A modo de homenaje a nuestro querido compañero Eduardo Molina, presentamos este artículo donde realiza un profundo análisis de uno de los procesos de lucha de clases más agudos en lo que va del siglo en América Latina, conocido como la “guerra del gas”, fundamental para entender la evolución de la historia reciente de Bolivia, incluida la emergencia de Evo Morales como parte del desvío de este levantamiento con características insurreccionales.

Publicado originalmente en Revista de los Andes en 2004, pocos meses después de los acontecimientos, reconstruye pormenorizadamente los enfrentamientos para determinar, a partir de las categorías de Lenin, Trotsky, Gramsci y Engels, sus aspectos políticos y militares, la mecánica de las clases, los momentos de la correlación de fuerzas, los diversos medios y formas de lucha, la táctica militar de las fuerzas estatales, los aspectos de autodefensa y autoorganización de las masas, los elementos embrionarios de “poder dual” –especialmente en El Alto–, así como los límites políticos del levantamiento que permitieron finalmente el desvío “constitucional”.

Este artículo creemos que es una muestra de la calidad de las elaboraciones Eduardo. Uno de sus tantos trabajos teórico-políticos sobre la realidad latinoamericana y mundial que poblaron las páginas de Ideas de Izquierda, tanto de la revista impresa como de este suplemento, así como de la revista Estrategia Internacional, Los Andes, Lucha de Clases, entre otras, y que constituyen importantes aportes a una comprensión de nuestra época desde el marxismo revolucionario.

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OCTUBRE COMO "ENSAYO REVOLUCIONARIO"

I - De las protestas a la huelga general y la insurrección

Desde los primeros días de agosto del 2003 el intento del gobierno de Sánchez de Losada de avanzar pese a la desfavorable relación de fuerzas en que había quedado desde febrero, planteó una nueva prueba de fuerzas con las masas. La nueva ofensiva bonapartista, proimperialista y fuertemente represiva hacia las movilizaciones de masas, tensiona al extremo la polarización social y política del país y es percibida por el movimiento de masas como una verdadera “declaración de guerra”. La insistencia en imponer la venta del gas en manos de las transnacionales y en condiciones leoninas, toca puntos muy sensibles en la conciencia popular (defensa de los recursos naturales contra el saqueo del capital extranjero). Que esta exportación sea por puertos chilenos agregará un componente irritativo para sectores nacionalistas. El camino hacia la “guerra del gas” quedaba abierto.

El proceso que conduce al levantamiento de octubre se inicia con la convergencia de dos fenómenos: el primero, las manifestaciones urbanas de carácter obrero y popular para oponerse a la política de venta del gas del gobierno. Impulsadas por el MAS, los sindicatos y la COB [Central Obrera Boliviana], las manifestaciones del 19 de septiembre reunieron en La Paz y a nivel nacional a decenas de miles, paralizando a esta ciudad, Cochabamba, Oruro y Potosí. Varios sectores, como el magisterio y los transportistas realizaron paros pese al amenazante dispositivo represivo desplegado por el gobierno. La represión policial contra activistas se hizo sentir en la Paz en medio de una tensa atmósfera política. El segundo, es un nuevo proceso de movilización campesina en el Altiplano norte (en julio habían fracasado los llamados a bloqueo de caminos del Mallku). Desde principios de septiembre se habían iniciado bloqueos focalizados en Omasuyos, Los Andes y otras provincias paceñas, que combinaban reivindicaciones campesinas sectoriales, con el rechazo aymara a la opresión estatal (simbolizada en el caso del dirigente Wilmer Wampo [1]); y también demandas de carácter nacional y antiimperialista como la oposición a la venta del gas. Además, Felipe Quispe y numerosos dirigentes campesino habían instalado una huelga de hambre en una iglesia de El Alto.

La oposición a la venta del gas y la lucha contra la represión estatal, junto a una multitud de demandas sectoriales y el odio común al gobierno, serán los ejes unificadores iniciales del movimiento que las direcciones, particularmente el MAS, se planteaban como una “guerra por el gas” de presión sobre el gobierno (y no para desplazar a Goni).

El 20 de septiembre, el gobierno lanza un operativo policial y militar, con apoyo aéreo, sobre Sorata, para traer a La Paz a cientos de turistas sitiados en esa localidad por el bloqueo de los campesinos de la región (área de influencia de Achacachi, centro del pujante movimiento aymara). El regreso de la columna termina con fuertes enfrentamientos con los comunarios en Warisata, Ilabaya y otros puntos de la zona. El ejército utiliza gases y munición de guerra. Los campesinos responden a la represión con piedras y las pocas y viejas armas de fuego de que disponen, trabándose desiguales combates que concluyen con una masacre. El saldo es de al menos 6 muertos –entre ellos un soldado– y más de 20 heridos [2]. Entre tanto, en Sorata tras la retirada de los uniformados, los campesinos entran al pueblo y destruyen las oficinas de la Alcaldía, la Subprefectura, el Hotel Copacabana, es decir, los símbolos locales del poder político y económico.

La brutal represión detonó la indignación entre las masas, que a través de múltiples lazos sociales, culturales y políticos se transmitió del campo a la ciudad, bajo las consignas de solidaridad con los hermanos masacrados en Warisata y la oposición común al gobierno y la venta del gas, tendiendo a masificarse, extenderse nacionalmente (aunque con lentitud) y radicalizarse las protestas.

En los días posteriores los bloqueos se extendieron al menos a 14 provincias paceñas, incluyendo los Yungas, con el campesinado entrando paulatinamente en un virtual “pie de guerra”. En las ciudades de La Paz y El Alto (y en otras, como Oruro) se inicia un torrente de protestas, con decenas de sectores sumándose con paros, marchas y diversas iniciativas: maestros urbanos, gremiales, matarifes y carniceros, panificadores, estudiantes de la UPEA [Universidad Pública de El Alto], rentistas, trabajadores de la Caja de salud, y una larga lista (CEDLA identifica a 75 sectores). Algunos sectores combativos, como los cocaleros del Chapare, tienen una menor participación, contenidos por la política del MAS que en todo el proceso intenta frenar y evitar que la dinámica revolucionaria de la movilización se desarrolle.

En este marco, la convocatoria a la huelga general indefinida lanzada por la COB en el Ampliado de Huanuni del 1.º de octubre actuó como referente político y unificador del torrente de movilizaciones, planteando un curso más claro de lucha contra el gobierno. Es cierto que la huelga como tal era muy débil: prácticamente solo la cumplieron –y en forma parcial– algunos distritos del magisterio (aunque finalmente debieron levantarla), los mineros de Huanuni y algunos pocos sectores más que hicieron paros de protesta. Sin embargo, la extensión, combinación y convergencia de las más diversas medidas de acción de las masas, que encontraron así un canal para liberar su enorme energía y espontaneidad la hizo realidad ¡y cómo!, de la única manera posible: como levantamiento insurreccional, confirmando que “independientemente de nuestra voluntad y cualesquiera que sean las ’directivas’ que se tracen, la situación cada vez más aguda transforma las manifestaciones en huelgas, las protestas en lucha y la huelga en insurrección” [3].

Para la primer semana de octubre y pese a los aprestos represivos y las reiteradas amenazas de declarar el estado de sitio, el estado de movilización se va extendiendo, aunque con menos radicalidad al resto del Altiplano (Oruro, Potosí) y a los valles (Cochabamba y Sucre), mientras que en Santa Cruz y Tarija pesaba el conservadurismo tradicional y la orientación “pro-venta del gas” de las burguesías regionales. Sin embargo, los bloqueos llegarán el 9/10 hasta San Julián, en Santa Cruz. Al mismo tiempo, se radicaliza en los métodos de acción, a través del enfrentamiento con las fuerzas represivas, y las demandas, generalizándose el reclamo de que se vaya el presidente.

La insurrección alteña

La insurrección social espontánea de El Alto es el punto más alto del proceso y la vanguardia del levantamiento. Esta ciudad ya había protagonizado, poco antes, un exitoso paro cívico contra la reforma en los impuestos municipales que intentó implementar el alcalde Paredes (del MIR –Movimiento de Izquierda Revolucionaria–) obligándolo a retroceder. El pueblo alteño venía participando activamente de las diversas protestas y movilizaciones. El 8 de octubre la Central Obrera Regional (COR) y la Federación de Juntas vecinales (Fejuve) convocan un “paro cívico movilizado indefinido”. Para hacer efectiva la paralización, decenas de miles de vecinos comienzan a volcarse a las calles y avenidas, levantando barricadas, haciendo marchas y cientos de iniciativas espontáneas, con lo que no solo interrumpen todo movimiento en El Alto, sino que prácticamente aíslan físicamente a la ciudad de La Paz e interrumpen el abastecimiento de combustible. Al mismo tiempo, sectores avanzados se preparan a marchar sobre La Paz para definir la situación: comunarios aymaras del Altiplano, gremiales de Oruro, trabajadores mineros de Huanuni, cooperativistas mineros de varios distritos.

El día 9, en un esfuerzo por reabrir la carretera a Oruro, el ejército y la policía atacan en Ventilla a los mineros llegados de Huanuni y a vecinos de la zona que sostenían el bloqueo. “El sector entre Senkata y el cruce de Ventilla era un verdadero campo de batalla, con mineros de Huanuni lanzando cachorros de dinamita, residentes que tiraban piedras y policías y militares que disparaban balines, balas y agentes químicos” [4]. En el enfrentamiento cayeron dos muertos, uno de ellos el trabajador minero José Luis Atahuichi. Ventilla señala el comienzo de la escalada militar contra el pueblo alteño.

El 10 en medio de una tensa calma, El Alto queda en manos de los vecinos movilizados y de hecho, la insurrección social está en marcha. El 11 el gobierno lanza una nueva ofensiva, tratando de retomar el control de la situación. El operativo militar montado para romper el aislamiento de La Paz y reabrir el abastecimiento de gasolina desde la planta de Senkhata, al chocar con la resistencia generalizada de los vecinos, derivó en nuevos choques, entre la insurrección espontánea y prácticamente desarmada del pueblo alteño, y las fuerzas militares y policiales. Nuevamente, el resultado de los desiguales enfrentamientos fue una brutal masacre.

El 12/10 el intento de toma militar de El Alto generaliza los enfrentamientos en Villa Ingenio, Río Seco, Senkata, la avenida Juan Pablo II, la zona Ballivián. Al menos 26 muertos y cerca de 90 heridos se registran en la jornada. Uno de los muertos es el soldado Cimar García, ejecutado por el oficial al mando al negarse a disparar contra los civiles.

Sin embargo, la bárbara represión –que totalizaría finalmente unos 80 muertos y cientos de heridos–, lejos de doblegarla, dio un nuevo impulso a la movilización. “Ahora queremos que renuncie el Presidente. No vamos a negociar sobre la sangre de nuestros hermanos” es la consigna que se generaliza entre los vecinos [5]. Otra consigna que se populariza es “¡guerra civil, ahora!”. La prensa muestra como símbolos de la determinación popular de combatir a las tres enormes pasarelas de hormigón derribadas a pulso por los vecinos para cortar la estratégica avenida Juan Pablo II, los viejos vagones ferroviarios arrojados sobre la Autopista para cortar el paso al convoy de cisternas custodiado por tanquetas y efectivos armados, en un esfuerzo “técnicamente” fracasado pero políticamente impresionante. El sangriento operativo militar se estrelló contra el heroísmo de las masas. No pudo retomar efectivamente el control militar de El Alto y más bien, provocó de contragolpe, la extensión del levantamiento a los barrios populares de La Paz.

El lunes 13 las juntas vecinales de las populosas laderas de la Hoyada y de los nuevos barrios humildes surgidos en la Zona Sur, se movilizan multiplicando las hogueras y barricadas en miles de esquinas, convergiendo en multitudinarias marchas con sus hermanos alteños sobre San Francisco para sitiar la Plaza Murillo, al grito de “fuera el gobierno asesino”. Por la mañana el gobierno utilizó todavía francotiradores contra la multitud que se volcaba con el centro, asesinando e hiriendo a varias personas en un intento por sembrar el terror, pero luego, ante el evidente fracaso de estas “tácticas”, las fuerzas represivas ya no se atrevieron a disparar y procuraban más bien evitar los choques con los manifestantes, ante el riesgo de verse rebasados o de sufrir un colapso interno. Incluso sectores policiales comenzaron a hacer algunos gestos “amistosos” tratando de diferenciarse del Ejército. El frente burgués comenzó a dividirse, con el vicepresidente Mesa tomando distancia del gobierno, que quedaba así virtualmente paralizado.

En los días siguientes las movilizaciones son constantes, y mientras la Plaza Murillo, la Residencia de San Jorge, áreas de la Zona Sur y otros puntos estratégicos permanecen custodiados por un fuerte dispositivo represivo, casi toda la extensión urbana queda prácticamente en poder de la población movilizada. Varios sectores –campesinos de Yungas, de Río Abajo, del Altiplano–, presionan sobre La Paz. El 15 y 16 logran bajar a La Paz los trabajadores mineros de Huanuni, burlando el cerco como pueden, y más tarde arriban decenas de camiones cargados de cooperativistas mineros. El final del segundo gobierno de Sánchez de Losada, tras 40 días de lucha, se aproxima.

II - Alineamiento y dinámica de las fuerzas sociales

El levantamiento alcanza así una amplitud y profundidad inéditas en largas décadas, llevando a un nivel superior la “escisión” y enfrentamiento entre las “dos Bolivias”, con el embate de la nación obrera, campesina, indígena y popular arrinconando prácticamente a la Bolivia oficial en un brusco realineamiento de las fuerzas sociales en lucha. El pueblo sublevado en las calles y caminos enfrentando a las fuerzas estatales, que operan virtualmente como un “ejército de ocupación” en todo el occidente del país, mientras que el gobierno queda prácticamente suspendido en el aire, incapaz de ejercer el “principio de autoridad” y los puntos de apoyo de la reacción en el Oriente (los comités cívicos y la base social conservadora en Santa Cruz y Tarija) son impotentes para contrapesar en la crisis.

Como todo movimiento realmente de masas, incorporó a los más diversos estratos sociales, lo cual le da el carácter popular, “plebeyo”. Por otro lado, es un hecho que el elemento nacional originario, particularmente aymara, jugó un papel importante y progresivo en el inicio del proceso de movilización, facilitando la unidad de las masas, como una “argamasa” que a través de los múltiples lazos económicos, sociales y culturales entre el campo y la ciudad, facilitó la extensión del levantamiento después de Warisata y el desarrollo desde el campo a la ciudad. Confluyen así el movimiento campesino, con epicentro en La Paz pero incorporando en mayor o menor grado a otros sectores en casi todo el país; el despertar aymara y de los pueblos originarios, de base campesina, pero cuyos contornos exceden en mucho al agro, incorporando a amplios sectores populares, de trabajadores e incluso de capas medias urbanas, como muestra El Alto, ciudad obrera y aymara [6].

Las capas pobres urbanas, de artesanos, “gremiales”, pequeños comerciantes, vendedores callejeros, “comideras”, trabajadores eventuales, etc., conformadas por las capas inferiores de la pequeña burguesía y por una masa de semiproletarios, constituyen la amplia mayoría de la población de El Alto, de las laderas paceñas y también de las nuevas barriadas populares del Sur, como Chasquipampa u Ovejuyo, y como tal, son la base social de las juntas vecinales. La concurrencia de estas amplias capas de la población oprimida, volcándose masivamente a las calles, actuando con las juntas vecinales como principal forma organizativa, contribuyó a darle el tono predominantemente popular-plebeyo e indígena del movimiento, elemento que absolutizan algunos autores para caracterizar el proceso como “revolución india” (García Linera [7]) o “rebelión indígena” (Félix Patzi [8]) disolviendo así la dinámica social y el papel de las diversas clases y grupos sociales.

Sin embargo, con la radicalización del enfrentamiento, comenzaban a diferenciarse más los componentes de clase (diferenciación que indudablemente se hubiera hecho mucho más nítida de prolongarse la lucha). Esto se hacía visible en el papel que comenzaba a jugar el movimiento obrero así como en el vuelco a la oposición de las clases medias urbanas, capitalizado por la política de recambio burgués.

La irrupción del proletariado

El movimiento obrero hace en Octubre su primer gran irrupción nacional, en lo que es un importante salto adelante en el prolongado y difícil proceso de recuperación tras las derrotas de los ‘80 (que incluyó la dispersión física de la que había sido su vanguardia indiscutida durante medio siglo: los mineros). Lo hace a través de tres vías: en primer lugar, con el importante rol político jugado por la COB (con el papel opositor a Goni asumido por la nueva dirección y ante todo, gracias al llamado a la huelga general política). La COB es empujada a jugar un rol político como referente del levantamiento y comienza a recobrar autoridad ante masas en movimiento que exceden en muy amplio grado los marcos organizativos efectivos de los sindicatos. También juegan un papel destacado algunas instancias intermedias, como la COD de Oruro y la COR de El Alto. En segundo lugar, por el papel de sectores de vanguardia como los trabajadores mineros de Huanuni –que actuaron como una “guardia obrera” en su desplazamiento a La Paz y en sus choques con el Ejército–, herederos de la legendaria tradición minera que tan fuertemente impacta en el “imaginario colectivo”. Y finalmente, por la importante participación en El Alto y en las laderas paceñas de amplios contingentes de trabajadores muchas veces no sindicalizados, precarizados, desocupados o de empleo eventual, parte de una nueva clase obrera moldeada bajo la ofensiva “neoliberal” de las dos últimas décadas y que aún no encuentra expresión organizativa ni política. Estas franjas de un nuevo movimiento obrero hacen que hoy El Alto pueda ser comparado con la combativa barriada de Villa Victoria de fines de los ‘40.

Es cierto que la huelga como tal y el papel de los sectores sindicalmente organizados fue débil. Sin embargo, el comienzo de irrupción del proletariado como un sujeto diferenciado dentro del movimiento popular comienza a producirse no a través de luchas económicas ni por fenómenos de recomposición sindical –difíciles dada la profundidad de la crisis económica– sino por la vía de la lucha política de masas, en donde sus tradiciones, su organización, su papel en la producción, su dinámica a actuar como el destacamento más decidido y radical de la movilización popular, lo predispone a pasar a la primeras líneas de la lucha de masas. Todo ello comienza a crear condiciones más favorables para la recuperación de la “centralidad obrera”, como vanguardia efectiva de la alianza de las clases explotadas y oprimidas.

El papel de las clases medias urbanas

Si el movimiento obrero no impone claramente su “impronta de clase” al movimiento en marcha, entonces es más fácil para la burguesía el maniobrar para desviar la movilización y expropiar políticamente lo logrado por la acción de masas.

En Octubre jugó un papel fundamental para ello la política de las direcciones reformistas, que se negaron a plantear ninguna salida por fuera del régimen de la democracia burguesa, pero también fue clave el rol social y político de las clases medias urbanas. Las mismas habían comenzado a distanciarse del gobierno de Sánchez de Losada desde febrero, sin embargo, mantenían una actitud conservadora, de desconfianza hacia la movilización obrera y popular aunque repudiando las acciones represivas y el giro bonapartista del gobierno. Componente fundamental de la base social de la democracia burguesa, su evolución dejaba cada vez más aislado social y políticamente al gobierno, hasta que se vuelca a la oposición activa al gobierno en los últimos días, con marchas pacíficas y piquetes de huelga de hambre alentados por la Iglesia y la intelectualidad ligada a las ONG con un programa pacifista (contra el gobierno, pero también contra “la violencia” en general, y por la “preservación de la democracia”) lo que permite manipularlas como base de apoyo para la sucesión constitucional y para las maniobras de expropiación social y política del triunfo a las masas explotadas y oprimidas.

Al mismo tiempo, una minoría de las capas medias (socialmente muy débil pero no desdeñable como síntoma político) giró violentamente a la derecha, comenzando a organizarse en forma protofascista (inicios de “autodefensa” de los vecinos de los barrios ricos de la zona sur paceña, movilización de la “Nación Camba” en Santa Cruz, etc.).

III - Un estallido de guerra civil

Desde el mismo 21 de septiembre, cuando la televisión mostró a decenas de indignados campesinos y campesinas de Warisata con sus viejos fusiles y carabinas, coreando “¡Guerra civil ahora!” mientras velaban a sus muertos de la jornada anterior, esta consigna comenzó a difundirse entre sectores de vanguardia, mostrando la instintiva comprensión de la dinámica del enfrentamiento entre las masas y el Estado burgués. Efectivamente, los acontecimientos de octubre incluyen en su naturaleza misma y como uno de sus aspectos más avanzados la guerra civil. La misma es detonada por la propia política bonapartizante y represiva del gobierno, detonando la escalada en la respuesta de las masas, en una dinámica que desborda rápidamente los mecanismos de mediación y negociación “normales”, desgarrando la envoltura de las instituciones burguesas-democráticas y del “estado de derecho” y conduciendo al enfrentamiento abierto, generalizado y físico entre los dos campos enfrentados. Hay que recordar que en Bolivia se vivía ya desde antes un estado de “guerra civil larvada” particularmente en el campo que reconocía periódicas explosiones en el Chapare (choques entre cocaleros y fuerzas estatales en torno a la resistencia a la erradicación forzosa de la coca), en el Altiplano norte (entre campesinos y fuerzas estatales en ocasión de los bloqueos de caminos) y en las Tierras Bajas (la lucha por la tierra llevó a enfrentamientos armados entre latifundistas y campesinos sin tierra). Warisata fue un episodio más de esta.

Febrero mostró un dramático episodio de guerra civil tanto en los tiroteos entre la policía y el Ejército en Plaza Murillo, en la quema de edificios públicos y sedes partidarias por los manifestantes y en el uso de francotiradores militares durante los días 12 y 13. Octubre significa un salto, tanto por la extensión de este proceso a las ciudades, como por la magnitud nacional y la radicalidad del enfrentamiento en El Alto y la Paz. En Octubre convergen los tres “momentos” de la correlación de fuerzas [9]: el “momento de la escisión”, que se revela como pugna entre las “dos Bolivias”, asumido así explícitamente en el discurso de sectores de derecha como oposición entre la “Bolivia que produce” y la “Bolivia que para y bloquea”; el “momento político”, como tendencia a la unificación de las masas obreras, campesinas y populares en lucha contra el Gobierno en torno a reivindicaciones eminentemente políticas, comenzando por el reclamo del gas y elevándose hasta que se vaya el propio Goni; y el “momento militar”, como enfrentamiento físico entre el pueblo movilizado y las fuerzas represivas del Estado.

La fase decisiva alcanzó niveles de enfrentamiento “político-militar”, caracterizado porque la fuerza de las masas actuó para comprometer la eficacia de las operaciones militares del Estado e incluso amenazar la cohesión misma de sus fuerzas represivas, que en estas condiciones no pudieron emplear eficazmente todo su poder de fuego. Es necesario subrayar que las acciones más avanzadas mostraron elementos de carácter militar en sentido estricto.

Medios y formas de lucha

En el marco de la movilización general, articulada entre los bloqueos campesinos y la huelga general política –que se apoya en el paro cívico alteño y luego de toda La Paz–, hasta elevarse a la insurrección, las tácticas de lucha predominantes fueron:

a) el bloqueo de caminos (esencialmente campesino) tendiendo el “cerco” sobre la ciudad [10];

b) el paro activo obrero y popular, con la movilización de masas convergiendo y presionando sobre los centros neurálgicos del poder estatal;

c) la insurrección de las barricadas, como “lucha de todo el pueblo” en la disputa por el territorio y buscando impedir las operaciones de las fuerzas estatales y

d) las acciones militares avanzadas, expresión de la insurrección en su aspecto más ofensivo.

Las masas dieron una magnífica demostración del “espíritu militar” espontáneo en la disputa por el control del territorio. Esta lucha se expresó tanto a escala regional –control del hinterland rural y bloqueo de caminos por los campesinos sublevados– como a escala urbana, en la disputa por el espacio de la ciudad, de los ejes viales y de los nudos claves. Entre estos, aquellos importantes desde el punto de vista material –nodos y arterias cuyo dominio permite paralizar la vida urbana y hacer plenamente efectiva la huelga general indefinida, “asfixiando” y dejando en el aire al poder gubernamental–; como social –espacios arraigados en el imaginario y la práctica colectivas como centros de la expresión de masas, tal como la Plaza San Francisco; así como aquellos de importancia política y simbólica desde el punto de vista estatal, como la Plaza Murillo, los principales edificios públicos, etc.–. La movilización siguió de hecho una lógica instintiva, que es la de la insurrección social contra los poderes establecidos, estrechando el asedio sobre el poder gubernamental. La dinámica que se abría así apuntaría a desarrollarse como asalto –es decir, a la “insurrección como arte”, conscientemente planificada– si las direcciones hubieran estado dispuestas a prepararse para ello.

La masividad de las barricadas alteñas las convirtió en una poderosa arma. Después de la ofensiva militar del 11 y 12, las mismas se multiplicaron: “piedras, tierra, escombros y hasta una malla olímpica cubrió un sector de la carretera a Viacha”; “Hasta caminar se hace muy difícil en Río Seco. Los vecinos se dieron modos para colocar una barricada cada 30 metros” [11]. Altavoces y radios comunitarias forman una red de comunicación. Vigilias organizadas por turnos, zanjas y fogatas se multiplican. Algunos vehículos arden. Quienes se atreven a desafiar el bloqueo sufren el castigo del chicote. El Alto está en pie de guerra y luego se suman las laderas paceñas con miles de fogatas y barricadas. Hasta muros de piedra y ladrillo aparecen cortando algunas calles.

Sin embargo, es cierto que “la barricada tiene más fuerza moral que material. Es un medio para quebrantar la firmeza de las tropas” [12]. Las barricadas por sí mismas no permitirían vencer sin dos requisitos fundamentales: quebrar el Ejército; y pasar a la ofensiva mediante la organización consciente de la insurrección. La debilidad de las barricadas (por otra parte prácticamente desarmadas) intentaba ser “compensada” por las acciones militares más ofensivas que asumían sectores de vanguardia: la destrucción de varios puestos policiales, las “contraoperaciones” populares en Senkhata (para sitiar la planta de combustibles), la Avda. Juan Pablo II (para frenar el avance de las tropas del regimiento de Chua) y la Autopista (para impedir, aunque infructuosamente, el descenso del convoy de camiones cisterna a La Paz). Los mineros de Huanuni actuando como una “guardia obrera” avanzada, resistiendo la represión militar y burlando el cerco represivo para arribar a La Paz en pequeños grupos (así como los miles de cooperativistas que llegaron más tarde)...

Como tendencia al armamento popular en la insurrección alteña hay que destacar los elementos de constitución de una autodefensa de masas en las barricadas, en los grupos espontáneos donde jugó un importante papel la juventud, en los Comités de Vigilancia. Por diversos medios estos grupos se organizaban y proveían de elementos de lucha (el amplio uso de la dinamita, gasolina, algunas armas de fuego).

En el campo, se organizan concentraciones campesinas en el “cuartel general” de Calachaca, en Rojorojoni y otros puntos, declarando la “guerra civil” y el “estado de sitio” en las comunidades contra los militares y policías. También se producen algunas acciones en el Chapare y la ruta a Santa Cruz. El 15, centenares de comunarios provenientes de Omasuyos, Los Andes e Inquisivi arriban a El Alto, algunos de ellos “portan fusiles Máuser, pero también armas automáticas”. Uno de ellos decía “Lo que va a repetirse no es una masacre, sino una verdadera guerra...” [13]. Además, ante el terror estatal, se comenzaban a discutir medidas de represalia popular, embriones de “terror rojo”: atacar las viviendas de policías en El Alto, bajar a los barrios ricos de la Zona Sur o cortarles el agua y la electricidad, síntomas que dan cuenta de que la guerra civil es, ante todo, una guerra social, de clases.

La táctica de las fuerzas estatales

El despliegue y las operaciones de las fuerzas armadas y la policía son organizados metódica y fríamente, con métodos de guerra civil desde el propio Gobierno, con Sánchez Berzaín y Kukoc como responsables políticos y el Alto Mando militar y policial como brazo ejecutor. Se comienza por un amplio despliegue represivo de control territorial con operaciones ofensivas puntuales para golpear a los sectores avanzados en una escalada de terror: la “expedición a Sorata”, el despliegue militar en las rutas del Altiplano, el virtual cerco a Huanuni, la retoma militar de El Alto, obedecen a este “plan de operaciones” de una fuerza armada que actúa como ejército de ocupación en territorio hostil. Pero estas acciones no podrán vencer de manera decisiva y desembocarán en la represión a la masa, incluso con el recurso de los francotiradores (como en febrero) para sembrar el terror en la movilización, mientras que los intentos de persecución a dirigentes (represión selectiva) fracasan y el paso a la represión generalizada (estado de sitio) no encuentra condiciones para ser “legalizado”.

A cada zarpazo represivo las masas contestaron con un paso más audaz en la lucha, con una determinación mayor en el enfrentamiento, con un mayor despliegue de energía, creatividad y astucia en la disputa por el territorio y por aquellos hitos considerados estratégicos o simbólicos, obligando al gobierno y a las fuerzas estatales a pasar a una política más cuidadosa, ante el fracaso del método de las masacres y el riesgo de lanzarse a una guerra civil de resultados imprevisibles. Finalmente, tras el fracaso en la retoma militar de El Alto, las fuerzas estatales se concentran en la custodia del “perímetro defensivo” tendido en torno a la Plaza Murillo, los barrios ricos de la zona Sur y otros puntos considerados estratégicos, mientras aparecen síntomas de división entre las FF. AA. y la policía que comienza a ser más cautelosa y hasta ensaya algunos gestos de buena voluntad hacia los manifestantes (debe recordarse que las grietas que ha dejado Febrero entre ambas fuerzas no están cerradas).

La fuerza de masas en el marco de la relación de fuerzas político-sociales cada vez más desfavorable para el Gobierno impide a las FF. AA. utilizar libre y efectivamente su “poder de fuego” ante las imprevisibles consecuencias que una masacre mayor podría traer. Las madres de soldados acudían al Estado Mayor para reclamar por sus hijos. Son numerosos los informes de llamados populares a la tropa para que no disparara. Una serie de hechos e informaciones registrados por la propia prensa burguesa ilustra los incipientes síntomas de desmoralización y crisis en las FF. AA., llegándose al asesinato de un soldado que se negó a disparar por el oficial al mando, y versiones sobre la deserción de efectivos (este habría sido uno de los desencadenantes del asalto a Río Seco). Surgieron también síntomas de descontento entre los oficiales que identifican como “pro-chilena” la política de venta del gas del gobierno.

El 16 el Coronel a cargo del operativo en Patacamaya, tras haber reprimido violentamente el día antes a una columna de unos 58 camiones cargados de mineros, cooperativistas y gremiales provenientes de Oruro (causando 2 muertos y unos 15 heridos de bala y decomisándoles unos 2460 cartuchos de dinamita [14]) firmó un acuerdo con los dirigentes sindicales, sin consultar con el gobierno, y dejó pasar a la columna hacia La Paz. Este fue, según la prensa, el elemento que convenció a Goni de renunciar [15].

Sin embargo, los elementos de crisis en las fuerzas represivas no alcanzan a desarrollarse. Como decía Lenin, “todo movimiento verdaderamente popular” produce “inevitablemente... la vacilación de las tropas”, pero “el cambio de frente” de estas no es “un acto simple, único, resultante del convencimiento”, sino el fruto de una “verdadera lucha por ganarse el Ejército” [16]. Esa lucha precisa, según Trotsky, de “la milicia obrera” que “con el apoyo de toda la clase... deberá derrotar, desarmar y aterrorizar a las pandillas de bandidos de la reacción y franquear el camino hacia la fraternización revolucionaria con el Ejército” [17]. A pesar de las condiciones favorables, el armamento popular no se desarrolló ni se institucionalizó en milicias. No hubo por parte de las direcciones una política sistemática para ahondar las fisuras en la Policía y las FF. AA. y la burguesía consiguió preservarlas en una política que continúa hoy con la defensa cerrada de la impunidad para los militares y policías que masacraron al pueblo en febrero y octubre.

El fantasma de la guerra civil

Desde el 17 de octubre, en la superficie de las cosas pareciera haberse vuelto a una época de “lucha pacífica”. Sin embargo, el fantasma de la guerra civil está latente. Los acontecimientos de octubre encierran una sombría advertencia que bajo ningún concepto debe ser descuidada. En un gesto agónico Goni barajó la posibilidad de “mantenerse en el gobierno, pero cambiando de sede, posiblemente a Santa Cruz” [18]. Esta hubiera podido ser, probablemente, el detonante de un salto en la guerra civil, ahora sobre bases territoriales, con la reacción atrincherándose en el Oriente, sin excluir una posible intervención de los países vecinos.

La burguesía boliviana apelará a todo para sobrevivir, incluso a la guerra civil y el fascismo. Lamentablemente ninguna de las direcciones ha hecho nada por conservar los elementos de organización y armamento conquistados y asimilar las lecciones adquirida en la lucha. Sin embargo, estas siguen vivas en la experiencia reciente de las masas. El 6 de marzo, aniversario cívico de El Alto, grupos de vecinos de Ventilla, sintiéndose orgullosos “combatientes de la guerra del gas” desfilaron ante el Presidente formados en escuadras, uniformados con boinas rojas y la cara pintada, portando “fusiles” de madera y cartuchos de dinamita [19]. Lo mismo hicieron grupos de ex mineros. Ni a Mesa ni a ninguno de los funcionarios que poblaban el Palco les debe haber agradado esta “revista militar”...

IV - Un poder dual naciente

Estrechamente ligado a la dinámica de guerra civil, a la lucha por el control del territorio y a las necesidades del enfrentamiento militar, comenzó a emerger un poder dual embrionario, espontáneo, de carácter territorial, atomizado, popular [20] y no institucionalizado. De hecho dos poderes comenzaban a enfrentarse: el poder estatal en crisis, que por varios días perdió el control sobre la mayor parte del principal conglomerado urbano y centro político del país, y el embrionario poder de la movilización obrera y popular, que le enfrenta en todos los terrenos, disputando el control del territorio, aunque no logra materializarse en instituciones permanentes, desarrollarse ni centralizarse, y es rápidamente “reabsorbido” después del 17.

Este proceso es tanto rural como urbano. En el Altiplano se expresa en el bloqueo de caminos, el “cerco” de Sorata, la expulsión de la policía e instituciones estatales de varias zonas, y simbólicamente, en la declaración del “estado de sitio” contra cualquier presencia policial y militar por las organizaciones campesinas. En El Alto, se manifiesta de manera elocuente con el desafío abierto a la autoridad de los poderes establecidos, asumiendo el control de la ciudad, las decisiones tomadas e impuestas luego, por las innumerables asambleas y reuniones para decidir los pasos en la lucha, tomar medidas de autodefensa, garantizar las necesidades de la población, etc., en una urbe de más de 800.000 habitantes donde todas las instituciones y autoridades estatales se han eclipsado por varios días, en un proceso que luego se extendió de hecho aunque de manera más diluida y fugaz a las barriadas populares paceñas.

El papel de las juntas vecinales y las organizaciones campesinas de base

En el desarrollo de este fenómeno convergen tres elementos: el nivel de guerra civil alcanzado por el enfrentamiento, la debilidad estructural del Estado y las características y tradiciones de las organizaciones de base de carácter territorial que les permitieron jugar el papel de canal de este incipiente poder dual.

En el campo, el sindicato y las autoridades tradicionales de la comunidad, ejercen un sinnúmero de funciones (gestión de los recursos comunes, negociación con el Estado, resolución de diferencias entre vecinos, aplicación de la “justicia comunitaria”, etc.) que va mucho más allá de lo que se entiende generalmente por actividad sindical. Es de hecho un “gobierno local” con un alto grado de independencia respecto al Estado. El rol de las juntas vecinales, organizaciones que agrupan a todos los vecinos de un barrio en cuanto tales, es explicado porque: “Son juntas vecinales que no tienen mucho en común con las que operan en otras ciudades, porque no solamente se ocupan de tramitar las demandas barriales ante las autoridades, sino que ejercen una suerte de „gobierno zonal‟ encargado de construir y mantener servicios (como el alcantarillado), alejar y en algunos casos castigar (linchar) a los delincuentes, permitir o impedir el asentamiento de comerciantes, etc.” [...] “Su existencia es lo que explica por qué el paro y el cerco a La Paz son tan contundentes, con hechos como los turnos nocturnos para mantener el bloqueo, la excavación de profundas zanjas para impedir el desplazamiento de camiones cisterna a La Paz, el control secante del comercio y el transporte de la ciudad” [21]. Hay que precisar que este embrionario poder dual, estrechamente ligado a la lucha callejera, debía ser buscado no tanto en la forma institucional como en las innumerables barricadas, en los incipientes comités de autodefensa, en la masa volcada a la calle tomando en sus propias manos todas las tareas de la defensa y el combate contra el Ejército y la Policía. En tiempos normales, esta potencialidad de las organizaciones de base rurales y urbanas, que se nutre de las tradiciones culturales y organizativas indígena, sindical y plebeya, está mediada por su rol de articulación y gestión ante el Estado. En momentos de auge revolucionario, tiende a desplegarse, pudiendo constituirse las organizaciones sindicales y populares en órganos de democracia directa de masas y elementos del naciente poder dual, aunque sin centralización, como un poder difuso, atomizado y al mismo tiempo coordinado a través de múltiples lazos horizontales, de las demandas comunes y de la lógica objetiva (y subjetiva) de la lucha que lleva a converger contra el poder estatal y sus fuerzas represivas. Aunque la COR y sobre todo la FEJUVE alteñas reflejaron en la amplia autoridad conquistada estas tendencias que surgían desde la base, fue más bien a través del rol de los Distritos y las juntas vecinales de cada villa como se expresaba el desafío a los poderes establecidos.

Durante octubre, los sindicatos obreros de base no participaron de esta dinámica, en parte por la forma que asumió la huelga general –sin que los centros de producción se convirtieran en focos activos de la misma–, en parte porque las direcciones sindicales no tuvieron ninguna política para ello. Otras hubieran sido la dinámica y las manifestaciones de poder dual, por ejemplo, si se hubiera desatado una ola de ocupaciones de minas y fábricas como parte de la huelga general.

La ausencia de órganos superiores de poder

Pese a que la situación y la disposición combativa de las masas eran favorables, no surgieron ni nacional ni localmente formas superiores de organización que permitieran el desarrollo y centralización del naciente poder dual. No se formaron “coordinadoras” –como en la “guerra del agua” del 2000 en Cochabamba– “asambleas populares”, “comités de huelga y movilización” (pese a que el Ampliado de la COB en Huanuni había votado su creación) u otras, que pudieran desarrollarse hasta convertirse en “órganos de la insurrección”.

Las principales direcciones –sobre todo de Evo Morales y Felipe Quispe– mantuvieron una política frontalmente contraria a formalizar de alguna forma el frente único que las masas imponían en las calles y caminos, y sobre todo, a que surgieran formas superiores de frente único de masas democráticamente organizadas que pudieran erigirse en órganos de poder obrero y popular.

Por otra parte, la velocidad de los acontecimientos, dificultando que las masas pudieran encarar y resolver el problema de la necesaria centralización y coordinación de una lucha de largo aliento y también pesó el carácter predominantemente plebeyo, popular del levantamiento, sin que la clase obrera, desde sus centros de trabajo, pudiera jugar un rol dirigente en la movilización.

Finalmente, la burguesía, ayudada por la política de las direcciones, logró cerrar la crisis revolucionaria manteniendo la continuidad formal del régimen democrático y sin que se abriera una etapa de doble poder abierto. La COB, pese a la autoridad ganada, por no organizar efectivamente a la mayoría de las masas movilizadas, por su organización burocrática y por su dirección, no podía jugar ni jugó un papel de órgano de poder y difícilmente podría hoy –siendo además la sombra de lo que fuera en el ’52– reemplazar a formas de organización de carácter soviético.

Así, la naciente dualidad de poderes esbozada en Octubre en los epicentros del levantamiento, particularmente en el Alto, no se desarrolló ni se centralizó, no concluyó en la organización de un nuevo poder. Sin embargo, aunque desde el día 17 desaparece rápidamente de la superficie, sin cristalizar en organización ni ser aquilatado en la conciencia de las masas como el nacimiento de su propio poder, queda una amplia experiencia que resurgirá en futuros procesos de movilización.

Espontaneidad, organización, dirección

Un elemento distintivo del levantamiento de Octubre es su carácter esencialmente espontáneo, desbordando no solo los marcos organizativos de los sindicatos y las organizaciones de masas existentes, sino también los planes previos de la mayoría de los dirigentes. Sin embargo, espontaneidad no significa ausencia de organización. Lo espontáneo es la forma embrionaria de lo consciente, o bien, dicho de otra manera “en el movimiento más espontáneo los elementos de “dirección consciente» son simplemente incontrolables”. Existe una “una multiplicidad de elementos de dirección consciente en esos movimientos, pero ninguno de ellos es predominante” [22]. La tradición de lucha de las masas bolivianas combina la fuerza explosiva de la espontaneidad, con un denso tramado social y organizativo, conformado por los sindicatos obreros y campesinos, las asociación de los mercados y artesanos (los “gremiales”) y otros sectores, como los transportistas, las juntas vecinales, las organizaciones de inmigrantes en ciudades como El Alto o las autoridades tradicionales en las comunidades rurales. Esta trama organizativa jugó un papel en la transmisión de las consignas, en la organización de las acciones, en la armazón sobre la cual se montó el levantamiento de masas.

De hecho quedó planteada una amplia desproporción entre la espontaneidad que significaba que cientos de miles salían a luchar a las calles con una enorme determinación e iniciativa, y las instituciones existentes del movimiento de masas, que solo agrupan efectivamente a una minoría –la COB– o que por su carácter no son los canales más adecuados para el levantamiento insurreccional en marcha –las juntas vecinales–.

El elemento débil fue la dirección. Estaba planteada la necesidad y la posibilidad de que surgieran ligados o en torno a la COB y las organizaciones sindicales y de masas existentes nuevas formas de frente único de masas para la lucha. Pero ninguno de los dirigentes de algún peso lanzó la menor iniciativa para impulsar su creación. Y mucho menos, para dotar a la extraordinaria espontaneidad de masas de una voluntad política independiente y de una organización centralizada. Puede decirse que el empuje de masas empujó la situación lo más a la izquierda que pudo, pese al freno que representaban direcciones que no querían preparar política y organizativamente la batalla entablada.

V - La crisis revolucionaria y el problema del poder

No obstante, la dinámica de la huelga indefinida y del levantamiento confirma en lo esencial que “toda huelga general, cualesquiera que sean las consignas bajo las cuales haya aparecido, tiene una tendencia interna a transformarse en conflicto revolucionario declarado, en lucha directa por el poder... Paralizando las fábricas, los transportes, todos los medios de comunicación en general, las usinas eléctricas, etc., el proletariado paraliza así no solo la producción sino también el gobierno. El poder del Estado queda suspendido en el aire... La huelga general plantea inevitablemente ante todas las clases de la nación la pregunta ¿quién va a ser el dueño de la casa?” [23].

Efectivamente, el problema del poder, de quién ha de gobernar, se planteó con agudeza. La semana decisiva, que se inicia con la insurrección espontánea de El Alto y culmina en la asunción de Mesa el día 17, está signada por la crisis revolucionaria: ante la insurgencia de masas, se asiste a un virtual vacío de gobierno y al desmoronamiento del “principio de autoridad” con los esbozos de una dualidad de poderes. Sánchez de Losada y el gobierno debieron recluirse a la Residencia oficial de San Jorge, en lo que era casi una confesión de hecho de su impotencia ante el levantamiento.

Durante esa semana estaban dadas las condiciones para darle un golpe decisivo al régimen. Como mínimo se podía haber desbaratado al Estado burgués y sus instituciones fundamentales –dislocando y quebrando la solidez de las FF. AA. y la Policía–, desbandando al odiado Parlamento y, aunque la burguesía hubiera logrado imponer un recambio gubernamental hubiera sido cualitativamente más débil. Se hubiera abierto así un periodo de lucha abierta, directa e inmediata, por el poder, que hubiera creado condiciones mucho más favorables para el desarrollo del doble poder, con órganos soviéticos de las masas y milicias, junto a la cristalización de un nuevo “estado mayor” revolucionario para preparar una nueva insurrección conscientemente organizada. Sin embargo, “la huelga general no resuelve el problema del poder, no hace más que plantearlo. Para apoderarse del poder es preciso, apoyándose en la huelga general, organizar la insurrección” [24]. Y para eso, hacía falta una dirección dispuesta a ello.

La política de las direcciones

Sin embargo las masas, prácticamente dueñas de la calle, chocaron con el obstáculo de las direcciones reformistas, indigenistas y burocráticas. Si no se pudo avanzar más en la lucha por un gobierno obrero, campesino y popular, fue ante todo por la política de las direcciones que apoyándose en las debilidades del movimiento (ausencia de órganos de poder y de armamento de masas, ausencia de centralidad obrera políticamente independiente y de un partido político revolucionario en condiciones de disputar la dirección) se sumaron al carro del recambio institucional y contribuyeron decisivamente a desmontar el embate revolucionario conduciendo a la “solución” del 17.

El MAS hizo cuanto le fue posible para frenar la movilización, sosteniendo que “había que defender la democracia” y luego apoyó con todas sus fuerzas la asunción de Mesa. La política del “Mallku” Quispe y del MIP [Movimiento Indígena Pachacuti] no se distinguió en lo esencial, pues buscó permanentemente cómo abrir una negociación con el Gobierno –incluso después de Warisata– y terminó completamente sobrepasado por los acontecimientos. Solares y la dirección de la COB, aunque se ubicó a la izquierda convocando a la huelga general indefinida, se negaron a preparar organizativa y políticamente la movilización y a dotarla de una perspectiva independiente. Pese a los discursos “rojos”, la dirección de lo que podemos llamar el “partido sindical” se mantuvo en el terreno de las salidas dentro del régimen democrático, para terminar avalando el recambio constitucional con Carlos Mesa. Todos se negaron a dar una respuesta de clase e independiente ante la agudísima la crisis política, comprometidos con distintas variantes del programa reformista de colaboración de clases con la burguesía.

La “salida constitucional” y los límites de Octubre

Mientras las masas chocaban con el freno impuesto por los dirigentes, el vuelco de las clases medias a la oposición con las huelgas de hambre (teñidas por el rechazo pacifista a la “violencia”), comenzó a crear el clima político para que la burguesía, con la ayuda de la Iglesia, la intervención de los gobiernos de Brasil y Argentina a través de sus “enviados especiales”, etc., pudiera retomar la iniciativa política. Para entonces, el “paso al costado” dado el lunes 13 del vicepresidente Mesa, tomando distancia de la masacre en El Alto, comenzó a ubicarlo para el recambio. Finalmente hasta la Embajada norteamericana, que hasta último momento sostuvo a Goni y recriminó violentamente a Mesa por su giro, se resignó a la caída de aquél y aceptó la solución del recambio constitucional. Tras la huida a Miami junto a sus ministros, se despejó el terreno para la apresurada reunión del Parlamento para que asuma Mesa y, desde el mismo día 17, abortar el desarrollo de la crisis revolucionaria. Se abría así una fase distinta del proceso revolucionario, signada por el intento de la burguesía de impedir su desarrollo a través de una política de reacción democrática implementada desde el nuevo gobierno.

Es un problema muy importante definir en consecuencia tanto lo que fue Octubre como lo que no alcanzó a ser, pese al heroísmo y combatividad de las masas. El régimen y el conjunto del andamiaje estatal sufrieron un duro golpe. El episodio de guerra civil entre el pueblo sublevado y las fuerzas estatales se zanjó con el retroceso de estas en medio de una crisis revolucionaria de proporciones. La huida de Sánchez de Losada fue experimentada como un importante triunfo por los sectores movilizados.

Sin embargo, las masas no pudieron ir más allá (en lo que cabe la responsabilidad política a la dirección de la COB, el MAS y el MIP). No se quebró la continuidad estatal e institucional. Las fuerzas armadas y la policía debieron retroceder, pero no se desmoronaron internamente. La clase dominante sufrió una enorme conmoción, pero recuperó la iniciativa política a través del recambio con Mesa. No se abrió una fase de poder dual entre las masas y sus organizaciones y el Estado burgués, ni cristalizaron milicias obreras y campesinas. El gobierno de Mesa, surgido de esta convulsión revolucionaria, no puede ser catalogado como “kerenskista”, es decir, no depende del apoyo de las masas y sus organizaciones a través de las direcciones reformistas, sino que funda su legitimidad en la continuidad constitucional. En síntesis, no alcanzó a transformarse en una “revolución de febrero” como la que en 1917 inauguró la etapa decisiva de la revolución rusa, que se distingue por el colapso del Estado y del poder de las clases poseedoras, una situación de poder dual desarrollado e institucionalizado y el paso a la preparación práctica para la toma del poder.

Por todo esto, contra el impresionismo común a muchos análisis de la izquierda, es preciso decir que Octubre abrió el proceso de la revolución boliviana, pero no la revolución misma, en el sentido de la fase decisiva de lucha directa por el poder, lo que siguiendo la analogía con la revolución rusa, hubiera significado una “revolución de febrero” [25].

Quedó abierta así una “paradoja” o contradicción, entre el vuelco revolucionario de la relación de fuerzas en el país y la supervivencia de la superestructura política, con el Parlamento elegido en el 2002 y dominado por los aliados del odiado gonismo, con las instituciones del régimen de la “democracia pactada”, etc. Esta situación deja planteada la posibilidad de nuevas conmociones revolucionarias para comenzar a completar la “limpieza” en el campo político que Octubre no pudo terminar. Pero al mismo tiempo, concede a la burguesía un cierto margen de maniobra que esta tratará de aprovechar para ganar tiempo, desviar, abortar o derrotar a las masas en movimiento recurriendo a toda su astucia y experiencia contrarrevolucionaria con ayuda de imperialismo y las “democracias” latinoamericanas.