HACIA ESTADOS UNIDOS. Caravana migrante: una incontenible diáspora centroamericana en México

La caravana migrante ha expuesto desde su inicio en Honduras no sólo las precarias condiciones económicas y sociales que miles de trabajadores enfrentan en sus países de origen, sino también las terribles condiciones que implica su ingreso a territorio mexicano propiciadas desde la administración de Felipe Calderón con la continuidad de Peña Nieto; frío, hambre, hostigamiento, persecución, detención y una sistemática violación a los derechos humanos son la norma para los migrantes que deciden cruzar el país.

El Instituto Nacional de Migración (INM) ejecuta esta política por medio de los centros de detención. En el país operan 59 centros ubicados principalmente en estados como Chiapas, Veracruz y Oaxaca, donde se obstaculiza el acceso a los derechos humanos como son: impedir el acceso a la comunicación, limitar la información de su caso, no brindar defensa y representación legal, así como el uso de “cuartos de castigo” donde agentes de migración recurren a la amenaza y el aislamiento afectando el desarrollo físico, emocional y psicológico de hombres, mujeres e incluso niños y adolescentes.

Así, la primera imagen que circuló a nivel nacional e internacional sobre la caravana migrante en México dio a conocer la represión del 19 de octubre a manos de la Policía Federal y la Gendarmería por órdenes del gobierno federal; cientos de migrantes centroamericanos que ingresaron al país a través de Guatemala fueron gaseados, algunos retenidos y trasladados a centros de detención para ser deportados con la complicidad de los gobiernos centroamericanos.

Y es que la migración centroamericana en México ha presentado una tendencia al incremento desde mediados de los años 90 hasta 2005, año en que alcanzó el máximo histórico con un volumen de entre 390 mil a 500 mil migrantes. Según las Estadísticas Migratorias de México brindadas por la Secretaría de Gobernación, se calcula que entre 2006 y 2009, hubo una caída pronunciada de cerca de 70%, mientras que en 2010 y 2011 se observó una estabilización. Estos datos incluyen las estimaciones preliminares para 2012 que claramente evidencian un repunte del flujo migratorio de por lo menos un 40%.

Pero además de 2009 a 2014, la población del llamado Triángulo Norte, que incluye a Guatemala, El Salvador y Honduras, constituyeron entre 91% y 93% del total de los eventos de personas retenidas por las autoridades migratorias de México. Tras la crisis de mediados de 2014 derivada del incremento en la llegada de “niños no acompañados” y familias procedentes de Centroamérica, el gobierno de México se coronó como gendarme del imperialismo estadounidense con la deportación de 165 mil 524 centroamericanos en 2015 mientras que en Estados Unidos la cifra fue de 75 mil 342, según el Migration Policy Institute (MPI), principal centro de investigación sobre migración en Washington. Este hecho se profundizó y fue acompañado de una política racista y xenófoba con la llegada de Donald Trump a la presidencia del país del norte.

El actual éxodo centroamericano se inscribe además en un fenómeno inédito, no sólo para México sino en la historia reciente donde millones de trabajadoras y trabajadores migran a los principales países imperialistas, incrementando su volumen desde el estallido de la crisis económica en 2008. De acuerdo al Informe Internacional sobre Migraciones 2017 de la ONU, el número de migrantes se incrementó en un 49% desde el 2013 alcanzando los 258 millones en todo el mundo.

Panorama centroamericano y expoliación capitalista

La migración centroamericana a México y Estados Unidos ha tenido varias oleadas durante los últimos años, misma que ha sido impulsada por la extrema pobreza, desigualdad social, violencia generada por grupos delictivos y cuya situación ha sido sostenida por los gobiernos del istmo centroamericano.

Las guerras civiles en Centroamérica durante las décadas de los años 70 y 80, la inestabilidad política y las dificultades económicas causaron un flujo significativo de centroamericanos hacia el norte durante la década de 1980, periodo durante el cual la población centroamericana en los Estados Unidos se triplicó. El “relativo” fin de los
conflictos políticos en Centroamérica con los Acuerdos de Paz [1], la llamada “unificación familiar” y la volatilidad política y económica impulsaron una nueva ola migratoria de centroamericanos que entraron a Estados Unidos.

A raíz de una serie de desastres naturales en la región –como el huracán Stan en 1998 o el terremoto en Haití en 2010–, salvadoreños, hondureños y nicaragüenses fueron elegibles para el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), el cual ofreció protección provisional contra la deportación y autorización de trabajo. El TPS ha sido renovado para Honduras y Nicaragua hasta enero de 2018 y para El Salvador hasta marzo de 2018.

Sin embargo, existe un contexto más general que caracteriza al conjunto del istmo centroamericano: la creciente desigualdad social, crisis políticas y gobiernos que siguen una política entreguista y al servicio de las grandes necesidades del imperialismo estadounidense, que renueva y profundiza su dominio en México y Centroamérica. El caso más emblemático que expuso estas condiciones fue el golpe de Estado en Honduras durante 2009 -que favoreció la imposición de un giro político a derecha en toda la región por parte de Estados Unidos y las clases dominantes latinoamericanas- como una respuesta a las demandas sociales de la población, que se enfrentaba a un ciclo recesivo con aplicación de paquetes de ajuste y austeridad sobre las masas populares, campesinas y de trabajadores.

Si en la primera mitad de siglo XX el imperialismo estadounidense instaló su dominio con la conformación del llamado “Imperio del banano” con la United Fruit Company en países como Honduras [2] actualmente dicho dominio encuentra su continuidad bajo tratados de libre comercio entre Estados Unidos, México y Centroamérica desde los años 90, con el objetivo de facilitar la "cooperación" económica; con liberalización comercial, cooperación financiera, desarrollo de la oferta exportable centroamericana, cooperación en el sector primario, abastecimiento energético y fomento de inversiones.

Fue con el gobierno de George W. Bush que se inició una nueva estrategia comercial y política en la región con la firma del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos (CAFTA por sus siglas en inglés) en 2004. Con dicho tratado se dio paso a un nuevo proceso de apertura comercial en Centroamérica con énfasis en las relaciones de la región con Estados Unidos, su principal inversionista.

A 14 años de la aprobación del CAFTA, se puede hablar de un proceso de integración comercial que ha sumado a las burguesías nacionales encargadas de garantizar la inversión extranjera directa a costa de la expoliación de los recursos naturales y mano de obra barata. Esto implicó el avasallamiento de los derechos laborales y sociales de los trabajadores, para quienes el tratado se ha traducido en inestabilidad laboral, inseguridad social y precarización de sus condiciones de vida, que junto a la situación de violencia y ataque a los derechos humanos, son las principales razones de la actual ola migratoria.

La respuesta de Estados Unidos para buscar paliar la situación ha sido el Plan Alianza para la Prosperidad; una iniciativa del imperialismo estadounidense contemporánea al Plan Frontera Sur aprobada en 2014 por Enrique Peña Nieto y el entonces presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina –donde Estados Unidos comprometió la cantidad de 750 millones de dólares– como parte de una estrategia para regular y controlar el paso de migrantes en la frontera.

Lo anterior ha implicado el aumento de controles y la aceleración de los procesos de deportación de los ciudadanos centroamericanos que llegan a México (el incremento fue de 130% en las detenciones de 2013 a 2015 y un aumento del 124% de deportaciones) además de la creciente militarización de la frontera entre México y Guatemala con apoyo financiero, tecnológico y militar de Estados Unidos. [3]

Espiral de violencia para los migrantes

El año 2010 –durante el sexenio de Felipe Calderón– se registró como el más violento en México; durante agosto 72 personas migrantes fueron asesinadas por integrantes del crimen organizado en colusión con diferentes rangos del gobierno mexicano. Un año después de la Masacre de San Fernando, Tamaulipas, el horror volvió a la región cuando 43 fosas clandestinas fueron encontradas en el mismo punto fronterizo con casi 200 cadáveres, la mayoría migrantes de origen centroamericano.

La violencia de autoridades mexicanas y grupos del crimen organizado que vieron en los migrantes una mercancía con la cual lucrar, también mermó ese ritmo migratorio e influyeron en trazar la ruta a partir del control del territorio con secuestros, extorsiones, trabajo forzado y asesinatos. Según reconoce la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, en promedio, 20 mil personas son plagiadas al año con este propósito.

Pero la violencia no termina. La sobreexplotación laboral a manos de las principales cámaras empresariales se abre paso ante la actual ola migratoria de centroamericanos que ya suma alrededor de 13 mil personas cruzando el país rumbo a Tijuana. Cabe señalar que en otros procesos esta situación ha sido aprovechada por la patronal del norte; fue el caso de la migración cubana y haitiana, la cual tuvo un considerable auge en México luego del terremoto en Haití de 2010 y el descongelamiento en las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Explotación laboral, sueldos de hambre y violación a sus derechos es lo único que pueden ofrecer los empresarios del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de Baja California y las autoridades del INM.

Aunado a esto las muestras de racismo contra migrantes son promovidas por la clase empresarial que intentará mantener separados los intereses de los explotados y oprimidos. Y es que si bien a la comunidad migrante los distingue una determinada identidad, cultura, vivencias y creencias, también es cierto que desde el punto de
vista del mercado de trabajo la economía tiende a igualar las condiciones entre trabajadores nativos o extranjeros.

Solidaridad internacional y un programa antiimperialista

La caravana migrante que desafía las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump es expresión de años de saqueo, de explotación y de políticas capitalistas que desde la Casa Blanca se impusieron por medio de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial sobre Centroamérica.

Si el capitalismo ve en el migrante una fuente inagotable de explotación en pro de sus ganancias, el pueblo trabajador debe superar cualquier “diferencia” impuesta por la clase dominante. En América Latina su expresión no sólo se encuentra en el éxodo centroamericano en México; se trata de la crisis económica impuesta al pueblo venezolano que huye a Brasil, donde la retórica xenófoba de Trump encuentra su propia cara con la llegada de Jair Bolsonaro al gobierno; es también la crisis política y social en Nicaragua que hace que miles huyan a Costa Rica a consecuencia de la política represiva de Daniel Ortega.

La frase “Ningún ser humano es ilegal” tendría que materializarse en una poderosa alianza social que promueva la solidaridad entre los sectores de la clase trabajadora, ya que quienes migran son trabajadoras, trabajadores, campesinos pobres y sus familias, pequeños comerciantes desplazados por la voracidad y la rapiña capitalista. Son hermanas y hermanos de la clase trabajadora, de las comunidades indígenas. Son mujeres y jóvenes que como en México enfrentan desplazamientos en las zonas rurales, al crimen del narcotráfico y los megaproyectos y las transnacionales, así como las consecuencias de la “narcoguerra” y la militarización. En esa alianza, la clase obrera de México y Estados Unidos debe jugar un rol fundamental, haciendo propias las demandas de los migrantes y bregando por conquistarlas, en una perspectiva de unidad obrera y popular más allá de los muros que la burguesía levanta.

Mientras el Estado mexicano y los partidos al servicio de los empresarios muestran su carácter de clase al negar condiciones dignas para los migrantes en su paso por México, la solidaridad obrera e internacional debe hacerse presente en ambos lados de la frontera con el apoyo activo de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos para rodear de apoyo activo a los migrantes centroamericanos y evitar cualquier medida represiva por parte del gobierno racista y xenófobo de Donald Trump y el Estado mexicano. Las demandas de "Plenos derechos políticos y sociales para todos" y "Ningún ser humano es ilegal", debe multiplicarse a ambos lados de la frontera.