La Corte Nacional de Justicia de Ecuador ratificó la condena de 8 años de prisión, 25 de inhabilitación política y una fuerte indemnización por un supuesto delito de cohecho.
Martes 21 de julio de 2020 00:30
Tras dos semanas de deliberación, la corte respaldó la sentencia emitida en abril por un tribunal de primera instancia contra el ex mandatario y la mayoría de la veintena de condenados en el expediente.
"El tribunal desecha recursos de apelación de la mayoría de sentenciados, ratifica la pena por cohecho para 18, incluido Rafael Correa", informó la Fiscalía General del Estado en redes sociales.
La nueva sentencia no sorprendió al ex mandatario ecuatoriano, que reside en Bélgica desde 2017 y es requerido por la justicia de su país. "Aunque es difícil de creer, era de esperarse. ’Caso’ y ’sentencia’ más ridículos no puede haber", dijo a través de su cuenta en Twitter.
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— Rafael Correa (@MashiRafael) July 20, 2020
El llamado Caso Sobornos 2012-2016 tiene serias irregularidades y arbitrariedades, como condenar a al acusado por cohecho y no juzgar al que supuestamente cometió el hecho (en este caso la empresa Odebrecht), no contar con pruebas contra el acusado y entonces argumentar que “influyó psicológicamente” para que se cometa el delito, entre muchas otras. A tal punto llegan las fallas del caso que dio lugar a la oposición correísta de rebautizarlo como #CasoBochornos.
Tras la primera apelación, solo unos pocos obtuvieron pequeños cambios en sus condenas. La suspensión de derechos civiles que se les había impuesto a los ex funcionarios de Correa, Alexis Mera y Walter Solís, no será por 25 años sino por el tiempo que dure su condena original. Para la ex secretaria presidencial Laura Terán la condena ha sido reducida a tres meses y seis días, y en el caso del empresario Alberto Hidalgo su cargo penal pasó de "autor" a "cómplice" y tuvo una reducción en su condena a 32 meses de prisión.
También se establecen "parámetros proporcionales" de compensación al Estado por los daños causados, de forma que los autores deberán abonar una suma de 778.224 dólares cada uno y los cómplices 368.632 dólares.
En rigor, lo que hay detrás de las condenas a Correa es una persecución política. Una modalidad que se ha extendido en la región en los últimos años como vimos en el Lava Jato contra Lula y otros dirigentes del Partido de los Trabajadores, o los “carpetazos” y prisiones preventivas arbitrarias en Argentina. Por si hubiera dudas, el gobierno de Lenín Moreno y la “justicia”, acaban de proscribir al partido de Correa, Fuerza Compromiso Social, para que no pueda presentarse a las elecciones de 2021. Aunque disimulada junto a la proscripción de otros partidos, salta a la vista el objetivo político de este fallo judicial, casi en paralelo con la ratificación de condena a Correa.
Hay que tener presente que el presidente Lenín Moreno viene profundizando su giro autoritario y de derecha. En octubre pasado tuvo un alzamiento popular contra el paquete de ajuste económico que pretendía imponer contra los trabajadores y el pueblo pobre. La movilización, al precio de varios muertos y cientos de presos y heridos, lo obligó a retroceder. Pero cuando la gente dejó las calles, avanzó con mayores medidas represivas y este año aprovechó la crisis de la pandemia para fortalecer aún más el autoritarismo y el control social.
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La proscripción política hay que verla como parte de este giro, en este caso incluso peor que el mencionado ejemplo brasilero que condujeron los golpistas Michel Temer y Sergio Moro, ya que allí no se atrevieron a proscribir al Partido de los Trabajadores.
Y que repudiemos la proscripción no implica en absoluto ningún apoyo político. Está claro que Rafael Correa y su Revolución Ciudadana, lejos de atacar los intereses de los capitalistas para resolver la pobreza, la desocupación y otros acuciantes problemas sociales, garantizó el funcionamiento del sistema, incluyendo mantener la dolarización de la economía que hace al país aún más dependiente de los Estados Unidos. Esto, va de suyo, implicó negociados con grandes capitales, nacionales y extranjeros, que preservaron toda la estructura del capitalismo ecuatoriano y les significaron importantes ganancias a costa del pueblo y de los recursos naturales.
Por otro lado, Moreno llegó al poder de la mano del propio Correa que lo encumbró como candidato a presidente apostando a una "continuidad con cambios" de sus gobiernos (2007-2017), que implicaba "consensos" con la derecha tradicional.
Pero la derecha neoliberal, avanzando en el terreno que le allanó el "progresismo" en el poder, aprovecha su momento para reforzar el autoritarismo del régimen recortando derechos, manejando sus propias leyes arbitrariamente, o proscribiendo opciones políticas según su conveniencia, quitándole al pueblo el derecho elemental de elegir a sus representantes. Y todo esto para aplicar ajustes contra los trabajadores, como demostró el intento de paquetazo económico del año pasado.
