Se trata de pensiones que cobran las personas que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la represión estatal al estallido social de 2019. Cediendo a una exigencia de la derecha el Gobierno de Boric los eliminará por decreto.
Jueves 18 de enero 09:25
El Gobierno de Gabriel Boric finalmente terminó cediendo a los cuestionamientos, principalmente instalados desde la derecha, sobre las pensiones de gracia otorgadas a víctimas de violaciones de DD.HH. en el marco de la represión estatal durante el estallido de 2019 y 2020 en Chile.
Hace unos días el Gobierno había señalado su intención de revisar estas pensiones de gracia, lo que despertó cuestionamientos importantes entre las asociaciones de derechos humanos y de victimas de la represión estatal. Tras su fracaso en el intento de eliminarlas por vía parlamentaria lo terminará haciendo por vía administrativa (similar a un decreto).
El profesor Claudio Nash, abogado y Académico de la Universidad de Chile, señaló que la revocación que pretende el gobierno es un error y advierte que debieran considerarse límites ante medidas regresivas discrecionales de parte de Gabriel Boric.
Asimismo cuestionó que dejar sin efecto estas pensiones de gracia implica anular medidas de reparación por el daño causado a víctimas de violencia estatal, a personas que vivieron vulneraciones de DD.HH.
Además catalogó el hecho como un acto arbitrario y contrario a los compromisos internacionales.
Finalmente, como denunció Claudio Nash, el presidente optará por revocar estas pensiones mediante medidas administrativas, para lo cual vienen realizando diversos estudios legales que les permitan valerse de la mera discreción presidencial.
Con esto el gobierno no hace más que ceder ante la presión instalada por el régimen, a través de sus políticos, principalmente de la derecha, pero también mediante los medios de comunicación y sus líneas editoriales e intelectuales de todo tipo.
De esta manera, el autodenominado “gobierno de los Derechos Humanos”, golpea a los DDHH y los hace retroceder en Chile, cediendo ante las presiones, que termina incluso contraviniendo tratados internacionales referentes a los DD.HH. y realizando medidas discrecionales y arbitrarias.
