CRISIS ENERGÉTICA. Bruselas quiere gravar el 33% de beneficio de las energéticas ¡a partir del 20% de ganancias extras!

Con tono de cierta emergencia ante la situación que espera a la Unión Europea (UE) en los próximos meses, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha presentado las medidas que desde el ejecutivo comunitario se quieren poner en marcha para paliar la inflación desbocada.

El aumento de precios alcanzaba el 9,1% en la zona euro a 31 de agosto, aunque con cifras más altas en algunos países, como es el caso del Estado español (10,5%). Otros países centrales para la estabilidad económica de la UE como Alemania (7,9%) e Italia (8,4%) muestran también datos cercanos a la media de la zona euro.

Esta situación está golpeando los bolsillos de clase trabajadora y sectores populares y está empezando a frenar la producción en muchas industrias - von der Leyen hacía referencia a la industria del vidrio en su intervención-. En este tesitura el ejecutivo comunitario busca impulsar medidas centradas en abaratar el coste de la energía, y lo quiere hacer a través de ponerle un tope temporal a los beneficios extraordinarios de las empresas del sector energético.

La presidenta de la Comisión ha anunciado que planteará gravar un 33% los beneficios “extraordinarios obtenidos este año por las compañías energéticas”, una medida con la que se espera recaudar 140.000 millones de euros (117.000 millones de las llamadas “inframarginales”, como las renovables, y 25.000 millones de las petroleras y gasistas, según precisó después la comisaria de Energía, Kadri Simson).

Además la letra pequeña, en este caso, no es tan pequeña. No tendríamos que hablar de gravar a los beneficios extraordinarios de las energéticas, sino a los beneficios ultra extraordinarios. Y es que este 33% se aplicará sobre todo beneficio en el año 2022 superior al 20% de las ganancias medias de los últimos tres años. Es decir, manga ancha para que se beneficien un 20% (¡!) extra a costa de la guerra y la crisis energética.

Esta recaudación, ha señalado von der Layen, irá destinada a que “los Estados puedan ayudar de forma directa a las familias y a las empresas”, pero sin dar más detalles.

Esta medida estrella ha sido portada en todos los medios por ser una medida que grava sobre los beneficios extraordinarios de un sector que está cosechando resultados económicos históricos producto de la guerra reaccionaria de Putin y la política imperialista de la UE y EEUU y a costa del padecimiento de cientos de miles de familias.

Pero este gravamen a los beneficios ultra extraordinarios, se tendría que decir, no viene solo, ni en su comunicado ni en las políticas ni decisiones paralelas que se están tomando con el sector energético. Es por ello que nos preguntamos ¿es suficiente este anuncio de gravar con un 33% los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas?

En primer lugar, la situación de inflación se ha visto agravada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia y por la política de la UE y EEUU de sanciones y boicot a Rusia, que como un boomerang, afectan desde hace meses a la población de la zona euro.
Por otro lado, aunque esta medida sea aprobada -debe ser ratificada a final de mes por los 27- la clase trabajadora y sectores populares llevamos sufriendo esta situación de inflación desde hace meses.

En su intervención, Ursula von der Layen ha dejado claro que se trata de un tope “temporal” sujeto a la situación de la inflación y a los precios de la energía, especialmente del gas. ¿Acaso no podemos hablar de beneficios extraordinarios de este sector en otro periodo? Sin movernos del Estado español y sin entrar en los beneficios del primer semestre del 2022, las energéticas del Ibex35 cerraron 2021 cuadruplicando los beneficios, no solo del 2020, año de la pandemia, sino de 2019. Estamos hablando de beneficios de 10.117 millones de euros.

Sumado a esto, la Comisión, en la línea de lo que están haciendo varios Estados miembros, busca limitar el beneficio de las energéticas mediante medidas de tope de coste o bien gravando beneficios, como es el caso del proyecto del ejecutivo comunitario. Pero mientras se anuncia a bombo y platillo este tipo de medidas, repetimos, temporales, otras decisiones van encaminadas a beneficiar a este sector.

En el caso del Estado español, vimos que detrás de las medidas de ahorro y algunas ayudas sociales, el gobierno del PSOE y Unidas Podemos incluye una partida de 1.350 millones para ayudas al oligopolio eléctrico, contratos a dedo para la mejora energética de edificios públicos y el rescate de las autopistas radiales de Madrid. Es decir, justo lo que se esperaba recaudar con ese tope de precio.

En Alemania, el gobierno socialdemócrata de Olaf Scholz está estudiando nacionalizar Uniper, la mayor empresa gasística del país. Una empresa que ahora reporta pérdidas multimillonarias después de haber recibido un paquete de “apoyo” de 20.000 millones y de que el propio estado alemán ya se haya hecho cargo del 30% de la empresa. Nada nuevo, privatizar beneficios, socializar pérdidas.

También los países nórdicos, Suecia y Finlandia han anunciado mayor financiación para sus empresas energéticas, en la línea de lo que solicitaba von del Layen, una flexibilización en la legislación que articula las ayudas estatales a las empresas privadas.

Y además de estos aspectos, ¿a qué van destinados esos 140.000 millones? no existe poder decisión para saber cómo se van a gestionar y a dónde van a ir destinados, ni si servirán para paliar una crisis económica y energética de la que ellos son responsables.

Esta medida no debe ser “temporal” ni debe gravar solo los beneficios “extraordinarios”. Se trata de un parche que no soluciona el problema a largo plazo. Las empresas energéticas han mostrado su codicia y descontrol todo este tiempo mientras los gobiernos europeos miraban para otro lado. ¿Debemos aceptar que entonces este tope sea solo temporal y que cuando consideren oportuno vuelvan a permitir esos beneficios extraordinarios?

Para hacer frente a la crisis energética, no sólo teniendo en cuenta la guerra en Ucrania sino también la crisis climática, se hace necesario repensar la industria energética de conjunto, apostando por las energías verdes y donde el foco sea la sostenibilidad y el abastecimiento de calidad para todo el mundo.
Pero esto no se hará de la mano de la UE, solicitando ayudas “solidarias”, como ha llamado la presidenta de la comisión a este tope, ni esperando la bondad de los Consejos Directivos de las energéticas.

Una transformación de fondo solo llegará cuando el sector energético esté bajo control de las y los trabajadores, para que puedan decidir sobre todos los aspectos, desde la generación hasta la distribución.

Es por todo esto que no, que la medida anunciada hoy por el ejecutivo comunitario no es suficiente.