CAUSA BERTA CÁCERES. Cinco años sin Berta Cáceres y la justicia negada para los ambientalistas

“¡Despertemos humanidad, ya no hay tiempo! Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal”. Berta Cáceres, 2015. Premio Goldman.

Un año más que el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) encabeza un homenaje para la ambientalista y luchadora Berta Cáceres Flores a cinco años de su asesinato en Intibucá, Honduras.

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Por medio de un comunicado denuncian que “las presiones de grupos económicos y políticos impiden que se avance con la justicia y que Daniel Atala Midence, José Eduardo Atala Zablah, Pedro Atala Zablah y Jacobo Atala Zablah sean presentados ante la justicia” como autores intelectuales del crimen contra la ambientalista.

El contexto de la conmemoración llega además con la suspensión del juicio contra David Castillo, coautor del asesinato a pesar de la nueva información recabada sobre la causa (que incluye registros de conversaciones personales, así como mensajes de texto y de WhatsApp descubiertos por la Fiscalía de Honduras revelaron que el escuadrón de sicarios “se comunicó mediante una cadena compartida que llegó a los niveles más altos de la dirección” de Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), la empresa que construía la represa hidroeléctrica Agua Zarca en el río Gualcarque), y que pone nuevamente de manifiesto que detrás del crimen existen irregulares movimientos de dinero de origen extranjero y que la motivación del asesinato son los actos corruptos del proyecto hidroeléctrico propiedad de la familia Atala Zablah.

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El asesinato de Berta sin duda significó un punto de inflexión en el ataque al activismo ambiental latinoamericano y logró conmocionar al mundo repudiando el rol del régimen hondureño y de la impunidad que goza estos grandes grupos de empresarios criminales bajo el cobijo del Gobierno de Juan Orlando Hernández.

Así, Latinoamérica continúa siendo la región más peligrosa del mundo para los defensores ambientales, una posición que ocupa desde 2012, año en el que Global Witness comenzó a publicar sus informes; Colombia, Brasil, México, Honduras, Guatemala, Venezuela y Nicaragua son los países que ocupan una mayor tendencia en asesinatos contra defensores de derechos humanos y ambientalistas.

En Honduras, 50 personas defensoras del medio ambiente han sido asesinadas desde 2016, según Global Witness. Según el diario El País el informe “Territorios en Riesgo II de Intermón Oxfam”, en Honduras existen actualmente 112 hidroeléctricas y hay 300 más en proyección que se encuentran en diferentes fases de planificación y ejecución, 25 de las cuales están dentro de áreas protegidas y otras 34 están en territorio lenca.

En México, tan solo en 2020 y pese a la contingencia sanitaria por el coronavirus, 14 activistas ambientales fueron asesinados en Michoacán, Oaxaca, Chihuahua, Morelos, San Luis Potosí y Veracruz, por defender los bienes comunes en pleno sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Ante la profundización en el ataque a defensores y activistas ambientales, que tiene como máxima expresión la penetración imperialista en la región por medio de la militarización y la imposición de los planes capitalistas de devastación a toda costa, la organización y la lucha por imponer una agenda de las mujeres, los pueblos indígenas, la juventud y las clases desposeídas será la clave para conquistar una verdadera justicia para los de abajo.

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