Ya no se aguanta. Alquileres y alimentos vs salario: trabajamos cada vez más y alcanza para lo mínimo

Este jueves se supo que en el segundo trimestre del 2022 los alquileres de viviendas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) subieron, en promedio, un 125 % con respecto al mismo período de 2021. El dato surge de un informe elaborado por la Universidad de San Andrés y Mercado Libre Inmuebles.

Según publicó el sitio MDZ, el aumento registrado desde el 2020 a 2022 en el alquiler de departamentos en Mendoza fue de 256 % mientras que en el caso de las casas fue de 185 %. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el desde 2020 los departamentos aumentaron un 235 %. Las casas un 304 %.

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La reducción de la oferta de inmuebles para alquilar, se agravó tras la sanción de la actual Ley de Alquileres en 2020 y empujó más aún el alza de los precios. Fue una reacción de los propietarios y el negocio inmobiliario que rechazan las cláusulas de renovación de contratos a 3 años y de actualización de los montos anuales. Muchos optaron por poner las viviendas en venta y dejarlas vacías. Quieren reformar la ley para establecer contratos a dos años y la actualización del precio semestral. También quieren poder establecer sin restricciones los montos iniciales de contrato y de actualización.

La Ley de Alquileres establece que los contratos deben actualizarse de manera anual de acuerdo al Índice para Contratos de Locación (ICL), elaborado por el Banco Central según la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir, la inflación. Con este cálculo, los contratos que cumplieron un año entre septiembre y agosto subieron alrededor del 60 %.

“Es cada vez más grande la brecha con los ingresos”, aseguró el delegado local del Centro de Corredores Inmobiliarios de Córdoba (Cecin), Eduardo Aliendo. “No hubo hasta hoy un ajuste interanual tan grande como el de agosto, que se compara con julio de 2021”, afirmó. (Hoy Día, 29 de julio).

El RIPTE muestra que los salarios promedio de los trabajadores registrados en la Argentina tuvieron un incremento acumulado del 51,7 % en los primeros ocho meses de 2022. En ese lapso, el avance de la inflación fue del 56,4 % de acuerdo al INDEC. Esto indica una pérdida del salario real del 3 % para el acumulado anual de 2022.

“La caída interanual fue del 3,5 % y en comparación con diciembre de 2019 estamos un 2,4 % abajo”, aseguró Luis Campos, Coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma en redes sociales a principio de octubre.

El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), por su parte, alcanzó los $51.200 en septiembre. Según un informe de CIFRA-CTA, cayó un 31 % desde 2015.

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De acuerdo a un relevamiento realizado por el portal inmobiliario Zonaprop, los alquileres en CABA subieron en agosto un 79,9 % con respecto al mismo mes del año anterior. La inflación interanual en el mismo período según el INDEC fue del 78,5 %. A diferencia de los salarios, gracias a la actual fórmula de actualización de la ley, los precios de los alquileres no pierden.

Por si fuera poco este viernes se conoció el dato de inflación del INDEC: alcanzó el 6,2 % en septiembre y ya acumula un 83 % interanual. Las subas en rubros esenciales superan el promedio: 6,7 % en alimentos y 10,6 % en prendas de vestir y calzado.

Los alquileres como parte de una historia de saqueo

Con la caída del poder adquisitivo, aumenta el peso del alquiler que cada vez se come un porcentaje mayor en los gastos familiares. “Destino el 60 % de mi salario en alquiler” denunció Lorena Itabel, trabajadora y delegada del Ministerio de Economía, que expuso en la comisión de la Cámara de Diputados, en abril. Se discutía la reforma de la Ley de Alquileres que está trabada en el Congreso.

Según Inquilinos Agrupados (IA) en septiembre de 2021 había 3 millones de familias que destinaban la mitad de los ingresos totales del hogar al pago del alquiler. Siete de cada diez inquilinos destinaban entre un tercio y la mitad de sus ingresos a pagar el alquiler.

Según denunció IA en junio de 2021, a un año de la sanción de la Ley de Alquileres, “desde 1984 que el Congreso Nacional no votaba una norma que mejorase el acceso a la vivienda por alquiler en Argentina; 36 años de predominio de la lógica rentística y la desregulación especulativa”.

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“En estas décadas la Argentina experimentó un fuerte proceso de inquilinización, en momentos en que la construcción -pública y privada- alcanzó niveles históricos. Cada vez más personas acceden a la vivienda a través del alquiler, aun cuando la construcción especulativa -desanclada de la demanda habitacional- multiplicó los inmuebles inútiles, vacíos o deshabitados, se naturalizó la dolarización de la vivienda y el precio del alquiler incide como nunca en los ingresos de lxs inquilinxs”, detalla un comunicado de IA.

Según publicó Muñoz en el DiarioAr, el gobierno nacional argentino reguló el precio de los alquileres y el plazo de los contratos, entre los años 1921 hasta la última dictadura cívico militar de 1976.

“En 1977, la dictadura de Videla llevó adelante dos medidas por decreto: desregulación absoluta del precio de los alquileres y exenciones impositivas para la construcción, además en ese mismo año aparece el primer aviso de vivienda cotizada en dólares”, asegura.

El artículo exhibe un cuadro con datos oficiales del Indec. En 1970 la incidencia del rubro alimentos en el sueldo de un obrero asalariado en Buenos Aires representaba el 46,3 % de los gastos. El alquiler representaba el 3,4 %, mientras que en otros rubros básicos como combustible y electricidad, significaban el 4,1 %. En total, considerando alimentos, alquiler y energía, en 1970 un trabajador gastaba el 53,8 % de sus ingresos en gastos básicos. En promedio, actualmente se gasta ese monto solo en el alquiler o incluso más.

El avance de la incidencia del alquiler y los consumos mínimos en los gastos de la población asalariada se dio en un marco de reducción histórica del poder adquisitivo del salario y de avance de la pobreza estructural.

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Desde el fin de la dictadura, todos los gobiernos capitalistas llevaron la pobreza de un 4 % a más del 40 %. Como cuenta el sociólogo y dirigente del PTS, Christian Castillo, el trabajo no registrado afectaba a un 20 % de los asalariados en 1974 y la desocupación era del 2,7 % en los 70. A junio de 2022 la desocupación afecta a 1,5 millones (7 %) y el empleo no registrado aumentó a 36 %.

Este deterioro en las condiciones de vida de las grandes mayorías, tuvo lugar en el marco del avance de las políticas neoliberales que empezó a introducir la dictadura, dieron un salto con el menemismo y que todos los gobiernos mantuvieron en lo esencial. Se trata de una serie de saqueos históricos, en la que todos los gobiernos descargaron las sucesivas crisis económicas en las espaldas del pueblo trabajador, para preservar las ganancias empresarias, de los propietarios de las viviendas y la tierra, así como para el pago de la deuda externa. Esto es lo que intenta volver a hacer el Frente de Todos, con la complicidad de Juntos por el Cambio y la ultraderecha, pagándole al FMI.

Esa insaciable sed propietaria…

El Gobierno no ha hecho nada para garantizar el cumplimiento de la vigente ley. Así lo demuestra el escaso registro de los contratos ante la AFIP, que alcanzó solo el 9 %. El “mercado informal” de alquileres afecta más a los sectores con menos ingresos, que quedan expuestos a la arbitrariedad de los propietarios. Pero esto no es todo.

“Se ha vuelto una práctica normal que los dueños reclamen una actualización anual más alta de lo que se firmó en el contrato”, publicó este jueves 13 de octubre A24 y agregó: “Casi todo el sector inmobiliario advierte esta práctica y reconoce que se ha vuelto moneda corriente”.

“Los propietarios, teniendo firmados contratos legales, llaman a los locatarios para establecer un nuevo ajuste, o pedir un aumento intermedio al que le correspondiera por contrato, o viendo de repactar el precio ”, detalló Andrés Rinaldi, martillero público y consultor inmobiliario One Brokers, al citado medio.

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Los testimonios también indican que los propietarios suelen “mentir en el destino del bien y fijar el contrato como temporal, turismo, comercial, para alterar los plazos mínimos de tres años o para modificar la modalidad de ajuste del precio”. Otra modalidad es exigir el pago del alquiler en dólares.

Luego de más de un mes de debate en la Comisión de Legislación General, el 11 de mayo hubo tres dictámenes para modificar la ley actual. El dictamen de mayoría presentado por el Frente de Todos propone mantener 3 años de contrato, actualización anual y agrega “incentivos fiscales” a propietarios para que pongan inmuebles en alquiler. Como si necesitaran más…

El dictamen de Juntos por el Cambio y el del Interbloque Federal se unificaron luego. Actúan como voceros directos del lobby inmobiliario: proponen contratos a dos años, actualizaciones cada 6 meses y que las partes acuerden libremente los montos sin ningún índice preestablecido. Carolina Píparo de Avanza Libertad (Espert), directamente pidió la derogación de la Ley de Alquileres.

El debate se encuentra trabado porque actualmente oficialismo y oposición de derecha rosquean el Presupuesto de ajuste para 2023, diseñado en Washington por el ministro de Economía, Sergio Massa.

Ya no se aguanta: trabajar cada vez más para lo mínimo

Según el INDEC la Canasta Básica Total (CBT) subió 7,6 % de julio a agosto. Así, una familia tipo compuesta por dos adultos y dos niños necesitó casi 120 mil pesos para no ser pobre. El salario mínimo ($51.200) no llegó ni a la mitad en septiembre. Roza el límite de la indigencia, de $52.990, según la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que subió un 7,1 %. Ambas mediciones no consideran el alquiler y se centran en el costo de lo mínimo e indispensable para vivir.

Esto explica que en todo el país hayan aumentado tanto los procesos de lucha por tierra y vivienda desde la pandemia. La respuesta del Gobierno es represiva. Las familias de Guernica reprimidas en 2020 por el gobierno de Axel Kicillof y Sergio Berni, todavía esperan que les entreguen las casas que les prometieron. Rodríguez Larreta en la ciudad y los gobernadores en las provincias actúan de la misma manera.

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, se jacta de haber entregado la casa número 60 mil desde que empezó este gobierno, cuando las que dejó inconclusas Macri según el propio Frente de Todos fueron 55 mil. El déficit habitacional alcanza a casi 4 millones de hogares. Sin embargo, el ministro de Economía, Sergio Massa acaba de recortar $50.000 millones de los créditos Procrear.

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Las organizaciones inquilinas proponen impuestos a la vivienda ociosa de los grandes propietarios. También un plan de obras públicas para crear puestos de trabajo y las viviendas necesarias que den respuesta al grave déficit habitacional. El Frente de Izquierda Unidad sostiene que un plan así podría llevarse a cabo con la plata que hoy se destina al pago de la deuda externa ilegal. También propone la expropiación de las millones de viviendas en desuso que hay en el país.

Lejos de cuestionar el mercado inmobiliario y de los alquileres el Gobierno cede a sus extorsiones. La derecha actúa como sus representantes directos. Mientras, los y las de abajo cada vez trabajan más y son más pobres. Dos, tres trabajos y changas para pagar lo mínimo: la comida, el techo, la ropa.

La única forma de romper con el FMI y enfrentar este saqueo que arroja a millones al desamparo y el hambre, es empezar por imponer a las centrales sindicales cómplices del ajuste un paro general, que la clase trabajadora salga a la calle en unidad con los desocupados, las desocupadas, la izquierda y los movimientos de lucha.