Compañía General de Electricidad. China compra empresa de Chile y se queda con la mitad del suministro eléctrico del país

La mayor compañía eléctrica del mundo y una de las empresas mundiales más grandes según ingresos (después de Walmart y las compañías petroleras chinas), adquiere así el 96% de la mayor distribuidora energética en Chile y pasaría a controlar el 52% de la comercialización eléctrica nacional en el segmento de distribución en general y el 57% en el de distribución doméstica. State Grid ya se había apropiado estos últimos años de gran parte de las empresas de energía eléctrica en el país, en sus distintos segmentos: en generación con Pacific Hydro, en transmisión con Transelec y en distribución con Chilquinta, esta última adquirida a finales del año pasado por $2.000 millones de dólares.

Debido a esta agresiva monopolización de empresas del mismo rubro (por integración horizontal y vertical), la compra de CGE tendrá que atravesar la barrera de las reglas de la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de la Libre Competencia. Pero confían, y con razón, de lograr cerrar definitivamente la compra en febrero de 2021. El ministro de Energía del Gobierno de Piñera, Juan Carlos Jobet, frente a esta compra señaló: "es una clara y nueva señal de que los inversionistas están mirando con buenos ojos las modernizaciones del sector energía y que confían en la institucionalidad y las reglas del juego de nuestro país".

Con la propiedad de CGE, China, que ya el 2019 había triplicado su inversión en relación al año anterior, se consolidaría como el mayor inversor extranjero en el país. Según datos de InvestChile, mientras el 2016 la inversión China en Chile alcanzaba apenas $310 millones de dólares, solo el primer semestre del 2020 cerró con proyectos por la suma de $4.470 millones de dólares.

En el país la CGE junto a ENEL controlan hoy la mayor parte de la generación y suministro eléctrico. Mientras la estatal China, con la propiedad de CGE y Chilquinta, se hace dueña de más de la mitad de la distribución eléctrica, la otra mitad seguiría en manos de la italiana ENEL, empresa que también se ha llevado millones, haciendo negocios con las inversiones de nuestros ahorros en las AFP. ENEL es presidida por Herman Chadwick Piñera, miembro de dos de las familias más poderosas del país, quienes hicieron fortunas con el modelo neoliberal impuesto por la dictadura, a sangre y fuego, contra la clase trabajadora y el pueblo.

Recordemos que la dictadura privatizó la industria energética. A finales de los 80s Pinochet comenzó la desmantelación de ENDESA, que los gobiernos de la concertación y la derecha profundizaron en democracia, repartiendo el botín de empresas y recursos energéticos entre la burguesía nacional y sus jefes de la burguesía internacional.

El saqueo y explotación por parte de los grandes empresarios chilenos y las multinacionales extranjeras, es continuidad del régimen heredado de la dictadura que la mayoría del país cuestionó abiertamente en la Rebelión de Octubre.

La demanda de una verdadera asamblea constituyente exigida en las calles y confirmada por la aplastante victoria en el plebiscito, que buscaba terminar con esta herencia, fue desviada por un proceso constituyente sometido al gobierno de Piñera, al Congreso y los poderes constituidos. Tras la Huelga General del 12N, en un acuerdo hecho a espaldas y a puertas cerradas, los parlamentarios desde la derecha hasta el Frente Amplio, salvaron al régimen que pendía de un hilo.

Entre las trampas de la Convención Constituyente que impusieron los partidos del régimen, llena de vetos y restricciones al pueblo trabajador, se encuentra la prohibición de tocar los tratados internacionales [1]. Entre ellos hay acuerdos que protegen la inversión extranjera en las AFPs, la salud y la educación, que protegen la propiedad de los derechos de agua, de los territorios y de la propiedad privada en general, y que ponen limitaciones a la expropiación y la obligación de indemnizar a valor de mercado, como si se tratara de una compra.

La redacción de la nueva Constitución por la Convención desde el comienzo no podrá cuestionar la explotación, saqueo y subordinación al capitalismo imperialista. Es el caso de la producción y distribución eléctrica, que brinda ganancias millonarias a estos empresarios, a costa de nuestros ahorros de pensiones, alzas de las cuenta de luz, la destrucción medioambiental y la explotación a sus trabajadores.

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Vale mencionar aquí también el proyecto de ley de Protección de Infraestructura Crítica, una hija de la represiva ley antiprotestas que luego del estallido aprobaron los diputados desde la derecha hasta el Frente Amplio -y la cobarde abstención del PC-, y con la que se pretende facultar el gobierno pueda sacar a los milicos, como en dictadura, para proteger la propiedad privada de los millonario en sectores estratégicos como la industria energética, atacando incluso el derecho a Huelga en estos sectores.

Para terminar las alzas de las cuentas de luz, para asegurar cobertura eléctrica de calidad y accesible a todos los hogares, para desarrollar un plan de matriz energética acorde a un plan económico democrático y orientado a las verdaderas necesidades de la población y no a las ganancias de un puñado de millonarios y saqueadores imperialistas, para desarrollar una industria limpia que proteja al medioambiente, es necesario retomar la lucha en las calles y los puestos de trabajo que se venía desarrollando en la Rebelión de Octubre.

Necesitamos hoy un plan de lucha que culmine con la huelga general, para sacar a Piñera e imponer una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana, no amarrada a los tratados internacionales, que pueda discutir entre otras cosas, la expropiación, sin indemnización y bajo control de los trabajadores y usuarios, de los recursos naturales y de las empresas energéticas y estratégicas.

Los trabajadores de la energía han levantado estos últimos años varios procesos huelguísticos por sus propias demandas. Es necesario que las fuerzas de la clase trabajadora se unan para luchar por sus intereses comunes, para combatir los planes de los capitalistas y sus partidos de hacernos pagar las crisis que ellos mismos crean y levantar una alternativa política a su régimen de explotación y opresión en todo el mundo. Quienes militamos en el PTR venimos realizando un proceso de legalización como partido para, acompañando siempre las luchas de las masas trabajadoras y oprimidas, para dar los primeros pasos para poner en pie, juntos a quienes compartan esta perspectiva, un nuevo partido revolucionario y socialista para la victoria.