El Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron ayer en La Habana que superaron los temas más espinosos de las “negociaciones de paz”, abriendo el camino para firmar en seis meses un histórico acuerdo que pondrá punto final al conflicto interno más antiguo de Latinoamérica.
Jueves 24 de septiembre de 2015
Fotografía: REUTERS
A casi tres años de comenzadas las negociaciones, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño alias "Timochenko", acordaron en La Habana establecer tribunales especiales para juzgar a los involucrados y amnistía para los combatientes que no hayan cometido “crímenes de guerra”.
Además, convinieron “reparaciones” para las víctimas del conflicto que ha dejado durante más de medio siglo unos 220.000 muertos y más de un millón de desplazados.
"En exactamente seis meses estaremos dando un adiós definitivo a la última y más larga guerra de Colombia, y no sólo de Colombia, sino de toda América", dijo Santos después del anuncio oficial.
En una foto que va a quedar para la historia, Santos y Londoño estrecharon sus manos ante el presidente cubano, Raúl Castro, cuyo Gobierno actúa junto al de Noruega como garantes del proceso de diálogo.
Una vez que se concrete la firma del acuerdo final, prevista para el 23 de marzo del próximo año, las FARC dejarán las armas a más tardar 60 días después.
"No vamos a fracasar. Ha llegado la hora de la paz", dijo el mandatario colombiano.
El jefe de las FARC expresó su "gran satisfacción por el cierre exitoso del acuerdo sobre jurisdicción especial para la paz", que juzgará no solo a los miembros de las FARC sino también a los agentes del Estado y los miembros de las Fuerzas Armadas que intervinieron en el conflicto. Al margen de estas declaraciones de Timochenko, la realidad es que queda en un limbo el “personal” de los grupos paramilitares que fueron desmovilizados en los últimos años, de los cuales solo una minoría fue juzgado por los asesinatos cometidos en connivencia con el Ejército, el gobierno y los empresarios. Tampoco es probable que vayan a juicio personajes como el ex presidente Uribe, al que se lo vincula directamente con grupos paramilitares, activo opositor a cualquier acuerdo con las FARC y defensor de la política que llevó a una suerte de amnistía masiva de paramilitares durante su gobierno.
Desde Estados Unidos, el secretario de Estado, John Kerry, llamó a Santos para felicitarlo por el "avance histórico" en el proceso de paz.
Aunque fue el cuarto acuerdo parcial, el pacto firmado el miércoles fue el más importante de todos.
Para llegar a un consenso sobre “la justicia y víctimas” las partes se demoraron meses, en medio de enfrentamientos armados en Colombia y visiones totalmente distintas sobre cómo iban a ser juzgados los miembros de las FARC y las fuerzas del Estado.
Luego de que el Papa exhortó el domingo en Cuba a no perder más tiempo en el proceso, el mandatario colombiano, Juan Manuel Santos viajó a la isla para hacer el anuncio, antes de partir hacia Nueva York para la Asamblea General de la ONU.
Con el pacto alcanzado, las partes acordaron penas de entre 5 y 8 años en condiciones especiales (no necesariamente prisión) para los miembros de las FARC que reconozcan sus delitos, y de 20 años de prisión para aquellos que no acepten los crímenes imputados y sean hallados culpables.
Este acuerdo se suma a los alcanzados previamente como el relacionado con la situación del campo. Lejos de las expectativas iniciales los acuerdos sobre las reformas en el campo están lejos de una reforma agraria integral, sino que dejaran grandes extensiones de tierra para la explotación del agronegocio que se disparará en los próximos años. No por nada Santos dijo que el acuerdo alcanzado ayer va a acelerar las inversiones, en una región relativamente virgen equivalente a un 40% del territorio nacional, en el que las transnacionales quieren entrar para explotar las tierras, los minerales y los hidrocarburos.
Por otra parte las FARC que vienen de haber demostrado el fracaso de su estrategia reformista de guerrilla rural, en un país mayoritariamente urbano, y que se encontraban en un avanzado proceso de descomposición, quieren avanzar en constituirse como partido político nacional. Este acuerdo con el gobierno de Santos va en ese sentido y permitirá que en un plazo relativamente breve las FARC sean asimiladas como un partido más dentro del régimen político colombiano, dejando atrás más de 60 años de conflicto armado en el país.
"Aspiramos a que nada detenga, ahora, el raudal de un pueblo que exige paz y desea fundirse en un abrazo de reconciliación", dijo el líder rebelde Londoño.
