La reforma política que fue aprobada por la Cámara de Diputados hace aún más antidemocrático el sistema electoral brasilero. Además de fortalecer el financiamiento privado, excluye a los partidos de izquierda del debate político nacional.
Jueves 23 de julio de 2015
Dos aspectos diferentes de la reforma política afectan el derecho de la izquierda a expresarse en la escena política. Por un lado, la supresión del Fondo partidario y el tiempo disponible en televisión para organizaciones de izquierda como el PSTU, PCB, PCO. Y ahora la votación de una nueva cláusula que excluye de los debates a todos los partidos que cuenten con menos de nueve diputados, por lo que el PSOL también será excluido. Esta medida afecta al menos a un partido burgués, el PV de Eduardo Jorge.
Es moneda corriente en los análisis políticos la crítica de que los partidos perdieron su carácter ideológico y principios, una forma encubierta de decir que viven de los privilegios y la corrupción. Y justamente los pocos partidos que se organizan en torno a sus ideas y participan de las luchas sociales, fundamentalmente aquellos que se reivindican socialistas o revolucionarios, son los que están siendo atacados.
Esta es la respuesta que el sistema político está ofreciendo al descontento popular: votan medidas que dificultan aun más que las demandas populares y los partidos que las expresan puedan tener representación electoral o parlamentaria.
Por una campaña unitaria
Tanto el PSTU como el PSOL lanzaron campañas contra esas medidas antidemocráticas. El PSTU también tomó la iniciativa de lanzar un petitorio electrónico que puede verse aquí.
Es necesario apoyar y fortalecer estas medidas y dar un paso más allá. Los cambios electorales aprobados buscan atacar al conjunto de la izquierda y cuentan con el apoyo del PT y del PCdoB. Es necesario unificar las iniciativas en curso en una campaña común. Además de las organizaciones de izquierda, también es necesario buscar el apoyo de todos los sectores indignados con la casta de políticos; unificando las fuerzas contra las medidas proscriptivas en curso, en una campaña común para ampliar esta lucha y acabar con la reforma política de Cunha y el Congreso.
