Miércoles 12 de octubre de 2016 15:13
La enmienda constitucional conocida como PEC 241 está en trámite en el Congreso y, de ser aprobada, impondrá un límite a los gastos públicos durante 20 años.
Cómo funciona
La enmienda constitucional aprobada este lunes por la Cámara de diputados de Brasil es una síntesis del “nuevo régimen fiscal” del gobierno de Michel Temer y transformará lo que antes estaba previsto como piso por la constitución en un techo. O sea, antes el gobierno tenía un mínimo para invertir en salud, educación, previsión y asistencia social, ahora ese piso se transforma en máximo, y el gobierno podrá invertir lo mismo del año anterior reajustado por inflación.
Para el 2017 el límite será equivalente a los gastos primarios realizados este año, corregido por la inflación. De ahí en adelante, será definido por el valor del límite del año inmediatamente anterior corregido por el índice de inflación.
Es como si una familia quisiera hacer un ahorro, tomara el mes más ajustado y difícil del año y mantuviese las condiciones económicas de ese mes durante 20 años.
Una parte de la “enmienda del techo” prevé el castigo a los estados que no cumplan las nuevas reglas. En realidad vemos que el castigo está dirigido directamente a los trabajadores, con el ajuste de los salarios de los empleados públicos, el congelamiento de los concursos y contrataciones. Incluso el salario mínimo podrá quedase sin aumento real, sin ser reajustado de acuerdo con la inflación. Según las reglas, cualquier cambio en la enmienda solo podría hacerse en 2026.
Salud
Hoy los gastos con salud están vinculados a los ingresos líquidos del Gobierno Federal. El gasto con salud tiene que obedecer el mínimo de 13,2% de los ingresos líquidos. Los estados y el Distrito Federal deben invertir como mínimo el 12% de su ingreso, mientras los municiíos deben aplicar por lo menos el 15%.
Organismos de salud como el Consejo Nacional de Salud calculan que la nueva enmienda causará pérdidas multimillonarias durante los próximos 20 años en el sector de salud, ya que regula la inversión como máximo en la reposición de la inflación del año anterior. Según el organismo, se estima un crecimiento de la economía en los próximos años, por lo que la pérdida hasta 2036 serçoa de 424.000 millones de reales para el sector. De eso, 57.000 millones hasta 2025, momento en que la enmienda podría modificarse.
El presidente del Consejo Nacional de Salud clasifica la “enmienda del techo” como la muerte del SUS (el sistema público de salud de Brasil)”. Este sistema que hoy ya es precario atiende al 75% de la población brasilera, cerca de 150 millones de personas. Afectará aun más las esferas estaduales y municipales del sistema.
Educación
Actualmente la Constitución brasilera prevé un gasto mínimo del 25% de los ingresos tributarios de estados y municipios –incluídos los recursos recibidos por transferencias entre gobiernos- y del 18% de los impuestos federales –descontadas las transferencias a estados y municipios.
Esta cantidad ya es insuficiente si se considera la actual precariedad de la salud, los ataques que están por venir con la reforma de la enseñanza secundaria, con el techo, las partidas presupuestarias a la educación caerán aun más.
Gobierno golpista
El presidente golpista, en un discurso en el Palacio del Planalto , pidió un “esfuerzo” al Congreso Nacional para aprobar la enmienda. Dijo que quería que se vote la propuesta el lunes o martes como medida necesaria para el nuevo modelo fiscal del gobierno.
La razón principal de Temer para acelerar la votación de la enmienda es el resultado electoral, que consideró una “victoria fantástica” de la base aliada de la derecha que habría así recibido un “cheque en blanco” para aplicar las medidas. Se trata de una visión contradictoria con la enorme proporción de abstenciones, blancos y nulos, que alcanzaron en San Pablo el 35%, y en Rio de Janeiro el 42,5%, la fragmentación del voto, la mayor desde 1988, y la profunda desconfianza en los partidos tradicionales del régimen, lo que puede generar respuestas de la lucha de clases.
El ministro de Economía, Henrique Meirelles, también está presionando para que se apruebe la nueva medida como único medio capaz de sacar al país de la recesión económica y lograr bajar la tasa de intereses.
Según dice la propia enmienda: “la raíz del problema fiscal del gobierno federal está en el crecimiento acelerado de la deuda pública primaria”. Interesante que los economistas burgueses no comentan que el problema fiscal del gobierno deviene del pago de la deuda pública todos estos años y el pago de intereses de la deuda que sobrepasan el 45% del PIB.
El problema del desequilibrio fiscal para los economistas golpistas son los gastos sociales. Ya se tramitan en el congreso propuestas para aumentar la edad de jubilación a 70 años, aumento de la jornada de trabajo a 12 horas diarias, como si el problema económico fuese el “poco” tiempo de trabajo y los “innumerables” privilegios del gobierno. Viejo argumento liberal para reforzar la explotación laboral.
En un país semicolonial como Brasil, decir que el problema económico se debe al bajo rendimiento del trabajo suena a chiste y contribuye a aumentar aun más la tercerización, la insalubridad y el empeoramiento de la calidad de vida.
Contra estos planes de ajuste salarial y presupuestario que sirven a los capitalistas, hay que exigir la apertura de los libros de contabilidad e las grandes constructoras y la confiscación de todos los bienes de todos los corruptos y sus familiares, e invertir esos recursos en un plan de obras públicas y aumentando los recursos de la salud y educación con la abolición del pago de la fraudulenta deuda pública. Que sea revocad la entrega de los recursos naturales, como las reservas petrolíferas del pre-sal al imperialismo, y las privatizaciones que son responsables por desastres como el de la ciudad de Mariana, la reestatización sin indemnización de todas las empresas privatizadas por los expresidentes Fernando Collor de Mello, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula da Silva y Dilma Rousseff, comenzando por Petrobras bajo control de los trabajadores, que son quienes saben cuáles son las necesidades populares.
