Así lo confirmó el director de Migraciones, Luis Thayer, en el marco de la crisis migratoria que vive la región norte del país. De paso, un gran negocio para las aerolíneas.
Miércoles 8 de junio de 2022 09:55
Entre marzo y abril, se efectuaron en Chile 316 expulsiones judiciales y administrativas a extranjeros que hayan cometido delitos o tengan antecedentes penales. Ante la crisis migratoria, el gobierno de Sebastián Piñera impulsó una política xenófoba que ahora continúa Boric.
Cuando era candidato, el actual presidente chileno decía que su gobierno buscaría la integración regional para responder a la crisis migratoria, buscando diferenciarse de la política de Piñera de expulsiones masivas de personas que cometieron delitos en Chile o que tuvieran antecedentes penales.
El retorno de las personas a sus países de origen se hace, además, mediante vuelos comerciales, lo cual se traduce en importantes ganancias para los empresarios de las aerolíneas.
Lejos de de la "integración regional", el gobierno de Boric adoptó la perspectiva punitivista y de castigo a la pobreza de la derecha, ya que la gran mayoría de las personas expulsadas son gente pobre, que vive en conventillos, en poblaciones periféricas o en tomas de terreno, lo cual también alimenta el círculo de la pobreza y la marginalidad.
En una línea opuesta a los dichos de Boric cuando era candidato, el actual director de Migraciones, LuisThayer, declaró esta semana a la prensa que "Seguimos priorizando las expulsiones judiciales y las administrativas en que las personas hayan cometido delitos y tengan antecedentes penales. En ese sentido, no haremos cambios de criterio." Comentó además que se han realizado contratos con dos agencias de viajes por 300 millones de pesos [más de 360.000 dólares] cada uno para expulsar a inmigrantes a través de vuelos comerciales.
En lo que va de su gobierno, Boric ha demostrado ser continuidad de Piñera en este tema y en otros temas centrales, como la militarización en la Araucanía, la represión a la protesta social y el rechazo a dar ayudas sociales muy necesitadas por el pueblo trabajador como la posibilidad de retirar dinero de los fondos de pensiones (AFP) para paliar la aguda crisis.
Al contrario, en medio de esta crisis económica y pandémica, el gobierno ha entregado 600 millones de pesos [más de 720.000 dólares] a aerolíneas privadas, para mantener la política migratoria punitivista y anti pobres de su antecesor.
Esos recursos podrían ser invertidos en la búsqueda de soluciones más de fondo a la crisis migratoria, en una política de integración de miles de personas migrantes, en su gran mayoría de manera forzada por las condiciones de miseria y pobreza de sus países de origen, y que tienen que enfrentarse en Chile a condiciones paupérrimas, acrecentadas por la crisis sanitaria mundial.
El derecho al libre tránsito de personas entre países es un derecho que tenemos que defender. Impulsar una política que no criminalice la pobreza, que le de respuesta a las necesidades de salud, educación, vivienda y trabajo, necesidades de los sectores obreros y populares que no distinguen nacionalidades, pero que sin duda se acrecientan para la población migrante, en particular las mujeres, trabajadoras y de color.
