Stanley admitió que parte de los aportantes fueron o son beneficiarios de planes sociales. Otras fuerzas, como el peronismo y el Frente Renovador, bajo la lupa.
Celeste Vazquez @celvazquez1
Viernes 27 de julio de 2018
El escándalo de aportantes truchos a la campaña de Cambiemos no se detiene. Parafraseando al presidente Mauricio Macri, junto a la “tormenta” (crisis) económica, hay otra “tormenta”, la de los aportantes truchos, que azota al oficialismo y que se ha transformado en un gran escollo que pega de lleno en una de las figuras más prestigiadas de esa fuerza política, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, y en una de sus banderas discursivas: la transparencia.
Ahora, desde el ministerio de Desarrollo Social comandado por Carolina Stanley, una figura de mucha cercanía a Vidal, reconocieron que muchos de los que figuran como aportantes a la campaña de la coalición oficialista, con suma de dineros considerables, fueron o son beneficiarios de planes sociales desde el año 2009.
La cartera de Stanley tuvo que dirigirle un informe al fiscal electoral Jorge Di Lello, a pedido de él, en el cual indican que de unos 205 casos de donaciones a la campaña electoral, que son los mencionados originariamente en la primer investigación del periodista Juan Amorin de El Destape, 153 son o fueron beneficiaros de los planes sociales Argentina Trabaja, Ellas Hacen o Hacemos Futuro desde el año 2009.
“El problema es que muchos de los que aparecen como aportantes son beneficiarios de planes sociales, sería algo tremendo. Gente pobre, que recibió planes, ¿cómo van a aportar?” le preguntó el periodista Jonatan Viale a la ministra Stanley. “También son personas afiliadas”, contestó Stanley, intentado explicar lo inexplicable.
Es que la pregunta de Viale, que la ministra no pudo responder, no es menor. ¿Cómo una persona que recibe un plan que ronda los $ 5.000 puede financiar la campaña electoral de un partido, en este caso de Cambiemos, realizando aportes que podían llegar a casi $ 50.000? O sea, casi 10 veces más de sus ingresos. No hay manera.
Al día de hoy, la gobernadora Vidal y los responsables del PRO en la provincia de Buenos, Jorge Macri y Néstor Grindetti, están imputados por presunta usurpación de identidad, falsificación de documentos, lavado de activos, y violación de secretos y privacidad.
Desde que la investigación periodística reveló este modus operandi el escándalo fue aumentando y lo que era apenas una tormenta se convirtió en un vendaval, que puede complicar el “plan b” del macrismo, que era utilizar a la actual gobernadora como recambio electoral en las presidenciales del 2019. Al día de hoy, son más de 1.200 los casos de personas, que incluye ex candidatos, pero también actuales concejales e intendentes que figuran como aportantes al PRO, con sumas que van desde los $ 10.000 hasta los $ 50.000, y han desmentido serlo.
Una tormenta que salpica el régimen político
Sin embargo, el escándalo no se detiene en las puertas del Cambiemos. Según una investigación del periodista Hugo Alconada Mon, del diario La Nación, además de la coalición oficial, el Frente para la Victoria (FPV) y del Frente Renovador (FR) falsificaron unos 7.000 aportes en las campañas presidenciales del 2015 y las legislativas del 2017.
Dicha información surge de las fuentes del periodista, pero también de la propia brindada por las fuerzas políticas ante la justicia electoral.
En el caso de la campaña presidencial de Daniel Scioli, (del FpV) una auditoría de la Cámara Nacional Electoral detectó irregularidades en 212 aportantes en una lista en la que abundaban los empleados públicos y los monotributistas. Mientras que en el caso de la campaña de Sergio Massa, del (FR), según el listado que esa fuerza política presentó, la mitad de los aportantes eran o son empleados de la municipalidad de Tigre, localidad donde es fuerte y fue ex intendente Massa.
A diferencia, el Frente de Izquierda y sus candidatos pasaron la prueba. No sólo no utilizan aportantes falsos como manera de lavar dinero proveniente de empresas que en la mayoría de los casos, además, retribuyen de esta manera los favores de funcionarios (como por ejemplo licitaciones en la obra pública), sino que tienen una práctica política totalmente alejada de los privilegios de los políticos de los partidos tradicionales.
Los legisladores del PTS, dentro del Frente de Izquierda, entre ellos Nicolás del Caño y Myriam Bregman, cobran el sueldo de un trabajador docente y el resto lo donan a distintas sectores de trabajadores en lucha.
