Análisis. Brasil después de las marchas del 7 de septiembre

La disputa entre Bolsonaro y el Supremo Tribunal Federal (STF) alcanzó su punto máximo en la última semana, cuando el STF aceleró los procesos contra los operadores de redes sociales de Bolsonaro por el caso de distribución de Fake News, y el presidente amenazó con desconocer los fallos del STF, lo que abriría un nuevo capítulo en la crisis política con consecuencias impredecibles.

El contragolpe de Bolsonaro y un Gobierno más débil

Ante la escalada de la retórica golpista de Bolsonaro, el mercado financiero reaccionó. Primero con una alerta a través de una carta de la Federación Brasileña de Bancos (Febraban), que representa a todos los grandes bancos nacionales y al capital extranjero, poniendo un límite a la ofensiva desestabilizadora de Bolsonaro. Al día siguiente, el mercado financiero utilizó su arma más poderosa: hizo bajar la bolsa y subir el dólar, añadiendo tensión a una recuperación económica ya precaria.

Con la reacción del gran capital, la base de partidos aliados de Bolsonaro en el Congreso comenzó a erosionarse rápidamente. Los partidos de esa vieja casta política (y uno de los pilares del régimen pactado a la salida de la dictadura) llamado “centrão”, hicieron declaraciones amenazantes, incluso el propio presidente de la Cámara, Arthur Lira, que se vió cada vez más presionado. La respuesta de Bolsonaro no se hizo esperar: un retroceso humillante, mediado por el expresidente Michel Temer, que trajo desmoralización a su base más cohesionada y lo dejó en una situación más débil que antes. Esta retirada, al parecer, tranquilizará las cosas durante unos días o semanas, pero la situación está lejos de calmarse y veremos más tensión a medida que se acerquen las elecciones de 2022.

Como dijo Gilberto Kassab, líder del PSD, tras la carta de retirada, el impeachment vuelve a perder fuerza. En el mismo sentido fue la declaración del vicepresidente, el general retirado Hamilton Mourão, indicando que siguen apoyando a Bolsonaro. De momento, Bolsonaro logró recuperar su apoyo institucional, pero si por un lado aumentó la desconfianza del capital financiero hacia su Gobierno, el retroceso luego de las movilizaciones, por otro, aporta por primera vez elementos de desmoralización a su base, lo que podría convertirse en una importante debilidad. Sin embargo, no se puede hablar de una ruptura de esta base social, que sigue siendo un aliciente para las políticas de extrema derecha.

La enorme crisis social latente

El nivel de agudización de las disputas políticas, el avance de las medidas bonapartistas de lado a lado, la retórica incendiaria de Bolsonaro que habla de victoria o muerte, toda esta tensión parece bastante lejana al nivel de conflictividad social del país. Mientras la disputa entre la extrema derecha y la derecha ha alcanzado un punto máximo de tensión, por debajo hay algunas huelgas por salario importantes en los sectores económicos más dinámicos, como la construcción. Sin embargo, la respuesta obrera y popular sigue estando muy por debajo del nivel de ataques del Gobierno, que ha logrado terminar con las pocas conquistas sociales que quedan de las que fueron impuestas por el ascenso obrero de los años 80 y la constituyente pactada de 1988.

La crisis social que se agudiza, pero que sigue latente en la situación actual, es uno de los factores estructurales sobre el que se asienta el aumento de la temperatura en las disputas institucionales. La explosión del hambre, el aumento del desempleo, la caída salarial, la precarización del trabajo y el crecimiento sostenido de la inflación, que aumenta aún más la presión sobre la situación de vida de la clase trabajadora. Por si fuera poco, sobre el país pende el riesgo de un apagón o de un racionamiento eléctrico, que acabaría por destruir una recuperación que ya ha perdido impulso en las últimas semanas.

Es la profundidad de la crisis social, la mayor en décadas, y la imposibilidad del capitalismo brasileño de ofrecer una salida a esta situación de creciente miseria de las masas, lo que explica este nivel de tensión en las alturas, por parte de actores políticos muy desacreditados. El histórico nivel de movilización de los indígenas en Brasilia contra la tesis del marco temporal, el sector más atacado por el bolsonarismo y contra el que se moviliza un aparato paramilitar, fue en estos días un indicador de la tensión social que se acumula. Si, por un lado, la clase dominante brasileña sabe que está sentada sobre un volcán dormido que puede despertar sin previo aviso, por otro, no puede renunciar a avanzar en medidas que aumenten sus beneficios y hagan de Brasil un mercado atractivo para el capital financiero en busca de bajos salarios.

Las alternativas del gran capital

La fuerte tensión en las instituciones también estuvo atravesada por una guerra de cartas entre sectores del gran capital. En respuesta a la carta de Febraban a la Federación de Industrias del Estado de São Paulo (Fiesp), la Federación de Industrias de Minas Gerais (Fiemg) publicó una nota a favor del Gobierno, que fue respondida por otra carta de algunos industriales de Minas Gerais en contra del Gobierno. El agronegocio también se dividió: una parte apoyó la nota de Febraban, pero otro sector apoyó fuertemente la convocatoria del 7S y organizó un paro parcial de camioneros contra el STF.

El gran capital está dividido, aunque la mayoría está a favor de la construcción de la llamada tercera vía para 2022, que sería una candidatura de la derecha tradicional contra Lula y Bolsonaro. Estas diferencias se deben a factores pragmáticos específicos en función de los ganadores y perdedores de la pandemia, pero más que eso, expresan distintas evaluaciones sobre cómo continuar la ofensiva antipopular y hasta dónde puede llegar.

Al grueso del gran capital le preocupan las condiciones de legitimidad del sistema político para evitar fracturas en el tejido social y una escalada de conflictividad que ponga en riesgo lo logrado por la burguesía desde el golpe institucional de 2016. A ello se suma la incómoda posición de la administración Biden, que ha ido aumentando su intervención en Brasil, al menos hasta que estalló la crisis de Afganistán. Para Biden es un problema estratégico que un aliado de Trump se mantenga fuerte en la presidencia del principal país del patio trasero de Estados Unidos, al tiempo que su máxima prioridad es evitar que Brasil se convierta en la puerta de entrada de una ofensiva china sobre la región. Esta cuestión particular es mucho más compleja, ya que si Lula y el PT hacen un discurso abiertamente prochino, João Dória, la principal alternativa de la tercera vía también tiene fuertes acuerdos con China (vía la vacuna Coronavac) y el propio Bolsonaro oscila entre un discurso radical antichino y un posicionamiento mucho más pragmático del gobierno en su conjunto.

Desde este punto de vista, se convierte en una cuestión crucial para la mayoría del gran capital hacer viable electoralmente una candidatura de la tercera vía neoliberal, que se imponga por el voto y sea capaz de recomponer la legitimidad de las instituciones, para reprimir las luchas de resistencia que muy posiblemente se avecinan, sin retroceder en el terreno ganado con el golpe y los ataques y privatizaciones, que son un gran consenso entre los grandes capitalistas. La dificultad estratégica para que esta tercera vía sea posible, es uno de los elementos que añaden incertidumbre e inestabilidad en las disputas políticas entre la derecha y la extrema derecha. Las manifestaciones contra Bolsonaro del domingo pasado convocadas por el Movimiento Brasil Libre, que fue golpista en 2016 y ayudó a actual presidente a llegar al poder pero ahora lo quiere bajar fueron una primera prueba de la viabilidad de una alternativa al gran capital. La fallida convocatoria comparada con la masividad del 7 de septiembre mostró la, una vez más, la profundidad de la crisis.

El sector que acompaña a Bolsonaro es el más radicalizado del gran capital, y está dispuesto a llegar hasta el final en la destrucción del pacto social de 1988, que permitió desviar el auge de las huelgas en los ‘80. La cuestión es que, debido a la correlación de fuerzas, este camino podría llevar a una crisis mucho más aguda, que pondría en riesgo todo lo conseguido por el golpe institucional y, lo que es más grave, una aventura militar podría llevar a una crisis de Estado de consecuencias imprevisibles.

La principal apuesta del gobierno y los generales bolsonaristas, sin embargo, no es seguir el camino de las aventuras militares y las rupturas institucionales con las que amenaza el presidente y que, hasta ahora, tiene apoyo militar. Bolsonaro, con su 20-25% más o menos de apoyo duro sigue siendo el candidato de la derecha con más posibilidades de pasar a la segunda vuelta. En acuerdo con el centrão, desbloqueando el plan del ministro de Economía Paulo Guedes -que sirve a los intereses del gran capital en su conjunto- y posibilitando la expansión del programa de ayuda social Bolsa Família, todavía espera hacerse viable como el representante de toda la derecha contra Lula en 2022.

El plan B de los militares

Bolsonaro es, en gran medida, una construcción de los propios generales, que se aferraron a la oportunidad de volver al gobierno central por la vía electoral. La generación de militares formada al final de la dictadura conservó intacta la visión de sus instructores, protagonistas del golpe de 1964, de la censura y de la represión. Como la candidatura de Geraldo Alckmin del PSDB en las últimas elecciones presidenciales demostró que no era viable, toda la jerarquía militar se volcó hacia el indeseable Bolsonaro.

La identificación de Bolsonaro con el ejército a ojos de las masas supuso una oportunidad y un peligro para los generales. Después de décadas volvieron al gobierno, pero vincularon su suerte a la del gobierno de Bolsonaro. Desde que el general Braga Netto aceptó ser jefe de Gabinete y luego cuando los militares asumieron la responsabilidad de la conducción de la pandemia, han asumido cada vez más responsabilidad en que Bolsonaro llegue con fuerza al 2022. Este sería el mejor escenario para los generales, que quieren mantener las posiciones que han ganado y al mismo tiempo preservar la imagen del ejército. Sin embargo, la situación económica, los ataques del Gobierno y la propia retórica golpista están desgastando a Bolsonaro, que ve cada vez más lejanas sus posibilidades de ganar en las urnas en 2022.

El presidente, que lucha no sólo por mantenerse en el poder, sino también por preservarse a sí mismo y a su familia, cada vez más presionada por la ofensiva del STF, está dispuesto a embarcarse en aventuras. Pero, ¿se embarcarían los generales en este juego de todo o nada de Bolsonaro? Es bastante improbable que la cúpula militar de Brasil se embarque en un golpe sin el apoyo de la mayor parte del gran capital y el respaldo de Estados Unidos, o que siga atada a un gobierno que está abocado a una derrota electoral el próximo año. El mismo sentido de la oportunidad que llevó a los generales a cerrar filas en torno a Bolsonaro puede condicionar su salida en un momento más oportuno.

Crecen las especulaciones sobre la actitud que tendrían los militares si la justicia o el parlamento avanzan en una ofensiva de destitución contra Bolsonaro. Para el PSDB y la tercera vía, sacar a Bolsonaro de las elecciones sería una garantía de llegar a la segunda vuelta para enfrentar a Lula. Pero temen, sobre todo, entrar en colisión frontal con los militares. Así que cualquier impeachment tendría que ser acordado, o al menos contar con el silencio tácito de los militares, especialmente del vicepresidente Mourão.

Para nada se puede descartar que si llegan a la conclusión de que es imposible que Bolsonaro sea reelegido, puedan llegar a un acuerdo con la tercera vía, en el que los generales tendrían mucho que ganar. Principalmente porque sería una forma de desligar definitivamente su imagen de la del gobierno de Bolsonaro y, con Mourão como presidente luego de un hipotético impeachment, liderarían la transición al nuevo gobierno y tendrían gran poder para influir en la definición del candidato favorito del gran capital para enfrentar a Lula, que muy probablemente será el actual gobernador de San Pablo João Doria.

Además, Bolsonaro, alejado de la presidencia, podría dedicarse a mantener cohesionada su base de ultraderecha, que en todos los escenarios seguiría siendo una reserva estratégica a la que recurrir cuando haya que enfrentar al movimiento de masas. Esta hipótesis no sería contradictoria con pequeños intentos de aventuras bolsonaristas y sectores de su base militar. Por el contrario, levantamientos como éste, sofocados por el ejército, podrían ser precisamente el símbolo de que los generales quieren reafirmar la autonomía de las fuerzas armadas en relación con el ejército. Pero esto no deja de ser una hipótesis, un plan B, y hoy los generales son el soporte fundamental del gobierno de Bolsonaro.

El callejón sin salida de la estrategia petista

Mientras la disputa entre Bolsonaro y el STF se intensifica y se aprueban ataques históricos desde el Congreso, el factor más atrasado de la situación política es la lucha de clases. El rumbo tomado por el PT repite la historia de ese partido. Ninguna confrontación, ningún llamado a la movilización, ninguna huelga seria contra las privatizaciones. Para el PT y Lula, la clave es convencer al capital financiero y los sectores militares de que su gobierno no retrocederá en la obra económica del golpe. La apuesta es que, si Bolsonaro sigue siendo presidente, el PT se encamina a una victoria segura en octubre de 2022.

El cálculo no resiste el ritmo de la política brasileña de los últimos años y todavía pasarán muchas cosas antes de las elecciones. En 2017 el PT apuntaló al gobierno de Temer todo lo que pudo, traicionando la enorme movilización obrera que podía derribarlo, porque también contaba con una victoria segura en 2018. Después de la mayor huelga general en décadas, en abril de 2017, y de la crisis abierta con la ofensiva de Lava-jato contra Temer, estaba en la agenda derribar el gobierno mediante la movilización. El PT fue decisivo para sostener a Temer ya que aplazó dos meses la fecha de una nueva huelga general y permitió al gobierno golpista estabilizarse y aprobar la reforma laboral. De una forma u otra, la política del PT no sirve para enfrentarse al bolsonarismo y a la derecha neoliberal.

Más trágica aún que la política del PT, que mantiene al movimiento obrero como rehén de la estrategia de la derecha neoliberal, es la posición que adoptan organizaciones de izquierda como el PSOL, el PCB o el PSTU, exigiendo el impeachment de Bolsonaro. De esta manera lo máximo que pueden conseguir sería hacer viable el plan B de los militares, abriendo el camino a que un gobierno de Mourão, más legitimado que Bolsonaro, se encargue de la transición.

En este momento, se están desarrollando algunas luchas importantes, como la huelga en Rede TV, en sectores de la construcción civil y la metalurgia. Es necesario que las organizaciones de izquierda rompan su política de seguir al PT y confiar en las instituciones y pongan su peso sindical para apoyar y coordinar estas luchas, reforzando la exigencia de que las centrales sindicales convoquen a una huelga general contra Bolsonaro y Mourão.