24M. Bernardini: “La violencia sexual en el Hospital Posadas no fue un hecho aislado sino una práctica represiva de la dictadura”

A 47 años de un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976 vale recordar que desde 2006 a la fecha fueron investigadas por su participación y diferentes grados de responsabilidad en violaciones a los derechos humanos durante el genocidio un total de 3640 personas. De ellas, 1036 fallecieron antes de ir a juicio, 1117 resultaron condenadas y 168 absueltas, en tanto 1506 investigados siguen en libertad. Como si este escenario general de impunidad no bastara, los delitos vinculados a situaciones de abuso sexual o por condición de género son casi inexistentes y siguen estando insuficientemente visibilizados: de las 294 sentencias dictadas desde 2006, solo 47 incluyeron esta clase de delitos. Como parte de esta problemática, los trabajos de la antropóloga Estefanía Bernardini se desarrollan sobre un campo de investigación que indaga sobre la dictadura y los derechos humanos, las marcas de género que tuvo la represión política en el país y el accionar del poder judicial en estos casos.

En la entrevista que compartimos Estefanía Bernardini nos cuenta algunas de las características centrales de la intervención y el accionar represivo sobre los trabajadores de la salud del Hospital Posadas (Provincia de Buenos Aires), durante los años previos al golpe de Estado, que ha tratado a fondo en sus investigaciones, transformado por entonces en un símbolo de la salud pública al servicio de la comunidad y de sus propios trabajadores y comparte algunas conclusiones de sus trabajos en los que da cuenta cómo en el caso del Posadas, las denuncias pusieron de relieve distintas formas de violencia sexual, como parte de las estrategias más amplias de disciplinamiento que sufrió el personal del hospital en ese período.

Pasen y lean.

Has investigado y trabajado la intervención y la represión desplegada en el Hospital Posadas durante la dictadura militar de 1976. ¿Podrías contarnos brevemente sus características centrales?

La represión iniciada con la dictadura en el Hospital Posadas tuvo dos momentos. Un primer momento se da a pocos días del golpe de estado del 76, más precisamente, el 28 de marzo, cuando ingresó el Ejército fuertemente armado al establecimiento para detener a trabajadores y trabajadoras que figuraban en listados que portaban los soldados. Esa ocupación fue similar a la que se produjeron casi en simultáneo en diversas fábricas y espacios de trabajos con detenciones masivas que se realizaron a la vista de todos.

La magnitud de esos operativos cumplía el objetivo de generar un espectáculo que por un lado buscaba intimidar a la población y dar muestra del control territorial por parte de las fuerzas y por el otro hacer creer que se estaba ante un enemigo de gran peligrosidad. En esa oportunidad, se detuvieron al menos a 40 trabajadores y trabajadoras que fueron llevados a distintas dependencias policiales y después de un tiempo liberados.

El otro momento se inició con la designación del segundo interventor militar, el coronel médico Esteves, en abril de 1976, y la conformación del grupo “Swat” unos meses después. “Swat” era un grupo de civiles que fueron contratados por el Ministerio de Bienestar Social- del cual dependía salud- con la excusa de “reforzar” el área de seguridad del hospital. Fueron apodados así, no sin ironía, por los mismos trabajadores y trabajadoras en alusión a una serie policial estadounidense de por entonces, porque se pasean por el hospital con armas de guerra violentando a todo el personal. Ingresaban a los quirófanos, hacían prácticas de tiro al lado del jardín de infantes del hospital, revisaban las historias clínicas. Pero no eran una manga de loquitos como intentaron demostrar las Fuerzas Armadas luego para desentenderse de la responsabilidad de lo que hicieron en el hospital, sino que eran los “muchachos” de Esteves, como les decía él, y éste a su vez reportaba a la Aeronáutica. Con los “Swat” se inició uno de los momentos más violentos para sus trabajadores y trabajadoras. Fueron ellos además los responsables de poner en funcionamiento un centro clandestino de detención en el “Chalet”. El Chalet es una pequeña casona ubicada en el predio del hospital, a metros del establecimiento central y que fue ocupada por este grupo entre noviembre del 76 y enero del 77. Gracias a las investigaciones judiciales se pudo constatar que por allí pasaron al menos 5 personas de las cuales 1 está desaparecida y no se descarta que hayan pasado más. En total son 11 los desaparecidos que se cuentan del Posadas.

¿Y por qué la intervención y ocupación de ese Hospital?

Las razones de porqué se desplegó semejante represión en el hospital, varios investigadores nos hemos preguntado lo mismo. Creo que hay un consenso en que no puede pensarse si no es en relación a la radicalización política de los años previos al golpe. Era un hospital que si bien se había construido en la segunda presidencia de Perón no fue hasta la dictadura de Lanusse que se transformó en un hospital general. Y se conformó con muchos médicos residentes, jóvenes, con fuerte compromiso social, con grandes ideas y proyectos gremiales, políticos y muy especialmente sanitarios. Entonces los años previos al golpe fueron años de consenso entre amplios sectores sobre la necesidad de abrir el hospital a la comunidad lindante, pero también de disputa con otros más conservadores que no veían con buenos ojos ese movimiento.

Uno de los momentos más álgidos de esta disputa fue cuando en junio del 73, durante el gobierno de Cámpora, el hospital fue tomado por sus mismos trabajadores y trabajadoras en una asamblea multitudinaria tal como sucedió en otros establecimientos públicos, fábricas, universidades, colegios. La posición mayoritaria fue desplazar a las autoridades vinculadas a los gobiernos militares y emprender un proyecto sanitario integrado y atento a las necesidades barriales. Esto le valió que fuese marcado desde el imaginario castrense como subversivo, problemático. Tal es así, que tras el golpe empezó a circular en los diarios afines que el hospital era una posta de atención a organizaciones armadas, que había un depósito de armas en los sótanos y otras acusaciones que luego fueron descartadas por el mismo Batallón de Inteligencia 601 del Ejército en una investigación que hizo con posterioridad a las detenciones de marzo del 76.

En algunos de tus trabajos señalas que pese a que las denuncias realizadas por trabajadoras del Hospital Posadas víctimas de la represión ante la CONADEP o en el Juicio a las Juntas dando cuenta de situaciones de violencia sexual, éstas fueron interpretadas como parte de las torturas más generales. ¿A qué atribuís esta situación, que también se ha repetido en otras denuncias?

En los últimos años se ha escrito mucho sobre esto. En uno de mis trabajos retomo estas ideas. Hay varias cuestiones que intervienen en eso. Por una parte, lo que sucede en la justicia propiamente dicha. Aunque había una figura específica para encuadrar este tipo de delitos, en el Juicio a las Juntas los relatos que daban cuenta de violencias sexuales fueron englobados en la figura más amplia de tormentos. Es decir, a ningún ex comandante se lo enjuició específicamente por ese cargo. Esto se da porque lo central en ese juicio fue probar las desapariciones forzadas y dar cuenta que se trató de un plan sistemático.

Y por otra parte tampoco había una sensibilidad social para interpretar estas violencias de esa forma y el sistema judicial no era ajeno a ello. De hecho, yo en ese artículo que mencioné recién analizo cómo ingresa a la justicia el caso de una trabajadora del área de lactario que en el año 76 denuncia un abuso sexual por parte de un “Swat”. Es un caso muy interesante porque ella va a la comisaría apenas sucedido el hecho y con esto se inicia un expediente por abuso deshonesto. Es decir, se inscribió directamente en el sistema penal como delito sexual. La causa se cerró prontamente evidenciando un entramado de poder que, más que proteger a la víctima, en ese entonces, encubrió al abusador. No casualmente el jefe de esa banda “Swat” era un comisario retirado.

Pero más allá de las relaciones que emparentaban al grupo de seguridad con quienes debían investigar los hechos, el caso nos permite ver algo más y ese algo más es un sistema judicial patriarcal que entiende que el abuso sexual es un hecho privado y que se afecta a la honra de los hombres. Sobre esto ha trabajado mucho Rita Segato. La figura legal vigente en ese tiempo para castigar los casos de violación a mujeres- “abuso deshonesto”- protegía la “honestidad” y la “moral”; o sea, con esta ley se resguardaba un determinado orden social. Bajo ese encuadre se los consideraba “crímenes contra las costumbres” y “no crímenes contra las personas”. Esta es una de las cosas que cambiaron en los últimos años a partir de la reforma del código penal en el año 1999 a partir del cual se empezó a proteger ya no las costumbres sino a la integridad de las personas. Otro hito importante fue en el año 1998 con la tipificación en el derecho internacional de las violaciones sexuales masivas como crímenes de lesa humanidad.

Otro elemento que nos permite comprender porque en el Juicio a las Juntas no se les dio a las violencias sexuales el mismo tratamiento que se les empezó a dar en los últimos años (aunque sabemos que con resistencia de buena parte de los operadores judiciales que no están a la altura) es el tema de las condiciones de escucha como analiza Michell Pollak. Un testimonio no depende únicamente de la voluntad de las personas de comunicar, sino también de los marcos sociales que vuelven a un hecho comunicable. Entonces se daba que quienes lo comunicaban lo hacían en el marco de enumerar una serie de vejaciones y las violencias sexuales era una más de estas vejaciones. Pero también estaba quien prefería callar por miedo al escarnio público.

Hay un largo recorrido que no solamente se lo debemos al movimiento de derechos humanos, sino también a los movimientos feministas, las nuevas teorías sobre el género y otras transformaciones sociales que han permitido repensar las marcas de género que tuvo la represión política en la Argentina.

En alguna de tus investigaciones recuperabas el testimonio de una trabajadora que fue secuestrada por los “SWAT” en el llamado “Chalet” durante el juicio “Hospital Posadas II”. ¿Podrás contarnos sobre esta experiencia, qué cambió este testimonio? ¿Cómo se enlaza con la situación de violencia sobre las mujeres secuestradas y torturadas en el “Chalet?

Creo que la denuncia, inesperada para la mayoría de los y las que estábamos ahí, tuvo la virtud de poner de relieve esta dimensión de la violencia estatal. Por un lado, obligando a los jueces a expedirse sobre los delitos contra la integridad sexual y sobre la responsabilidad penal del acusado en ese cargo. Lamentablemente, como suele suceder en estos juicios de lesa donde el Estado está llegando muy tarde, el imputado falleció una semana antes del veredicto, y eso fue un golpe para todos y todas, especialmente para la/s víctima/s. Pero no es menor que sean los jueces los que se pronuncien sobre esto por la legitimidad social que tienen. Y tampoco es menor que estos juicios dan lugar a las víctimas a hablar y sanar algo de ese gran trauma que vienen acarreando hace años. Y es un proceso que es individual y colectivo a la vez.

Esta denuncia fue un puntapié para empezar a pensar el alcance que tuvo la violencia sexual en el marco de las estrategias más amplias de disciplinamiento que sufrió el personal del hospital en ese período. Podemos decir ahora que no fue un hecho aislado e individual, y que la violencia sexual expresada en la amenaza y la consumación del acceso al cuerpo de las mujeres fue una práctica específica y reiterada en el establecimiento hospitalario como parte de un clima de intimidación.

Tal es así que vemos que no solamente se utilizó contra las mujeres trabajadoras que fueron detenidas ilegalmente en el Chalet, como es el caso de la testigo víctima que declaró en el último juicio del hospital. También se ejerció contra aquellas mujeres que convivían a diario con los Swat mientras el hospital continuaba funcionando con “normalidad”. El caso de la empleada de lactario que retomo en mi investigación es ilustrativo de esto. Fue abusada sexualmente por un integrante de este grupo mientras trabajaba y, tras la denuncia, ella debió renunciar. Y sabemos gracias a su denuncia, que las enfermeras también eran acosadas por estos hombres en los vestuarios: las obligaban a desnudarse para requisarlas, por ejemplo. Y esto se hacía a la vista de todos y todas. Por eso yo sostengo que en el contexto de la dictadura esta clase de violencia se tornó en el hospital en un dispositivo de control social pues no solamente estaba dirigida a las mujeres agredidas sino también a los hombres vinculadas a ellas.

Según tu lectura, ¿cuál es la importancia de visibilizar y discutir esta problemática y que acompañó las detenciones y secuestros y la represión que instauró la dictadura militar?

Visibilizar esto a 40 años de la vuelta de la democracia y en el mismo mes que conmemoramos el 8 de marzo donde las mujeres nos ponemos en pie de lucha por la igualdad de derechos es sumamente importante. Nos permite tejer puentes entre el pasado y el presente. También considero que la visibilización de esta problemática puede contribuir a que las mismas víctimas repiensen y reelaboren sus propias experiencias traumáticas en el marco de lo colectivo.

Hay un largo recorrido que no solamente se lo debemos al movimiento de derechos humanos, sino también a los movimientos feministas, las nuevas teorías sobre el género y otras transformaciones sociales que han permitido repensar las marcas de género que tuvo la represión política en la Argentina.

Acerca de la entrevistada

Estefanía Bernardini es Doctoranda en Antropología Social de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (UBA). Fue becaria del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Integrante del Equipo de Antropología Política y Jurídica (UBA). Profesora Asociada de la Universidad de Palermo. Correo electrónico: [email protected].