El Parlamento chino aprobó el domingo una controvertida ley antiterrorista que incluye la exigencia a firmas tecnológicas para que entreguen información al Gobierno, la censura a los medios que no sean estatales, una mayor represión interna y un cambio en la política de no intervención militar de China en el exterior.
Martes 29 de diciembre de 2015
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La Asamblea Nacional Popular de China aprobó el domingo por unanimidad la nueva ley antiterrorista que fue cuestionada por Estados Unidos, cámaras empresariales y organismos de Derechos Humanos.
Las críticas de las otras potencias y de los empresarios se centran en uno de los artículos que obliga a los operadores de telecomunicaciones y a los proveedores de servicios de internet a facilitar apoyo y asistencia a la policía y las autoridades en las labores de prevención e investigación del terrorismo. También exige a las empresas tanto locales como extranjeras la instalación de puertas traseras (mecanismos para evitar los sistemas de seguridad) en sus productos. El presidente estadounidense, Barack Obama, dijo que ha manifestado la preocupación acerca de la ley directamente al presidente chino, Xi Jinping. Sin embargo funcionarios chinos afirmaron que estas normativas están tomadas de las legislaciones vigentes en varios países europeos y en EE.UU.
Según la agencia EFE Li Shouwei, miembro de la asamblea legislativa, afirmó que "la cláusula refleja las lecciones que China ha aprendido de otros países y es resultado de una amplia solicitud de opinión pública", y agregó “China simplemente está haciendo lo que otras naciones ya hacen: pedir a las empresas tecnológicas ayuda para combatir el terror".
En efecto este apartado de la ley antiterrorista votada en China no se diferencia de las atribuciones que los gobiernos de las potencias occidentales se toman en nombre de una política antiterrorista que incluye el espionaje intensivo sobre gobiernos, empresas y poblaciones de todos los países del mundo.
La nueva ley china también incluye un apartado sobre los medios de comunicación, restringiendo a todos aquellos que no sean oficiales a brindar información sobre posibles acciones vinculadas con el terrorismo lo que le otorga al gobiernos central amplias facultades para aplicar la censura en las redes sociales al interior del país.
Sin embargo los aspectos más controvertidos son los que tienen que ver con la definición de terrorismo, como con los que permitirían que el Ejército participe de operaciones antiterroristas fuera de sus fronteras.
En una situación en la que los efectos de la crisis económica internacional han venido provocando un freno en el crecimiento Chino, generando la relocalización de ramas de la producción, cierre de fábricas y despidos, la agitación social viene aumentando mes a mes. Según el China Labour Bulletin el número de huelgas obreras ha llegado a un nuevo record durante el mes de noviembre y el gobierno ha respondido hace unas semanas con el encarcelamiento de un grupo de activistas sindicales, abogados y militantes obreros.
En este marco la nueva ley define “terrorismo” como “cualquier proposición o actividad que, por medio de violencia, sabotaje o amenaza, genera pánico social, socava la seguridad pública, infringe los derechos personales y patrimoniales y amenaza a los organismos gubernamentales e internacionales con objetivos políticos e ideológicos”. Es decir una formulación lo suficientemente vaga como para fortalecer el control interior del gobierno y aumentar la persecución a los activistas, ahora con un marco absolutamente legal.
Por último uno de los apartados más polémicos es el que le permite al Ejército Popular de Liberación que participe en operaciones contra el terrorismo en el exterior. Si bien China tradicionalmente se ha mantenido al margen de las coaliciones internacionales, cómo la que conduce EEUU contra el Estado Islámico, el asesinato de un rehén chino en manos del EI cómo la muerte de tres ciudadanos en un ataque a un hotel en Mali, podría hacer cambiar la posición del PCCh hacia un mayor intervencionismo.
Aunque muchos analistas descartan un giro inmediato en este sentido, la normativa votada el domingo ya le otorga un marco legal a la posibilidad de un giro en la política militar exterior china que junto a la Ley de Seguridad Nacional aprobada en julio de este año, le deja el camino libre al gobierno para actuar ampliamente con el ejército en misiones fuera del país.