases neoliberales y de la dependencia semicolonial del país se pueden realizar íntegra y efectivamente los fines democráticos. Ninguna fuerza burguesa, por más “progresista” o “democrática” que sea en los papeles, está en condiciones de llevar adelante esta tarea. De allí que el problema estratégico es que un programa de salida a la crisis en favor de los intereses del pueblo trabajador solo puede ser impuesto por un gobierno de las y los trabajadores basado en la organización democrática del pueblo trabajador, sin burócratas, partiendo de sus lugares de trabajo y vivienda, sumando a los profesionales y cuentapropistas que no exploten trabajo asalariado, a las y los estudiantes desde sus lugares de estudio, a los pueblos originarios y otros sectores oprimidos. Y en este sentido, la pregunta que sigue es el cómo realizar esta perspectiva.

El 2001: la diferencia entre revuelta y revolución

En diciembre de 2001, por primera vez en la historia argentina, un gobierno elegido por el sufragio universal es derrocado no por un golpe militar sino por la acción directa de masas. Lo que sucedió en aquellas jornadas fue más que una movilización pero menos que una insurrección. Los desocupados y masas empobrecidas marcharon sobre los hipermercados en busca de alimentos, las clases medias hicieron “cacerolazos” y marchas contra los bancos, y una amplia vanguardia juvenil protagonizó enfrentamientos con la policía. Todos ellos irrumpieron simultáneamente. Fueron jornadas revolucionarias en las que se produjo una insubordinación generalizada de todas las clases explotadas y oprimidas donde las direcciones oficiales fueron desbordadas. La acción histórica independiente del movimiento de masas puso por encima de la “legalidad” del aparato estatal la “justicia” de sus reivindicaciones (pan, trabajo, devolución de los ahorros confiscados, repudio a la dirigencia política burguesa, etc.).

Los días previos al miércoles 19 estallaron saqueos protagonizados por los desocupados y los habitantes de las barriadas pobres en once provincias, incluido el Gran Buenos Aires. La irrupción de los pobres urbanos terminó acicateando un clima de insubordinación general y ruptura de la legalidad burguesa. Inmediatamente después del discurso en cadena nacional de De la Rúa, donde declaró el “estado de sitio”, estalló un “cacerolazo” con epicentro en la ciudad de Buenos Aires. Se encendieron centenares de fogatas en esquinas de la ciudad y una marea humana se congregó en las calles desafiando abiertamente al gobierno que desató la represión en Plaza de Mayo. El jueves 20 los combates se trasladaron a las arterias de la Plaza: Avenida de Mayo, diagonal Norte y Sur, en las cuales se desarrolló una especie de “guerra de guerrillas” durante toda la jornada. El centro de la ciudad se transformó en una zona de combate regada de piedras, envuelta en nubes de gases lacrimógenos, tachos de basura prendidos fuego, barricadas improvisadas, entidades bancarias incendiadas, etc. También se desarrollaron enfrentamientos en otras ciudades del país, como Rosario, Córdoba, entre otras. A las 19 horas De la Rúa renunció y se fugó en helicóptero.

Hace dos décadas que las jornadas de diciembre de 2001 son una presencia espectral permanente de la política argentina. Aun al día de hoy movilizan imaginarios y condicionan decisiones estratégicas. La izquierda obviamente no es la excepción. Las diferentes miradas del 2001 son parte integral de la hipótesis a futuro. La mayoría de la izquierda trotskista sostuvo que fue una revolución. Para el MST se trató de una “revolución popular” triunfante. El Partido Obrero caracterizó que fue más que una revolución popular porque la clase obrera habría jugado un papel dirigente, y llegó al extremo de afirmar que un pequeño grupo como era el PO había cumplido un papel decisivo. La idea de que cuanto más “roja” es la caracterización más de izquierda es la organización que la hace, es un viejo karma de la izquierda –ya vimos cómo Moreno hablaba en la transición de una “revolución democrática” triunfante– que llevó a todo tipo de desorientaciones. Pero de fondo lo que hay es una discusión estratégica sobre las vías para el triunfo de una revolución, el papel de la clase trabajadora y de un partido revolucionario.

A diferencia de semiinsurrecciones como el Cordobazo, donde la clase obrera y los estudiantes intervinieron con sus organizaciones y derrotaron a las fuerzas represivas, en la batalla que tuvo lugar en la Plaza de Mayo el 20 de diciembre prácticamente no hubo organización y se centró en el hostigamiento con piedras por parte de los manifestantes. La victoria fue esencialmente política, es decir, la policía no fue derrotada en las calles pero se logró la caída de De la Rúa. Este límite marcaría un curso al proceso muy diferente al de los 70 luego del Cordobazo. La burocracia de las dos CGT (la “disidente” de Hugo Moyano, cuyo programa era la devaluación, y la “oficial” de Rodolfo Daer) impidió que los trabajadores impusieran su impronta al declarar recién el jueves 20 al mediodía un tardío paro general a partir del viernes, que luego sería levantado. Por su parte, la CTA, que había sido uno de los puntales en el surgimiento de la Alianza que llevaría al gobierno a De la Rúa, llegó al colmo de suspender una movilización piquetera ya convocada para el 20, entre la FTV-CTA y la CCC, esgrimiendo la “ausencia de condiciones” políticas.

Si comparamos el 2001 con los procesos más recientes de revueltas que se dieron en diferentes países [15] podemos ver algunos rasgos comunes. Entre ellos, la irrupción de las masas mayormente atomizadas (en tanto “ciudadanos”) y desorganizadas por la defección de la burocracia de las organizaciones de masas. En el caso del movimiento obrero ocupado, esto le impidió desplegar la fuerza de sus posiciones estratégicas en el transporte, la industria, los servicios esenciales, etc., con sus propios métodos, como la huelga general. Se aprovecharon de que la clase obrera venía muy golpeada del menemismo, con un amplio sector precarizado y sin siquiera gimnasia sindical. En esta ausencia se sustentaron las maniobras del régimen para dividir al movimiento entre sectores “legítimos” e “ilegítimos”. En el 2001 aquella operación –a la que apuntaba el “estado de sitio”– fracasó en un primer momento por la unidad entre “piquete y cacerola”. Se pusieron en pie asambleas populares –con impronta de las clases medias urbanas–, se extendieron los movimientos piqueteros combativos y se desarrolló el proceso de ocupación de fábricas; entre sus símbolos estarían Brukman y Zanon. Sin embargo, la ausencia de intervención independiente y hegemónica del movimiento obrero como tal marcó la precariedad de la articulación de los diferentes movimientos y fue determinante para la resolución burguesa “por arriba” de la crisis. Se impuso el sector que propiciaba la salida devaluatoria (exportadores y grupos empresarios basados en el mercado interno) sobre el ala que pretendía dolarizar (grandes bancos privados, empresas privatizadas, etc.).

Luego de la caída de cinco presidentes, el peronismo pudo afirmarse como “partido del orden” con la llegada de Duhalde a la presidencia el 2 de enero de 2002 (votado por una Asamblea Legislativa). Duhalde pasó la factura de la crisis a los trabajadores con una megadevaluación que licuó casi un 30 % el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones, el desempleo se disparó hasta el 20 % y la pobreza llegó al 57 %. En el marco de la tregua de la burocracia sindical, el gobierno pudo imponer la división del “piquete y cacerola” mediante una combinación de canalización de determinadas demandas (extensión masiva de los planes sociales y devolución de parte de los ahorros vía judicial) y represión (asesinato de Kosteki y Santillán en el Puente Pueyrredón; desalojo de la textil Brukman con represión por toda la zona de Once de CABA). Luego de la represión en Puente Pueyrredón, Duhalde se vio obligado a adelantar las elecciones para abril de 2003, aunque logró imponer a su candidato, Néstor Kirchner. Se iniciaría un nuevo momento del peronismo como “partido de la contención” sobre la base de “la obra” duhaldista y el repunte de la economía con el excepcional boom internacional de las commodities.

De este modo, el proceso abierto por las jornadas revolucionarias de 2001 dejó planteadas dos cuestiones fundamentales. Por un lado, fue y sigue siendo un mentís a la lógica del “mal menor” que se impuso en los últimos años, según la cual no quedaría otra alternativa que mirar el menú electoral y elegir lo menos peor, llámese Scioli, Alberto o Massa. Cuando el movimiento de masas irrumpe en forma independiente, su fuerza arrolladora y su creatividad abren un nuevo campo para lo político, tambalea el poder instituido y los cambios en la conciencia se aceleran de tal modo que en pocos días superan a los de años de evolución pacífica. Por otro lado, demostró que con la revuelta solamente no alcanza para dar una salida a la crisis favorable al pueblo trabajador. Es necesario evitar que toda la energía desplegada por el movimiento termine disipándose entre el desgaste y los golpes represivos, y que la salida termine imponiéndose desde el régimen a favor de los capitalistas, como hizo el peronismo, aunque por la relación de fuerzas que quedó planteada tuvo que pasar raudamente del fanatismo neoliberal a una especie de peronismo “progresista” con Kirchner. Esta cuestión remite al problema de la preparación estratégica.

Durante todo el período previo al 2001 se acumularon importantes experiencias en la lucha de clases. Sin embargo, el movimiento obrero acumuló derrotas significativas bajo el menemismo. La izquierda clasista había tenido una importante discontinuidad luego del estallido del MAS, a lo que se sumaba el escenario de reacción a nivel internacional. Si bien después de 2001 logrará cierta influencia indirecta a través de sus fracciones en los movimientos piqueteros, las fábricas ocupadas y las asambleas populares, fue muy débil en toda la etapa anterior. Lo fue para generalizar experiencias y agrupar democráticamente a la vanguardia que iba decantando de las sucesivas puebladas con características semiinsurreccionales que tuvieron lugar desde el “Santiagueñazo” de 1993 hasta Mosconi y Tartagal en 1997. También para sembrar un programa transicional de salida a la crisis y una alternativa política anticapitalista y socialista que pudiese, a algún nivel, dar la pelea contra la canalización de la resistencia al menemismo dentro del régimen a través de la Alianza. Careció a su vez de capacidad para articular fuerzas para disputar con la estrategia puramente de presión que impusieron las burocracias alrededor de los 7 paros generales contra De la Rúa; entre ellos el paro de 36 horas de noviembre de 2000, en el que alrededor de 150.000 trabajadores ocupados y desocupados cortaron rutas en todo el país mostrando una tendencia a sobrepasar a la burocracia, cuestión que a pesar del desprestigio de esta última no sucedió.

Más allá de que el cierre de la situación abierta por las jornadas revolucionaras del 2001 tuvo como factor principal el repunte de la economía mundial que permitió salir de la crisis, la reversión de aquellas falencias será uno de los grandes desafíos que quedarán planteados para la izquierda. Y aquí nuevamente se planteó la pregunta estratégica del cómo hacerlo.

Recomposición estatal y “guerra de posiciones”

La irrupción del movimiento de masas en el 2001 modificó sustancialmente la relación de fuerzas que había quedado de la ofensiva menemista. A diferencia de anteriores intentos de reestructurar el país en función de las grandes corporaciones y el capital financiero, el de Menem fue el primero que no se valió de una dictadura. En el marco del disciplinamiento provocado por la hiperinflación, utilizó el aparato territorial peronista, la estatización de los sindicatos y el control del movimiento obrero a través de la burocracia sindical devenida en empresaria. Sin ese sustento, la continuación de la política menemista con De la Rúa duró poco. La consecuencia de todo este proceso fue un importante debilitamiento del Estado ampliado en el sentido “integral” en el que lo definía Gramsci de “dictadura + hegemonía” [16], según el cual la burguesía va más allá de la espera pasiva del consenso y desarrolla toda una serie de mecanismos para organizarlo, entre los cuales la estatización de las organizaciones de masas y la expansión de las burocracias en su interior es uno de los elementos centrales.

El gobierno de Néstor Kirchner será el encargado de recomponer la autoridad del Estado capitalista. A través de la “pasivización” del movimiento, la integración a las políticas del gobierno de la mayoría de los organismos de DD. HH. y de las organizaciones del movimiento de desocupados, se avanzó en sacar la política de las calles para devolverla a los cauces “normales” de los despachos y los ministerios. Sin embargo, uno de los flancos débiles de este esquema fue la continuidad de la desprestigiada burocracia sindical. Desde 2004-2005 se desarrolló una vanguardia en el movimiento obrero que cuestionaba tres pilares del esquema del kirchnerismo: los techos salariales, la precarización laboral y la representación burocrática en los sindicatos. Se la conoció como el “sindicalismo de base”.

Los primeros síntomas llegaron con importantes huelgas triunfantes (Subte, telefónicos, Garrahan, etc.) que impusieron la vuelta de las paritarias. En los años posteriores se dieron luchas duras contra la precarización laboral, como las de los petroleros en Las Heras, los tercerizados en el Subte y el Ferrocarril Roca, los ajeros en Mendoza, así como importantes huelgas docentes en Santa Cruz o Neuquén, donde fue asesinado Carlos Fuentealba. También los conflictos en TVB (ex Jabón Federal), la lucha de FATE –en la que 800 obreros cortaron la Panamericana y echaron a la burocracia de Waseijko a las piñas–, el de los trabajadores de la textil Mafissa (La Plata) –que culminó con el desalojo de la toma de fábrica mediante un impresionante operativo ordenado por Scioli y Cristina con 500 efectivos de Infantería, Caballería, de la División de Motos, carros de asalto, helicópteros, y el Grupo “Halcón”–, o la pelea de las trabajadoras del Casino Flotante, reprimidas una decena de veces por la Prefectura para defender los negocios de empresarios amigos del gobierno.

En el 2009, junto a toda una serie de luchas duras por fábrica (entre las más destacadas, la lucha en Iveco contra los despidos que enfrentó a la burocracia del SMATA), tuvo lugar el conflicto en la multinacional norteamericana Kraft Foods. Los trabajadores fueron atacados de manera conjunta por el gobierno K, la embajada norteamericana y el sindicato, y finalmente reprimidos con un gran despliegue de infantería y caballería. En 2010, se desarrolló la lucha por el pase a planta de los tercerizados del ferrocarril Roca en la que la burocracia de Pedraza amiga de los Kirchner asesinó al joven militante del PO Mariano Ferreyra. Hacia 2014, con el fin del viento de cola que había acompañado al gobierno por una década, emergió una nueva oleada de conflictos cuyo emblema fue la lucha de Lear que golpeaba en el corazón de la alianza de la burocracia con el gobierno. El conflicto incluyó 240 despedidos, 21 cortes de la Panamericana, 16 jornadas nacionales de lucha con piquetes en todo el país, 5 represiones, 22 detenidos, 80 heridos, medidas judiciales a favor de 16 trabajadores, dos semanas de lock out patronal y el gobierno organizando la importación de cables para quebrar la huelga. También tuvo lugar en 2014 la toma y puesta a producir por sus trabajadores de la gráfica Donnelley (actual Madygraf) siguiendo el ejemplo de Zanon (actual Fasinpat). No casualmente una de las más violentas represiones del gobierno de Cristina Kirchner en la Panamericana fue contra un corte conjunto de los trabajadores de Lear y Donnelley.

Los gobiernos kirchneristas tuvieron dos políticas frente a estos sectores de vanguardia, con diferentes combinaciones según el momento: la represión, como vimos, pero también la cooptación. A nivel de masas la política fue de concesiones salariales mientras se mantuvo la precarización que había impuesto el menemismo. De esta manera lograron aislar a la vanguardia y a partir del 2012 disciplinar con la pérdida de conquistas. En este marco, dentro del sindicalismo de base se fueron desarrollando dos alas: un sector conciliador con la burocracia y la patronal que se fue acercando progresivamente al gobierno basándose en las ilusiones de amplios sectores en la obtención evolutiva de conquistas, y otro con una tendencia consecuentemente antiburocrática, que contra el corporativismo peleaba por la coordinación entre los diferentes sectores y que defendía la independencia del gobierno. Esta tendencia tuvo como precursores, desde el inicio, a la oposición de la alimentación encabezada por la Comisión Interna de Pepsico, la oposición de la agrupación Violeta en FOETRA, el Sindicato Ceramista de Neuquén, entre otros. El PTS confluyó con este fenómeno como parte de este último sector batallando por la democracia sindical y la independencia política en disputa contra los sectores conciliadores que pretendían alinearlo con el kirchnerismo. Esto tuvo una expresión, entre otras, en que a partir de 2013 cientos de trabajadores de la vanguardia poblaron las listas del PTS/FIT. Esta sinergia entre “lo social” y “lo político”, a partir de la conquista de diputados, incluyó la lucha parlamentaria poniéndola al servicio del desarrollo de la lucha de clases, todo lo cual fue la clave de la consolidación del Frente de Izquierda.

El Partido Obrero, luego del 2001, había teorizado la existencia de un nuevo “sujeto piquetero” –lo cual debatimos en repetidas oportunidades– a partir del crecimiento de los movimientos de desocupados al calor de la disparada del desempleo de aquellos años y la masificación de los planes sociales bajo el gobierno de Duhalde. La movilización de decenas de miles de desocupados por obtener conquistas como los planes sociales constituyó una particularidad de la situación argentina, lo que el sociólogo Juan Carlos Torre llamó el fenómeno de “la pobreza en movimiento”. Sin embargo, la cooptación del kirchnerismo fue especialmente fuerte entre sectores de los movimientos piqueteros a partir de establecer la negociación de la administración de los planes en función de las diferentes tendencias políticas. El PTS cuestionó este mecanismo y sostuvo que era necesario conformar un movimiento único de trabajadores desocupados con libertad de tendencias políticas en su interior para que sean los propios desocupados autoorganizados –destinatarios directos de estos planes– quienes administren y decidan por ellos mismos. Siendo parte del sector que se mantuvo independiente del gobierno, el PO, sin embargo, se adaptó a la proliferación de colaterales que fragmentó el movimiento sin instancias de base comunes, lo cual impidió desplegar una lucha en el conjunto del mismo –más allá de cada colateral– contra la cooptación gubernamental. La otra cara de ello fue que con el aumento del empleo durante los largos años de crecimiento económico, el PO careció de una política para estructurar en los sindicatos a aquellos sectores del movimiento de desocupados que influenciaba para confluir con el fenómeno del sindicalismo de base.

Estas batallas por el desarrollo independiente del movimiento de masas –de las cuales el período kirchnerista fue un verdadero laboratorio– no se limitaron a los sindicatos y al movimiento de desocupados, sino que tuvieron su expresión, con resultados diversos, también en el movimiento estudiantil, en el movimiento de mujeres, en el movimiento de DD. HH., etc. Así, la recomposición del “Estado ampliado” luego del 2001 planteó una renovada “guerra de posiciones” que, con sus diferencias, se continúa hasta la actualidad. No en el sentido que se le pretendió imprimir a este concepto desde interpretaciones reformistas –desde Palmiro Togliatti en adelante–, sino en el que podemos darle a partir de Gramsci para dar cuenta de la lucha de carácter preparatorio en la cual tanto un partido revolucionario como las diversas instituciones de la clase trabajadora deben pugnar constantemente por desarrollarse con una política independiente del Estado capitalista y por combatir la asimilación de sus dirigentes. En esta pelea la izquierda no puede circunscribirse a un programa de reivindicaciones inmediatas y democráticas combinado con propaganda socialista general, sino que es clave una práctica no corporativa, que no separe lo político de lo sindical, así como la agitación –más propagandística o para la acción según la situación– de un programa transicional que, como señalaba Trotsky, establezca un “puente” entre aquellas demandas y la lucha por un gobierno de la clase trabajadora [17].

Aquella “guerra de posiciones” está estrechamente ligada a la táctica del “frente único obrero”. Es decir, a la posibilidad de unificar las filas de la clase obrera en la lucha de clases para enfrentar a la burguesía y, al mismo tiempo, agrupar a los sectores más avanzados de la clase en un partido revolucionario. Una combinación que la III Internacional sintetizó en la fórmula “golpear juntos, marchar separados”. En pequeño, elementos de lo que llamamos “frente único” los pudimos ver durante las jornadas de diciembre de 2017 (previamente bajo el gobierno de Macri había habido importantes luchas como AGR-Clarín, Cresta Roja, Bangho, la línea 60, etc. con uno de sus símbolos en la lucha en Pepsico contra un ataque masivo con cierre de la planta a uno de los corazones de la vanguardia obrera de todo el período). En aquellas jornadas de 2017 se movilizaron sectores de los sindicatos –con o a pesar de sus direcciones–, movimientos sociales –incluidos algunos vinculados al kirchnerismo– y la izquierda para protagonizar la acción en Plaza Congreso contra la reforma jubilatoria de Macri y enfrentar la represión. A pesar del accionar de la burocracia que retaceó la movilización y levantó el paro que supuestamente había convocado y de la propia represión, que juntas impidieron que se masifique aún más aquella acción, esta fue una muestra acotada de la potencia que puede tener el “frente único”. Luego de aquellas jornadas el gobierno de Macri tuvo que dejar de lado su anunciado plan de reformas estructurales y habilitar la discusión sobre la legalización del aborto.

La propia fuerza del frente único es lo que hace que la burocracia busque permanentemente evitar “golpear juntos”. Se cuidó muy bien de repetirlo desde 2017. La última muestra de ello la tuvimos el día de la votación de la Ley Bases en el Senado, tanto con la negativa a llamar al paro para masificar la movilización como con su temprana retirada cuando aún la ley no se había votado siquiera en general. Y esto nos lleva a otro punto central. Para lograr imponer el frente único son necesarias fuerzas. Hay esencialmente tres formas en que puede imponerse el frente único. Una es por el propio impulso de las masas que pasan a la acción, que sería más bien una unificación “de hecho”, como sucedió en diciembre de 2001 y cristalizó en una alianza entre el movimiento de desocupados y sectores de las clases medias; el famoso “piquete y cacerola” del que quedaron al margen los sindicatos producto de la acción de la burocracia. Otra es gracias a la acción de un partido revolucionario, que para lograrlo tiene que ser una fuerza política poderosa que constituya una porción decisiva de la clase obrera organizada sindical o políticamente –Trotsky en sus “Tesis sobre el frente único” habla de que es necesario un cuarto o un tercio de la misma–. Una tercera forma es a partir de la articulación de los sectores en lucha que constituyen la vanguardia del movimiento obrero en instituciones de coordinación que impongan su peso a la burocracia. Una mecánica de este tipo se dio en 1975 cuando las Coordinadoras Interfabriles obligaron a la burocracia a ir a la huelga general del 7 y 8 de julio.

Desde luego no son formas “puras”, suelen combinarse en alguna medida. Pero la perspectiva de una izquierda revolucionaria nunca puede ser esperar pasivamente a que el impulso de las masas imponga el frente único. Cuando sucede de esta forma se plantean los límites que vimos en el 2001. Así, mientras no haya una organización revolucionaria lo suficientemente poderosa para imponerlo, cobra especial relevancia el planteo de Trotsky sobre lo que llamó los “comités de acción”. Es decir, instituciones permanentes de unificación y coordinación de los sectores en lucha, combativos y organizaciones políticas de la clase trabajadora que puedan evitar que la energía desplegada por el movimiento se diluya en combates aislados sin continuidad y sirva de palanca para hacer saltar por los aires la estructura burocrática que se yergue sobre el movimiento obrero y de masas. A su vez, estas instituciones de autoorganización son una fuente invaluable de nuevas fuerzas necesarias para la construcción de un partido revolucionario, que es el elemento clave en toda esta disputa posicional.

La necesidad de una alternativa política frente a un régimen en decadencia

Así como analizábamos la importancia determinante de la insurgencia de la clase trabajadora en la historia argentina, hay que señalar que el desarrollo de la izquierda, desde mediados del siglo XX a esta parte, estuvo marcado por una oscilación constante entre los dos grandes polos que caracterizan a la política en nuestro país: el peronista y el republicano-liberal. Desde el propio surgimiento del peronismo, el Partido Socialista y el Partido Comunista se alinearon detrás de la Sociedad Rural, la UIA y la embajada norteamericana, mientras que el sector de Rodolfo Puiggrós expulsado del PC y la fracción del PS encabezada por Enrique Dickmann, que fundara el Partido Socialista de la Revolución Nacional (PSRN), se aliaron con el peronismo. Esta división atravesó también a las jóvenes corrientes trotskistas. De aquel entonces a esta parte, frente a las grandes crisis nacionales, el influjo del peronismo y el republicanismo liberal será una constante presión contra la emergencia de una izquierda verdaderamente independiente.

Una de las divisiones que marcó un punto de quiebre de todo el período post 2001 fue la que se dio durante el conflicto entre el kirchnerismo y las patronales agrarias en el 2008. Los dos actores centrales procuraron arrogarse una posición “defensiva” y progresiva, lo cual hizo mella en muchos sectores que se decían de izquierda. Por un lado, el kirchnerismo que no quería enfrentarse seriamente al agropower sino conseguir recursos fiscales defendió que los fondos que obtendría por aumentar las retenciones al agro eran para “redistribuir la riqueza”. Bajo este argumento, el histórico Partido Comunista argentino afianzó su alineamiento con el gobierno, mientras que la llamada “izquierda independiente” (que finalmente se condensaría en Patria Grande) comenzó una asimilación a plazo fijo al kirchnerismo. Por otro lado, el agropower encabezado por la Sociedad Rural buscó camuflarse detrás de los “pequeños productores” ganando a un sector de las clases medias. Así, el PCR se alió con la oposición patronal del agropower con la misma personalidad con que años después se integró a las listas del peronismo. El MST también se ubicó en el bando de las patronales agrarias y apostó infructuosamente a la formación de una centroizquierda con Pino Solanas. Izquierda Socialista dio inicialmente apoyo a los “agrarios” para luego tomar distancia.

En este marco, el mapa de la izquierda argentina estuvo al borde de reproducir una vez más la vieja historia de alinearse, con reparos o sin ellos, detrás de los diferentes bandos capitalistas. Sin embargo, impulsado por el PTS, junto con el PO y también un sector de la intelectualidad, surgió un polo independiente popularizado como “Ni K, ni campo” que planteaba, entre otras cuestiones, “la nacionalización de la gran propiedad agraria, de las grandes exportadoras y de los puertos privados y privatizados; por el no pago de la deuda externa y la nacionalización bajo control de los trabajadores de la banca y del comercio exterior”. En ese momento de extrema polarización, el PTS peleó desde el inicio por una posición independiente de clase, partiendo de no apoyar ni a las patronales agrarias, ni al gobierno que solo buscaba beneficiar a otro sector de la clase dominante. Aunque minoritario, este polo sentaría las bases de una ubicación política independiente de la izquierda frente a la división burguesa que marcaría toda la etapa posterior y, en este sentido, puede considerarse un antecedente de lo que luego sería el Frente de Izquierda.

Mientras que todo el resto de la izquierda en un sentido amplio (PC, Patria Grande, PCR, etc.) terminaría alineándose con el kirchnerismo, cuya política buscaba dar cuenta de la relación de fuerzas heredada de 2001 (DD. HH., concesiones salariales, paritarias, estatización de las AFJP, etc.) y establecer que a su izquierda “estaba la pared”, en 2011 se constituyó el Frente de Izquierda como un polo de independencia de clase. Hoy ya lleva más de una década como referencia política de la izquierda en el país. Durante toda una primera etapa, su existencia coincidió con el desarrollo de fenómenos como el sindicalismo de base que mencionábamos, generando una sinergia entre lo sindical y lo político. La emergencia de Nicolás del Caño como principal referente del Frente de Izquierda en 2015 estuvo directamente asociada a la intervención en aquellos conflictos, que motivó el reconocimiento, de propios y ajenos, de que el FIT está siempre con los trabajadores. A partir de las jornadas de 2017 se abrió una nueva etapa donde Macri tuvo que abortar su plan de reformas estructurales; el FMI vino a rescatarlo para financiar su reelección con un préstamo histórico y el kirchnerismo contribuyó a sostener la gobernabilidad poniendo como objetivo del movimiento “anti Macri” el “hay 2019” y se reunificó con Massa, quien había sido uno de los socios principales del gobierno macrista.

El Frente de Izquierda, a su vez, no se mantuvo estático y pasó por importantes cambios en su interior. En las PASO presidenciales de 2015 se expresaría una disputa entre las diferentes estrategias dentro del FIT –cuyos contornos fuimos expresando en los apartados anteriores– que concluyó, a partir de la negativa del PO a integrar la fórmula presidencial, con la victoria de la lista del PTS encabezada por Nicolás del Caño sobre la del PO encabezada por Jorge Altamira, quien había estado al frente de las listas del FIT desde 2011. En 2019, se incorporaría el MST luego de acordar con el programa que el FIT venía levantando desde hacía 8 años, a partir de entonces bajo la denominación de Frente de Izquierda-Unidad. El PO por su parte se fragmentaría en dos organizaciones y el sector de Altamira –actual Política Obrera– abandonaría FIT-U. Para las presidenciales de 2023, el PO encabezado por Gabriel Solano y el MST se unirían en las PASO con una campaña centrada en ataques contra la fórmula de Myriam Bregman y del Caño –postulada por el PTS e IS–. Esta última terminaría imponiéndose con más del 70 % de los votos y, de conjunto, sus listas terminarán encabezando las principales candidaturas en casi todo el país.

En el escenario político, luego de las jornadas de 2017, siguieron siete años de impasse marcados tanto por la falta de voluntad de la burguesía para atacar a gran escala como por la falta de disposición del proletariado a resistir la degradación que se expresó en el aumento de la precarización del empleo y la pobreza. Todo el peronismo se había jugado a imponer la lógica del mal menor. A partir de 2019 la burocracia sindical decretó una tregua que duraría cuatro años. Durante este período, desde el PTS/FIT-U continuamos una actividad contra la corriente en las fábricas, en las estructuras de trabajo en general y en las universidades, participamos del imponente movimiento de mujeres que desplegó multitudes con nuestra agrupación Pan y Rosas, de la oleada de ocupaciones de tierras de 2020 que tuvo su epicentro en Guernica –duramente reprimida por Kicillof–, de la serie de conflictos y rebeliones antiburocráticas que tuvieron como uno de sus símbolos a los “elefantes” de salud de Neuquén. Pero junto con ello fortalecimos nuestra actividad de agitación política “por arriba”, la cual cumplió un papel clave que permitió fortalecer la instalación de la izquierda en la escena política nacional.

Nunca antes en la historia argentina la izquierda trotskista tuvo una presencia tan continuada al nivel de la que tiene el FIT-U en la escena nacional. Una fuerza minoritaria pero significativa que viene sosteniendo una influencia de alrededor de 800.000 votos en las elecciones ejecutivas y alrededor de 1,2 millones –contando a toda la izquierda, 1,3 o 1,4 millones– en las legislativas. La llegada de referentes como Myriam Bregman (PTS) está al nivel de los principales políticos del país y, junto con Nicolás del Caño (PTS) cuentan con un conocimiento de más del 80 % de la población. A nivel provincial se ha destacado la votación de Alejandro Vilca (PTS) en Jujuy, quien llegó a obtener el 25 % de los votos consiguiendo ser diputado nacional. El FIT-U en la actualidad cuenta con una bancada en la Cámara de Diputados de la que forman parte también Christian Castillo (PTS) y Romina del Plá (PO), así como bancadas a nivel local en diferentes provincias. Se trata de una conquista muy importante para que la izquierda pueda cumplir su papel como “tribuno del pueblo”, el cual comprende también a todos los referentes en los lugares de trabajo, de estudio, en los movimientos y al conjunto de la militancia. Como señalara Lenin, ser “tribuno del pueblo” no solo significa denunciar cada ataque concreto, sino inscribirlos en el cuadro de conjunto de la dominación de clase y contraponerle la necesidad de la lucha por una perspectiva anticapitalista y socialista [18].

En el terreno ideológico, aquello implica contraponer al individualismo del sálvese quien pueda la enorme fuerza de la cooperación, que es vital no solo en la producción sino en la sociedad de conjunto, pero que se encuentra expropiada por los capitalistas, y poner los recursos de la ciencia, de la técnica, del intelecto social general o “general intellect”, como lo llamaba Marx, en función de las necesidades del pueblo trabajador y de su emancipación, así como de una relación más armónica con la naturaleza. Este planteo es parte de una pelea política e ideológica más general para la cual, desde el PTS, hemos desarrollado toda una red de medios propios, empezando por La Izquierda Diario, el programa radial El Círculo Rojo, el semanario Ideas de Izquierda, Armas de la Crítica, el CEIP “León Trotsky”, las producciones audiovisuales de Contraimagen y la editorial Ediciones IPS con una amplia gama de libros que, en muchos casos, expresan elaboraciones de militantes del propio PTS y de su organización internacional, la FT-CI.

Frente al plan de guerra de Milei, así como también al supuesto “capitalismo regulado que postula un sector del peronismo, se trata de oponer un programa de salida a la crisis propio del pueblo trabajador. Porque además del desarrollo de la lucha y de la organización es fundamental que la vanguardia tome en sus manos un programa propio frente a la crisis para el combate político, no solo con el gobierno sino también con el peronismo, para evitar que lleve al movimiento de masas nuevamente a un callejón sin salida como fue Alberto o como hubieran sido Scioli (actual secretario del gobierno de Milei) o Massa (ahora empleado del fondo buitre Greylock Capital). La gran contradicción subjetiva de la clase obrera argentina es que si bien ha cumplido un papel determinante con su lucha en la historia nacional, también ha sido moldeada por la lógica de la conciliación de clases del peronismo que fomenta la idea de que hay sectores burgueses “amigos” del pueblo. Lo cierto es que detrás del plan de guerra de Milei están no solo el capital financiero y el FMI sino el grueso de la gran burguesía local, con quienes está planteada la batalla de fondo por el futuro que tendrá la Argentina.

El equilibrio que sostiene a Milei y la necesidad de superar al peronismo

La votación de la Ley Bases en el Senado fue una demostración del inestable equilibrio que sostiene al gobierno de Milei, quien por sí mismo carece de volumen político. Luego de la contribución fundamental de Lousteau para obtener el quórum, logró las “facultades extraordinarias” que acentúan los rasgos bonapartistas del régimen gracias al voto del PRO, de la mayoría de la UCR, de los bloques provinciales (con Carambia y Gadano ayudando con su ausencia) y de tres senadores peronistas (Kueider, Espínola y Vigo). A su vez, para evitar el escenario de una movilización más amplia necesitó de la inacción, o acción contenida, de la burocracia sindical y de los movimientos sociales peronistas. También de un enorme despliegue de policía federal, policía de la Ciudad, gendarmería y servicios de inteligencia. Fueron centrales la negativa de la CGT y la CTA a convocar a un paro para ese día y su llamado a desmovilizar mucho antes de la primera votación. A este escenario cabe agregarle el equilibrio entre las dos principales potencias que actúan sobre el país: EE. UU. y China. A pesar de su alineamiento incondicional con la primera, Milei logró la renovación del swap chino por el plazo de un año, que de lo contrario hubiera precipitado un default.

Como señalara Trotsky a propósito del fenómeno del bonapartismo, si se clavan simétricamente dos tenedores en un corcho, este puede mantener el equilibrio incluso sobre la cabeza de un alfiler. La foto de la Ley Bases en el Senado es una muestra de ello; simboliza el delicado equilibrio gracias al cual avanza Milei pero también su fragilidad. El peronismo cumple, dentro de él, un papel fundamental. No simplemente por los senadores o diputados que fueron claves en las votaciones de la Ley Bases, sino como parte de un entramado político mucho más amplio. Este va desde Kueider, Espínola y Vigo votándole facultades extraordinarias y Scioli como secretario de Turismo, pasando por la burocracia sindical y social peronista –tanto el sector que ni siquiera convocó a la movilización como el que se posicionó como opositor, convocó y luego se retiró de Plaza–, hasta Kicillof o Grabois con un discurso abiertamente opositor de cara a un posible desgaste gubernamental hacia las próximas elecciones y, más en general, la perspectiva de una rearticulación del peronismo hacia 2027 con la colaboración de la iglesia católica y el papa.

En este marco, la cuestión no pasa por la simple oposición al gobierno, sino por cuáles son las fuerzas políticas, sindicales o sociales que están comprometidas con la ruptura, a favor del pueblo trabajador, de aquel equilibrio que sostiene a Milei. Por eso sigue planteada una intensa “guerra de posiciones” para articular en forma independiente a los sectores avanzados, sea los que le hacen frente a ataques específicos, al cercenamiento de las libertades democráticas o, más en general, a quienes quieren enfrentar políticamente a Milei. De ahí la importancia sintomática que vienen teniendo las Asambleas barriales y la necesidad de desplegar instituciones de unificación y coordinación de la vanguardia allí donde sea posible. Esta articulación de fuerzas es la que puede permitir, al calor de la agudización de los enfrentamientos de la lucha de clases (como fue la reciente lucha en Misiones), imponer el frente único al que se resiste la burocracia. Desde una perspectiva estratégica, la pelea por desarrollar la más amplia autoorganización debe apuntar a poner en pie consejos de trabajadores, estudiantes y sectores populares que puedan constituirse en verdaderos organismos independientes de poder del movimiento de masas frente al Estado capitalista.

Ahora bien, cómo demostraron las jornadas del 2001, el equilibrio del régimen político puede romperse más allá de la intención de muchos de sus actores, tanto por derecha como por izquierda. Sin embargo, como señalábamos en torno a las lecciones de aquel proceso, incluso cuando el movimiento de masas irrumpe violentamente en la escena política, si no hay una intervención protagónica de la clase trabajadora organizada, si no existe una organización revolucionaria con el suficiente peso para plantear una alternativa política, las salidas las terminan imponiendo sectores de la burguesía. Incluso, históricamente, en los casos donde el régimen se encuentra más amenazado surge lo que en la tradición marxista se llama “frente popular”, que consiste en la colaboración entre organizaciones obreras, sindicatos y movimientos sociales detrás de sectores de la burguesía con un programa que adopta algunas demandas del movimiento de masas para enmarcarlas dentro de la defensa de los intereses fundamentales de la burguesía para salvarlos. Una política de este tipo parece propiciar Grabois y el ala izquierda del peronismo. En los 70, el peronismo –político y sindical– se dividió entre este tipo de variantes (Montoneros, etc.) y aquellos que apostaron a métodos fascistas para liquidar a la vanguardia, cuya expresión más saliente fueron las bandas de la Triple A.

El régimen democrático-burgués, con las características que lo definíamos, surgido luego de la dictadura militar y Malvinas, hoy se encuentra en una profunda crisis, de la cual Milei es solo un emergente. Está planteada una redefinición de la relación de fuerzas que se fue aplazando durante todo el impasse que siguió a las jornadas de diciembre de 2017. El capital ha conquistado una nueva fuerza política, La Libertad Avanza, para llevar adelante un intento ofensivo de volcarla contra las grandes mayorías. La construcción de una gran fuerza política de la clase trabajadora que apueste a la movilización y organización independiente del movimiento masas es determinante para la resolución de esta prueba de fuerzas. La cuestión es llegar, no solo a través del discurso sino también de la organización, a los sectores que ya se referencian en la izquierda y a una parte de ese 44 % que votó por miedo o por odio contra Milei, y confluir con él para desde ahí pelear para ganar a la juventud que ya está en proceso de ruptura con Milei y los sectores populares que lo votaron.

Después de la experiencia de la Triple A en los 70, de la guerra que hizo el menemismo contra el pueblo trabajador, de cómo terminó el ciclo kirchnerista, del desastre del gobierno de Alberto que le abrió el camino a Milei, apostar una vez más al peronismo sería catastrófico para la clase trabajadora. Retomar las lecciones del ascenso de los 70, así como de los procesos de las últimas décadas, implica apuntalar la idea de que es necesario superar a la dirección peronista en los sindicatos, en los movimientos, en la escena política nacional y construir un gran partido de trabajadores socialista. Frente a los intentos de imponer un régimen más bonapartista y de adormecer al movimiento bajo la idea de la colaboración de clases llevando la resistencia a Milei a la impotencia, una izquierda revolucionaria fuerte es la única que, al calor de estos combates, puede confluir con los sectores que rompan con el peronismo y plantear una alternativa política de salida a favor del pueblo trabajador de la aguda crisis que atraviesa hoy el país. La lucha recién comienza.