Extractivismo. Cerro Amarillo: pese al rechazo de asambleas y especialistas, avanza el proyecto minero en la Legislatura de Mendoza

Pese al rechazo de especialistas y asambleas socioambientales, radicales y peronistas quieren avanzar en profundizar el extractivismo en la provincia "sin escuchar a la gente, sin llamar a especialistas o expertos en la temática, sin realizar una actualización del impacto ambiental ni audiencia pública", como denunciaron desde la Asamblea Popular por el Agua.

Este miércoles el proyecto de exploración para explotar la mina de cobre Cerro Amarillo en Malargüe fue tratado de manera exprés en la comisión de ambiente de diputados y podría ser votado en el recinto la próxima semana, dándole sanción definitiva a la Declaración de Impacto Ambiental, que ya cuenta con el voto favorable del senado provincial.

Una vez más, peronistas y radicales dejaron en claro que para el extractivismo no hay grieta, impulsando el proyecto con la mentira de que se trata de "minería en los marcos de la Ley 7722", cuando desde la Asamblea Popular por el Agua y especialistas denuncian que viola una decena de leyes ambientales vigentes, tanto nacionales como provinciales.

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La Declaración de Impacto Ambiental que se está tratando, es la misma que fue rechazada en 2014, ya que contiene importantes irregularidades que pueden poner en riesgo glaciares y causes de agua en Malargüe. Federico Soria ya había adelantado en una entrevista en La Izquierda Diario en 2014 que era necesario que el proyecto "se remita el expediente del proyecto completo al IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), para que se determine dentro del área del proyecto si existe y cuáles son las áreas cubiertas por ambientes glaciares y periglaciares protegidos por la ley nacional 26639. Solo una vez devueltos con el correspondiente dictamen, y en caso de no estar involucrados este tipo de ambientes, podría otorgarse DIA. Se debe recordar que los mapas del inventario nacional de glaciares NO contienen información respecto de la existencia de Ambientes Periglaciares, que también están protegidos por la Ley Nacional 26639".

En el mismo sentido, asambleas socioambientales y especialistas denuncian que el proyecto "se encuentra en una zona donde la actividad minera está prohibida, ya que está ubicada en un área donde existen glaciares de escombros y de roca" y que va en contra de la Ley 7722, que protege el agua de Mendoza, ya que prevee la utilización de Xantato, sustancia tóxica prohibida por la 7722. Desde las asambleas denuncian que "en la zona de la concesión minera de Cerro Amarillo se encuentran ríos y arroyos que nutren importantes cuencas hídricas", que se verían en peligro tanto de contaminación como de disminución crítica del caudal de agua, generando impactos ambientales irreversibles.

En el plenario de comisiones de Diputados en la Legislatura, los miembros de esa cámara dieron despacho favorable para el tratamiento de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero Cerro Amarillo. Al mismo ingresaron miembros de la Asamblea Popular por el Agua (Marcelo Giraud reconocido geógrafo, docente de la UNCuyo y Emmanuel Garbo. De la Asamblea por el Agua Pura de Las Heras, Nora Moyano y Carlos Russo. En las exposiciones, los históricos luchadores ambientales, expusieron argumentos legales, económicos, sociales, ambientales y políticos de porque este proyecto no debería avanzar.

Argumentos legales

Desde un punto de vista legal, como planteó Nora Moyano en el plenario, el proyecto incumple con una serie de normativas provinciales, nacionales e internacionales como son la Ley Nacional General de Ambiente 25.675, Ley 25.688 del régimen de gestión del agua y el Acuerdo de Escazú Ley 27.516 que expresa que el acceso a la información y la participación pública en la toma de decisión es obligatorio, cosa que nunca existió. Por este motivo desde La Asamblea Por El Agua Pura de Las Heras se solicita la consulta a las organizaciones especialistas y afectadas por el proyecto como son: Comité Interjurisdiccional del Rio Colorado (COIRCO) ya que la actividad se realizaría en una cuenca del rio Atuel afectando a las demás comunidades y provincias que rio abajo viven de su caudal, al Instituto Argentino de Nivologia, Glaciologia y Ciencias Ambientales (IANIGLIA), Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Aridas (IADIZA), Instituto Nacional Del Agua, pobladores de Alvear y San Rafael (departamentos regados por la cuenca del Atuel), Asambleas Por el Agua Pura de Mendoza (AMPAP), puesteros y comunidades originarias que viven en la zona, que viven de la trashumancia desde hace 200 años, practica declarada patrimonio de la humanidad que se verían afectadas de avanzar el proyecto ya que la veranada la realizan en cerro amarillo (de secarse las vegas donde toman agua las chivas esta actividad se vería destruida y con ellos la economia de esas comunidades).

También se incumpliría con la Ley guardiana del agua 7722 defendida por decenas de miles en 2019 porque el proyecto haría uso de xantato, entre otras sustancias tóxicas prohibidas por dicha ley y se incumple la Ley Nacional de Glaciares porque este proyecto se encuentra en una zona donde la actividad minera está prohibida por ser un área cubierta con glaciares de escombro y glaciares descubiertos.

Argumentos ambientales, sociales y políticos

Lo que se busca es ratificar la Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto Cerro Amarillo que es la misma del 2014 para avanzar con el mismo aunque se le hayan hecho varias modificaciones. Antes de comentar las modificaciones al proyecto de 2014 vale aclarar que en aquel entonces la empresa aportó un relevamiento propio de glaciares, que el ejecutivo dio por válido sin consulta alguna al IANIGLIA. Sin embargo, la prensa oficial del Gobierno de la provincia asegura que IANIGLIA ha afirmado que no hay afectación con este proyecto, cuestión que como dijo Giraud es mentira.

Sobre las modificaciones al proyecto observadas por el científico e investigador Marcelo Giraud hay que saber que se hicieron cambios importantes no sólo en el número sino especialmente en las coordenadas de los pozos exploratorios propuestos. Esta vez, los ahora 6 pozos (antes eran 5) no se encontrarían dentro de glaciares, pero sí a muy escasos 400 metros de los mismos “E inclusive, con una ambigüedad inadmisible y que de ningún modo el Estado mendocino debería convalidar, el proponente indica en la leyenda del mapa “ubicación tentativa” de los pozos de exploración (…) por lo cual es muy razonable presumir que, si la empresa avanzara hacia la explotación del pórfido que se encuentra bajo los mismos, sería a costa de afectar y hasta eliminar dichos 4 glaciares de escombros, es decir en clara violación de la Ley nacional 26.639.”

En esta etapa de exploración con perforaciones podrían destruirse glaciares cordilleranos, los humedales de valles altos andinos y su biodiversidad en un contexto de cambio climático donde estos ecosistemas son esenciales para mantener la temperatura terrestre. Como afirma Marcelo Giraud “las fases exploratorias tienen un impacto ambiental, sino miren una imagen satelital del Cerro San Jorge que nunca paso de la fase de exploración”.

Argumentos económicos

Una pregunta válida, sobre todo de la mayoría de lxs mendocinxs que sufrimos el ajuste, el desempleo y la inflación por parte del gobierno provincial y nacional, es si este proyecto traería “bonanza económica”. Para responder esa pregunta debemos saber que gracias a una ley del menemismo las regalías que dejan este tipo de proyectos extractivos en la provincia son como máximo del 3%, el resto es ganancia de la empresa extranjera. Para dar un ejemplo concreto, Giraud comento que los ingresos corrientes de la provincia de enero a septiembre del año pasado fueron de 318 mil millones y pregunto: ¿cuánto habría aportado estos ingresos con ese máximo del 3% de regalías el proyecto megamimnero San Jorge? El 0,3% adicional del presupuesto provincial. Es decir, harían falta 3 proyecto como san Jorge para aumentar tan solo el 1% del presupuesto provincial. Hay que terminar con el discurso desarrollista y eldoradista de la megaminería contaminante que esta comprobado ser totalmente falso.

Después de esta solida argumentación levantada por científicos, investigadores, miembros de las asambleas por el agua cabe preguntarse ¿Quién se beneficia con este proyecto? ¿Por qué la cámara de diputados aprobaría a espaldas de todas las organizaciones y pobladores afectadxs un proyecto que no tiene sustento legal, económico o social?.

En el medio de la sólida exposición de los miembros de las asambleas uno de los diputados al intentar "explicar" el cambio en los planes del proyecto se le escapa una metáfora que sin saberlo es una perfecta analogía de la ideología y de los intereses de propietarios que tiene la casta política: " es como cuando te haces una casa, los planos cambian". Porque para la casta política los glaciares, las Vegas, las lagunas, las montañas, los valles son como su casa privada de fin de semana y las manejan, administran como tal. Y las comunidades originarias, las familias puesteras que viven de ese ecosistema y lxs demás pobladores que de esas aguas depende para ellos más adornos y cosas de su casa privada que llevar, traer, rematar y destruir.

La casta política tanto radical como peronista que ya habilitó que se trate este proyecto, defiende una vez más, como hicieron en 2019 con la 7722, los intereses de lucro de las multinacionales privadas a costa de la economía de las comunidades, nuestro derecho a un ambiente sano, al ocio y disfrute de nuestra cordillera que tan linda esta y a costa de nuestro futuro. Y para poder gobernar para las multinacionales pasan por alto las leyes y la voluntad popular, deciden entre cuatro paredes, por encima de los y las cientxs de miles que sufrirán las consecuencias y desoyendo las voces de los expertos.