×
×
Red Internacional
lid bot

OPINIÓN. "Aguantar y resistir": el Gobierno boliviano sin plan para enfrentar la pandemia

El Gobierno boliviano de Luis Arce afirmó que para enfrentar el nuevo rebrote del covid-19 hay que “aguantar y resistir”. Las 20 medidas de Arce son una improvisación pragmática y demagógica ante la ausencia de un plan integral. Colapso del sistema de salud.

Lunes 18 de enero de 2021 14:24

Tras la reunión de gabinete ampliado del pasado viernes, el presidente boliviano Luis Arce Catacora, mediante Decreto Supremo 4451, estableció 20 medidas para paliar la crisis sanitaria que se encuentra en una fase alta y muy crítica en el país. Arce identifica al modelo neoliberal como el causante de la inacción de su Gobierno en estos meses, en sus palabras “el neoliberalismo aún se encuentra en las instituciones del Estado”.

Las 20 medidas del decreto 4451 buscan que las gobernaciones y alcaldías dispongan de dinero para realizar acciones que contengan el covid-19, pero bajo un estricto control estatal. Más de una alcaldía y gobernación, controladas por los golpistas, ya se quejaron sobre el control que quiere ejercer el Gobierno de esos recursos señalando que no son tan “libres”. Esta confrontación de Gobierno, alcaldías y gobernaciones departamentales se reducen a una discusión administrativa de quien se hace cargo de la pandemia. Una discusión absolutamente aberrante cuando día a día los contagios van en aumento y nadie define una acción concreta.

Otro cálculo nefasto por parte de los golpistas, como el ex senador Oscar Ortíz (un directo representante de la agroindustria) y el legislador de Unidad Demócrata (UD) Amílcar Barral, es postergar las elecciones subnacionales (regionales) en 60 o 90 días, elecciones que oficialmente se tienen que realizar en marzo. La pandemia es el motivo con el que buscan mantenerse en los cargos públicos aquellos que fueron sostenedores de la gestión desastrosa del golpismo.

Al 16 de enero los contagios van en escalada. Datos oficiales del ministerio de Salud reportan un promedio de 1500 a 2000 contagios diarios a nivel nacional. Con un promedio nacional de letalidad del 5% en un momento donde no se pueden encontrar unidades de terapia intensiva y donde nuevamente la gente empieza a morir en las calles como lo vimos durante la primera ola de la pandemia.

No existe un plan integral para enfrentar la crisis sanitaria. El Gobierno de Arce sede a los empresarios que tienen sed de ganancias que no quieren cuarentena rígida y tampoco exige las medidas de bioseguridad en los distintos lugares de trabajo. Miles de trabajadores y trabajadoras se encuentran expuestos al contagio sin ningún tipo de garantía de salud para su labor. Tímidamente el Gobierno está repartiendo kits de medicamentos solo a ciertos sectores. Al igual que en la primera ola hoy las empresas farmacéuticas, los laboratorios y las clínicas privadas están volviendo hacer grandes negocios con la desgracia de la población en general.

El Gobierno tampoco tiene un plan económico definido pese haber sembrado mucha expectativa en la población sobre la recuperación de la economía. Un ejemplo de ello es el actual conflicto con el sector de transporte donde los bancos se niegan a aceptar un nuevo diferimiento de pago de intereses y capital para los créditos que fueron otorgados a este sector. Ante esta negativa los transportistas han anunciando un nuevo paro de 48 horas para este martes y miércoles.

Pese a que Luis Arce acusa al Gobierno de facto de Jeanine Áñez de haber detenido proyectos energéticos del Estado, el acuerdo o conciliación con los terratenientes, banqueros y empresarios aún no se vislumbra.

En este escenario y de cara a las subnacionales se expresan las fisuras internas en el MAS que vienen desde el golpe de Estado. Las divisiones internas van desde sectores que piden renovación y ven en ella la “oportunidad” para ocupar cargos en el Estado, son una camada de jóvenes profesionales reformistas tecnócratas que apuestan a la eficiencia del Estado y las empresas estatales. Otro sector lo comanda Evo Morales con los seguidores de la gestión de 14 años que amparados en amistad y clientelismo están propugnando un cargo público. El otro sector es el que con “sillazos” de por medio no está de acuerdo con el dedazo del caudillo Evo Morales, pero son el sector burocrático de los movimientos sociales y sindicales que se acostumbraron a vivir del Estado. Ejemplos los tenemos en la COB (Central Obrera Boliviana), COD (Central Obrera Departamental) y la CORes (Centrales Obreras Regionales), y sectores de dirigentes campesinos burocratizados. Todos estos sectores miran de manera utilitaria a los que lucharon contra el golpe de Estado.

Los disidentes del MAS o que rompieron con el partido por estas elecciones subnacionales como Eva Copa, intentan mostrarse como una renovación que dio la cara en el golpe de Estado. Efectivamente dieron la cara, pero aparecieron para conciliar y dar legalidad al golpismo.

Eva Copa en estas elecciones subnacionales es candidata a alcaldesa para la ciudad de El Alto, no se presenta con el MAS sino con la Alianza Jallalla que encabeza Felipe Quispe Huanca, conocido como el Mallku, quien a pesar de tener un discurso radical indianista y que a diferencia de Eva Copa y el MAS, enfrentó al golpismo, hoy cede a la reivindicación de símbolos y valores religiosos cristianos que fueron simbología contundente de quienes perpetraron el golpe, además de no contar con un proyecto político alternativo al capitalismo semicolonial.

Ideológica y políticamente el MAS está en crisis; el supuesto horizonte socialista ya lo había venido descartando -al conciliar y negociar sistemáticamente con la burguesía del país a costa y en desmedro de los intereses del pueblo trabajador-, para llevar adelante el proyecto de un capitalismo andino como había teorizado el ex vicepresidente, Álvaro García Linera. A la vez que el sector indígena fue reduciéndose a su mínima expresión en la primera gestión del MAS y hoy es representado por el vicepresidente David Choquehuanca, expresión del ala más conciliadora y de derecha del movimiento indígena. El indigenismo intenta ser reformulado en una versión 2.0 pero objetivamente el peso de este sector en el partido que maneja el Estado es mínimo.

En todo este escenario existen sectores críticos que estuvieron en la resistencia contra el golpe y están en busca de justicia para los procesados y víctimas del golpe de Estado. Este sector se distancia de los Evistas y los neomasistas.

En el escenario nacional la derecha está dividida en mil pedazos al haber propiciado el golpe de Estado y una pésima gestión de la pandemia. Los golpistas para las elecciones subnacionales están divididos y disputan intereses regionales. Están los separatistas como Camacho que vuelve con su proyecto federalista con su fórmula Creemos. Por otro lado disputan candidaturas para las subnacionales el empresario del cemento y ex candidato a vicepresidente de Áñez, Doria Medina así como el partido de centro-derecha, Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, todos éstos peleados con Sol.Bo por los intereses de controlar la alcaldía de la sede de Gobierno. Es decir, vemos una decena de candidaturas separadas por intereses particulares como el caso del médico Luis Larrea, por libre 21, Luis Revilla presenta a Álvaro Blondel por Sol.bo todo este bloque fue quienes organizaron a la clase media para el golpe de Estado de noviembre de 2019. Sin embargo, esta división, no se confunda con debilidad. La derecha como lo demostró el golpe, esta enraizada en los más poderosos intereses terratenientes, agroindustriales, empresarios y banqueros del país. Ellos no dudarán en organizar a los grupos paramilitares del país para defender sus intereses.

A medida que la crisis económica y la pandemia van haciendo estragos en el país, las y los trabajadores y trabajadoras, del campo y la ciudad, formales e informales, las mujeres, campesinos e indígenas y los sectores pobres no estamos viendo respuestas claras por parte del Gobierno. Los campesinos solo ven dirigentes arribistas que no piensan en los jóvenes campesinos que están en las ciudades sufriendo desempleo y precarización del trabajo. Las mujeres están sufriendo el triple por el desempleo o con los peores trabajos y con el riesgo de ser asesinadas por el machismo imperante.

Desde la LOR-CI organización política obrera y socialista que impulsa La Izquierda Diario Bolivia hemos estado con los que resistieron el golpe de Estado en Senkata y Sacaba y hemos contribuido, desde nuestras páginas, a romper el brutal cerco mediático impuesto por los golpistas. Hemos enfrentado arrestos de nuestros corresponsales que estaban en solidaridad con los procesados y asesinados por los golpistas. Hoy en tiempos donde la crisis económica y la pandemia están haciendo estragos en la población es urgente organizarnos y luchar por salvar vidas, por salud y por trabajo, por todo esto llamamos a organizar una gran campaña y empezar por:

  •  Exigir la nacionalización, sin indemnización y bajo control de sus trabajadores, de hospitales y clínicas privadas, de laboratorios y farmaceúticas que hoy están lucrando con la salud del pueblo. Los y las trabajadores en salud, que cada día luchan en primera línea y son explotados y precarizados por los propietarios de hospitales privados, deben ser los encargados de hacer funcionar los hospitales, controlando, administrando y dirigiendo la lucha contra el COVID-19.
  •  Es urgente que el Estado dote masivamente de condiciones de bioseguridad para todos los y las trabajadores, en las oficinas, fábricas, talleres, mercados, servicios, transporte, etc. También se debe exigir que en el sector privado se doten de equipos de bioseguridad para la atención además de pruebas PCR financiadas y pagadas por los empresarios.
  •  Debemos exigir la apertura de los libros de contabilidad de las fábricas que cierran en la pandemia y puestas a funcionar bajo el control de sus trabajadores. Los empresarios han visto como la mejor oportunidad cerrar y despedir trabajadores en las empresas, luego que en estos 14 años han crecido sus ganancias como nunca antes en el país. Inventan quiebras para deshacerse de sindicatos y trabajadores.
  •  Expropiación de toda fábrica que cierre o despida y pasen a manos de sus trabajadores con financiamiento estatal. En estos casos de empresarios que declaran quiebran y luego desaparecen abandonando a cientos de trabajadores el estado tiene que financiar y garantizar los puestos de trabajo.

    Basta de que los costos de la crisis y los muertos de la pandemia los siga poniendo el pueblo trabajador. Debemos impulsar y llevar adelante un plan de exigencia y de lucha para que la crisis económica y sanitaria la paguen los sectores agroindustriales, empresarios y banqueros del país. En estos últimos años los banqueros triplicaron sus ganancias, los agroindustriales se beneficiaron de las ventas de materias primas y los empresarios con ganancias superiores al neoliberalismo fueron beneficiados con apoyo financieros por el Gobierno, es hora que ellos paguen la crisis.