[Desde Madrid y Barcelona]

Esta semana cerraba con el enésimo capítulo de la larga crisis del régimen político español. El martes comenzaba el juicio político contra los dirigentes independentistas. Un proceso marcado por la vulneración sistemática de los derechos de defensa de los acusados. Con acusaciones de “rebelión” y “sedición” que implican peticiones de penas de hasta 25 años de cárcel, sustentadas en informes elaborados por un oficial de la Guardia Civil, un reconocido ultraderechista que convierte manifestaciones, tweets y discursos en graves hechos delictivos.

El gobierno de Pedro Sánchez actúa de acusación, mediante la abogacía del Estado. Lo hace junto con la Fiscalía -cuyos fiscales han sido electos por el mismo PSOE y el PP- y la acusación popular, representada por el partido ultraderechista Vox. Toda una demostración de que la única vía aceptable por todos los agentes del Régimen para resolver la cuestión catalana es aplastarlo por la vía represiva.

La crisis territorial sigue siendo el elemento más dinámico de la crisis del Régimen del 78, pero agrava otro de sus componentes fundamentales, la fragilidad del régimen parlamentario y su incapacidad para lograr una mayoría suficiente para gobernar de forma estable.

Un día después del inicio del juicio al ‘procés’ catalán, el PSOE salía derrotado en el Parlamento. Los votos de los independentistas catalanes, que junto a Unidos Podemos habían sostenido la moción de censura con la que Pedro Sánchez desalojó a Mariano Rajoy en junio, tumbaban los Presupuestos.

La respuesta ha sido la convocatoria de elecciones anticipadas para el 28 de abril, apenas 10 meses después de la formación del Gobierno. Las proyecciones vuelven a dar un parlamento atomizado. Mientras asoma en el horizonte la posibilidad de un gobierno de la derecha y la extrema derecha -que acaba de dar el gobierno al PP y Ciudadanos en Andalucía-, en el marco de un débil sostenimiento del PSOE y la profunda crisis de Podemos, la crisis del régimen español se profundiza inexorablemente. Aquí sintetizamos cinco claves para no perderse en este laberinto.

1. Crisis orgánica

El Estado español viene atravesando lo que denominamos como una crisis orgánica desde el año 2011. Una crisis económica, política y social, ante la cual los mecanismos habituales de la burguesía para resolverla ya no sirven. El régimen político nacido de la Transición de 1978 fue una exitosa empresa para la burguesía ibérica. Le permitió salir airosa de la crisis de la Dictadura de Franco con la colaboración de las direcciones obreras, descargar la crisis de los 70 sobre la clase obrera, dar una salida a la cuestión nacional mediante el Estado de las autonomías y alcanzar, sobre todo desde finales de los 90, cuotas de crecimiento, integración en la UE y expansión imperialista nunca vistas.

Pero aquel “milagro español” llegó a su fin con la crisis del 2008, que tuvo en el capitalismo español uno de los más damnificados. Si bien una década después los beneficios empresariales y el PIB han recuperado niveles precrisis, todos los indicadores sociales continúan muy lejos, desde el desempleo que sigue en un 15%, los salarios que han perdido hasta un tercio del poder de compra -en especial en las franjas más bajas-, la extensión de la precariedad laboral y otras crisis como la de las tarifas energéticas o los precios de vivienda y alquileres.

La base material que “aceitó” el consenso del 78 no se ha recuperado a pesar de los últimos ejercicios de crecimiento, mientras la crisis política se ha seguido profundizando. La crisis de representación que impactó en el sistema de partidos con el 15Mde 2011, se reabre con la atomización de la derecha y el fracaso del PSOE y el neorreformismo de Podemos.

En el último período se han sumado a esta crisis instituciones centrales como la Justicia y la Corona. Si en 2011 el “no nos representan” expresaba la percepción de estar sometidos a una democracia para ricos, la Judicatura se agrega hoy a esa visión. La Justicia ha emitido sentencias a la carta de la banca y en favor de políticos corruptos y empresarios, así como otras actuaciones de escándalo tratando con guantes de seda a violadores y criminalizando a las víctimas. Además, a raíz del ‘procés’ catalán, se ha convertido en el principal instrumento de la escalada de represión y persecución, tanto contra el independentismo como contra periodistas, artistas y activistas en todo el Estado.

La última pieza en sumarse ha sido la Monarquía. La abdicación de Juan Carlos I en favor de su hijo Felipe VI le permitió gozar de una cierta tregua, beneficiada por la negativa de Podemos de incluir el debate sobre la “forma de Estado” en su agenda. Sin embargo, el compromiso del Rey con la represión en Catalunya y los últimos escándalos que salpican al Rey emérito, han hecho aumentar su descrédito. Muy especialmente entre las generaciones más jóvenes, como expresa el movimiento de referendos sobre la monarquía que se ha extendido a más del 60% de las universidades y en los que ya han participado más de 70.000 estudiantes.

En un régimen en descomposición, las recetas para “recomponerlo” son diversas. Tanto que parece que cada agente tiene la suya propia, en la que el primer punto es salvarse a sí mismo. Algo que, junto a los obstáculos existentes para que las experiencias de la lucha de clases se extiendan y desarrollen en un sentido independiente, explica la situación de “empate catastrófico” que se arrastra desde hace ya ocho largos años.

2. La cuestión nacional

Si sigue habiendo una falla completamente abierta, esta es la cuestión catalana. La crisis abierta en 2011 tuvo su particular expresión en Catalunya con el resurgimiento de un masivo movimiento por el derecho de autodeterminación. Desde 2012, éste ha protagonizado manifestaciones masivas de cientos de miles, una consulta simbólica en 2014 en la que participaron cerca de 2 millones y la defensa del derecho a decidir alcanza según diversas encuestas al 80% de la poblaciónde Catalunya.

Los partidos históricos de la burguesía catalana -Convergencia y ERC- optaron por ponerse a la cabeza del movimiento. Por un lado, con la intención de usarlo para forzar una renegociación del pacto autonómico -recortado en 2010 por el Tribunal Constitucional y amenazado por las intenciones centralizadoras del bipartidismo-; por el otro, para evitar que tomara un curso independiente, empalmando con las demandas sociales planteadas desde el 15M, y amenazara con superar a sus propias direcciones.

A pesar de las dilaciones de la dirección burguesa, finalmente el 1-O de 2017 se llevó adelante el referéndum de autodeterminación, garantizado con la movilización masiva de centenares de miles que ocuparon y defendieron los colegios electorales. A esta jornada le siguió dosdías después una huelga general de 24horas con un seguimiento histórico y movilizaciones que en Barcelona superaron los 700.000 participantes.

El “otoño catalán” fue la mayor afrenta al Estado español, el Régimen del 78 y la Corona desde la Transición. El Régimen se posicionó abiertamente a favor de la represión policial del referéndum y la anulación provisional de la autonomía catalana. Sin embargo, las direcciones burguesas catalanas actuaron para evitar que aquella movilización y los elementos de auto organización pudieran realmente imponer la voluntad mayoritaria expresada el 1-O, constituir una república independiente. Tras proclamarla simbólicamente, optaron por la retirada y una buena parte, empezando por el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, marchar al exilio.

A esta claudicación le siguió la aplicación del artículo 155 de la Constitución que permitió la intervención del Estado central y la represión contra el independentismo que mantiene procesadas a más de 1.000 personas y cuyo caso más escandaloso -el juicio a los miembros del Govern no exiliados, la presidenta del Parlament y los líderes de las entidades soberanistas- se está llevando adelante estos días.

Esta crisis fue un medidor clave para Podemos, que se ubicó en todo momento en una equidistancia asombrosa entre el movimiento democrático y la represión del Estado. Opuso al referéndum del 1-O su propuesta de un imposible referéndum pactado con el mismo Estado que envió más de 6.000 policías para intentar cerrar colegios electorales a golpe de porra. Y aunque mantuvo una oposición formal a esa represión y a la aplicación del artículo 155, se negó a impulsar la más mínima movilización de repulsa en el resto del Estado. En estos días mantiene esa misma posición de lealtad a la Judicatura, negándose a ser parte de los actos de repudio al juicio político contra los dirigentes independentistas.

En Catalunya este espacio político, representado por Catalunya en Comú y la alcaldesa de Barcelona, se mantienen en la misma línea. Por su parte la izquierda independentista, referenciada en la CUP (Candidatura de Unidad Popular), ha mantenido en todo este tiempo una política de subordinación a la dirección burguesa que la inhabilitó en 2017 a presentar una alternativa independiente y basada en la movilización obrera y popular ante la claudicación anunciada y previsible del Govern catalán.

En los últimos meses esto ha abierto una reflexión dentro de los distintos sectores de la CUP sobre la política sostenida en estos años y una mayor separación de la dirección del ‘procés’, aunque sin romper todavía con la lógica de la “unidad nacional”. En el próximo período, la izquierda independentista tiene planteado el reto de extraer las lecciones que dejó el “otoño catalán”, cuya conclusión fundamental es que bajo una dirección burguesa el proceso sólo puede terminar en un callejón sin salida. Sólo mediante una política basada en la lucha de clases, independiente de los partidos de la burguesía y la pequeño burguesía catalanas, es posible retomar la lucha por la autodeterminación.

El movimiento democrático catalán se encuentra hoy en un impase. Pero no se debe confundir esto con la desaparición de las profundas aspiraciones democráticas que lo han sostenido durante ya siete años. La dirección catalanista anhela poder reconciliarse con el Estado y sentarse a buscar una salida pactada. Pero esta vía, ensayada por el gobierno Sánchez, acaba de fracasar ante la negativa del régimen y sus diferentes alas a ofrecer concesión alguna, ni siquiera en materia de presos.

La crisis sigue abierta. Y también la posibilidad de que el movimiento vuelva a reactivarse, incluso con otras formas de mayor “resistencia”, en especial si se impone finalmente la política de sector más duro del Régimen que aboga por imponer una suspensión de larga duración de la autonomía para “reconquistar” Catalunya. Un ataque no solo a derechos democráticos elementales, sino también a la escuela catalana, su lengua y sus instituciones de autogobierno.

3. Crisis del “extremo centro” y emergencia de la extrema derecha

El Estado español, como la mayoría de los gobiernos europeos, estuvo gobernado en las últimas décadas por la alternancia en el poder de conservadores y social liberales como parte de un bloque con una misma agenda neoliberal, lo que Tariq Alí denominó el “extremo centro”.

El estallido de la crisis capitalista en 2008, la aplicación de duros ajustes antipopulares y la irrupción del movimiento de los indignados, precipitaron la crisis del sistema bipartidista español, administrado por el PSOE y el Partido Popular (antes Alianza Popular) desde la salida de la Transición, con el apoyo de los nacionalistas conservadores vascos y catalanes.

La emergencia de Podemos (desde el populismo de izquierda) y Ciudadanos (desde la derecha liberal), inauguró una nueva constelación política, un tetrapartidismo, que en los últimos cinco años engendró gobiernos débiles basados en coaliciones políticas inestables.

El bipartidismo español pareció recuperar terreno tras la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al Gobierno, con el apoyo de Podemos y formaciones independentistas. No se volvía a un mapa de dos partidos, pero sí de dos bloques de centro-derecha y centro-izquierda bien definidos. La subordinación del partido de Pablo Iglesias a un programa de tibias reformas junto al PSOE ha hecho cada vez más superflua su propia existencia. Sin embargo, el tándem entre el PP y Ciudadanos se ha visto sacudido por la irrupción de Vox desde la extrema derecha, un elemento que ha puesto límites a esta dinámica de reconstrucción del centro y anima nuevas tendencias a la polarización.

Vox, una versión radicalizada del ideario de la derecha post-franquista, es un epifenómeno del fin de la hegemonía del PP, del cual surge, y de la ola españolista desatada por el bloque monárquico ante el ‘procés’ catalán. Su emergencia ha abierto un nuevo capítulo en la crisis del “extremo centro”, un fenómeno que lejos de ser de coyuntura, es orgánico y mundial. Por ello entronca con la dinámica internacional trazada por Trump, Salvini, Orban, Bolsonaro y Le Pen.

Vox representa la salida de extrema derecha a la crisis orgánica del régimen español. Forzando el desplazamiento del arco político hacia la derecha, tanto del PP -en un giro ‘neocon’ propio del aznarismo-, como de Ciudadanos -profundizando su cruzada anti catalana-, la extrema derecha aparece como un vehículo potencial para desbloquear el “empate catastrófico” por el cual no termina de imponerse ninguna salida a la crisis del régimen: ni la “regeneración progresista” del PSOE y Podemos, ni la “restauración reaccionaria” interrumpida del bloque del 155 contra Catalunya.

Las señas de identidad de esta alternativa, sin embargo, no pueden ser más incendiarias: liquidar el estado de las autonomías, ilegalizar a los partidos independentistas, radicalizar las reformas estructurales neoliberales o un programa abiertamente machista y lgtbifóbico en el país con uno de los movimientos de mujeres más importantes del mundo, con lo que como proyecto es aún más incapaz de dar una salida ordenada y pacífica a la actual crisis.

En este marco, el resultado de las próximas elecciones del 28 de abril aún es incierto. Por un lado, la presión social al voto por el “mal menor”, que ya se está instalando en la izquierda como argumento central para “frenar a la derecha”, fortalece a Pedro Sánchez. Estratégicamente, el PSOE anhela el retorno del “extremo centro”, su medio natural durante los últimos 30 años, para separarse del apoyo de Podemos y los votos del independentismo catalán. Por otro lado, Ciudadanos buscará ser el primer partido de las derechas. Pero de no lograrlo, no está claro que Albert Rivera esté dispuesto a liquidar su proyecto atándose al PP y Vox. No por convicciones ideológicas, sino por puro pragmatismo.

Mientras aumentan las posibilidades de que surja un gobierno tripartito de las derechas, las tendencias a la polarización politica se instalan como el signo político fundamental de la situación. Una dinámica quepreocupa profundamente al establishment, desde los poderes fácticos del capitalismo español, hasta la Unión Europea y la propia monarquía. Lo que temen es que la polarización política por arriba de lugar a la radicalización por abajo.

4. Fin de ciclo del neorreformismo

En el quinto aniversario de su fundación, Podemos tiene poco que celebrar.La ruptura entre sus dos principales líderes, Pablo Iglesias e Iñigo Errejón, ha sido el último episodio del fin de ciclo del neorreformismo. La apuesta política de Errejón por un proyecto propio junto a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, es quizá la expresión más sincera de lo que ha llegado a ser Podemos: un ariete para fortalecer una nueva centroizquierda mediante una alianza estratégica con el PSOE, alejado de cualquier impugnación del régimen en clave constituyente, mientras se descompone internamente por las luchas de aparato. ¿Pero acaso podía ser de otro modo?

La fulgurante irrupción de Podemos en 2014 fue en última instancia el resultado del desvío y posterior bloqueo del proceso ascendente de la lucha de clases iniciado después de 2008. Podemos se presentó como herencia y superación política del 15M. Superación del momento de la movilización donde había primado una “ilusión de lo social”, la idea autonomista de que se podía “cambiar el mundo” sin intervenir en el terreno político. Sin embargo, este supuesto progreso se produjo generando una nueva ilusión, la “ilusión política”que era posible salir de la crisis en los marcos del sistema capitalista y la democracia liberal.

Con un discurso de “recuperar la democracia”, mientras se abandonaban los “dogmas de la vieja izquierda” y las “certezas sobre el mundo del trabajo, los partidos y sindicatos”, Podemos canalizó electoralmente el descontento social hacia las instituciones.Pero como sucedió con Syriza, lejos de ser la superación política del proceso de movilización anterior, como hubiera sido radicalizar sus aspectos más progresivos (empezando por la impugnación del conjunto del Régimen), fue su negación.

Los fundamentos político-ideológicos del nuevo proyecto “ni de derechas ni de izquierdas” tuvieron como base la convicción de la imposibilidad de una superación revolucionaria del régimen actual. La “hipótesis Podemos” nacía de una mezcla ecléctica de las lecturas laclausianas de Errejón con las nostalgias eurocomunistas de Iglesias, orientadas a crear una organización que “ocupara la centralidad política” y recreara los “valores perdidos” de la socialdemocracia. Lo político se transformaba así en una esfera absolutamente autónoma de las relaciones sociales de producción, negando toda centralidad de clase para dar paso a un nuevo sujeto político: la “gente”, cuyo único rol activo sería votar en las elecciones.

A diferencia de los viejos partidos reformistas del pasado, el neorreformismo adquirió todos sus defectos (exaltación del líder, burocratismo, conciliación con los poderes capitalistas, puro parlamentarismo) y ninguna de sus “virtudes”, como gozar de relaciones orgánicas con la clase trabajadora, lo que fue suplantado por la connivencia con las burocracias sindicales.

El crecimiento hipertrófico del partido tras su extraordinaria emergencia electoral, la gestión capitalista de los llamados “ayuntamientos del cambio”, la burocratización interna para movilizar una maquinara electoral que fracasó en su estrategia original, en definitiva, su asimilación política como parte del Régimen, dio paso a sus primeras crisis internas de magnitud. Hoy, estas crisis amenazan con derribar todo el edificio.

Si hubo una característica fundamental en Podemos desde su surgimiento fue su excesivo optimismo en las posibilidades de democratizar las instituciones del Estado capitalista, el cual era directamente proporcional a su pesimismo en relación al potencial transformador y revolucionario de la clase trabajadora y la lucha de clases.

A cinco años de su nacimiento, Podemos -junto a sus socios de Izquierda Unida-, se ha integrado al Régimen como una nueva “casta” de izquierda, cuya estrategia se reduce a intentar regenerar el Régimen del 78 junto al PSOE, a quien ahora proponen un improbable gobierno de coalición.

La declinación del ciclo podemista avanza del modo más probable que auguraba su estrategia. Las tentativas de “llegar al gobierno” sin enfrentar al régimen mediante la lucha de clases siempre han sucumbido a una de las principales formas de supervivencia del capitalismo: la asimilación “por arriba” de los desafíos que vienen “desde abajo”, para terminar abriendo el camino a la derecha. Es una de las grandes lecciones del siglo XX y la principal lección del fin de ciclo del neorreformismo.

En base a esta experiencia, muy costosa para la izquierda que se reivindica anticapitalista y revolucionaria (especialmente para quienes se subordinaron al proyecto y aún no han sacado lecciones), se plantea la necesidad urgente de una nueva hipótesis política.

5. Tendencias a los extremos, lucha de clases e hipótesis revolucionaria

Cuando las crisis orgánicas tienen lugar, escribía Antonio Gramsci, abren el campo a “a soluciones de fuerza”.La crisis del régimen español se aproxima peligrosamente a esta perspectiva. Sin embargo, el camino hacia una nueva hegemonía de la derecha (y la extrema derecha) no está abierto sin contradicciones. Porque la crisis no reemplaza la acción de los partidos, ni mucho menos elimina la lucha de clases. Dos elementos que, además, no actúan en el vacío sino en un contexto determinado que tiende cada vez más a los extremos.

La cuestión nacional está lejos de cerrarse y puede dar nuevos vuelcos. La monarquía es rechazada por franjas cada vez más amplias de la población. Y, sobre todo, la crisis social persiste y se profundizaen el paro, en la superexplotación y precarización de franjas inmensas de la población trabajadora, en la falta de acceso a bienes básicos como la vivienda o la alimentación, en la obscena desigualdad social.

Las profundas tensiones que anidan en esta situación están en la base de la irrupción de tendencias sociales y políticas “antisistémicas”. Pero no sólo de derechasy extremas derechas populistas. También de ‘chalecos amarillos’ en Francia, huelgas generales en Bélgica, huelgas de empleados públicos en Portugal, fenómenos de masas progresivos como el movimiento de mujeres. Tendencias que ya se expresan en el Estado español -como la convocatoria de una huelga general de 24 horas el próximo 8M- y, más temprano que tarde, se desarrollarán plenamente.

Si lo que viene es un gobierno de la “derecha trifálica” -como la denominó la ministra de Justicia española-, o un intento senil de regenerar el “extremo centro” entre el PSOE y Ciudadanos, o incluso la improbable hipótesis de un nuevo gobierno “progresista” del PSOE y Unidos Podemos, en cualquiera de los casos, como estamos viendo con Macron en Francia, sólo serán triunfos contingentes.

Ante este escenario, el fracaso del neorreformismo abre un espacio para desarrollar una hipótesis política alternativa: la construcción de una extrema izquierda anticapitalista y revolucionaria:

Que dialogue con las aspiraciones democráticas de las masas, pero que no capitule a los intentos de regeneración del Régimen del 78, oponiéndoles la lucha por Procesos Constituyentes Libres y Soberanos que permitan abordar todas las demandas democráticas pendientes, como el derecho a la autodeterminación o el fin de la monarquía, y que al mismo tiempo luche por un programa de conjunto para hacer pagar la crisis a los capitalistas.

Que se inspire en los hechos más avanzados de la lucha de clases, que se proponga desarrollar la auto organización y la movilización de la clase obrera y los sectores populares, combatiendo a la burocracia sindical. Que no tenga reparos en proponer salidas radicales y anticapitalistas para resolver el problema del desempleo (como el reparto de horas de trabajo sin reducción salarial) o la vivienda (como la expropiación de todos los pisos vacíos en manos de la banca y los especuladores).

Una extrema izquierda que sostenga “sin complejos” que la superación de la crisis orgánica del régimen español sólo puede resolverse en favor de la clase trabajadora, las mujeres, la juventud y los sectores populares “expropiando a los expropiadores”. Es decir, terminando con el régimen monárquico y luchando por una perspectiva verdaderamente democrática, obrera y socialista: una Federación libre de Repúblicas Socialistas Ibéricas, basada en nuevos organismos de autoorganización obrera y popular, como parte del combate por una Europa de las y los trabajadores.

Muchos sostienen que no es realista luchar por estos objetivos, pero lo que no es realista es pensar que es posible humanizar el capitalismo. Este es el gran debate que debería abordar el conjunto de la izquierda que se reivindica anticapitalista, abierto a todos los sectores de jóvenes, mujeres y trabajadores que vienen realizando una experiencia tanto con el neorreformismo de Podemos como, en Catalunya, con la dirección burguesa del “procés”. Construir una extrema izquierda anticapitalista, de clase e independiente de todos los partidos del régimen capitalista, es una tarea que trasciende lo electoral. Es la principal tarea estratégica del momento.