Provincia de Buenos Aires. Cárceles bonaereneses: se levantaron las huelgas de hambre

Como informara La Izquierda Diario en anteriores publicaciones, desde hace aproximadamente quince días se venía expandiendo una huelga de hambre en las Unidades Penitenciarias de la Provincia de Buenos Aires.

Dicha huelga hizo eje en las condiciones de detención de las personas privadas de su libertad, principalmente en lo que respecta a la falta de alimentos y el hacinamiento, aunque también se ha destacado el largo tiempo de encierro sin condena firme, la ausencia de medicamentos, el alojamiento en lugares alejados del grupo familiar, la falta de higiene y las condiciones estructurales generales deficitorias.

Esto, en su conjunto, implica un combo que ha llevado a la población carcelaria a contraer enfermedades como tuberculosis y hantavirus, siendo ello otra de las principales denuncias.
Ya antes de su asunción, el actual Gobernador de la Provincia, Axel Kiciloff, había expresado su preocupación por el tema.

Como primer medida de Gobierno al respecto, se resolvió conformar una Mesa Interinstitucional de Diálogo, de la que participan todos los poderes del Estado Provincial, la Iglesia Católica y Organismos de Derechos Humanos.

Paralelamente a ello, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, emitió una resolución, el pasado viernes, convocando a todos los jueces penales a una reunión de carácter obligatorio que se realizará el día 27 de diciembre para tratar la crisis carcelaria.
En ese sentido, el electo gobernador afirmó: “Vamos a seguir trabajando (…) para encontrar soluciones estructurales".

Fiestas en el encierro, un sistema de crueldad.

Mientras las autoridades judiciales disponen reuniones para tratar la situación, la realidad es que las soluciones estructurales se hacen esperar, una vez más, como ha sucedido históricamente.

Como denunciara hace unos días este medio, en los últimos 15 años creció en un 40% la cantidad de personas privadas de su libertad en la provincia, con una superpoblación que alcanza el 113%, en su mayoría sectores empobrecidos.

Encontrándonos en vísperas de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, La Izquierda Diario ha tenido acceso a declaraciones de familiares, que expresan claramente la falta de voluntad política para responder a las demandas mínimas, y la nula prioridad que tiene en la agenda pública la población carcelaria.

Esther (se preservan nombres originales) nos decía “…hace más de un año que mi marido está detenido sin condena. No es justo. El abogado pidió la domiciliaria hace dos meses, pensamos que estaría en la fiesta con nosotros, pero nos dicen que faltan pericias (…) hasta marzo no se sabe. Mi hija lo espera para armar el arbolito. Juegan con nuestros sentimientos. Nosotros no importamos…”

Por su parte, Romina nos contaba: “… ni siquiera nos autorizan a ir a pasar las fiestas con mi hermano (…) Él está muy grave de salud. Se agarró una peste ahí (…) ni Pan Dulce vamos a tener esta vuelta, él era el que más plata traía, por lo menos hacia changas…”

Los testimonios de familiares reflejan una terrible realidad. En el último informe anual de la Comisión por la Memoria, se señala: “…Estas prácticas se insertan en un programa de gobierno penitenciario que produce y gestiona la degradación y la sumisión de las personas detenidas sustentando lo que la Comisión Provincial por la Memoria denomina el sistema de la crueldad…”

Respecto de las prisiones preventivas, agrega: “… la historia demuestra que las cárceles son espacios creados para llenarse, por lo cual construirlas no mejora las condiciones de detención sino que eleva el piso de encarcelamiento. Pese a que la gestión actual no construyó nuevos establecimientos entre 2016 y 2018, la solución adoptada también es gravosa para los derechos humanos: ha priorizado el incremento masivo de camastros en celdas individuales donde ya no hay espacio ni para moverse.

Por su parte, el Poder Judicial mantiene las medidas alternativas al encierro en el marco de la excepcionalidad. Una de las principales es el arresto domiciliario, que desde 2013 se utiliza en el 5% de los casos, siendo en 2018 apenas 2.800 personas. Según la ley 12.256 de ejecución penal (art. 19), los órganos judiciales tienen la facultad de disponer esta medida en casos de enfermedad terminal o que no se pueda tratar adecuadamente en un establecimiento carcelario, mujeres embarazadas, mujeres madres de niños/as menores de cinco años, personas discapacitadas, y mayores de 70 años. Al analizar la distribución de la población detenida en los últimos 5 años, vemos que desde 2014 a 2018 se ha triplicado la cantidad de personas detenidas bajo arresto domiciliario con monitoreo (…)

Sin embargo, dicho aumento no ha modificado en nada la situación estructural, ya que representa una porción minúscula del total de personas detenidas: el 96% están encerradas en cárceles, alcaidías y comisarías…”

Podemos ver claramente que las practicas ejercidas por el poder de turno, llevan a los sectores más empobrecidos y vulnerables a situaciones extremas. El caso de la población carcelaria, es un horroroso exponente de ello.
La lógica es encerrar, controlar, disciplinar, expulsar.

Los grandes poderosos que saquean al pueblo, nos meten las manos en los bolsillos, nos roban los sueños, los proyectos, el acceso a la educación y al futuro. Ellos no están encerrados. Tendrán grandes brindis en estas fiestas, una vez más, con colores, lujos y confort.

Para la gran masa de población carcelaria la miseria, el encierro, los muros grises, y la familia lejos, luchando por un pan dulce.
Las soluciones estructurales continuaran pendientes, en un sistema diseñado para cuidar la propiedad privada de unos pocos, y expulsar a los otros muchos.

Ya lo dijeron en 1859, en una publicación del New York TRibune“… Ha de haber algo putrefacto en la médula misma de un sistema social, que aumenta su opulencia sin reducir su miseria…”