Este nuevo aniversario del golpe genocida no podremos estar en las calles repudiando la la impunidad de ayer y de hoy así como el intento de reconciliación con las fuerzas armadas, las que hoy vemos salir a reprimir jóvenes en los barrios y trabajadores que no tienen otra opción que “violar la cuarentena” para poder sobrevivir. Desde la izquierda, seguimos diciendo ¡es el mismo ejército, ayer y hoy! porque no damos vuelta la página.
Martes 24 de marzo de 2020 18:35
El gobierno nacional a través de la cuarentena decretada asusa a la gente a denunciar a quienes incumplen, envalentonando a gobernadores feudales como Gerardo Morales, que agitan la necesidad de aumentar la represión y el control social, y empoderando a las fuerzas represivas que desatan su ira contra la juventud y los trabajadores, frente a ello se encuentran quienes peleamos hoy en defensa de los derechos humanos, contra el control social ejercido por las fuerzas de seguridad responsables del “gatillo fácil” contra la juventud precarizada. Por eso, ante el llamado a “dar vuelta la página” respecto a “las inconductas de algunos”, sostenemos que el ejército de ayer es el mismo que hoy.
Impunidad genocida
Ledesma y Blaquier representan la continuidad de una impunidad construida sobre gobiernos radicales y peronistas, develan el entramado de la justicia al servicio de “los dueños” de la provincia y son la muestra del desprecio patronal sobre la vida de cientos de trabajadores, hoy obligados a trabajar para engrosar las ganancias privadas y no en función de las imperiosas necesidades sociales y sanitarias del conjunto del pueblo.
El secuestro de alrededor de 400 trabajadores de Libertador General San Martin y Calilegua entre el 20 y el 27 de julio de 1976, conocido como “los apagones” de Ledesma, y el saldo de 55 personas que continúan desaparecidas, forma parte de un plan genocida que no empezó el 24 de marzo de 1976, tal como describe Ricardo Áredez Márquez al expresar que a “…los gremialistas Jorge Osvaldo Weiss y “Carlitos” Patrignani los desaparecen antes del golpe, porque esto no empezó el 24 de marzo del ’76, sino en el ´74 en adelante. En el ´75 con desapariciones y el primer campo de concentración, funcionando en la escuela de Famaillá en Tucumán”.
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Un plan instrumentado por el conjunto de las fuerzas armadas y el resto de las fuerzas represivas, con la participación de empresas, de la iglesia, de jueces y fiscales. Cuya continuidad salta a la vista con cada causa de lesa humanidad que los y las sobrevivientes y los organismos de derechos humanos deben enfrentar.
Aún se sigue en Jujuy el sexto juicio de lesa humanidad que debería encontrar como imputados a Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos, dueño y administrador de la empresa que aportó los vehículos utilizados para secuestrar a las víctimas de los torturadas y posteriormente desapariciones. Pero pese a haber sido procesados en noviembre de 2012 por privación ilegal de la libertad, por el secuestro de 29 trabajadores y referentes sociales entre marzo y julio de 1976, gozan de la impunidad otorgada por la Sala IV de la Cámara de Casación de Salta, máxima instancia penal local, tras dictar las “faltas de mérito” en la causa que investiga la participación de ambos en el secuestro del ex intendente de Libertador General San Martín Luis Aredez y de Omar Claudio Gainza y Carlos Alberto Melián. La resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación está pendiente desde hace más de cuatro años, actualmente frenada en la vocalía de Carlos Rosenkrantz.
Durante los últimos años Ledesma continuó incrementando su fortuna a costa de la explotación de miles de obreros en sus plantas y campos, obteniendo enormes ventajas fiscales para el negocio millonario del bioetanol y aprovechando para hacer negocios en medio de la declaración de la “Emergencia Sanitaria y Epidemiológica”, preparando una venta de 30.000 litros de alcohol al Estado.
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Derechos Humanos de hoy: presos políticos del régimen policíaco
El laboratorio del ajuste, represión e impunidad montado por Gerardo Morales desde su asunción e iniciado con la detención ilegal de Milagro Sala por realizar un acampe, fue seguido de la brutal represión y posterior detención en el Penal de Alto Comedero de 25 trabajadores del Ingenio La Esperanza que defendían sus puestos de trabajo, el juicio y condena a estudiantes y docentes que pelearon contra el cierre de los CEIJA y la sistemática persecución y criminalización de la protesta y a la oposición política utilizando el inconstitucional Código Contravencional como muestra el actual juicio contra los sindicatos, organizaciones sociales y los partidos del FIT (PO y PTS) por haber participado de la manifestación en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura en 2018.
No se puede permitir que se naturalice la existencia de presos políticos como Milagro Sala, muestra evidente del peso feudal y represivo de un gobierno que no ha cesado en sus ataques a los derechos y libertades democráticas fundamentales. Es necesario exigir la derogación del inconstitucional Código Contravencional jujeño y la anulación de todas las causas contra dirigentes políticos, sociales y sindicales.
Por todo ello, es que este 24 de marzo gritamos con fuerza:
No damos vuelta la página
El ejército de ayer es el mismo que hoy
No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos
Apertura de los archivos de la SIDE y de las FFAA
Restitución de los nietos apropiados
Perpetua en cárceles comunes para todos los genocidas, militares, eclesiasticos y civiles como Blaquier.
30.000 detenidos desaparecidos PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE
