Después de tres días de audiencias, este viernes finalizó el juicio oral y público por el encubrimiento del crimen de Ángel Almada, ocurrido en 2016, causa que desde el principio estuvo plagada de irregularidades y desvíos. Piden condenas para 5 policías bonaerenses y el ex delegado municipal de Ingeniero White. Leandro Aparicio, abogado de Silvia Almada, señaló también la responsabilidad de la justicia en dejar correr la impunidad tantos años.
Domingo 27 de noviembre de 2022 15:19
Ángel Almada, el joven estudiante y músico de 17 años cayó del puente peatonal de Ingeniero White en la madrugada del 5 de marzo de 2016 y días más tarde murió en un hospital. Desde las primeras horas, que son fundamentales para la investigación, esta causa estuvo plagada de irregularidades, desvíos y encubrimiento. La Policía Bonaerense intentó hacerlo pasar como un suicidio desde el primer momento, luego una pericia de la Gendarmería señaló que era imposible (por el lugar en que cayó) que se hubiera tirado solo.
Los fiscales a cargo de las causas por homicidio dos veces la devolvieron argumentando que había sido un suicidio, dando lugar al encubrimiento orquestado por el ex delegado municipal Marcelo Acosta y la policía. Hoy, seis años y medio después se juzgó el accionar de la Policía y del Delegado Municipal pero aún falta el juicio por el homicidio que se estima que sea el año que viene.
Luego de tres días de intensas jornadas en las que se trató fundamentalmente la responsabilidad de los policías y del delegado municipal a partir de las declaraciones de decenas de testigos, el viernes se leyeron los alegatos.
El fiscal Marcelo Romero Jardín -titular de la UFIJ N° 8- en su alegato planteó que existe un problema central en el acta de procedimiento policial que dio inicio a la causa y que es lo que se envió a la Fiscalía. El parte policial dice “tentativa de suicidio” y ahí hay una resposabilidad clave de los agentes Claudia Olivera y Marcelo De Larosa, que son quienes firman ese despacho y quienes dieron las órdenes en la Comisaría en el momento del acontecimiento.
En ese sentido, Viviana Almada, tía de Ángel contó a La Izquierda Diario que "cuando llego a la comisaría y ni bien entro me atiende el comisario Mansilla que hoy declaró que no estuvo en la comisaría. Sí, estuvo, habló conmigo y me pasó automáticamente con el subcomisario Ceballos. Cuando hablo con el subcomisario, ya tenían algo armado en una hoja blanca con membrete de la comisaría, todo. Me querían hacer firmar un papel donde decía que había sido un intento de suicidio. Cuando yo me doy cuenta y leo eso, le digo ¿cómo un intento de suicidio? ¿en qué momento ustedes investigaron? porque llevaba dos/tres horas, ¿tan rápido determinaron que Ángel se había intentado suicidar? Ya estaba firmada por el comisario Mansilla, que [durante la audiencia judicial] dice que no".
Sobre la responsabilidad del entonces delegado Acosta, Romero Jardín sostuvo en su alegato que además de ser funcionario era el padre de la persona que posiblemente vio por última vez a Ángel antes de que le quitaran la vida. Por esta razón su participación en la investigación no era pertinente ya que incluso se podía considerar como un tercero que podría querer desviar o encubrir algo. No debería haber cumplido ninguna función en la misma pero, según el fiscal, Acosta empezó a reemplazar directamente a quienes debían dirigirla: “se sentía dueño de la investigación” y el Dr Zorzano que era el fiscal de turno en ese momento "era reemplazado directamente por Acosta durante las primeras horas hasta las 13:30".
Según el testimonio de Claudia Farinaccio, madre de Martina (una de las amigas de Ángel, que también también declaró en la causa), a las 7:30 a.m Acosta fue a su casa con un patrullero y les dijo que tenían que ir a la comisaría por que, según él, "Ángel se tiró del puente". Claudia contó a La Izquierda Diario, "nos fuimos las tres chicas que estaban en casa más mi hija conmigo. Iban menores en el patrullero y ahora una se da cuenta que no tiene que ser así, pero en ese momento, al nunca haber pasado por algo así, no lo tomé como algo importante".
Acosta en su declaración durante las audiencias negó todo esto, diciendo que él en ese momento no sabía lo que había pasado, solo sabía que no encontraban a Ángel y afirmó que se enteró recién a las 9 de la mañana que el joven estaba grave, que había caído del puente. Y también dijo que él quiso participar de la primera marcha pidiendo justicia. Pero nos dice Claudia: "mentira, él cuando organizamos la marcha que era solo pedir justicia por Ángel y aclarar [lo ocurrido] porque no sabíamos qué estaba pasando, y me manda un mensaje el señor delegado diciendo que quiere hablar conmigo. Vino, habló con mi esposo, estábamos los tres. Me dice que no hagamos la marcha reiteradas veces, ’prefiero que me vengas a quemar la delegación’".
Romero Jardín planteó que hubo una adulteración en las declaraciones de los menores que habían estado en la misma fiesta que Ángel para hacerles decir que el joven estaba deprimido, que tomaba medicación psiquiátrica o que tenía problemas con su madre, incluso a jóvenes que no tenían una relación con él. Según el informe del psicólogo de Ángel, el chico no sufría depresión sino un trastorno alimentario
Claudia Farinaccio dice que "en la comisaría cuando tomaron declaración siempre incitaron a mi hija a que dijera que se había suicidado. Era hostigarla continuamente para que ella dijera eso, aunque mi hija le iba diciendo que no. Estábamos mi esposo y yo presentes, y entraban y salían constantemente Ceballos [uno de los agentes] y el Delegado municipal".
El fiscal observa que la Policía fue, en definitiva, permeable al poder político y que le permitió accionar fuera de su función desviando la investigación y prejuzgando sobre los hechos, tergiversando las declaraciones de los testigos, en muchos casos menores. Sostiene "que se insertan frases falsas de personas que no dijeron lo que dijeron para instalar la hipótesis del suicidio de Ángel para orientar al fiscal en la investigación. Recién a los cuatro días se corre la comisaría, por orden de Zorzano [Fiscal de turno] y comienza a investigar la DDI y recién ahí aparece la hipótesis del homicidio, perdiéndose días claves ya que las 24 y hasta 48 horas apenas ocurrido un hecho como este son fundamentales para descubrir la verdad". De esta manera, consideró que los policías incumplieron su deber como funcionarios públicos privando el acceso a la justicia a la familia de Ángel y violando todos los tratados de DDHH a los que adhiere nuestro país.
A su vez, pidió condenas para 3 funcionarios policiales por incumplimientos en sus deberes: para Andrés Mansilla, solicitó la pena de 1 año y 6 meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena para ejercer cargos públicos, fijar domicilio y someterse al control del Patronato de Liberados por espacio de 2 años. A Marcelo De La Rosa pidió que se lo condene a 1 año y 4 meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena para ejercer cargos públicos, fijar domicilio y someterse al control de Patronato de Liberados por espacio de 2 años y para Claudia Olivera, requirió la pena de 1 año de prisión en suspenso e inhabilitación especial por el doble de tiempo para ejercer cargos públicos, fijar domicilio y someterse al control de Patronato de Liberados.
Por su parte, para el ex delegado municipal, Marcelo Acosta pidió 1 año de prisión en suspenso (pena máxima prevista para el delito por el que se lo acusó) e inhabilitación especial por el doble de tiempo para ejercer cargos públicos, fijar domicilio y someterse al control de Patronato de Liberados.
Por último, el fiscal, desistió de acusar a los agentes Gustavo Ceballos y a Lidia Ayala por entender que durante el debate no se produjo prueba suficiente de sus participaciones en los hechos endilgados.
En tanto, Leandro Aparicio, abogado querellante, en su alegato remarca también que los fiscales Jorge Viego y Mauricio Del Cero (ahora célebre como febril perseguidor de cultivadores de cannabis) avalaron el accionar policial, luego de que interviniera el primer fiscal que estaba a cargo de la causa, cuando finalmente llegó a la Fiscalía de Homicidios. Estos devolvieron dos veces la causa diciendo que era un suicidio, legitimando la operación realizada por los policías y el ex delegado durante esas primeras horas.
Uno de los testigos citados por la defensa de los policías fue Gustavo Maldonado, ex jefe departamental de la policía que Aparicio recordó que ya también había intervenido desviando la investigación en el caso de Katherine Moscoso. Aparicio pide condenas para los 6. Para Ayala y Ceballos pide condenas menores a un año, porque sus participaciones no fueron las centrales. En el caso de Ceballos, durante las audiencias colaboró en mostrar el operativo de encubrimiento ("jugándose el pellejo" según afirmó en el alegato su abogado defensor: todo un reconocimiento del accionar ultra corporativo de esta institución represiva). Para De La Rosa y Mansilla pide dos años, y para Olivera, 1 año y seis meses. Para Acosta pide un año. En todos los casos, con el doble de tiempo de inhabilitación para desempeñar cargos públicos.
El fallo de la Dra. Susana González La Riva, titular del Juzgado Correccional N°3, se dará a conocer el próximo martes 29 a las 12 horas.
En estos días que duraron las audiencias, Silvia Almada estuvo acompañada por su familia, amigos de Ángel, organizaciones de DDHH, gremiales y políticas como la Unión de Músicos del Sur e integrantes de las Secretarías de DDHH de Suteba y de la CTA, ante una fuerte presencia de la Policía, que ocupaba un gran espacio dentro de la sala impidiendo el ingreso de más cantidad de personas.
Para finalizar, es importante destacar la lucha incansable en la búsqueda de justicia que viene llevando adelante Silvia Almada, su familia y sus amigos que se movilizaron desde el primer día contra todo este entramado de poder y encubrimiento.
