[Desde Barcelona] El régimen español del 78 vive, al mismo tiempo, una restauración que viene a cerrar los dos grandes desafíos surgidos de la crisis del 2008, y un ensanchamiento de las divisiones y disputas por arriba sin precedentes hasta ahora en torno a la amnistía a los independentistas catalanes. En el presente artículo Santiago Lupe, director de Izquierda Diario del Estado Español, analiza esta crisis de régimen que está por detrás del proceso que llevó a Pedro Sánchez a mantenerse en la presidencia del gobierno. A su vez, debate sobre la necesidad de una izquierda revolucionaria y socialista que se prepare para intervenir en esta y futuras brechas y no repetir el fracasado camino andado por Podemos y las direcciones burguesas del Procés independentista catalán.

Investidura, amnistía, manifestaciones de la derecha, el ceño fruncido del rey, nuevas amistades selladas en Bruselas, Podemos desempolvando una cierta retórica “izquierdista”... todo en un intenso mes de noviembre cargado de movimientos tácticos a corto, pero que prometen tener un recorrido más allá de la coyuntura inmediata.

Aunque estamos en una situación marcada por la restauración en clave progresista y ofensiva reaccionaria de la derecha, la pasividad de los últimos años comienza a romperse -como vemos con el movimiento de solidaridad con Palestina o la huelga feminista de Euskadi - y el agravamiento de la crisis por arriba puede permitir la apertura de nuevas oportunidades para la intervención de la clase trabajadora y los sectores populares. La tarea actual de la izquierda anticapitalista es intentar llegar mejor preparada programática, estratégica y organizativamente que en 2011, para evitar que otro Podemos u otros direcciones como la del Procés catalán nos la hagan perder de nuevo.

La obra de la restauración “progresista” de PSOE y Podemos

En el ya lejano 2011 saltaron por los aires consensos de 30 años. La gran empresa burguesa del régimen del 78 - tras la que se nuclearon todos los sectores de la burguesía, sus diferentes representaciones políticas y las burocracias sindicales - quedó tocada por la irrupción de una juventud sin futuro, movilizaciones obreras en el sector público, huelgas generales contra las reformas laborales y la reemergencia de la cuestión catalana.

La crisis del régimen se abrió desde un eje de abajo-arriba fundamentalmente. La cohesión de las diferentes castas y representaciones políticas de la burguesía, así como la unanimidad de los grandes capitalistas, sirvieron de defensoras de las esencias del régimen y de la agenda que tocaba aplicar: la del brutal ajuste y el enorme rescate de los ganadores de la crisis de la burbuja inmobiliaria.

La fuerza de “los de abajo”, como se definió en el origen de este ciclo inaugurado por el 15M, no pudo pasar de la presión sobre el régimen para propiciar una cierta reforma. El rol de la burocracia sindical, y de una gran parte de las direcciones de los movimientos sociales, que transitaron el camino a la burocratización y la integración, fue clave para que no interviniera la clase trabajadora con sus métodos y potencial. Sobre esta debilidad, y el consecuente desgaste, se asentó el proyecto de Podemos, impulsado inicialmente por el grupo de Iglesias y Errejón, junto a Anticapitalistas.

El desvío de la calle a las instituciones fue rápido y relativamente indoloro, sin mucha resistencia. Fuimos pocas las voces que nos resistimos y señalamos la operación en marcha para pasivizar primero, restaurar después y provocar, como venimos viendo desde 2018, una capitalización del desencanto en forma de individualismo y auge reaccionario.

La negativa de Podemos a cuestionar la Monarquía en junio de 2014 - en plena abdicación de Juan Carlos I - o a dar apoyo a la consulta catalana del 9N ese mismo año, ya demostraban que su voluntad impugnatoria no era tal. El resto de la película es conocido. Una constante rebaja programática hasta una serie de demandas reformistas moderadas.

Primero vino la inocua experiencia de los ayuntamientos del cambio - desde Carmena en Madrid o Colau e Barcelona al “anticapitalista” Kichi en Cádiz- sin resolver ni uno de los grandes problemas sociales de las grandes urbes, manteniendo los grandes negocios metropolitanos, y cooptando a una porción significativa del activismo de las plazas y los movimientos.

Después, y tras varios intentos fallidos en 2015, 2016 y 2018, acabaron cogobernando con el PSOE el Estado en 2019, avalando la reválida de la reforma laboral del PP, las políticas de extranjería, el mayor rearme imperialista de la historia o la más grande transferencia-rescate de dinero público a las grandes empresas con los Fondos Europeos, mientras la inflación devoraba los salarios de millones o los precios de la vivienda superaban los de la burbuja pre 2008.

Unidas Podemos y el PSOE lograron en estos últimos años, con Iglesias y Díaz de vicepresidentes, instaurar una rebaja de expectativas inauditas. Desmovilizaron la calle mucho mejor que los palos y la Ley Mordaza de Rajoy, aunque ni esta derogaron. Gracias a su labor, hoy hablar de derogar el legado de contrarreformas de la crisis ha quedado fuera de agenda. Del no pagar la deuda se ha pasado a reivindicar la generación de más deuda pública para sufragar ayudas a las empresas del automóvil o el oligopolio eléctrico. Se rinde pleitesía a la Corona o se reivindica como la “mano izquierda” del gobierno de coalición ha logrado aplacar las ansias catalanas a ejercer el derecho a decidir.

El caso y los ritmos particulares de la crisis catalana

La forma que adoptó la crisis de régimen en Catalunya fue diferente y mucho más profunda. Se combinó la división vertical de los de abajo contra los de arriba, con otra horizontal. El procés fue la forma que adoptó aquí la aspiración constituyente del 15M, la lucha por una república independiente. Pero este nació ya con una fuerte mediación para contenerlo, desviarlo y hacerlo fracasar. Un sector de la burguesía catalana optó por sumarse y encabezarlo, y de paso así salvar a sus partidos de la profunda crisis de representación que había llevado, nada menos, a que en Barcelona el 15M intentara asediar el Parlament para evitar la aprobación de un paquete de ajustes. Este devenir de los herederos del pujolismo y otros sectores burgueses se dio, bien desde un convencimiento independentista - sobre todo sectores de la pequeña y mediana burguesía - o como resorte de presión para una mejor negociación.

La transversalidad del procés daba cuenta de una crisis más profunda, que no se pudo cerrar ni tan rápida ni tan indoloramente como la abierta por el 15M en el resto del Estado. De hecho, se necesitaron 5 años de enredos procesistas para posponer el referéndum. Cuando se realizó, hizo falta una militarización y represión brutal a cargo de 6.000 antidisturbios al grito de “a por ellos”, y después un golpe institucional encabezado por la Corona, presos, exilio y miles de represaliados.

El rol de las direcciones burguesas en todo el procés, y la ausencia de un polo de izquierda de independencia de clase, vista la “mano extendida” de la CUP, fue su Talón de Aquiles. Que la izquierda neorreformista de Podemos e IU, decidieran ubicarse en los hechos con el constitucionalismo, facilitó su aislamiento y boicoteó la posibilidad de que la grieta catalana reabriera la “ventana de oportunidad” que ellos mismos estaban cerrando con pestillo. Entre todos supusieron un bloqueo enorme para poder poner en marcha las fuerzas sociales capaces de generar una alianza con las clases trabajadoras del resto del Estado y poder abrir la posibilidad de derrotar al régimen y el Estado.

De parte de los defensores del régimen del 78, las recetas para conseguir liquidar esta amenaza no han sido únicas, y ha habido un cierto zigzagueo hasta imponerse - por el momento - la versión “progre” que representaron los indultos y la mesa de diálogo, o ahora, la amnistía parcial tutelada por los jueces y el mediador internacional, y de la que hoy Podemos, Sumar y el PCE son abiertamente parte junto a los dirigentes de ERC y Junts.

El PP lideró un primer intento, con Felipe VI a la cabeza y el PSOE de escudero, con el artículo 155 de Constitución [1] y la apertura de casi 4.000 procesos judiciales. La moción de censura de Sánchez, apoyada en los votos de una parte del independentismo catalán, se leyó, por una parte del búnker del 78, como una afrenta a esta salida en clave represiva y recentralizadora. Pero el PSOE cerró filas de nuevo. A través de la Abogacía del Estado logró la condena a hasta 12 años de cárcel para los líderes independentistas, reprimió brutalmente las movilizaciones contra la sentencia en 2019 y realizó montajes policiaco-judiciales como el de la Operación Judas con la que se buscó criminalizar al movimiento independentista.

En el gobierno de coalición con Unidas Podemos, mantuvo una línea de “palo y zanahoria” que ha resultado exitosa, sobre todo con ERC. Mientras concedía algunas medidas de gracia puntuales - los indultos - o se abría a negociar algunas concesiones de financiación, seguía dando golpes certeros junto a la Judicatura, como el que depuso a Torra de la presidencia de la Generalitat para intentar imponer a Illa - que no le salió - o el mantenimiento de decenas de causas abiertas. En todo este camino, tanto Podemos como el resto de fuerzas de Unidas Podemos - incluyendo los Comunes - se mantuvieron leales a la política de su gobierno.

El procesismo se dividió en dos alas. Una abiertamente entregada a esta operación de restauración autonómica, ERC. Otra, Junts, que pretendía mantener una retórica más intransigente, pero que, como se ha demostrado en estas semanas, era la fachada para poder lograr un mejor acuerdo de claudicación a nivel penal y, seguramente, de participación en el reparto de la tarta fiscal en los próximos años.

La ofensiva de la derecha no permite asentar otros 40 años de “atado y bien atado”

Si uno tomara la instantánea del Estado español antes de la elecciones generales del 23J, el gobierno “progresista” y el procesismo - aún con un ala más intransigente en el discurso - habían conseguido saldar aparentemente las dos grandes crisis nacidas a partir de 2011. El régimen del 78 gozaba de la mejor salud desde entonces. Su pata izquierda, el PSOE, había sido restablecida como digna pieza de la alternancia, acompañada de otras “patitas” o muletas que incluían a los independentistas descafeinados, ex partidarios del movimiento del 15M también descafeinados, entre otros.

Paralelamente, y como es habitual después de una restauración de este calibre, la derecha esperaba su turno. Las elecciones municipales y autonómicas mostraron como la posibilidad de un gobierno del PP con el apoyo de Vox, y hasta su integración como en los ejecutivos autónomicos, se presentaba casi como el destino irremediable. Un ejecutivo que venía a radicalizar las políticas, ya de derechas, del anterior en materia económica, migración o defensa, y que prometía una reversión en derechos democráticos para mujeres, personas LGTBI o demandas nacionales de autogobierno o defensa de la lengua.

Hasta esa fecha, a la restauración “progresista”, cuya principal función había sido la de desactivar la calle y que el malestar y desafección lo capitalizara la derecha, le seguía otra en clave “conservadora” para terminar de asentar su obra. Corría el riesgo, sin embargo, que dada su dependencia y competencia con la extrema derecha, más que asentar, la hiciera saltar por los aires. Una política demasiado ofensiva en lo social, antiderechos y en clave recentralizadora, podía reavivar las calles que con tanto esfuerzo el “progresismo” había calmado. Pero esta hipótesis no salió.

La ajustada aritmética parlamentaria dejó a la derecha fuera de toda posibilidad de gobierno, a cuatro escaños insalvables de la mayoría absoluta. El bloque “progresista” podía reeditar gobierno, pero, esta vez, tendría que llevar sus cesiones en clave restauracionista mucho más lejos de lo pensado hasta ahora.

La necesidad de contar con los votos de Junts llevó a Sánchez y Díaz a aceptar una amnistía que supone, a ojos de un importante sector del régimen, una afrenta inaceptable a la respuesta dada por el Estado al desafío secesionista. La oposición de la Judicatura y la derecha, que adopta incluso tintes destituyentes, significa una fisura en las representaciones políticas de la burguesía y los poderes estatales sin precedentes. Si la unidad burguesa estatal fue en 2011 un relativo activo del régimen español, hoy esta está más debilitada que en aquel momento o el más crítico aún de 2017.

El nuevo gobierno logra una reintegración de una burguesía periférica muy importante, la catalana. Pero esta ya estaba en vías de vuelta a la casa común del constitucionalismo. Lo hace a costa de ponerse de punta al búnker del 78 que cuenta con el respaldo de la Corona, como hizo evidente el monarca con su gesto de enfado exagerado durante las juras del nuevo gobierno,

Los grandes servicios prestados por el “progresismo” para que el régimen del 78 tuviera 4 décadas más de buena salud, tienen, por tanto, los pies de barro. Cuentan con la fortaleza de haber conjurado las principales impugnaciones por abajo, pero a costa de alentar aires destituyentes por derecha y que el régimen empeore su crisis por arriba.

Aunque hoy todo este interregno esté dando esencialmente expresiones reaccionarias - como las movilizaciones en Ferraz, los actos masivos convocados por el PP y su “sociedad civil” o una derechización que llega a sectores populares y de la juventud- esta inestabilidad puede volver a generar nuevas “ventanas de oportunidad”, en términos quincemayistas, para cuestionar desde los sectores populares, la juventud y la clase obrera tanto el gatopardismo del social-liberalismo “progre”, como las vueltas de tuerca a las que nos quieren llevar los Feijoó, Abascal o Felipe VI.

Un nuevo gobierno “progresista” que también defraudará por izquierda

Aun con una pandemia y una crisis inflacionaria sin precedentes desde los 70, el gobierno “progresista” ha contado con algunos vientos de cola que le han permitido desarrollar su papel restaurador. Mientras la derecha de Rajoy tuvo que implementar el salvataje a los grandes capitalistas a base de ajustes, Sánchez ha contado con la ventaja de un momento de flexibilidad del déficit por la UE que le ha permitido pasar del 98 al 113% del PIB de deuda pública sin necesidad de aplicar recortes.

Aunque la caída de poder adquisitivo o la crisis de la vivienda se han agravado como no lo hacían desde 2008, esta coyuntura excepcional - común a la política de los distintos gobiernos de la UE - ha permitido una relativa tregua en la agenda de contrarreformas y recortes de la última década. Tampoco ha supuesto la reversión de estas, más bien al contrario. La legislatura 2019-2023 ha revalidado las reformas laborales y de pensiones de PP y PSOE, entre otros elementos de la herencia anterior.

La que comienza, sin embargo, promete ser diferente. La Comisión Europea exige una vuelta a la ortodoxia fiscal, lo que, en lo inmediato, el mismo gobierno ya ha reconocido que supondrá un tijeretazo de 20 mil millones en los próximos dos años. O cuestiones como la reforma de pensiones se tienen que rediscutir en 2025, bajo la supervisión de los hombres de negro de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), como parte de las condiciones de los Fondos Next Generation que giró la Unión Europea frente a la crisis del COVID.

En el terreno de la conquista de derechos civiles o la “guerra cultural”, el nuevo ejecutivo se presenta como una versión conservadora del anterior. La nueva titular de Igualdad, ligada al feminismo más liberal y habitual de las procesiones religiosas, es todo un mensaje de que en este terrero no habrá más ampliaciones de derechos.

Las grandes políticas de derecha del gobierno de PSOE y Unidas Podemos, se mantendrán y endurecerán conforme la situación lo amerite. Es así en Defensa, con la continuidad de la hiperatlantista Robles, en materia represiva y de lucha contra la inmigración, con el juez torturador de Marlaska y en política exterior, con el mismo Albares que selló el respaldo a la ocupación del Sáhara Occidental y hoy eleva el tono con Israel, para seguir comprándole armas a continuación.

En definitiva, estaremos ante un gobierno “progresista” más conservador que el anterior y que, en materias fundamentales como las que mencionábamos, aplicará la agenda del extremo centro, cuando no la de la derecha y la extrema derecha, como vemos en las fronteras. El peso que además tendrán la derecha vasca y catalana en la coalición parlamentaria que deberá respaldar Presupuestos y todas las leyes, acentúa este carácter más conservador.

La ofensiva de la derecha, al mismo tiempo que puede hacer la legislatura corta - sobre todo si la Judicatura consigue bloquear la aplicación de la amnistía -, seguirá siendo la principal cobertura con un halo de “izquierdas” del que no será más que otro gobierno social-liberal. Se seguirá alentando un malmenorismo cada vez más infumable para mantener la adhesión pasiva y la desmovilización con la ayuda de la burocracia sindical y de los movimientos.

Sin embargo, los cuatro años que tienen por delante PSOE y Sumar, van a seguir generando malestar y desafección entre amplios sectores obreros, populares y de la juventud, que no necesariamente tienen porque capitalizarlos la derecha demagógica. La tercera legislatura de Sanchez puede seguir los pasos de la segunda Zapatero, donde aplicó la primera tanda de ajustes post2008. Sobre todo si la convulsa situación internacional da nuevos saltos con impacto en la economía. Que el régimen no logre una estabilización sólida y duradera, aunque sea por las discrepancias por arriba, puede volver a abrir una nueva crisis de representación que suponga otra oportunidad para tumbarlo y avanzar en una salida obrera y socialista.

Necesitamos una izquierda que enfrente la agenda social-liberal del gobierno y dispute a la demagogia derechista

Para disputarle el malestar presente y futuro a la derecha hace falta reactivar la movilización social y construir una alternativa política que parta de la absoluta independencia de los partidos del régimen, que luche por hacerle pagar el costo de la resolución de los grandes problemas sociales a los capitalistas y se proponga retomar las demandas inconclusas del ciclo anterior, como el derecho a decidir e imponer procesos constituyentes sobre las ruinas del régimen del 78.

Por ello, una primera pelea fundamental es desenmascarar a aquellos que se presentan hoy como leal oposición al gobierno “progresistas”, para intentar volver a recorrer el mismo camino que nos ha llevado hasta aquí. Este es el papel que está jugando hoy Podemos y su nueva ubicación impostada de oposición por izquierda al gobierno de coalición, hablando incluso de la necesidad de retomar la movilización social.

Después de ser parte del ejecutivo estos cuatro años y comprometerse así con todas sus políticas, Iglesias, Montero y Belarra, alzan hoy algunas críticas contra el perfil de los nuevos ministros y ministras o algunas decisiones de política exterior. La exclusión del ejecutivo de la formación morada es la única razón de estos arrebatos de independencia, tal y como explicaban recientemente en una editorial de La Base.

Hoy se escandalizan por la compra de armas a Israel, pero ellos fueron parte del gobierno mientras su ministro de Interior empleaba el Pegasus - de una empresa israelí - para intervenir los móviles de decenas de independentistas. Ellos estuvieron en los consejos de ministros y ministras que aprobaron contratos de compra-venta de armas con Israel o Arabia Saudí. Ellos fueron acérrimos defensores de la reforma laboral de Yolanda Díaz o acataron el mantenimiento de leyes como la Mordaza, la de Extranjería o la edad de jubilación a los 67.

Si sus palabras no pasaran de su particular larga precampaña electoral, al menos deberían negar el apoyo en las Cortes a todas las políticas social-liberales e imperialistas del gobierno y denunciar el rol pasivizador de las burocracias sindicales que han sido hasta ahora un ministro sin cartera del gobierno del que eran parte. Mucho me temo, que nada de esto lo veremos en los próximos cuatro años. Así lo aclararon explícitamente esta semana tras su decisión de salir del grupo parlamentario de Sumar: en ningún momento van a poner en peligro la gobernabilidad de Sánchez y Díaz.

En su oposición en el Parlamento, dudosamente llevará a evitar la aprobación de Presupuestos y las principales leyes de las que dependen la legislatura y para las que sus cinco diputados son fundamentales. Su apelación a reanimar la calle no pasa de un saludo a las ya existentes a pesar de ellos, como el movimiento en apoyo a Palestina. Ambas cuestiones se enmarca en una estrategia de supervivencia electoral y poder llegar a ser tenida en cuenta en futuros acuerdos de gobierno.

Una hoja de ruta que en ningún caso se propone enfrentar y paralizar las políticas de derecha de este gobierno, a lo sumo tratar de corregirlas por medio de cierta presión. Y que, por esto mismo, es completamente impotente a poder ofrecer una salida global y por izquierda, a los malestares sociales con los que se pretende nutrir la derecha y oponerle a su propuesta destituyente reaccionaria, la pelea decidida por las demandas democráticas que niegan ambos proyectos burgueses.

Por eso lo que necesitamos es otra izquierda, una izquierda revolucionaria y socialista, que se proponga luchar por demandas que ni la derecha ni el “progresismo”, tampoco Podemos, plantean y que supondrían una verdadera salida de fondo a los problemas sociales y democráticos.

Como la reducción de jornada laboral sin reducción salarial hasta conseguir terminar con el desempleo, el aumento del salario mínimo al nivel del salario necesario para vivir - 1.800 euros - y la actualización automática de todos los sueldos según el coste de la vida mes a mes; la expropiación de las viviendas de los grandes tenedores y la construcción de un parque público de alquiler con rentas proporcionales a los ingresos; la nacionalización de todas las energéticas bajo control de sus trabajadores y usuarios para establecer un control de precios y un plan de reconversión sostenible; o un paquete de inversión en todos los servicios públicos para acabar con su infradotación y precariedad.

Son algunas medidas de urgencia que no se pueden tomar sin afectar directamente a los beneficios y privilegios de los grandes capitalistas. Que tienen que ir acompañadas de otras como los impuestos a las grandes fortunas y empresas, medidas de control obrero en los centros de trabajo para garantizar que se aplican sin descargar sus costes en nuestras espaldas, la nacionalización de sectores estratégicos como las grandes distribuidoras que han hecho su agosto con la inflación o de todo el sistema bancario para acabar con la asfixia de las hipotecas y poder garantizar crédito y condiciones soportables a autónomos y pequeños productores.

Solamente si la clase trabajadora y los sectores populares luchamos decididamente por un programa así, podemos empezar a enfrentar la demagogia de la derecha de querer enfrentar al penúltimo con el último. A su vez, contra sus discursos de odio y división de nuestra clase - respaldados materialmente por políticas del mismo gobierno, como las de extranjería - hay que vincular estas demandas sociales con las democráticas que plantean la defensa de los derechos de mujeres, personas LGTBI o inmigrantes, como la derogación de las Leyes de Extranjería, el cierre de los CIEs y el fin de las políticas imperialistas españolas contra los pueblos de los países semicoloniales.

Son todas demandas que para imponerse la clase trabajadora y los sectores populares deben ponerse en pie, lo cual implica liberarse de los corsés que suponen la burocracia sindical y otras que hoy dirigen buena parte de los movimientos sociales. Por eso, la pelea por ellas está íntimamente unidad a combatir por el desarrollo de la autoorganización, las asambleas, coordinadoras y contra el corporativismo o esencialismo, que limita las luchas a lo económico o solo por los derechos civiles respectivamente.

Por eso también la pelea trasciende de lo social y debe apuntar al poder político, a los distintos gobiernos y el Estado capitalista, que en el Estado español toma hoy la forma del régimen del 78 y los dos grandes proyectos en disputa por actualizarlo. La lucha contra la Corona, por el derecho a decidir y por abrir procesos constituyentes verdaderamente libres y soberanos, tiene que estar recíprocamente unida con este programa social en favor de las grandes mayorías, y que permitiría a la clase trabajadora encabezar de forma hegemónica la lucha contra el régimen.

En definitiva, aunque la coyuntura hoy esté copada por las manifestaciones de Ferraz, los acuerdos por arriba y el malmenorismo de la resignación, tenemos que empezar a construir, como proponemos desde la CRT, una izquierda revolucionaria y socialista que ponga en el centro el desarrollo de la movilización y la autoorganización obrera y popular. Es decir, en el desarrollo de las fuerzas sociales capaces de torcerle el brazo al gobierno, enfrentar el ascenso de la derecha y reabrir un proceso en el que se pueda tumbar el régimen, en la perspectiva de construir gobiernos de trabajadores y trabajadoras y la lucha de un socialismo desde abajo.