La crisis política ecuatoriana sigue en crecimiento al calor de una supuesta lucha contra la corrupción. A pesar de la muestra de unidad en el poder legislativo, Lenín Moreno enfrenta la primer deserción en su gabinete, y hay incertidumbre sobre el rumbo del Gobierno en caso de una ruptura.
Domingo 27 de agosto de 2017
Foto: El Universo
El viernes por la tarde, la Asamblea Nacional de Ecuador decidió en forma unánime habilitar el enjuiciamiento penal del vicepresidente Jorge Glas. La resolución da curso al pedido de la Fiscalía General del Estado para vincularlo en el caso Odebrecht como supuesto partícipe de una red de sobornos en la adjudicación de obras públicas.
Luego del anuncio de la fiscalía, todos los ojos estaban puestos en la bancada de Alianza PAIS. El oficialismo sigue sumergido en una guerra abierta entre líderes, y esta votación puso a sus legisladores contra la pared: una decisión partida significaba el anticipo definitivo a la ruptura del bloque entre “correistas” y “leninistas”.
El propio Glas les había solicitado que se pronuncien a favor del enjuiciamiento, aunque el apuro de la bancada mayoritaria quedó expuesto en la breve sesión del recinto. No permitieron que se planteen mociones, y evitaron tanto discutir el texto como hacer pronunciamientos a favor del vicepresidente.
Los bloques de CREO, SUMA, y el Partido Social Cristiano, denunciaron que se trató de una maniobra para proteger al segundo mandatario ante posibles avances en la investigación. La solicitud opositora era habilitar que la justicia pueda implicar a Glas en otros delitos, como peculado. Pero el documento aprobado sólo permite la indagación bajo asociación ilícita, y en caso de requerirse la imputación de cargos con penas más duras, otro pronunciamiento de la Asamblea será necesario.
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El pedido de la Fiscalía fue finalmente aprobado, entre gritos cruzados, con los 128 votos de los asambleístas presentes. Un trámite parlamentario más, donde todos se pronunciaron como auténticos representantes de la “voluntad ciudadana de acabar con la corrupción”, pero sostienen una institucionalidad que garantiza la impunidad para la clase política.
Los opositores de centro y derecha agitan una tibia crítica hacia el andamiaje de control del Estado diseñado por el correísmo, y quieren avanzar hacia la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Desorientados, los partidos de izquierda exigen un referéndum popular con las mismas consignas. Ninguno plantea terminar con la impunidad que garantizan jueces y fiscales no elegidos por el voto popular.
Alianza PAÍS le gana tiempo a la presión judicial, mientras sigue a la búsqueda de una salida sin rupturas, precisamente cuando se debilita el ala correista dentro del Ejecutivo. Jorge Glas es un vicepresidente “sin funciones”, peleado con el primer mandatario, y que camina hacia una audiencia penal.
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En la noche del viernes, Ricardo Patiño, que ocupaba la consejería presidencial; Paola Pabón, secretaria de la Política; y Virgilio Hernández, consejero de Hábitat; anunciaron su renuncia al gabinete en una conferencia de prensa, y esgrimieron no poder participar en un Gobierno que generaliza los casos de corrupción ocurridos en el período anterior. Son figuras ligadas a Rafael Correa, que desempeñaron importantes cargos durante sus diez años de mandato, y fueron fundadores del movimiento político que encabeza. Su posición fue respaldada por varios asambleístas.
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La agitada semana parecía salvada para la “Revolución Ciudadana”, luego de la momentánea unidad mostrada en la Asamblea. A pocas horas que Lenín Moreno cumpla 100 días de mandato, luego de ser consagrado como la continuidad del correísmo, la crisis manifiesta su profundidad en todos los órganos de poder, y todavía es incierto el rumbo político de su Gobierno en caso de una ruptura con un sector oficialista que disuelva la mayoría parlamentaria y lo obligue a consensuar las leyes con el ala correista o la oposición.
