PANDEMIA Y ESTRATEGIA SANITARIA. Apuntes a 6 meses de cuarentena

El viernes pasado el gobierno anunció una nueva prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio, ya no por conferencia de prensa, sino mediante un video de poco más de dos minutos. En dicho video solo se “recomienda” más restricciones para bajar la circulación, en el momento en que las cifras de contagios, mortalidad y positividad que tiene Argentina con respecto a la Covid-19 viene despertando múltiples alarmas en medios, redes sociales y lugares de trabajo, especialmente en el sistema de salud.

Efectivamente, los indicadores vienen empeorando sostenidamente en las últimas semanas.

La tasa de positividad (cantidad de test positivos sobre total realizados) es alrededor del 50 %, siendo de las peores del mundo, en tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que sea menor al 10 %. El promedio de casos diarios asciende a 11.100 en la última semana. Y en el ranking de mortalidad venimos escalando posiciones con respecto a otros países, llegando a ser de los países con más muertes por millón de habitantes en el promedio que toma los últimos siete días [1].

Para muchos de quienes trabajan fuera del hogar, el aumento de contagios no es ninguna novedad. Como señala el último informe del Observatorio Social del AMBA de La Izquierda Diario, los lugares de trabajo son verdaderos focos de contagio.

Por otro lado, según comunicó el Ministerio de Salud, en los últimos 15 días las provincias que más casos acumularon son Jujuy, Mendoza, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Santa Fe, La Rioja, Tucumán, Salta, Neuquén y Córdoba, y ocho de ellas muestran una alta tensión en su sistema de salud. Además, la Secretaria de Salud Carla Vizzotti informaba que “en mayo el 93% de los casos correspondían al AMBA y 7% a las provincias del país. Esta semana el porcentaje cambió muchísimo: 49,2% fueron casos fuera del AMBA.” Si bien cada provincia tiene particularidades, y los brotes iniciales se originaron en eventos independientes, en un sentido el AMBA terminó irradiando los casos al resto del país.

A seis meses del primer decreto [2] en Argentina que establecía la cuarentena en todo el país, en esta nota nos proponemos analizar el recorrido de cómo llegamos a la situación actual y comentar la opinión de especialistas sobre cómo seguir.

Cómo llegamos hasta acá, y por qué…

La medida “temprana” de la cuarentena, comparada con otros países de la región, tenía como finalidad reducir la movilidad social, “aplanar la curva” de contagios y ganar tiempo para fortalecer el sistema sanitario. El conocimiento de la propagación exponencial de la Covid-19 y las imágenes aterradoras de los hospitales colapsados de Italia y España, contribuyeron a esta decisión [3]. Sin embargo, la estrategia tenía varios flancos débiles.

Desde el principio, se dejaba entrever que la curva de contagios no podía suprimirse, sino más bien mitigarse [4], es decir un primer supuesto de la estrategia implementada fue que la Covid-19 iba a propagarse y las opciones eran que eso fuera más rápido o más lento. Si se hubiera optado por la supresión, en el sentido utilizado en esta nota, la estrategia requería buscar exhaustivamente los casos sospechosos y aislarlos efectivamente, pero esta nunca fue la principal tensión. Al contrario el presidente Alberto Fernández decía: “les aseguro que me voy a poner al frente para poder garantizar aquello que nos hemos propuesto, que es tratar de evitar que el ritmo del contagio se acelere de tal modo que el sistema sanitario argentino no lo pueda atender”. Es decir, el principal objetivo era evitar a toda costa el colapso del sistema de salud. Desde esta clave de lectura se explica la determinación de aplicar ciertas medidas en detrimento de otras, y también se revelan ciertas inconsistencias.

En la conferencia del 19 de marzo [5] Alberto Fernández anunció que establecería por decreto el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO). Esta decisión se tomó luego de una reunión con los gobernadores y sin pasar por el Congreso, que además quedaba suspendido con la nueva disposición. El bloque común de todos los partidos burgueses detrás de la medida (solo el FIT no participó) y el discurso “guerrerista” marcaba la tónica de una situación que iba a configurarse fuertemente represiva hacia la población, que debía acatar las medidas sin poder de decisión y de participación alguno.

Desde el comienzo, el énfasis estuvo puesto en la “responsabilidad individual” y en términos de “ciudadanía”. En dicha conferencia, luego de enumerar una serie de medidas implementadas hasta el momento, que aún no incluían el cierre generalizado de actividades, el presidente afirmó: “ayudamos declarando asuetos administrativos, invitamos a las empresas también a declarar asueto en sus lugares de trabajo, en los lugares de trabajo promovimos el trabajo a distancia, eso que llaman teletrabajo”, y continuó: “sin embargo seguimos teniendo problemas de gente que no entiende que no se puede circular por las calles en estas condiciones porque el riesgo en que se pone al otro es muy grande” (sic). Es decir, aún cuando las disposiciones eran parciales y ninguna empresa estaba obligada a no despedir y a cumplir protocolos sanitarios, la “gente que no entiende” era la causa de circulación. Y esa “causa” legitimaba a su vez, la disposición más estricta de la ASPO.

En un país donde la mitad de la población trabaja en la informalidad, la premisa elegida era que “la gente no entiende”, y así la decisión estuvo acompañada de un gran despliegue de las fuerzas de seguridad y empoderamiento de las mismas, bajo un discurso punitivista: “la prefectura y la gendarmería la policía federal y las policías provinciales estarán controlando quién circula por las calles y entiéndase que aquel que no pueda explicar lo que está haciendo en la calle se verá sometido a las sanciones que el código penal”. Cierta intelectualidad progresista se refirió a las “nuevas” fuerzas “del cuidado”, pero como denunció CORREPI los casos de gatillo facil ascienden a 92 y el mismo Secretario de Derechos Humanos Pietragalla informó de 531 denuncias recibidas por hechos represivos durante el ASPO, contra 71 recibidas entre el 10 de diciembre y al 20 de marzo.

Paulatinamente se hizo más evidente el problema de presentar a la “circulación” en términos tan generales. Individualizar el contagio tenía la clara ventaja de eximir al gobierno de la tarea de buscar a los contagiados y aislarlos efectivamente para que no sigan contagiando. Esta opción, correspondiente a una estrategia que llamamos de supresión, hubiera significado el testeo y aislamiento de todas las personas que llegaban al país (o al menos solo el aislamiento hasta escalar en el testeo), y el rastreo exhaustivo a su vez de las que habían regresado los días anteriores para realizar un seguimiento efectivo y detección temprana. Por el contrario, aún cuando la gran mayoría de los casos eran por importación, estas personas debían aislarse 14 días por sus propios medios y en muchos casos no se hizo ningún seguimiento. Esto es llamativo por lo contrastante con la “inflexibilidad”, en palabras del propio presidente, demostrada hacia los sectores populares, llegando incluso a cerrar y militarizar barrios enteros.

Bajo la imposibilidad supuesta de detección temprana de los contagiados o de focos de contagio (que hubiera implicado escalar rápidamente en el testeo, disponer de hoteles y de recursos inmediatos para el aislamiento y seguimiento focalizado de quienes volvían o había vuelto del exterior y de todos los casos sospechosos bajo una definición “amplia”), se procedió a una cuarentena generalizada, que expuso el contraste entre privilegios y vulnerabilidades a la hora de “quedarse en casa”. Y cuánto más tiempo pasaba las medidas económicas paliativas como el IFE se demostraron insuficientes. Pero si ya comenzaba a hablarse de otras medidas como el impuesto a las fortunas y la centralización del sistema de salud (ninguna de las cuales se han llevado adelante aún), luego de las primeras semanas del ASPO se presentaron los “logros” de la estrategia sanitaria.

En la conferencia del 10 de abril [6], el presidente mostró por primera vez las filminas con la tasa de duplicación de la Covid-19, lo que repetiría en la conferencia del 25 de abril [7] y en la del 8 de mayo [8]. El aumento de la tasa de duplicación era prueba de que la cuarentena “funcionaba”. Este indicador que se convirtió en estrella de las justificaciones “científicas” de las medidas políticas adoptadas por el gobierno, requiere algunos comentarios. Como explica muy bien Santiago Benitez, investigador del Conicet: [“la curva de infecciones por Covid-19 en todo el país es una abstracción bajo la cual se esconden las “curvas” locales: situaciones propias de una provincia, de una ciudad, de un barrio o incluso de un solo edificio donde conviven varias personas.” En otras palabras, lo que se presentaba como la tasa de duplicación de casos era un promedio que ocultaba más de lo que parecía mostrar, y eventualmente comenzó a desagregarse por departamentos. Por otro lado, este indicador puede ser muy contraintuitivo, ya que el aumento en términos absolutos de los contagios depende tanto de la tasa de duplicación como de las condiciones iniciales, es decir la cantidad de casos de la que se parte. Sin embargo, para la nueva etapa de “cuarentena administrada” la tasa de duplicación es un criterio de definición fuerte [9].

En esta nueva etapa, se distinguieron 5 fases, las primeras tres de ASPO y las fase 4 (reapertura progresiva) y fase 5 (nueva normalidad) de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DiSPO). El cambio de fase se habilita según el criterio de tiempo de duplicación de casos (R) y se asocia cada fase a un porcentaje de movilidad de la población para la zona correspondiente. En fase 1 de aislamiento estricto la movilidad esperada es de hasta el 10 %, en fase 2 de hasta el 25 %, en fase 3 de hasta 50 %, en fase 4 hasta el 75 % y en fase 5 o nueva normalidad más de 75 %.

A partir entonces del 11 de mayo [10] y con esta modalidad, el presidente dispuso el pasaje a fase 4 de todo el territorio nacional con excepción del AMBA, en fase 3. Además se aprobaron protocolos sanitarios para 18 sectores industriales, profundizando la línea productivista, es decir, asegurando la producción y cargando la responsabilidad del contagio sobre las y los empleados, sin siquiera supervisar el cumplimiento de medidas mínimas de parte de las patronales, función que podrían cumplir Comisiones de Seguridad e Higiene conformadas por los propios trabajadores.

Pero si acaso las medidas adoptadas para reducir la movilidad estaban “funcionando”, en términos de ralentizar el contagio, ¿por qué implementar fases de apertura, habilitando actividades con una movilidad esperada del 50 % en el AMBA y de hasta el 75 % en el resto del país? La necesidad de poner a “funcionar” la economía, ganaba la pulseada, y en esta partida los grandes ganadores seguían siendo los empresarios y especuladores. En principio porque gran parte del combo paliativo fue en primer lugar para los empresarios, a quienes se les otorgó el programa Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) que subsidiaba el 50 % del salario de los trabajadores sin tener que presentar ningún balance ni ningún tipo de regulación, así las empresas que aplicaron suspensiones y rebajaron el salario, terminaron pagando solo el 25 % de su valor. El decreto de prohibición [11] de despidos comenzó a regir el 31 de marzo luego de los despidos de Techint y Latam, y no se garantizó su cumplimiento. Por si fuera poco, los buitres de siempre tampoco tuvieron que esperar, el oficialismo decidió pagar 4.500 millones de dólares de deuda a los especuladores del capital financiero internacional, mientras que entre enero y julio la fuga de capitales fue de 1826 millones de dólares. Estos recursos podrían haber ido a combatir la pandemia, pero no solo no fue esta la prioridad, sino que estos sectores presionaron para la vuelta a la actividad.

Insistimos entonces, en términos sanitarios, ¿cómo se proponía el gobierno evitar el aumento de casos con mayor movilidad? Una vez más se apeló a la “responsabilidad individual” y “cuidarnos entre todos”, pero si los “esenciales” venían denunciando la falta de elementos de protección, la maniobras de las patronales para no cumplir con las disposiciones mínimas y los problemas de los propios protocolos para prevenir el contagio, las nuevas actividades se habilitaron siguiendo la misma lógica. Las nuevas fases no contemplaban medidas para acompañar la apertura de nuevas actividades, como podría ser protocolos más exhaustivos de testeo, rastreo y aislamiento. Programas como el Detectar se realizaron de forma muy acotada y para barrios vulnerables cuando la situación amenazaba con desbordarse.

En efecto, los casos siguieron aumentando, y la estrategia pasó a ser de “cuarentena intermitente” según la denominación de Kicillof. Cuando discursivamente se insiste en que la situación depende del “cuidado individual” se fomenta un “chivo expiatorio” que como venimos mostrando no explica la situación. El retroceso a fases más estrictas en determinado momento y aperturas sin rastreo ni testeo, se debe a que la estrategia sanitaria se rige por el objetivo de que “no se colapse el sistema sanitario”. Las y los trabajadores de salud vienen denunciando la situación de creciente estrés en los hospitales y advierten que por más que se aumenten las camas de terapia intensiva, los propios terapistas no dan abasto, mientras tanto se naturaliza el número de casos y de muertes en un ascenso lento pero sostenido.

Entonces surge una vez más la pregunta ¿es esto lo único que se puede hacer?

Estrategias en pugna

En una carta llamada “¿Cómo combatir la pandemia?” [12] varios científicos de renombre y que apoyan al gobierno, proponen algunas medidas para frenar la tendencia en alza que se ve en las últimas semanas. Parten de establecer que es necesario contemplar políticas que acompañen los perjuicios causados por las restricciones, por ejemplo de tipo económico o de acceso a la educación, y más allá de la cuarentena afirman: “Diseñar otras intervenciones y medidas es una deuda del gobierno nacional que es urgente atender.”

Estas intervenciones contemplan la búsqueda y detección temprana de casos sospechosos y la asistencia directa durante las dos semanas de aislamiento, realizada por personal remunerado. Así como también técnicas de diagnóstico y vigilancia epidemiológica para encontrar focos de contagios y especialmente en poblaciones de riesgo o estratégicas.

También estuvo circulando por estas horas el comunicado de los integrantes del Comité de Expertos [13] que asesora al presidente sobre el estado actual de la pandemia, donde se plantea la necesidad de aumentar los testeos, y el rastreo y seguimiento de casos sospechosos y de contactos estrechos con la “máxima premura”.

A pesar de que son muchos los especialistas y hasta la propia OMS que insisten hace meses con la necesidad de ampliar el rastreo y el testeo, Argentina es de los países con peor positividad del mundo. Y lo más sorprendente es que el país cuenta con tres test moleculares de desarrollo nacional (CoronARdx y dos rápidos, Neokit y ELA-Chemstrip) y nuevas formas de extracción que abaratan costos para los test de diagóstico y rastreo, además de test serológicos para viligancia epidemiológica. Sin embargo, en vez de poner estos desarrollos del sistema científico nacional en función de una estrategia sanitaria de detección temprana y a gran escala, muchos laboratorios privados se encuentran realizando testeos periódicos a los planteles de fútbol. Si la prioridad fuera la salud de la población, no se dejaría librado al criterio de mercado el acceso a este recurso, por el contrario, habría que avanzar en declarar de utilidad pública los laboratorio privados.

El giro estratégico propuesto en la carta (y con menos énfasis en el comunicado del Comité Asesor), parte de proponerse superar la dicotomía cuarentena sí o no, e incluso es superador frente a la individualización de responsabilidades de corte neoliberal, porque se trata del reconocimiento de que la intervención del Estado es clave. Pero justamente lo que viene mostrando el manejo de la pandemia es que el Estado no es neutral y que en una sociedad dividida en clases sociales, las desigualdades y las causas estructurales de la epidemia se tienen que tener en cuenta de entrada si se quiere comprender el desarrollo epidemiológico y frenar los contagios.

Llevar adelante esta propuesta implica reorientar recursos económicos y tomar decisiones políticas que afectan a los negocios privados y la creciente mercantilización de la salud. La disyuntiva entre cuidar la ganancia capitalista y la vida y salud de trabajadores y sectores populares se ha expuesto de forma ineludible en esta pandemia, y querer conciliar intereses encontrados viene teniendo consecuencias devastadoras, en términos sociales, políticos y económicos. Para que el remedio no sea peor que la enfermedad, es necesaria la participación activa de los principales afectados por esta crisis para imponer por medio de la organización otro tipo de estrategia, en la que la prioridad sea nuestras vidas. En total contraposición con la pasividad mostrada por las burocracias de todo tipo, estamos convencidos de que si las masas de trabajadores, estudiantes, intelectuales y sectores populares debatieran como un gran colectivo un plan sanitario, económico y social, no solamente se verían totalmente disminuidos los sectores anticuarentena y reaccionarios, sino que la capacidad de plantear soluciones y llevarlas adelantes serían inigualablemente superior a la miseria de lo posible que nos plantean los gobiernos actuales.